Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03276-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03276-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03276-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
10 de octubre de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2024 03276 01
Accionante: Carolina Cañas Flórez en favor de Ramaín Campos Lara
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 03276 01
Accionantes: CAROLINA CAÑAS FLÓREZ EN FAVOR DE RAMAÍN
CAMPOS LARA
Accionado: TRIBUNAL SUPERIOR DE SAN GIL SANTANDER Y OTROS
Tesis: La acción de tutela es improcedente por falta de
legitimación por activa cuando la persona que la suscribe
no es la titular de los derechos cuya protección reclama
ni actúa en calidad de agente oficiosa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 1º de agosto de 2024, dictado por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La señora Carolina Cañas Flórez solicitó el amparo de los derechos
fundamentales del señor Ramaín Campos Lara1, quien se encuentra
privado de la libertad en la Cárcel Modelo de Bucaramanga, que considera
vulnerados por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cimitarra
(Santander), la Fiscalía Segunda Local de Cimitarra, el Tribunal Superior
de San Gil y “dos policías del Distrito Judicial de Cimitarra”2.
1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, la señora Carolina
Cañas Flórez relató que el 1° de diciembre de 2016, actuando motivada por
1
La accionante en la tutela (escrita a mano alzada) lo identifica como Romaín Campos Lara, pero las
providencias proferidas por el Tribunal Superior de San Gil lo identifican como Ramaín Campos Lara.
2
La tutela no fue admitida en relación con estos porque la demandante no los identificó, pese a que el a quo
se lo requirió mediante auto del 27 de junio de 2024.
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Accionante: Carolina Cañas Flórez en favor de Ramaín Campos Lara
los celos y por las presiones de dos miembros de la Policía Nacional,
denunció falsamente a su cónyuge, el señor Ramaín Campos Lara, con
quien tiene dos hijos, por supuestamente haberla agredido y apuntado con
un arma de fuego, declaración con base en la cual este fue capturado y
condenado por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas
de fuego, en concurso heterogéneo con el ilícito de violencia intrafamiliar
agravada3.
Señaló que los dos policías se aprovecharon de su inocencia, pues no sabía
que el señor Campos Lara iba a pasar tanto tiempo privado de la libertad,
y que su intención al interponer esta acción de tutela es remediar el acto
que cometió de mala fe contra una persona honesta y trabajadora.
1.3. De acuerdo con los planteamientos del escrito de tutela, se infiere que
la actora pretende que se reconozca la inocencia del señor Ramaín Campos
Lara y que se le conceda la libertad.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Mediante auto del 27 de junio de 2024 el a quo requirió a la actora
para que corrigiera la tutela en el sentido de: (i) precisar “cuál es la
relación de cada una de las autoridades judiciales citadas con la
trasgresión del derecho”, y “cuáles hechos u omisiones de las accionadas
le ocasionaron la vulneración”, y (ii) identificar a los dos uniformados a
los que alude la solicitud.
Pese a que la accionante guardó silencio frente a la anterior solicitud, la
tutela fue admitida mediante auto del 10 de julio de 2024.
2.2. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil informó que
conoció en segunda instancia el proceso penal que se adelantó en contra
del señor Ramaín Campos Lara por los delitos de fabricación, tráfico, porte
3
El Tribunal Superior de San Gil allegó la sentencia del 28 de noviembre de 2022, que confirmó el fallo
condenatorio del 14 de diciembre de 2021, dictado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cimitarra.
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o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones, en
concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar, y que, mediante
proveído de fecha 28 de noviembre de 2022, confirmó la sentencia
condenatoria.
Advirtió que también conoció en segunda instancia una acción de tutela
que interpuso el señor Campos Lara contra la Fiscalía Segunda Local de
Cimitarra, y que declaró la nulidad de lo actuado en esta, por no haberse
integrado debidamente el contradictorio. No obstante, luego resolvió la
impugnación en ese trámite y revocó la sentencia de 13 de junio de 2023
y, en su lugar, amparó los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia del actor.
