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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03278-00

Fecha
2 de octubre de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03278-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. Negar la solicitud de pérdida de investidura del representante a la Cámara Germán Rogelio Rozo Anís por la circunscripción del departamento de Arauca para el período constitucional 2022-2026, promovida por Wilmer José Valencia Ladrón de Guevara, por las razones expuestas. Segundo. Informar a los sujetos procesales que contra la presente decisión procede el recurso de apelación, en los términos del artículo 14 de la Ley 1881 de 2018. Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Cuarto. Ejecutoriada esta decisión, comunicar a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al ministro del Interior, para lo de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018. Firmada electrónicamente JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente WILLIAM BARRERA MUÑOZ MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. 35 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03278-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

2 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA 10 ESPECIAL DE DECISIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Pérdida de investidura
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03278-00
Solicitante: Wilmer José Valencia Ladrón de Guevara
Accionado: Germán Rogelio Rozo Anís

Tema: Pérdida de investidura. - Indebida destinación de dineros
públicos. - Causal prevista en el artículo 183.4 de la Constitución
Política.

Sentencia de primera instancia

Asunto

La Sala Diez Especial de Decisión de Pérdida de Investidura profiere sentencia de
primera instancia dentro del proceso promovido por Wilmer José Valencia Ladrón de
Guevara contra el representante a la Cámara Germán Rogelio Rozo Anís.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1.1.1. Las pretensiones

1. De conformidad con el artículo 143 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo2, en concordancia con el artículo 184 de la Constitución
Política y la Ley 1881 de 2018, Wilmer José Valencia Ladrón de Guevara solicitó la
pérdida de investidura del representante a la Cámara Germán Rogelio Rozo Anís, con
fundamento en la causal prevista en el artículo 183.4 de la Constitución Política, que
dispone: «[l]os congresistas perderán su investidura: […] 4. Por indebida destinación de
dineros públicos […]»3.

1
Índices 2 y 8, Samai.
2
En adelante CPACA.
3
Índice 12 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03278-00
Solicitante: Wilmer Valencia Ladrón de Guevara

1.1.2. Fundamentos fácticos

2. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

2.1. Germán Rogelio Rozo Anís fue elegido representante a la Cámara por el
departamento de Arauca para el período constitucional 2022-2026.

2.2. Previa postulación realizada por el congresista, la Dirección Administrativa de la
Cámara de Representantes nombró a Jessica Yasid Rico Galeano en su Unidad de
Trabajo Legislativo4 en los siguientes empleos:

Empleo Acto administrativo de nombramiento
Asesor II Resolución 1740 del 28 de julio de 2022
Asesor I Resolución 2249 del 31 de agosto de 2022

2.3. Desde su posesión como servidora de la UTL hasta la presentación de la solicitud
de pérdida de investidura, Jessica Yasid Rico Galeano no cumplió con las funciones
que legalmente le fueron asignadas en esos empleos ni ejecutó actividad concreta
alguna para «el logro de una eficiente labor legislativa», comoquiera que no desarrolló
labor en las regiones y en muy pocas oportunidades asistió a las instalaciones del
Congreso de la República. Además, salió del país durante días laborales sin estar
amparada por una situación administrativa como vacaciones, permiso, comisión o
licencia no remunerada, y así lo certificó el jefe de personal de la entidad mediante
Oficio D.P.4.1.1570/2023 del 4 de julio de 2023.

2.4. Pese a lo anterior, el representante a la Cámara certificó mensualmente que
Jessica Yasid Rico Galeano cumplió con sus funciones y que laboró los días que
estuvo fuera del país «a efectos de que le fueran cancelados los salarios de manera
completa a la referida funcionaria».

1.1.3. La causal invocada y su explicación

3. El solicitante invocó la causal establecida en el artículo 183, numeral 4, de la
Constitución Política, según la cual los congresistas perderán su investidura «[p]or
indebida destinación de dineros públicos», al respecto explicó:

3.1. Para la configuración de esta causal se debe acreditar (i) la calidad de congresista
que pueda disponer de recursos; (ii) que tales dineros sean públicos; y (iii) que sean
indebidamente destinados. En el presente caso, se cumplen con los anteriores
supuestos, por lo siguiente:

3.2. La calidad de congresista que pueda disponer de recursos: Germán Rogelio Rozo
Anís ostenta la calidad de representante a la Cámara y certificó, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 388 de la Ley 5 de 1992, «[…] el cumplimiento de funciones por
parte de funcionarios que no han ejercido ninguna función […]» ya que no asisten a la sede
del Congreso de la República o cumplen tareas que no tienen relación directa con la
«eficiente labor legislativa».

4
En adelante UTL.
2

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3.3. Que tales dineros sean públicos: debido a que los salarios y prestaciones sociales
de los servidores públicos del Congreso de la República hacen parte del presupuesto
de la Nación y, por ende, son públicos. Tales emolumentos han sido pagados sin que
la funcionaria beneficiaria hubiese cumplido con sus funciones ni acudido al Congreso
de la República.

3.4. Que sean indebidamente destinados: de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo
de Estado, este último supuesto se cumple cuando el congresista cambia los fines
preestablecidos por la ley para el uso de los dineros públicos o los destina a solventar
materias prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando pretende derivar un
beneficio, que puede o no ser económico, en su favor o de terceras personas5.

3.5. A los empleados de las UTL de los congresistas les corresponde cumplir funciones
que deben tener relación directa con la labor legislativa prevista en el artículo 114
Constitucional, ya sea en las instalaciones del Congreso de la República o en donde
el servicio lo exija por comisión de servicio, según lo reglado en la Resolución 1095 de
2010.

3.6. En el caso concreto, Jessica Yasid Rico Galeano no ejerció las funciones de
asesoría y apoyo dentro de la sede del legislativo ni en otras regiones y salió del país
sin que estuviese precedido de una situación administrativa que autorizara su
ausencia. Por consiguiente, con el pago de sus salarios y prestaciones sociales se
destinaron indebidamente los recursos públicos.

1.2. Contestación de la solicitud de pérdida de investidura

4. El representante a la Cámara Germán Rogelio Rozo Anís contestó la solicitud6 y se
opuso a las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:

4.1. Es cierto que Jessica Yasid Rico Galeano fue nombrada en su UTL, primero en el
empleo de asesor II y luego en el de asistente I. Así lo acreditan las resoluciones 1740
del 29 de julio de 2022 y 2249 del 31 de agosto de igual anualidad. No obstante, es
falso que la mencionada servidora hubiera salido del país en días laborales sin contar
con una licencia no remunerada. De hecho, en los oficios DP.4.1.18687/2023 y
D.P.4.1.1974/2023 de agosto de 2023, la División de Personal de la Cámara de
Representantes le informó al solicitante sobre las resoluciones que concedieron tales
licencias, al responder las peticiones que presentó el 1 y 10 de ese mes y año.

4.2. En el presente caso se cumplen con los dos primeros supuestos establecidos por
la jurisprudencia para que se configure la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos, esto es que el sujeto activo de la conducta tenga la
calidad de congresista y que utilice dineros públicos. Ello, porque el accionado es
representante a la Cámara y se le endilga la conducta relativa al uso de recursos del
erario al certificar que Jessica Yasid Rico Galeano cumplió con sus funciones y, por lo
tanto, propiciar el pago de sus salarios y prestaciones sociales.

5
En este punto citó: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31
de octubre de 2023, radicado: 11001031500202301705 01, M.P. Oswaldo Giraldo López.
6
Índices 22 y 24 de Samai.
3

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4.3. Empero, no se acreditó el tercer requisito que exige la causal para que se entienda
materializada, esto es que la destinación de recursos públicos fue indebida. Es así
porque Jessica Yasid Rico Galeano laboró de forma continua y desarrolló a cabalidad
sus funciones, incluso entregó los informes de sus labores, salvo por los períodos
durante los cuales le fueron concedidas licencias ordinarias no remuneradas para salir
del país. Asimismo, debe tenerse en cuenta que los integrantes de las UTL pueden
trabajar por fuera de la sede del Congreso de la República y en los territorios en donde
los designe el congresista, por así permitirlo la Ley 2029 de 2020 que interpretó el
artículo 388 de la Ley 5 de 1992. En virtud de esta ley, la servidora pública mencionada
también teletrabajó desde la ciudad de Bogotá y el departamento de Arauca.

4.4. El solicitante actuó con temeridad y mala fe al afirmar que Jessica Yasid Rico
Galeano salió del país en días laborales y sin licencia no remunerada, puesto que no
aportó prueba alguna que lo demostrara. En todo caso, tenía conocimiento de la
existencia de tales situaciones administrativas por las respuestas que recibió a sus
peticiones del 1 y 10 agosto de 2023, aludidas con anterioridad.

1.3. Trámite del proceso

5. Mediante auto del 26 de junio de 2024 se inadmitió la solicitud de pérdida de
investidura7. El 3 de julio se subsanaron las falencias anotadas y por auto del 8 de julio
se admitió8. La decisión se notificó el 9 del mismo mes y el 19 de julio el congresista
contestó el escrito inicial9. El 19 de julio de 2024, se requirió a quien actuó en
representación del accionado para que allegara el poder otorgado de conformidad con
la Ley 2213 de 202210, a lo cual se dio cumplimiento el 22 de julio11.

6. El 31 de julio, se abrió el proceso a pruebas12, providencia en la que se decretaron
unas documentales y se fijó para el 12 de agosto de 2024 como fecha para la práctica
de los testimonios de Leidy Yaneth Fernández Plata y Jessica Yasid Rico Galeano.

7. El 6 de agosto, el apoderado de la parte solicitante presentó memorial en el que
promovió incidente de tacha de falsedad en contra de las resoluciones aportadas con
la contestación del escrito inicial, en las que se «justifica las licencias no remuneradas
concedidas a la señora Jessica Yesid Rico» (sic).

8. En la diligencia celebrada el 12 de agosto, sólo se recibió la declaración de la primera
testigo, por cuanto fue la única que asistió13. Por esa razón, se ordenó citar de nuevo
a la testigo renuente el 23 de agosto de esta anualidad.

9. El 15 de agosto de 2024, se comunicó la fijación en lista para efectos del traslado de
las pruebas documentales allegadas en los índices 52, 53, 54 y 63 de Samai14.

7
Índice 4 de Samai
8
Índices 16 y 17 de Samai
9
Índice 22 de Samai
10
Índice 26 de Samai
11
Índice 30 de Samai
12
Índice 33 de Samai
13
Índice 56 de Samai
14
Índices 65 y 66 de Samai
4

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10. Comoquiera que la citada testigo tampoco asistió el día y la hora fijados, se ordenó
su conducción policial el siguiente 28 de agosto, de conformidad con el artículo 218
del CGP15. En atención a que tampoco se logró su comparecencia a través de la Policía
Nacional, según informe del comandante de atención inmediata asignado allegado el
mismo día16, se prescindió de la práctica de la prueba17.

11. Por auto del 2 de septiembre, se requirió a la Dirección General Administrativa,
Centro Integrado de Control del Senado de la República, para que aclarara la
información allegada, en cumplimiento del auto del 31 de julio18. El mismo día, se
rechazó la solicitud de adelantar el trámite del incidente de tacha de falsedad
presentada por el solicitante19, decisión que se notificó el siguiente 4 de septiembre20.

12. A través de providencia del 5 de septiembre de 2024, se impuso multa a la testigo
Jessica Yasid Rico Galeano, por su inasistencia injustificada a rendir testimonio dentro
del presente proceso de pérdida de investidura en las audiencias que fueron
convocadas y celebradas el 12, 23 y 28 de agosto de este año21. La decisión se notificó
el 6 de septiembre22.

13. El 10 de septiembre, la directora administrativa del Congreso de la República dio
cumplimiento al requerimiento del 2 de septiembre23. De la prueba documental se
corrió traslado entre el 18 y el 20 de los mismos mes y año24.

14. Mediante auto del 19 de septiembre de 202425 se convocó a la audiencia pública
de que tratan los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 2018. La providencia fue notificada
el 20 de septiembre de 202426. El 24 de septiembre de 2024 se celebró la audiencia
referida.

1.4. Audiencia pública

1.4.1. Parte solicitante

15. En su intervención solicitó declarar la pérdida de investidura de Germán Rogelio
Rozo Anís, con sustento en lo siguiente:

16. La jurisprudencia del Consejo de Estado, relacionada con la naturaleza del proceso
de pérdida de investidura, ha definido los requisitos para la configuración de la causal
prevista en el artículo 183.4 de la C.P. la cual se materializa cuando el congresista en
ejercicio de las competencias que la ley le otorgó cambia o distorsiona los fines estales
establecidos en la ley o el reglamento para los dineros públicos.

15
Índice 69 de Samai.
16
Índices 73 y 74 de Samai.
17
Índice 75 de Samai.
18
Índice 78 de Samai
19
Índice 79 de Samai.
20
Índice 86 de Samai.
21
Índice 87 de Samai.
22
Índice 90 de Samai.
23
Índice 92 de Samai.
24
Índices 93 y 94 de Samai.
25
Índice 99 de Samai.
26
Índice 102 de Samai.

5

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16.1. En el presente caso, se probó la calidad de congresista del accionado, la
naturaleza de dinero público de los salarios de los miembros de las UTL y la desviación
indirecta de estos cuando el representante a la Cámara, pese a no ser ordenador del
gasto, certifica el cumplimiento de las funciones de los miembros de su UTL, no
obstante no haberse ejecutado estas. Este último elemento se configuró porque
Jessica Yasid Rico Galeano no trabajó en las instalaciones del Congreso y no cumplió
función alguna en la UTL del congresista y, aun así, este certificó que sí lo hizo para
que recibiera los salarios y prestaciones sociales.

16.2. La indebida destinación de dineros públicos se presenta cuando, a pesar de que
en el presupuesto se indica la finalidad de los recursos, el congresista cambia su
destinación. Por tal razón, si autoriza pagos a los miembros de su UTL al certificar el
cumplimiento de sus funciones sin que tal situación se corresponda con la realidad
incurre indirectamente en dicha causal.

16.3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 388 de la Ley 5 de 1992 los integrantes
de la UTL cumplen la función de facilitar la actividad legislativa del congresista y sus
funciones se encuentran detalladas en el artículo 18 de la Resolución 1095 de 2010.
Estas las pueden cumplir con horario flexible, dentro o fuera de las instalaciones del
Congreso de la República o en cualquier parte del país. En este último evento, se
requiere de una situación administrativa en función del servicio, como se establece en
los artículos 80 del Decreto 1950 de 1973 y 75 del Decreto 1042 de 1978.

16.4. Todas las funciones deben estar orientadas a facilitar una eficiente labor
legislativa, por ende, tener relación directa con las fijadas para los congresistas en el
artículo 114 de la Constitución Política. En ese sentido, las asignadas a Jessica Yasid
Rico Galeano como asesor o asistente requería contacto constante con el congresista
en las instalaciones del Congreso, salvo que se encontrara realizando labores
«investigativas» concretas. Sin embargo, ella no asistió a la sede de la entidad y estuvo
permanentemente por fuera del país, de lo que se deduce que no realizó ningún tipo
de función dirigida a lograr una eficiente labor legislativa y, además, no se encontraba
en situación administrativa alguna que justificara su ausencia.

16.5. Lo anterior quedó probado con la declaración de Leidy Yaneth Fernández Plata,
la prueba documental como «requisitos para lograr el teletrabajo», los registros de
entrada a las instalaciones del Congreso de la República y los de migración, la hoja de
vida, las resoluciones de nombramiento, los informes de actividades y las
certificaciones del cumplimiento de funciones proferidas por el congresista. Todas las
pruebas valoradas en conjunto permiten concluir que Jessica Yasid Rico Galeano no
cumplió funciones como miembro de la UTL de Germán Rogelio Rozo Anís.

16.6. Pese a que la defensa del representante a la Cámara pretende justificar la falta
de comparecencia de Jessica Yasid Rico Galeano a las instalaciones del Congreso de
la República en que laboraba a través de teletrabajo y en el territorio, no se aportó el
reporte que sobre el particular debía hacer el congresista a la división de personal de
la entidad ni el acuerdo de voluntades que se debió suscribir para optar en la
modalidad de teletrabajo y tampoco la resolución que autoriza la comisión de servicio
para trabajar en el territorio. Por el contrario, Jessica Yasid Rico Galeano fue

6

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autorizada directamente por el demandado, según el relato de Leidy Yaneth Fernández
Plata, y de las actividades en el territorio no existía control alguno.

1.4.2. Ministerio Público

17. La procuradora primera delegada ante el Consejo de Estado27 solicitó que se
negara la pérdida de investidura, con fundamento en lo siguiente:

17.1. Para la configuración de la causal se deben probar 3 presupuestos (i) que se
ostente la condición de miembro de una corporación de elección popular; (ii) que se
esté frente a dineros públicos; y (iii) que estos sean indebidamente destinados.

17.2. En el presente caso se configuró el primer elemento, pues se verificó la calidad
de congresista de Germán Rogelio Rozo Anís con la credencial de la Registraduría
Nacional del Estado Civil que indica que fue elegido representante a la Cámara por el
departamento de Arauca para el período 2022 a 2026.

17.3. El segundo elemento también se cumplió porque se probó que Jessica Yasid Rico
Galeano laboró en la UTL del accionado desde el 29 de junio de 2022 hasta el 24 de
julio de 2023, en los cargos de asesora y asistente. Ello consta en los actos de
nombramiento, los que reconocieron las licencias, los informes mensuales de
cumplimiento de funciones y los «pantallazos» de los correos en los que consta su
envío. Por tal razón, se demostró que el congresista, al ejercer la función de vigilancia
en el desempeño y cumplimiento de las funciones de la servidora, de manera indirecta
determinó la disposición de los dineros públicos existentes para el pago de sus salarios
y prestaciones sociales.

17.4. No obstante, el tercer elemento no se materializó, puesto que se acreditó que
Jessica Yasid Rico Galeano al salir del país contaba con licencia ordinaria no
remunerada reconocida por la División de Personal del Congreso de la República y
que ello se reflejó en los descuentos efectuados en la nómina. De igual manera, se
confirmó con los informes de trabajo aportados que las funciones que desempeñó eran
las indicadas en la Resolución 1095 de 2010 para el cargo que ocupó en la UTL.
Asimismo, aunque no asistió a las instalaciones del Congreso de la República todos
los días, lo cierto es que la Ley 2029 de 2020 le permitía al congresista definir que la
modalidad de trabajo de su UTL fuera en la sede de la entidad o en cualquier lugar del
territorio nacional o a través de teletrabajo.

1.4.3. El congresista y su apoderado

18. Germán Rogelio Rozo Anís solicitó denegar la pérdida de investidura con apoyo en
los argumentos que se indican a continuación:

18.1. Las funciones de los miembros de la UTL pueden ser cumplidas dentro o fuera de
las instalaciones del Congreso de la República. Jessica Yasid Rico Galeano presentó

27
Índice 107 de Samai.

7

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los informes del cumplimiento de las labores que tenía asignadas dentro del término
oportuno y en los formatos previstos para tal fin.

18.2. El solicitante ha emprendido una persecución política en su contra, puesto que ha
presentado 9 acciones judiciales en los 2 años que lleva como congresista y con ello
busca un provecho personal «por ser los segundos que siguen en la lista», es decir,
pretende ocupar la curul en su lugar.

18.3. El solicitante actuó de mala fe porque, antes de presentar la solicitud de pérdida
de investidura, tuvo conocimiento de los actos administrativos mediante los cuales se
concedieron las licencias no remuneradas a Jessica Yasid Rico Galeano, en virtud de
las respuestas que la entidad dio a sus peticiones.

18.4. El cumplimiento de las funciones de la integrante de su UTL quedó acreditado con
los informes que presentó, los correos electrónicos que acreditan las fechas de su
radicación y la declaración de Leidy Yaneth Fernández Plata.