Frente a los hechos expuestos en la presente acción de tutela, alegó que
las decisiones adoptadas por el Tribunal se encuentran ajustadas a
derecho.
Por último, adujo que la aparente retractación de la señora Carolina Cañas
Flórez en cuanto a la denuncia que presentó contra el señor Campos Lara
puede ser tramitada a través del recurso extraordinario de revisión.
2.3. La Delegada Fiscal Segunda Seccional de Cimitarra alegó que el
señor Ramaín Campos Lara fue imputado como autor de los delitos de
fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, partes o municiones, en la
modalidad de portar, contemplado en el artículo 365 del Código Penal, en
concurso heterogéneo con la conducta punible de violencia intrafamiliar,
establecida en el inciso segundo del artículo 229 ibidem, por los cuales
fue condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cimitarra
mediante sentencia confirmada por el Tribunal Superior de San Gil.
Alegó que la señora Carolina Cañas Flórez no ha informado a la Fiscalía
que los hechos materia de la denuncia que presentó contra el señor
Campos Lara no son ciertos, y que, por el contrario, en la audiencia de
juicio oral, bajo la gravedad de juramento, los confirmó.
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Accionante: Carolina Cañas Flórez en favor de Ramaín Campos Lara
Advirtió que el señor Campos Lara ha interpuesto varias acciones de tutela
contra de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Cimitarra y el Tribunal Superior de San Gil, las cuales han sido
declaradas improcedentes.
2.4. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Cimitarra guardó
silencio.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante fallo del 1º de agosto de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, declaró improcedente el amparo solicitado al
considerar que no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues “los
argumentos de la actora pueden ser esgrimidos en el recurso extraordinario
de revisión contemplado en el artículo 192 del Código de Procedimiento
Penal, que resulta ser el medio idóneo para la protección aquí pretendida”.
Además, adujo que la actora no acreditó la afectación grave y significativa
de los derechos fundamentales del señor Campos Lara, que autorice la
intervención del juez constitucional en forma transitoria, para evitar la
materialización de un perjuicio irremediable.
IV. IMPUGNACIÓN
La accionante impugnó la sentencia de primera instancia y reiteró los
argumentos de la tutela, enfatizando en la responsabilidad de los policías
con los que en su momento acordó denunciar falsamente a Ramaín Campos
Lara. Agregó que él ha interpuesto diez acciones de tutela buscando obtener
su libertad, pero que estas le han sido denegadas.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto en el Decreto 1069 del 26 de mayo de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13
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del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones
constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.
5.2. HECHOS
5.2.1. El 1° de diciembre de 2016 el señor Ramaín Campos Lara fue
capturado por miembros de la Policía nacional mientras se encontraba con
su cónyuge en el Municipio de Cimitarra.
5.2.2. Mediante sentencia del 14 de diciembre de 2021, el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Cimitarra condenó al señor Campos Lara a la pena de
120 meses de prisión. La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal
Superior de San Gil, mediante fallo del 28 de noviembre de 2022.
5.2.3. La señora Carolina Cañas Flórez interpuso la presente acción de
tutela para, según aduce, remediar el acto de mala fe que cometió al
denunciar falsamente al señor Ramaín Campos Lara, quien se encuentra
recluido en la Cárcel Modelo de Bucaramanga, pese a que es inocente de
los delitos por los que fue condenado.
5.3. ANÁLISIS DE LA SALA
5.3.1. El inciso primero del artículo 86 de la Constitución Política prevé el
derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí o por
quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
fundamentales cuando éstos resulten amenazados o vulnerados.
A su turno, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales
podrá ejercer acción tutela por sí misma, por representante, o a través
de un agente oficioso, cuando el titular de los derechos vulnerados o
amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.
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La Corte Constitucional ha explicado que la legitimación en la causa por
activa “no es otra cosa que el reconocimiento de la titularidad subjetiva
de los derechos fundamentales de quien presenta la acción” 4 y, en ese
mismo sentido, ha indicado que5:
“[…] Desde sus inicios, particularmente en la sentencia T-416 de 1997, la
Corte Constitucional estableció que la legitimación en la causa por activa
constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se
analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que
se discute en el proceso de tutela.
Más adelante, la sentencia T-086 de 2010 reiteró lo siguiente con respecto a
la legitimación en la causa por activa como requisito de procedencia de la
acción de tutela:
‘Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la
acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra
persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos
fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado
judicial o aun de agente oficioso’.
Asimismo, en la sentencia T-176 de 2011 este Tribunal indicó que la
legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona
que presenta la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto
del amparo que se solicita al juez constitucional, de tal forma que fácilmente
el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio
del demandante.
En el mismo sentido se pronunció la Corte en la sentencia T-435 de 2016, al
establecer que se encuentra legitimado por activa quien promueva una acción
de tutela siempre que se presenten las siguientes condiciones: (i) que la
persona actúe a nombre propio, a través de representante legal, por medio
de apoderado judicial o mediante agente oficioso; y (ii) procure la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales […]”.
En ese orden de ideas, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,
cuando una persona actúa por sí misma o pretende representar a otra en
procura de proteger sus derechos fundamentales, la legitimación en la
causa por activa está determinada por la titularidad de los derechos
fundamentales que se invocan en la acción de tutela, y en caso de
representación, por la presentación de los documentos que la acrediten.
Ahora, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que la tutela
puede interponerse también por intermedio de un agente oficioso, cuando
el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones
4
Sentencia T–086 de 2010 (M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
5
Sentencia T–511 de 2017 (M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
6
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de promover su propia defensa; pero tal situación debe ser puesta de
presente desde la interposición de la solicitud.
5.3.2. En el asunto que ocupa la atención de la Sala, la señora Carolina
Cañas Flórez solicitó el amparo de los derechos fundamentales del señor
Ramaín Campos Lara, quien se encuentra privado de la libertad en la
Cárcel Modelo de Bucaramanga. Lo que la accionante aduce pretender con
la interposición de la solicitud de amparo es remediar el acto de mala fe
que afirma haber cometido en complicidad con dos miembros de la Policía
Nacional, al denunciar falsamente al señor Campos Lara, pues asevera que
él es inocente.
Es decir que la accionante, pese a que reprocha la conducta de los dos
uniformados, de quienes afirma haber recibido presiones, no es que se
proteja un derecho suyo, sino que se reconozca la inocencia y se conceda
la libertad a su cónyuge, el señor Ramaín Campos Lara.
5.3.3. En cuanto a la agencia oficiosa respecto de personas privadas de la
libertad, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente 6:
“33. Agencia oficiosa de personas privadas de la libertad. La Corte Constitucional
ha sostenido que los requisitos normativos de la agencia oficiosa deben ser
valorados de manera ‘flexible’ cuando el agenciado es una persona privada de
la libertad. Lo anterior, habida cuenta de la ‘relación de especial sujeción’7 que
estas tienen con el Estado y la ‘especial situación de indefensión o debilidad
manifiesta’ en la que se encuentran. Dicha valoración más flexible implica, en
concreto, que (i) en algunos eventos, la relación de especial sujeción permite
inferir la imposibilidad de promover acciones de tutela por cuenta propia y (ii)
el juez de tutela debe tener en cuenta que las circunstancias específicas de los
reclusos y, en concreto, la suspensión de sus derechos fundamentales de
libertad o locomoción, suponen, de suyo, dificultades para acceder a la
administración de justicia. Por esta razón la Corte ha admitido el uso de la
agencia oficiosa en casos en los que se comprobó que los agenciados
privados de la libertad se encontraban en situación de aislamiento,
padecían de incapacidad física o cognitiva, y los hechos narrados en la
tutela evidencian la existencia de una amenaza de muerte contra el
agenciado.
34. Así, por ejemplo, en la sentencia T-409 de 2015 la Sala Cuarta de Revisión
de Tutelas encontró que un recluso estaba facultado para agenciar los derechos
de otras PPL que se encontraban recluidas en el mismo centro carcelario, a pesar
de que, en principio, no existía prueba cierta y directa de que los agenciados
6
Sentencia T-382 de 2021, magistrada ponente: Paola Andrea Meneses Mosquera.