19. Su apoderado también intervino para manifestar:

19.1. No obran pruebas que permitan concluir que existió una indebida destinación de
dineros públicos. Por el contrario, se allegaron las resoluciones que otorgaron las
licencias no remuneradas a Jessica Yasid Rico Galeno y se demostró que el solicitante
las conoció a través de la respuesta emitida el 15 de agosto de 2023 por la Cámara de
Representantes, ante la petición que él presentó. De ahí que, se puede deducir que el
solicitante actuó de mala fe al desconocer las referidas licencias o permisos.

19.2. De acuerdo con las pruebas aportadas, Jessica Yasid Rico Galeno cumplió con
sus funciones, presentó los informes de las actividades desarrolladas y lo hizo
oportunamente según la fecha de los correos electrónicos que remitió. También se
probó que ella laboró de manera adecuada con los informes de entradas y salidas del
Congreso de la República, las licencias no remuneradas, los desprendibles de pago y
el testimonio de Leidy Yaneth Fernández Plata. Además, la jurisprudencia del Consejo
de Estado28 ha indicado que el trabajo de los integrantes de las UTL puede
desarrollarse en los territorios si así lo requiere el congresista, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 2029 de 2020.

2. Consideraciones

20. De conformidad con el artículo 207 del CPACA en concordancia con el 42 del CGP,
numerales 5 y 12, se efectuó el control de legalidad al finalizar cada etapa procesal,
así se constata en las audiencias del 12, 23, 28 de agosto y 24 de septiembre de 2024,
sin que se encontrara causal de nulidad alguna que afectara el trámite procesal y sin
que así lo manifestaran las partes. Por lo tanto, al no existir vicios que configuren
nulidades se procederá a proferir la respectiva sentencia.

28
Citó la sentencia de la Sala 27 Especial de Decisión del 3 de diciembre de 2019 dentro del expediente
2019-0771.
8

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2.1. Competencia

21. Esta Sala es competente para decidir en primera instancia el proceso de pérdida
de investidura, de conformidad con los artículos 184 y 237.5 de la Constitución Política,
2 de la Ley 1881 de 2018 y 33 del Acuerdo 080 de 201929.

2.2. Naturaleza de la pérdida de investidura

22. La pérdida de investidura fue establecida en el artículo 184 de la Constitución
Política como una acción pública que puede ser formulada por la mesa directiva de la
cámara correspondiente o por cualquier ciudadano cuando se considere que los
congresistas hubiesen incurrido en las conductas previstas en los artículos 109.730,
11031, 179.432 y 183 ibidem, consideradas ajenas al buen servicio público o al interés
general y, sobre todo, contrarias a la dignidad del cargo. La competencia para su
conocimiento y decisión se fijó en el Consejo de Estado por el artículo 237.5 de la C.P.

23. La jurisprudencia ha considerado que se trata de un juicio de carácter ético, en la
medida en que las causales fijadas por el constituyente «[…] reflejan un código
positivizado de conducta, que tiene por objeto reprochar y sancionar comportamientos
contrarios a la dignidad del cargo que ejercen los representantes del pueblo»33. En tal virtud,
con él se pretende sancionar al congresista que incurre en uno de los comportamientos
descritos por el constituyente en los aludidos artículos constitucionales, con el fin de
garantizar, entre otros, los principios de transparencia y moralidad que lo vinculan con
el ejercicio de esa alta dignidad.

24. Precisamente, el propósito de esta acción es el de dignificar tal cargo considerado
de relevancia superior al surgir como consecuencia del voto ciudadano y en virtud del
principio de representación democrática34. Esta confianza ciudadana le impone al
congresista la carga de actuar con total pulcritud y honestidad en el desempeño del
cargo debido a la importancia de su rol para la democracia representativa. Por tal
razón, el constituyente consideró que la defraudación de esta confianza al realizar

29
Reglamento interno del Consejo de Estado.
30
Artículo 109. Modificado por el art. 3°, Acto Legislativo 01 de 2009.
[…].
Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de
los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con
la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este
precepto.
31
«Artículo 110. Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los
partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que
establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del
cargo o de pérdida de la investidura».
32
Artículo 179. No podrán ser congresistas:
1. […].
4. Quienes hayan perdido la investidura de congresista.
[…].
33
Consejo de Estado, Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia del 19
de febrero de 2019, radicado 11001-03-15-000-2018-02417-00(PI).
En igual sentido se pude consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia del 21 de agosto de 2012, radicado 11001-03-15-000-2011-00254-00(PI).
34
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 27 de septiembre de 2016. Radicado: 11001-03-15-
000-2014-03886-00(PI).
9

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actos ajenos al interés general debe ser sancionada de manera ejemplar35, por lo que
estableció como sanción la desinvestidura y la prohibición de que quien sea
sancionado con ella pueda volver a ser elegido para una corporación pública36.

25. En ese sentido, a través del ejercicio de la acción de pérdida de investidura se inicia
un proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio, puesto que hace parte del ius
puniendi del Estado al exteriorizar su poder punitivo y sancionador. Esta connotación
implica que en su desarrollo se deban respetar todas las garantías del debido proceso,
entre las que se encuentran el principio de legalidad, tipicidad, aplicación de la ley más
favorable, pro personae, indubio pro sancionado, non bis in ídem, y la presunción de
inocencia37.

26. En relación con este último, es pertinente precisar los siguientes aspectos:

26.1. Está proscrita la responsabilidad objetiva. En consecuencia, no es suficiente que
el comportamiento se subsuma en el descrito por la norma como causal de
desinvestidura, sino que es necesario demostrar el elemento subjetivo de la conducta
sancionable, esto es, se debe analizar si fue doloso o gravemente culposo.

26.2. Se debe verificar si existe alguna razón de exoneración de la culpa, como el caso
fortuito o fuerza mayor38.

26.3. La carga de la prueba de la culpabilidad no puede radicar en el accionado, sino
que, en principio, le corresponde a quien persigue la desinvestidura y, por ende, debe
acreditar los hechos que sustentan tal pretensión39.

2.3. Problema jurídico

27. Se circunscribe a resolver:

¿si está demostrada la configuración de los elementos objetivo y subjetivo de la
causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 183.4 de la C.P., respecto
de la conducta del representante a la Cámara Germán Rogelio Rozo Anís al expedir

35
En tal línea, en el debate de la Asamblea Nacional Constituyente sobre el artículo 183 Constitucional
se manifestó que «[e]l altísimo nivel que supone la categoría de congresista exige que las sanciones
por la violación de sus deberes sean drásticas. No sería aceptable que a un parlamentario se le aplicaran
medidas benevolentes como, por ejemplo, descuento de sus salarios o dietas o suspensión temporal
en el ejercicio de sus funciones. El congresista debe ser tan riguroso en su conducta, que el resultado
de un mal comportamiento sea la pérdida de investidura. (…) De igual manera el evidente
incumplimiento de los deberes del congresista debe ser motivo para la sanción […]». Gaceta
Constitucional 51, página 27.
Ver también sentencia C-207 de 2003.
36
El artículo 179, numeral 4, Constitucional determinó que no pueden ser congresista «[q]uienes hayan
perdido la investidura de congresista».
37
SU-424 de 2016 y C-254A de 2012.
38
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-632 de 2017 indicó que «[…] dentro de los
elementos que se deben valorar en los procesos de pérdida de investidura se destaca la culpabilidad
(dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, si el solicitado conocía o debía conocer de la
actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión, aspecto que implica
verificar si se está ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna
circunstancia que permita descartar la culpa».
39
Consejo de Estado, Sala Dieciséis Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia del 17
de junio de 2024, radicado 11001-03-15-000-2020-03081-00.
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las certificaciones de labores de Jessica Yasid Rico Galeano, como integrante de
su UTL?

28. Para responder el anterior cuestionamiento, es necesario determinar si:

¿las certificaciones de labores que el congresista expidió corresponden al
desempeño efectivo de las funciones que le fueron legalmente asignadas a la
integrante de su UTL?

¿la servidora salió del país durante días laborales sin encontrarse en alguna
situación administrativa, durante su vinculación a la UTL del congresista?

2.3.1. La causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 4 del artículo
183 Constitucional. Estructuración

29. Las causales de pérdida de investidura se establecieron en la Constitución Política
en los artículos 109.7, 110, 134, 179, 183 y 184. Su aplicación no depende de la
existencia de un desarrollo legislativo, puesto que derivan su vinculatoriedad y eficacia
de manera directa de la Carta Política, en virtud del principio de supremacía
constitucional previsto en su artículo 4.

30. De igual manera, el ejercicio y trámite de la acción de la pérdida de investidura,
según se expuso con anterioridad, implica que se respeten los principios propios del
debido proceso, así como los de legalidad y tipicidad, de suerte que el congresista
conozca de antemano la conducta sancionable con la definición clara de los elementos
que la componen.

31. No obstante, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional ha
manifestado que en este tipo de procesos sancionatorios la tipificación de la conducta
no puede analizarse con igual rigor que en el derecho penal. Ello, por cuanto el
constituyente en algunas causales estableció tipos con textura abierta y no determinó
con precisión sus componentes, por lo que ha sido necesario su complementación con
otros contenidos normativos, según la interpretación del Consejo de Estado.

32. Con todo, se ha indicado que estas causales de pérdida de investidura con textura
abierta no riñen con los principios de legalidad y tipicidad, siempre que sea posible
determinar su contenido y la conducta que está prohibida40. Además, en tal
interpretación debe observarse que por ser normas sancionatorias y afectar el ejercicio
de los derechos políticos su exégesis debe ser restrictiva, es decir, no puede hacerse
de manera analógica o expansiva y debe ceñirse al supuesto de hecho regulado y su
destinatario41.

40
Ibidem. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 29 de enero del 2019. M.P.
Rocío Araújo Oñate. radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00(su).
41
«[…]la interpretación restrictiva supone que el texto dispositivo se encuentre en consonancia con la
finalidad o propósito de la norma constitucional, responda a su poder normativo y eficacia inmediata y
salvaguarde su utilidad. 6.7.4.5 Una hermenéutica como la señalada anteriormente, permite cobijar el
propósito de la norma, sin que ello suponga perder su carácter restrictivo o se confunda con la
interpretación analógica, o con la interpretación expansiva, pues cuando hay laguna normativa no se
está acogiendo una regla existente y ya prevista en el ordenamiento para resolver el caso, ni tampoco
se está ampliando la órbita jurídica de la disposición, y por ello no hay expansión alguna del ámbito del
derecho en el que se aplica, del objeto regulado, de los sujetos destinatarios, del supuesto o de la

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33. Precisamente, la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 183.4
de la C.P., es una disposición que contiene un tipo abierto, toda vez que no describió
los comportamientos específicos que la configuran. En efecto, la norma dispuso:
«[l]os congresistas perderán su investidura: […] 4. Por indebida destinación de dineros
públicos […]».