7
Cita original: “Corte Constitucional, sentencias T-077 de 2013, T-815 de 2013, T-049 de 2016 y T-311 de
2019”.
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Accionante: Carolina Cañas Flórez en favor de Ramaín Campos Lara
estuvieran imposibilitados para promover su propia defensa. En criterio de la
Sala, el agenciamiento era factible debido a que (i) la situación crítica de
hacinamiento del centro carcelario permitía inferir la imposibilidad de los
agenciados para presentar acciones judiciales y (ii) la ‘situación de vulneración
de sus derechos era común a la que ha sido planteada por el demandante’.
35. En el mismo sentido, en la sentencia T-267 de 2018 la Sala Primera de
Revisión consideró que dos Procuradores Judiciales Penales estaban legitimados
para interponer acción de tutela en favor de un grupo de mujeres privadas de
la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad
de Buga. La Sala concluyó que, a pesar de que no estaba probado que las
reclusas pudieran interponer la acción de tutela directamente, la legitimación
de los procuradores debía ser convalidada porque (i) existía un acto
administrativo mediante el cual estos funcionarios habían sido especialmente
designados para defender los derechos fundamentales de esa específica
población carcelaria y (ii) los hechos de la tutela evidenciaban una vulneración
masiva y grave de los derechos fundamentales de las agenciadas que
comprometían su vida en condiciones dignas.
36. Es importante resaltar, sin embargo, que la Corte Constitucional ha sido
enfática en señalar que la situación de especial vulnerabilidad de la
población privada de la libertad no permite presumir su imposibilidad
de presentar acciones judiciales en todos los eventos y, en
consecuencia, la necesidad de contar con un tercero para defender sus
derechos. Por el contrario, ha señalado que el juez de tutela debe hacer ‘valer
la dignidad personal y la libre determinación de los reclusos, sin perjuicio de las
limitaciones a que están sometidos’ y, por lo tanto, debe declarar la
improcedencia de aquellas tutelas interpuestas en contra de su voluntad o
sin que exista una prueba por lo menos sumaria de la imposibilidad del
agenciado para reclamar la protección de sus derechos. En tal sentido, en
la sentencia T-406 de 2017, la Sala Sexta de Revisión declaró la
improcedencia de una acción de tutela interpuesta en favor de los
derechos fundamentales de una PPL por parte de su esposa, al no
encontrar acreditada la ‘imposibilidad para interponer, de manera
autónoma y directa, la tutela’ por parte del privado de la libertad, titular de los
derechos presuntamente vulnerados”. (Resaltados de la Sala).
En este caso, la señora Carolina Cañas Flórez no manifestó en la
demanda, como lo exige el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, que el
señor Ramaín Campos Lara se encontrare en imposibilidad de interponer
la solicitud de amparo por sus propios medios. Y, de hecho, en la
impugnación manifestó que él ha instaurado aproximadamente diez
acciones de tutela buscando obtener su libertad, pero que todas le han
sido “negadas”.
Es pertinente enfatizar que el hecho de que en este asunto la señora
Cañas Flórez manifiesta que la falsa denuncia contra el señor Campos
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Lara, cuyas consecuencias ahora quiere remediar, la presentó bajo la
presión de dos miembros de la Policía Nacional, no le confiere a ella la
legitimación para pedir el amparo, pues, en todo caso, el derecho que se
pretende restablecer es la libertad del condenado penalmente.
Por lo tanto, al no existir prueba de que el señor Campos Lara se
encuentre imposibilitado para interponer la solicitud, no hay lugar a una
conclusión distinta a que la señora Carolina Cañas Flórez carece de
legitimación en la causa por activa, al no actuar en calidad de agente
oficiosa, ni ser la titular de los derechos cuya protección reclama.
5.4. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala confirmará el fallo impugnado,
que declaró la improcedencia el amparo, pero al constatar la ausencia de
legitimación en la causa por activa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1º de agosto de 2024, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, pero conforme
a las consideraciones plasmadas en este proveído.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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