34. La causal fue replicada en el artículo 296, numeral 4, de la Ley 5 de 1992 que
determinó que la pérdida de investidura se produce «[p]or indebida destinación de dineros
públicos […]». Como se advierte ninguna de las normas estableció las conductas
concretas que implican una indebida destinación de dineros públicos. Por tal razón,
esta causal y las actuaciones concretas que dan lugar a su configuración han sido
objeto de estudio de la jurisprudencia de esta corporación como juez natural del medio
de control.

35. Al respecto se ha señalado, que fue el querer del constituyente otorgarle un carácter
abierto a la causal porque su finalidad era la de tener la posibilidad de juzgar la
utilización de los recursos públicos por parte de los congresistas en diferentes
situaciones que la disposición normativa no podía abarcar. Así se desprende de los
debates de la Asamblea Nacional Constituyente, contenidos en los antecedentes
legislativos42.

36. De este modo, en un primer momento la jurisprudencia manifestó que se configura
cuando el congresista efectúa la destinación de recursos públicos, entendida esta
como su aplicación a un determinado fin o efecto, de manera indebida, esto es, «[…]
cuando quiera que recae o se aplica a un fin o propósito distinto, o contrario al que legal o
reglamentariamente se encuentra previsto o destinado un determinado bien, o cuando versa
sobre algo prohibido, ilícito o injusto, o innecesario»43.

37. Más adelante, se precisó que el congresista debía realizar la destinación indebida
en ejercicio de las facultades otorgadas por su investidura y, además, que comprende
las actuaciones en las que «[…] destinó los dineros públicos a objetos, actividades o
propósitos no autorizados o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales
se encuentran asignados; aplicó los recursos a materias prohibidas, no necesarias o
injustificadas; persiguió la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de
terceros; y/o pretendió derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de
terceras personas[…]»44. En otra providencia la Sala Plena de esta corporación indicó
a modo enunciativo algunas conductas que pueden enmarcarse en los supuestos de
la indebida destinación de recursos públicos, en los siguientes términos:

consecuencia prevista por la norma constitucional; simplemente se evita vaciar de contenido dicha
disposición superior[…]». Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
del 29 de enero del 2019, radicado 11001-03-28-000-2018-00031-00.
42
«[d]e hecho, fue expresa voluntad del constituyente darle carácter abierto a esta causal para que la
especificidad de la conducta fuera desarrollada mediante otros instrumentos, dado que lo que se busca
sancionar es la utilización de recursos públicos para fines distintos, prohibidos o no autorizados por el
ordenamiento jurídico, lo cual puede ocurrir de muy diversas formas y abarcar muy distintas conductas
que no hubieran podido ser enlistadas en su totalidad en un mismo artículo[…]» Consejo de Estado,
Sala Dieciséis Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia del 17 de junio de 2024,
radicado 11001-03-15-000-2020-03081-00.
43
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 30 de mayo de 2000,
expediente AC-9877.
44
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de agosto de 2001,
radicado AC- 12546.
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«[…] De manera que la causal de indebida destinación de dineros públicos se
configura cuando el congresista destina los dineros públicos a unas finalidades y
cometidos estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos, como ocurre en los siguientes casos:

a.- Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no
autorizados;
b.- Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados pero
diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados;
c.- Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente
prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.
d.- Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas.
f.- Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros.
g.- Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de terceros […]»45

38. En otra providencia46 se identificaron los elementos objetivos de la causal. Así, se
indicó el sujeto activo «congresista», el verbo rector «destinar», la circunstancia de modo
que lo califica «indebida», y el objeto sobre el que recae «dineros públicos». De igual
manera, se determinó que el numeral 4 del artículo 183 superior no solo se estructura
cuando el congresista actúa de manera directa como ordenador del gasto como
presidente del alguna de las cámaras, sino que también si lo hace de forma indirecta,
cuando:

«[…] a pesar de haber sido ordenado el gasto para el objeto previsto en el
respectivo presupuesto, el congresista propicia con su conducta una destinación
distinta al objeto para el cual fueron consagrados, o también se presenta cuando
utiliza intangibles o contratos como instrumentos para desviar los dineros públicos
a fines distintos de los previstos en las disposiciones legales y reglamentarias
[…]»47.

39. Las posturas antedichas se acogieron y se definieron en tres presupuestos de
configuración de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 4 del
artículo 183 Constitucional «[p]or indebida destinación de dineros públicos […]», estos
son48:

40. (i) Que se ostente la calidad de congresista. Este supuesto implica que al
momento de producirse la conducta quien la desplegó se encuentre en el desempeño
del empleo de senador o de representante a la Cámara sin que se requiera que sea
nominador u ordenador del gasto, puesto que la indebida destinación puede darse no
solo de manera directa, sino indirecta como cuando tiene injerencia en la destinación

45
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 3 de octubre de 2000,
radicado AC- 12546 y AC-10968.
46
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de febrero de 2001.
expediente: AC-10528 y AC-10967.
47
Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de noviembre de
2001, radicado 11001-03-15-000-2001-0101-01(PI). Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 24 de octubre de 2023, radicado 11001-03-15-000-2016-02995-00,
proferida dentro del recurso extraordinario de revisión interpuesto en contra de la sentencia emitida por
la Sala Plena el 20 de septiembre de 2011 dentro de un proceso de pérdida de investidura.
48
Los presupuestos fueron recogidos en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de marzo de 2017, radicado 11001-03-15-000-2015-
00111-00 (PI).
Consejo de Estado, Sala Dieciséis Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia del 17 de
junio de 2024, radicado 11001-03-15-000-2020-03081-00.
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de los recursos públicos a través de las autorizaciones, certificaciones, contrataciones,
entre otras.

41. (ii) Que se esté frente a dineros públicos. Se trata de los recursos del Estado
que hacen parte de del presupuesto general de la Nación previsto en el artículo 11 del
Decreto 111 de 1996. Entre ellos se encuentran los ingresos corrientes (tributarios o
no tributarios), las rentas o recursos de capital, los fondos especiales, lo ingresos
corrientes de los establecimientos públicos del orden nacional y las contribuciones
parafiscales administradas por un órgano que haga parte del presupuesto general de
la Nación. En relación con estos recursos se ha indicado que todos «[…] deben cumplir
la destinación prevista en el respectivo Presupuesto, de suerte que se haga efectivo el
mandato del artículo 345 de la Constitución Política” […]»49.

42. De acuerdo con el artículo 15 ibidem, es en el presupuesto que se describe la
totalidad de los gastos públicos que se espera realizar durante la vigencia fiscal
respectiva, y «[e]n consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos,
erogaciones con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno, que no figuren en el presupuesto ».

43. (iii) Que estos sean indebidamente destinados. Este supuesto se configura
cuando el congresista en ejercicio de su investidura, de manera directa o indirecta,
destina el dinero público a fines diferentes de los establecidos en la Constitución, la
ley o el reglamento, en provecho propio o de un tercero. En este último evento, el
beneficio obtenido por el congresista o por el tercero puede ser económico o de otra
índole. Además, para que se estructure este elemento no se requiere que tal actuación
sea constitutiva de un delito50, puesto que «[l]o importante es que la conducta del
congresista sea determinante del detrimento patrimonial del Estado, al aplicar los dineros
públicos a un fin no autorizado […]»51.

44. Finalmente, se reitera que tener la naturaleza de proceso sancionatorio para que
proceda la pérdida de investidura es requisito ineludible que se pruebe la
responsabilidad subjetiva del congresista, esto es, que desplegó su conducta con
culpa grave o dolo, según se explicó con antelación.

2.3.2. La labor de los servidores de las unidades de trabajo legislativo

45. El artículo 388 de la Ley 5.ª del 17 de junio de 199252, modificado por el artículo 1.º
de la Ley 186 del 29 de marzo de 199553 y 7.º de la Ley 868 del 30 de diciembre de
200354, establece que cada congresista contará con una unidad de trabajo legislativo
para lograr una eficiente labor legislativa, integrada por no más de 10 empleados o
contratistas. Estos cargos serán provistos a través de la figura de libre nombramiento
y remoción o por contrato para su vinculación, mediante la postulación que cada

49
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de noviembre de
2001, radicación 11001-03-15-000-2001-0101-01.
50
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de noviembre de
2016, radicado 11001-03 15-000-2015-02938-00. Reiterada en las señaladas en el pie de página
anterior.
51
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de marzo de 2017,
radicado 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI).
52
Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes.
53
Por el cual se modifica parcialmente la Ley 5.ª de 1992.
54
Por la cual se modifica parcialmente la planta de personal de la Cámara de Representantes, en
desarrollo del artículo 150, numeral 20 de la Constitución Política.
14

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parlamentario efectúe ante el director administrativo (Cámara) y ante el director
general (Senado), según sea la cámara. El valor de sus remuneraciones no podrá
sobrepasar los 50 salarios mínimos legales mensuales para cada unidad.

46. La misma norma prescribe que el respectivo congresista expedirá la certificación
del cumplimiento de labores de los empleados y/o contratistas de la unidad de trabajo
legislativo y las calidades para ser asesor estarían definidas en una resolución
expedida por la Mesa Directiva de la Cámara y de la Comisión de Administración del
Senado, conjuntamente.

47. Un aspecto que conviene precisar es el relacionado con la naturaleza de la
vinculación de quienes prestan sus servicios en las unidades de trabajo legislativo,
pues los designados mediante nombramiento adquieren la condición de servidores
públicos de libre nombramiento y remoción55 sujetos a las condiciones que les impone
la ley en virtud de su vinculación legal y reglamentaria. De ahí que, en el ejercicio de
sus funciones, deba prevalecer el interés general y los principios de la función pública.
Lo anterior se desprende de la definición legal de empleo, esto es: «[…] el conjunto de
funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias
requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes
de desarrollo y los fines del Estado»56.

48. Ahora, la Constitución Política señala que le corresponde al Congreso de la
República «reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el
gobierno y la administración»57, igualmente, prevé que, a través de la expedición de
leyes, cumple las funciones relacionadas en los artículos 150, 151 y 152 ibidem. A su
vez, el artículo 6 de la Ley 5 de 1992 describe las clases de funciones que tiene el
órgano legislativo. Además, el ordenamiento jurídico determina el trámite y las
exigencias para que una iniciativa se convierta en ley o acto legislativo; las condiciones
para el ejercicio de los controles político y público, así como de las funciones judicial,
electoral, administrativa y de protocolo que debe desarrollar el órgano legislativo.

49. Sin embargo, el alcance de la expresión eficiente labor legislativa contenida en el
artículo 388 de la Ley 5 de 1992 no cuenta con una definición legal, es decir, el
conjunto de tareas concretas que debe adelantar cada congresista, con el propósito
de contribuir al cumplimiento de todas las funciones que están a cargo de este cuerpo
colegiado, no han sido definidas por la ley, como tampoco las correspondientes a su
UTL. Sobre la labor de este equipo de trabajo la Corte Constitucional indicó:

«[…] puede concluirse que las Unidades de Trabajo Legislativo introducidas por
la Ley 186 de 1995 tuvieron por finalidad aumentar la eficiencia del trabajo
desarrollado en el Congreso así como vincular a la actividad desplegada por los
Congresistas a personas capaces de apoyarlos en sus múltiples labores políticas,
legislativas, técnicas, de comunicación y sociales. En pocas palabras: la creación
de las Unidades de Trabajo Legislativo estuvo ligada a la idea de elevar el nivel
del trabajo legislativo así como el buen desempeño de Senadores y
Representantes en debates, campañas y durante la legislatura buscando, de un
lado, tender puentes entre el trabajo articulado de las distintas Unidades de

55
Literal b) artículo 384 de la Ley 5.ª de 1992. En este sentido, se puede consultar: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de abril de 2012, radicado: 25000-23-25-000-2003-
04955-01 (1816-2009), demandante: María Cristina Cujar de Pérez, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero
56
Ley 909 de 2004, artículo 19.
57
Artículo 114 de la C.P.
15

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Trabajo Legislativo en el Congreso y las exigencias provenientes del exterior e
intentando, de otro lado, enlazar de la manera más eficiente posible la teoría con
la práctica. Todo ello en la búsqueda por aumentar la legitimidad del Congreso,
legitimidad cuestionada de manera constante, entre otras, por la ausencia de
transparencia, por la falta de compromiso técnico e investigativo y por el alto índice
de ausentismo, clientelismo y corrupción […]»58

50. Por su parte, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes adoptó su manual
de funciones y requisitos mínimos para los empleos de la planta de personal por medio
de la Resolución 1095 del 24 de junio de 2010 y, a pesar de que el artículo 388 de la
Ley 5 de 1992 establece que las UTL pueden estar conformadas por cargos de
asistente I, II, III, IV y V y asesor I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, en el Capítulo V, artículo
18, se determinaron las funciones de forma genérica de los cargos referidos así59:

«[…] ASESOR DE LA UNIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO

1. Colaborar con el Honorable Representante en el estudio de factibilidades y
análisis de proyectos.
2. Estudiar, evaluar y analizar los proyectos de ley que se refieran a planes de
desarrollo y proyectos de inversión, por parte del Honorable Representante a
quien preste sus servicios.
3. Realizar los estudios que se le soliciten en las diferentes materias de su
competencia.
4. Colaborar en la redacción de ponencias.
5. Las demás que le asignen, acordes con la naturaleza del cargo.

[…]

ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO

1.- Colaborar en todas y cada una de las actividades desarrolladas por el
honorable Representante.
2. Mantener informado al honorable Representante sobre las citaciones para las
sesiones de las Comisiones y Plenarias de la Cámara.
3. Recoger y distribuir diariamente la correspondencia del honorable
Representante.
4. Suministrar oportunamente el Orden del Día de las sesiones plenarias, la
Gaceta del Congreso y demás documentos que requiera el honorable
Representante, para su labor legislativa.
5. Las demás que le asigne directamente el Representante al cual presta sus
servicios.
[…]».

51. Esta situación fue valorada en los antecedentes legislativos de la Ley orgánica
2029 de 202060 a la luz del artículo 122 de la C.P. en cuanto dispone «[n]o habrá empleo
público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento». Por tanto, planteó delimitar

58
Corte Constitucional, sentencia C-172 de 2010.
59
Índice 53 de Samai, páginas 38 y 39 de la resolución.
60
Gaceta del Congreso. Senado y Cámara N.° 1221 del 12 de diciembre de 2019. Informe de la
ponencia para primer debate al proyecto de ley orgánica 135 de 2019 en el Senado, 396 de 2018 Cámara.
Pp. 5. «2.1.3. Interpretaciones sobre el concepto de labor legislativa
Respecto a la labor que desempeñan los miembros de la Unidades de trabajo legislativo, es importante
traer a colación que la Corte Constitucional señaló que tiene como finalidad apoyar el trabajo
desarrollado en el Congreso y las labores políticas, legislativas, técnicas, de comunicación y sociales
que desarrollan los Congresistas […]

Como se puede observar, las funciones de las Unidades de Trabajo Legislativo no se limitan a la labor
legislativa […]»

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las labores de las UTL, para señalar que «[…] asisten, apoyan o asesoran al Congresista
en el cumplimiento de todas sus funciones y labores […]» a lo que agregó:

«[…] Por otro lado, es importante precisar que las Unidades de Trabajo Legislativo,
tiene como fin lograr el cumplimiento de las funciones legislativas, de control
político, sociales y políticas, estas últimas entendidas como las acciones que
realiza el Congresista en beneficio de la comunidad colombiana, como: mesas de
trabajo, audiencias públicas, foros, y reuniones, orientadas a solucionar
problemáticas de los servicios de salud, educación, vivienda, obras públicas,
agricultura, medio ambiente, movilidad, seguridad, de ciencia y tecnología, entre
otros […]»

52. Surtidos los trámites y debates correspondientes, el texto definitivo de la Ley 2029
de 2020 amplió el entendimiento de las labores de las unidades de apoyo para señalar
que están instituidas «[p]ara el logro de una eficiente labor legislativa, social, política y de
control de los Congresistas», pero además que «podrán realizar sus funciones en la sede
del Congreso de la República, o en cualquier lugar dentro del territorio nacional donde el
congresista lo requiera, incluso a través de las figuras de teletrabajo o virtualidad ».

53. En este punto conviene precisar que, a pesar de que la norma en mención incluyó
la posibilidad de que los servidores de las UTL incorporaran «actividades de apoyo
político». Para la Corte Constitucional, la medida no se acompasaba con la naturaleza
interpretativa de la Ley 2029 sino que regulaba la participación en política de
empleados de las UTL, lo cual generaba no solo inseguridad jurídica, sino que se
constituía en el «ejercicio indebido de una competencia constitucional», al ser una materia
de reserva de ley estatutaria. En consecuencia, declaró la inexequibilidad de tal
expresión en la sentencia C-127 de 2021.

54. En suma, las unidades de trabajo legislativo tienen a su cargo el desarrollo conjunto
de actividades de apoyo que el congresista requiera para cumplir todas las funciones
que la Constitución y la ley le asignan al Congreso de la República, con las limitaciones
de participación en política que tienen algunos servidores públicos.

2.3.3. Caso concreto

2.3.3.1. Pruebas relevantes para decidir la pérdida de investidura

55. De acuerdo con la credencial expedida por los miembros de la Comisión
Escrutadora General de la Registraduría Nacional del Estado Civil, German Rogelio
Rozo Anís fue elegido representante a la Cámara por el departamento de Arauca, para
el período constitucional 2022 a 2026, por el partido Liberal Colombiano, cargo del cual
tomó posesión el 20 de julio de 2022.

2.3.3.1.1. Sobre la vinculación de Jessica Yasid Rico Galeano

56. Por Resolución 1740 del 29 de julio de 2022, suscrita por el jefe de la División de
Personal y por el secretario general de la Cámara de Representantes, Jessica Yasid
Rico Galeano fue nombrada en el cargo de asesor II de la Unidad de Trabajo
Legislativo del mencionado congresista, del cual se posesionó el 1 de agosto del
mismo año, según Acta 1740 de esa fecha.

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57. Mediante Resolución 2249 del 31 de agosto de 2022, la misma persona fue
nombrada asistente I en aquella UTL, empleo del que se posesionó el siguiente 1 de
septiembre, según Acta 2249 de igual fecha.

58. El 24 de julio de 2023, la servidora presentó su renuncia al cargo de asistente I de
la UTL del congresista accionado, que fue aceptada por Resolución 1697 de la misma
fecha.

2.3.3.1.2. En relación con la labor de Jessica Yasid Rico Galeano en la UTL de
Germán Rogelio Rozo Anís

59. La directora general administrativa del Senado de la República certificó que se
registraron las siguientes visitas de la servidora a las instalaciones del Congreso de la
República, durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2022 y el 19 de
julio de 202361:

Como visitante Como servidora
agendada pública
17/08/2022 -----
24/08/2022 24/08/2022
7/09/2022
8/09/2022
13/09/2022
20/09/2022
28/09/2022
6/10/2022
25/10/2022
9/11/2022
16/11/2022
8/02/2023
21/02/2023
9/05/2023

60. El jefe de la División de Personal de la Cámara de Representantes allegó las
siguientes certificaciones de cumplimiento de labores de Jessica Yasid Rico Galeano,
suscritas por Germán Rogelio Rozo Anís62:

Fecha de certificación Período certificado Novedad
Agosto de 2022 1 al 31 de agosto de 2022 Sin novedad
1 al 30 de septiembre de
Octubre de 2022 Sin novedad
2022
Noviembre de 2022 1 al 30 de octubre de 2022 Sin novedad
1 al 30 de noviembre de
Diciembre de 2022 Sin novedad
2022
1 al 30 de diciembre de
Enero 2023 Sin novedad
2022
Enero de 2023 Enero de 2023 Sin novedad
6 de marzo de 2023 Febrero de 2023 Sin novedad
Mediante Resolución 0697 del 9 de
Sin fecha Marzo de 2023
marzo de 2023, se le concedió licencia no

61
Índice 52 de Samai con aclaración que se registra en el índice 92.
62
Índice 54 de Samai.
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remunerada comprendida entre el 13 y el
26 de marzo de 2023 para salir del país.
Prorrogada del 27 al 30 de marzo por
Resolución 0826 del 24 de marzo.
Abril de 2023 Abril de 2023 Sin novedad
Mayo de 2023 Mayo de 2023 Sin novedad
Mediante Resolución 1312 del 6 de junio
de 2023 se le concedió licencia ordinaria
Junio de 2023 Junio de 2023 no remunerada comprendida entre el 16
de junio y el 9 de julio de 2023, con el fin
de salir del país.
Mediante Resolución 1312 del 6 de junio
de 2023 se le concedió licencia ordinaria
no remunerada comprendida entre el 16
Julio de 2023 Julio de 2023
de junio y el 9 de julio de 2023, con el fin
de salir del país. Renunció al cargo el 24
de julio de 2023

61. En cuanto a los informes de labores de la empleada de la UTL, el representante a
la Cámara allegó los «pantallazos» de los mensajes de datos por medio de los cuales
ella, desde su correo electrónico, le envió los siguientes:

Fecha de envío del correo Mes reportado
29 de noviembre de 2022 Noviembre
24 de enero de 2023 Diciembre
24 de enero de 2023 Enero
8 de marzo de 203 Febrero
25 de abril de 2023 Marzo
25 de abril de 2023 Abril
25 de mayo de 2023 Mayo

62. También anexó el contenido de los informes presentados por Jessica Yasid Rico
Galeano. En todos ellos, se indicó que su propósito general era «[p]roveer apoyo en la
formulación y análisis de los informes de control político a las instituciones que son citadas en
Comisión Séptima». En estos documentos se describieron las funciones asignadas,
estas son:

«1. Analizar los cuestionarios de preguntas que envían las instituciones citadas
a control político en la Comisión Séptima, así como también proveer puntos de
discusión sobre la información analizada.

2. Creación de informes de control político sobre la base de las intervenciones
de las entidades citadas a la Comisión Séptima.

3. Coordinación de obtención de recursos públicos y privados para el
departamento de Arauca.» (sic)

63. Igualmente, se señalaron cuáles fueron las actividades ejecutadas en cumplimiento
de aquellas funciones durante los períodos que se indican a continuación:

Fecha de
Actividades desarrolladas
presentación
Revisión de artículos de la ley 5 de 1992 para socializar las funciones del
19/08/2022 Representante en Comisión y Plenaria.
20/09/2022 Apoyo en la revisión del proyecto de ley “Por medio de la cual se establecen
mecanismos para fortalecer la cobertura del programa subsidios no vis y se dictan

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otras disposiciones”
Revisión de base de datos de la Agencia Presidencial para la cooperación para la
búsqueda de convocatorias en las que organizaciones del departamento de Arauca
puedan participar
Se analizaron los cuestionarios de preguntas y se escribieron los informes
pertinentes sobre la base de las respuestas dadas por las instituciones afiliadas a la
Comisión Séptima de la Cámara de Representantes (Ministerios de Salud, Trabajo,
Deporte, ADRES, etc.)
Se realizaron los correspondientes informes sobre las intervenciones de las
siguientes entidades: Ministerio de Deportes, Ministerio de Salud, DIAN
• Se llevó a cabo una reunión con representantes del grupo éxito con el fin de
18/10/2022 organizar una convocatoria en Arauca con la ayuda de la cámara de comercio y los
negociadores del grupo éxito (para carnes y agricultura) para apoyar empresas,
asociaciones o fundaciones de la región que pudieran convertirse en proveedores
del grupo éxito.

• Ya se adelantaron conversaciones con la cámara de comercio para realizar la
convocatoria para que el evento se pueda realizar entre el 21 y 25 de noviembre de
este año.
Se analizaron los cuestionarios de preguntas y se escribieron los informes
pertinentes sobre la base de las respuestas dadas por las instituciones afiliadas a la
Comisión Séptima de la Cámara de Representantes (Ministerios de Salud, Trabajo,
Deporte, ADRES, etc.)
Se realizaron los correspondientes informes sobre las intervenciones de las
siguientes entidades: Ministerio de Deportes, Ministerio de Salud, DIAN, Ministerio
de Hacienda
• Se ayudó en la coordinación y ejecución de la convocatoria en Arauca con la ayuda
de la cámara de comercio y los negociadores del grupo éxito (para carnes y
agricultura) para apoyar empresas, asociaciones o fundaciones de la región que
29/11/2022 pudieran convertirse en proveedores del grupo éxito.

• Se llevó a cabo un control de la asistencia al evento de la rueda de negocios del
grupo éxito con selectos productores agrícolas del departamento de Arauca.

• Se acompañó y se le dio apoyo al Representante durante la convocatoria de
negocios del grupo éxito en Arauca.

• Se coordinó con la caja de compensación COMFIAR las posibles fuentes de
financiación de ayuda internacional, particularmente desde la agencia presidencial
para la cooperación y se crearon las bases de datos pertinentes para dicha actividad.
Se analizaron los cuestionarios de preguntas y se escribieron los informes
pertinentes sobre la base de las respuestas dadas por las instituciones afiliadas a la
Comisión Séptima de la Cámara de Representantes (Ministerios de Salud, Trabajo,
Deporte, ADRES, etc.) y se envió un reporte final de las actividades que se hicieron
durante los seis meses de trabajo.
Se realizaron los correspondientes informes sobre las intervenciones de las
siguientes entidades: Ministerio de Deportes, Ministerio de Salud, DIAN, Ministerio
de Hacienda y a entidades relacionadas con el trabajo de la comisión en general.
• Con el objetivo de obtener recursos para el departamento de Arauca principalmente
para sus empresas, entidades sin ánimo de lucro y fundaciones durante el último
24-01-2023 mes se llevaron a cabo actividades de apoyo encaminadas a proveer el soporte
necesario para que las organizaciones e individuos del departamento pudieran
acceder y aplicar a las convocatorias de origen internacional que pudieran proveer
recursos financieros, materiales y educacionales para su desarrollo.

• Se ayudó en la coordinación para la obtención de recursos de ayuda internacional
para el departamento de Arauca mediante el agendamiento de mesas de trabajo con
entidades araucanas

• Se coordinó con la caja de compensación COMFIAR las posibles fuentes de
financiación de ayuda internacional, particularmente desde la agencia presidencial
para la cooperación y se crearon las bases de datos pertinentes para dicha actividad.
Se prepararon los posibles temas de discusión de la agenda legislativa para el 2023.
Principalmente reforma a la salud, reforma pensional y el plan de desarrollo. Para
24/01/2023 esto se crearon documentos que contienen los principales puntos de contención de
los actores involucrados en base a seminarios de discusión convocados por
diferentes grupos de interés (ANIF, Universidad de los Andes, LAPA etc.)
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Se prepararon, las notas, comentarios y principales puntos de discusión del plan de
desarrollo 2022-2026 con el objetivo de identificar las propuestas con mayor nivel de
afectación nacional y departamental, así como las principales preocupaciones que
tienen los diferentes sectores del país.
• Con el objetivo de obtener recursos para el departamento de Arauca principalmente
para sus empresas, entidades sin ánimo de lucro y fundaciones durante el último
mes se llevaron a cabo actividades de apoyo encaminadas a proveer el soporte
necesario para que las organizaciones e individuos del departamento pudieran
acceder y aplicar a las convocatorias de origen internacional que pudieran proveer
recursos financieros, materiales y educacionales para su desarrollo.

• Se empezó la creación de la base de datos que contiene toda la información sobre
las convocatorias de origen internacional para la financiación de proyectos en el
departamento.
Se prepararon los posibles las respuestas a los cuestionarios de la Comisión Séptima
de la Cámara de Representantes que habían sido agendados para el mes de febrero.
Particularmente, aquellos relacionados con el Ministerio de Vivienda.
• Se prepararon, las notas, comentarios y principales puntos de discusión del plan
de desarrollo 2022-2026 con el objetivo de identificar las propuestas con mayor nivel
de afectación nacional y departamental, así como las principales preocupaciones
que tienen los diferentes sectores del país. Con esta información se presentó un
informe general del Plan Nacional de Desarrollo.

• Se prepararon, las notas, comentarios y principales puntos de discusión de la
Reforma a la Salud. con el objetivo de identificar las propuestas con mayor nivel de
afectación nacional y departamental, así como las principales preocupaciones que
27/02/2023
tienen los diferentes sectores del país. Con esta información se presentó un informe
general de la Reforma.
• Con el objetivo de obtener recursos para el departamento de Arauca principalmente
para sus empresas, entidades sin ánimo de lucro y fundaciones durante el último
mes se llevaron a cabo actividades de apoyo encaminadas a proveer el soporte
necesario para que las organizaciones e individuos del departamento pudieran
acceder y aplicar a las convocatorias de origen internacional que pudieran proveer
recursos financieros, materiales y educacionales para su desarrollo.

• Se continuó con la creación de la base de datos que contiene toda la información
sobre las convocatorias de origen internacional para la financiación de proyectos en
el departamento.
Se dio apoyo en la planeación, coordinación y ejecución de la audiencia pública de
Reforma a la Salud que tuvo lugar en la ciudad de Arauca el día jueves 30 de marzo
24/04/2023
de 2023. Para esto se construyó una base de datos de las instituciones e individuos
que iban a participar y se procedió a contactarlos para confirmar su asistencia.
Investigación y creación de informes sobre temas relevantes en la Comisión Séptima
como apoyo informativo al representante.
Se llevó a cabo un análisis de los últimos cambios que se le hicieron durante el último
25/04/2023 mes al Plan Nacional de Desarrollo (PND), particularmente desde las proposiciones
que se aprobaron y los artículos que fueron objeto de modificación.
Se dio soporte en las asesorías de aplicación a recursos internacionales de
entidades araucanas.
Se realizó un informe final sobre los proyectos actualizados del Plan Plurianual de
Inversiones del PND referentes al departamento de Arauca.
Se presentó un discurso político del PND para presentarlo ante la comunidad
25/05/2023
araucana.
Se dio soporte en las asesorías de aplicación a recursos internacionales de
entidades
Revisión y creación de un resumen del informe “transitar y habitar la frontera” para
0707/2023
el análisis del estado de la violencia en el departamento de Arauca.

64. En la audiencia que se llevó a cabo el 12 de agosto de 202463, se recibió el
testimonio de Leidy Yaneth Fernández Plata, servidora integrante de la UTL del
congresista en el cargo de asistente III, a instancias del accionado. Sobre la labor de
Jessica Yasid Rico Galeano, la declarante manifestó:

63
Índice 56 de Samai.
21

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«[…] en sus salidas del país reposan en los correos electrónicos del representante
las resoluciones de licencias no remuneradas. Asimismo, ella hizo entrega
mensualmente durante el período de un año más o menos que perteneció a la
UTL de informes que se validaban para que el representante previamente haga la
certificación de cumplimiento de labores. Asimismo, Jessica durante el período
que laboró, asistió al Congreso como debe reposar en sus ingresos al Congreso,
porque un ingreso es con el carné, entonces ella en repetidas ocasiones estuvo
en el Congreso y sus funciones también las presentaba de manera de teletrabajo
o directamente en el territorio.

¿Dentro de esa relación laboral ha mantenido algún contacto con ella? No señor,
ni un solo contacto (min. 23:34)

[…]

En concreto, ¿qué labores tenía que desarrollar ella? Bueno dentro de la Comisión
Séptima que es a la que pertenece el representante Rozo, se hacen diversos
controles políticos y en esos controles políticos se hacen cuestionarios para las
entidades a las que se les va a hacer el control político. Una de las funciones que
yo tengo conocimiento que hacía Jessica era hacer estudio a esos cuestionarios
para que el jefe tuviera insumos de los debates de control político. Asimismo,
también una de las funciones que ella tenía era apoyo a territorio, era apoyar las
diferentes actividades que el representante tuviera que pues hacer en territorio,
que me acuerdo una de ellas es el apoyo del grupo Éxito, que estaba haciendo un
convenio con la Cámara de Comercio de Arauca para que el grupo Éxito pues
trabajara con el grupo cárnicos y lácteos en Arauca. Asimismo, en temas de
búsqueda y apoyo de cooperación internacional para buscar recursos para
nuestro departamento, en plenarias también se hacían diferentes estudios para
los proyectos que el jefe quisiera presentar. Y pues las demás que el
representante le colocara como su jefe inmediato.

[…]

¿Usted tiene conocimiento si ella hacía teletrabajo o alternaba teletrabajo y
presencial en el Congreso? ¿Tiene conocimiento de qué días le correspondía
asistir al Congreso de la República? Yo sé que ella fue porque pues era
compañera de trabajo, pero pues los días no los tengo claros, eso reposa pues en
la Cámara allá en personal pues porque allá hacen el registro y teletrabajo si
porque pues el equipo la UTL también trabaja en teletrabajo, como le decía, los
fuertes son martes, miércoles y jueves, y en muchas ocasiones el Congreso no
tiene agua, pues nosotros trabajamos en teletrabajo.

¿Tiene conocimiento del lugar o de la sede muy puntual desde donde ella hacía
teletrabajo, si estaba autorizada, desde qué región podía hacer el teletrabajo
autorizado? Ella tenía sus sedes de teletrabajo entre Bogotá y Arauca.

¿Tuvo conocimiento de los informes de labores que ella hubiese presentado? Si
señor.

¿Quién supervisaba esos informes o lo hacía directamente ante el congresista?
El representante hace entrega de una certificación de cumplimiento de labores y
esa certificación de cumplimiento de labores se hace previa revisión de los
informes. Yo resalto de que en la Cámara no es un requisito el certificado de
labores por parte del representante para hacer el respectivo pago. Ellos pagan se
entregue o no se entregue la certificación. Pero para el representante poder hacer
la certificación de cumplimiento de labores se hace porque se hace revisión de los
informes entregados.

¿Tuvo conocimiento de alguna situación administrativa especial en la que ella se
hubiera encontrado durante el tiempo en el que ella prestó sus servicios laborales
personales en la Unidad de Trabajo Legislativo del congresista, me explico si fue
objeto de alguna licencia no remunerada, de las vacaciones, de un permiso

22

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especial? Sí señor claro, ella pidió licencias no remuneradas, ella enviaba el
documento al correo electrónico donde le solicitaba al representante pues que iba
a salir del país una licencia no remunerada, eso se envía a personal y personal
hacía la respectiva resolución. Desde que ella salió del país, las veces que salió
siempre lo hizo con licencia no remunerada, como reposa en las resoluciones.

¿Por qué tiene conocimiento de esas situaciones tan particulares, con fundamento
en qué su dicho? Porque yo apoyo el área administrativa y manejo en repetidas
ocasiones el correo electrónico del representante Rozo. Siempre que ella
solicitaba la licencia no remunerada se hacía a través del correo electrónico y por
eso conozco las veces que ella salió del país lo hizo con licencias no remuneradas
porque yo conocí las resoluciones porque una de mis funciones es apoyo
legislativo.

¿Las solicitudes que ella formulaba a efectos de que le otorgaran un permiso o
una licencia no remunerada, allí indicaba que era para desplazarse al exterior? Si
señor porque presentaba el tiquete de viaje.
[…]» (minuto: 20:01 en adelante)

65. En la misma diligencia, el apoderado de la parte solicitante presentó «tacha de
sospechosa a la testigo pues su imparcialidad se ve bastante cuestionada en esta
diligencia»64.

2.3.3.1.3. Los salarios que recibió la servidora de la UTL

66. La División de Personal de la Cámara de Representantes allegó los siguientes
comprobantes de pago de nómina a la mencionada servidora:

Período de pago Días pagados Valor
01/08/2022 al 31/08/2022 29 $7.471.000
01/09/2022 al 30/09/2022 30 $2.760.000
01/10/2022 al 31/10/2022 28 $2.576.000
01/11/2022 al 30/11/2022 30 $ 2.760.000
01/12/2022 al 31/12/2022 30 $2.760.000
Prima de navidad diciembre de 2022 147 $1.225.222
01/01/2023 al 31/01/2023 30 $3.201.600
01/02/2023 al 28/02/2023 30 $3.201.600
01/03/2023 al 31/03/2023 17 $1.814.240
01/04/2023 al 30/04/2023 24 $2.561.280
01/05/2023 al 31/05/2023 30 $3.201.600
01/06/2023 al 30/06/2023 18 $1.920.960
01/07/2023 al 31/07/2023 21 $2.241.120
Prima de servicios julio de 2023 296 $1.430.667

2.3.3.1.4. Las situaciones administrativas acreditadas

67. En la hoja de vida de la empleada en cuestión, reposan las siguientes solicitudes
de licencias no remuneradas, todas ellas para salir del país:

Orden incluida en el acto sobre
Fecha de Período de
Acto que la concedió días de licencia que deben
solicitud licencia
remunerarse
«[l]os días sábado 13, domingo 14 y
11 de agosto 12 al 15 de agosto R. 1972 del 11 de agosto
el día lunes festivo 15 de agosto le
de 2022 de 2022 de 2022
serán remunerados».

64
Índice 56 de Samai. Minuto 33:03.
23

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28 de «[l]os días sábado 08 y domingo 09
8 al 11 de octubre R. 2559 del 28 de
septiembre de octubre de 2022 le serán
de 2022 septiembre de 2022
de 2022 remunerados».
«[l]os días sábado 18, 25 y domingo
9 de marzo 13 al 26 de marzo R. 0697 del 9 de marzo
19 y 26 de marzo de 2023 no le
de 2023 de 2023 de 2023
serán remunerados».
«[l]os días sábado 01 y domingo 02
24 de marzo 27 al 30 de marzo R. 0826 del 24 de marzo
de abril de 2023 no le serán
de 2023 de 2023 de 2023 (prórroga)
remunerados».
«[l]os días sábado 17, domingo 18 y
lunes festivo 19 de junio de 2023 le
serán remunerados. En cuanto a lo
6 de junio de 16 de junio al 9 de R. 1312 del 6 de junio de
días sábado 24, domingo 25 de
2023 julio de 2023 2023
junio; sábados 01, 08, domingos 02
y 09 de julio de 2023 no le serán
remunerados».

68. En relación con la Resolución 1972 del 11 de agosto de 2022, se aclara que, pese
a que no fue allegada por la División de Personal de la Cámara de Representantes, sí
lo fue por el accionado con la contestación de la solicitud de pérdida de investidura.

2.3.3.1.5. Las salidas del país de Jessica Yasid Rico Galeano

69. De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2022 y el 24 de
julio de 2023, la servidora en cuestión tuvo los siguientes movimientos migratorios65:

Salida Destino final Llegada Origen
11/08/2022 México (Cancún) 15/08/2022 México (Cancún)
República República
7/10/2022 Dominicana 11/10/2022 Dominicana
(Punta Cana) (Higuey)
13/03/2023 España (Madrid) 30/03/2023 España
16/06/2023 Italia (Roma) 9/07/2023 España (Madrid)

70. En la hoja de vida de Jessica Yasid Rico Galeano se encuentra copia de los tiquetes
aéreos que aportó con las solicitudes de licencia no remunerada como justificación.
Tales tiquetes indican los siguientes horarios de los vuelos a los destinos antedichos:

Fecha y hora de salida Fecha y hora de llegada Fecha y hora del vuelo
del vuelo de Colombia a destino de regreso a Colombia
Bogotá 04:30, 12 de Cancún CUN 08:18, 12 de
No se aportó
agosto de 2022 agosto de 2022
Bogotá 6:30 a .m, 8 de Punta Cana 10:13, 8 de
11 de octubre, 11:03 a. m.
octubre de 2022 octubre de 2022
Bogotá 16 de junio, 21:25 Madrid 17 de junio, 14:05 9 de julio de 2023, 17:50

71. Los tiquetes del viaje del mes de marzo no fueron aportados.

2.3.3.1.6. Las respuestas a las peticiones del solicitante

Respecto de la información suministrada por la Cámara de Representantes a través
de las respuestas que el jefe de la División de Personal dirigió a quienes lo requirieron,

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Índice 63 de Samai.
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Solicitante: Wilmer Valencia Ladrón de Guevara

se allegaron los siguientes documentos:

Fecha de la Oficio que Respuesta sobre las situaciones
Peticionario
petición resolvió administrativas de JYRG
«[…] Una vez revisada la información
20 de junio de
D.P.4.1.1570/2023 que reposa en esta División, en la
Helmer Andrés 2023, reiterada el
del 4 de julio de presente anualidad la señora […] no ha
Ariza Saray 4 de julio del
2023 solicitado vacaciones o licencias no
mismo año
remuneradas para salir del país […]»
No se refirió al tema, sin embargo, se
5 de julio de 2023
D.P.4.1.1664/2023 adjuntaron «[…] las certificaciones de
Helmer Andrés pidió aclaración
del 1 de julio de cumplimiento de labores donde se
Ariza Saray del
2023 relacional a la funcionaria JESSICA
D.P.4.1.1570/2023
YESID RICO GALEANO […]»
«[…] Una vez revisada la información
que reposa en los archivos de la
División se anexa a esta respuesta las
solicitudes de las licencias no
D.P.4.1.1809/2023 remuneradas solicitadas por la señora
Helmer Andrés
19 de julio de 2023 «04 de julio de […], con excepción de la solicitud de
Ariza Saray
2023» (sic) licencia no remunerada del periodo
comprendido del 12 al 15 de agosto de
2022 pues no se encuentran registros
de esta solicitud en los archivos de la
División» (sic)
«[…] Una vez revisada la información
que reposa en los archivos de la
División se anexa a esta respuesta las
solicitudes de las licencias no
Wilmer José
D.P.4.1.1868/2023 remuneradas solicitadas por la señora
Valencia 1 de agosto de
del 15 de agosto de […], con excepción de la solicitud de
Ladrón de 2023
2023 licencia no remunerada del periodo
Guevara
comprendido del 12 al 15 de agosto de
2022 pues no se encuentran registros
de esta solicitud en los archivos de la
División […]» (sic)

72. Mediante Oficio D.P.4.1.1688/2024 del 4 de julio de 2024, el jefe de la División de
Personal de la Cámara de Representantes resolvió la petición de Germán Rogelio
Rozo Anís el 3 de julio de 2024, sobre las solicitudes que había recibido en relación
con Jessica Yasid Rico Galeano. Informó de las ya identificadas y de la radicada por
Wilmer José Valencia Ladrón de Guevara el 10 de agosto de 2023, atendida en el
Oficio D.P.4.1.1974/2023 del 19 de agosto de 2023, que no fue allegado al expediente,
y agregó:

«Finalmente, se informa que en el proceso de búsqueda de la información para dar
respuesta a esta petición se evidenció la comisión de un error en la información
suministrada al peticionario Helmer Andrés Ariza a través del oficio
D.P.4.1.1570/2023 del 04 de julio de 2023 y parcialmente en la respuesta al primer
punto de la petición del oficio D.P.4.1.1809/2023. En consecuencia, se aclara que
para todos los efectos la información suministrada a través de esta respuesta es la
que corresponde con la información que reposa en los archivos y bases de datos
de la División de Personal.» (sic)

2.3.3.2. Análisis del elemento objetivo de la causal

73. En el presente asunto, el solicitante aseguró que se configuró la causal prevista en
el artículo 183.4 de la C.P., puesto que el representante a la Cámara Germán Rogelio
certificó mensualmente que Jessica Yasid Rico Galeano cumplió con las funciones que
le fueron legalmente asignadas como integrante de la UTL, con el fin de que recibiera
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el pago de salarios y prestaciones. Sin embargo, ella no realizó gestión alguna para la
eficiente labor legislativa, en pocas oportunidades asistió a las instalaciones del
Congreso de la República e incluso salió del país durante días laborales sin que se
encontrara en alguna situación administrativa, como vacaciones o licencia no
remunerada.

74. En sustento de lo anterior, destacó el contenido del Oficio D.P.4.1.1570/2023 del 4
de julio de 2023, en el cual el jefe de la División de Personal de la Cámara de
Representantes informó que de acuerdo con los archivos que reposaban en aquella
dependencia, Jessica Yasid Rico Galeano «[…] no ha solicitado vacaciones o licencias no
remuneradas para salir del país […]».

75. De acuerdo con lo expuesto, se verificará si en el presente caso concurren los tres
presupuestos de configuración de la causal de pérdida de investidura prevista en el
numeral 4 del artículo 183 Constitucional «[p]or indebida destinación de dineros públicos
[…]».

76. En primer lugar, la calidad de congresista de Germán Rogelio Rozo Anís quedó
probada con la credencial expedida por los miembros de la Comisión Escrutadora
General de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que consta que fue elegido
representante a la Cámara por el departamento de Arauca, para el período
constitucional 2022 a 2026, por el partido Liberal Colombiano y que tomó posesión el
20 de julio de 2022.

77. Asimismo, los hechos que se endilgan como causantes de la desinvestidura
tuvieron lugar desde el mes de julio de 2022, cuando el congresista ya se encontraba
en ejercicio del cargo. En efecto, se acreditó que nombró a Jessica Yasid Rico Galeano
en su UTL con las resoluciones 1740 del 29 de julio de 2022, en el cargo de asesor II,
y 2249 del 31 de agosto de 2022, en el de asistente I. En la solicitud se alegó que,
desde su posesión, la servidora no cumplió con las funciones que legalmente le fueron
asignadas y aun así fue remunerada. Así las cosas, la conducta objeto de estudio se
desplegó durante el desempeño del empleo de representante a la Cámara, por lo que
el primer supuesto de la causal está configurado.

78. En segundo lugar, está acreditado que los dineros destinados eran públicos, puesto
que la controversia gira en torno a que el representante a la Cámara certificó que
Jessica Yasid Rico Galeano cumplió con sus funciones como integrante de su UTL
con el fin de que recibiera el pago de salarios y prestaciones. Estos emolumentos se
enmarcan en la categoría de dineros públicos porque se financian con los recursos
que ingresan al presupuesto general de la Nación a través de sus distintos métodos
de recaudo previstos en el artículo 11 del Decreto 111 de 1996 con el fin de cubrir los
gastos de funcionamiento del Congreso de la República.

79. En tercer lugar, se analizará si se cumple el elemento de la causal de pérdida de
investidura que exige que los dineros públicos «sean indebidamente destinados» a fines
diferentes a los establecidos en la Constitución, la ley o el reglamento en provecho
propio o de un tercero por el actuar directo o indirecto del congresista.

80. Al respecto, el solicitante aseveró que el congresista certificó, sin ser cierto, que
Jessica Yasid Rico Galeano cumplió con las funciones que le fueron legalmente

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asignadas como integrante de la UTL con el fin de que recibiera el pago de salarios y
prestaciones porque (i) no ejerció las funciones de asesoría y apoyo dentro de la sede
del legislativo ni en otras regiones; y (ii) salió del país en días laborales sin estar
amparada por una situación administrativa laboral.

81. En tal sentido, se verificará si la parte solicitante demostró que las certificaciones
que el jefe de la División de Personal de la Cámara de Representantes aportó al
proceso y que fueron suscritas por Germán Rogelio Rozo Anís en las que consta que
Jessica Yasid Rico Galeano cumplió con sus labores en los meses de agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022; y enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio y julio de 2023 carecen de veracidad.

82. Pues bien, en lo que respecta a la primera afirmación del solicitante se advierte que
no tiene sustento probatorio y, por el contrario, de las pruebas allegadas se puede
inferir que las certificaciones suscritas por el representante a la Cámara están
debidamente fundamentadas en documentos cuya credibilidad no fue desvirtuada y,
por lo tanto, tampoco la de aquellas.

83. En efecto, al expediente se aportaron los informes laborales que Jessica Yasid Rico
Galeano presentó por los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022;
y enero, febrero, abril, mayo, junio y julio de 2023, en los que detalló las actividades
que cumplió como asistente I del representante a la Cámara Germán Rogelio Rozo
Anís. En ellos se corrobora que todas estaban dirigidas al apoyo de la labor del
mencionado congresista, pues en el tiempo que ocupó el cargo de asesor II (agosto
de 2022) revisó los proyectos de ley, y cuando pasó a desempeñar el de asistente I
presentó informes sobre actividades adelantadas por la Comisión Séptima sobre
control político a diferentes entidades, apoyó la gestión para conseguir recursos para
el departamento de Arauca, preparó temas de la agenda legislativa de las reformas a
la salud, pensional y el plan de desarrollo.

84. Las funciones se relacionan con las que la Resolución 1095 del 24 de junio de 2010
prescribió para el cargo de asesor II y asistente I de la UTL, puesto que todas están
dirigidas a colaborar con las actividades que le corresponde desarrollar al congresista
y se enmarcan en la naturaleza asistencial de los empleos.

85. A lo anterior se suma que el congresista aportó los pantallazos de los correos
electrónicos que recibió de parte de Jessica Yasid Rico Galeano desde la dirección
«yyrg-5@hotmail.com» con los informes de sus actividades laborales por los meses de
noviembre y diciembre de 2022 y enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2023. Tales
correos se remitieron el 29 de noviembre de 2022 y el 24 de enero, 8 de marzo, 25 de
abril y 25 de mayo de 2023. Aunque no incluyeron los reportes por los meses de
agosto, septiembre y octubre de 2022, esta situación no implica que Jessica Yasid
Rico Galeano no los presentó, puesto que en el expediente sí reposan los que suscribió
y el solicitante no desvirtuó su veracidad con otro medio probatorio o su autenticidad.

86. El contenido de estos medios de convicción coincide con la declaración de Leidy
Yaneth Fernández Plata, cuya imparcialidad fue tachada por la parte solicitante en
atención a su relación de cercanía con el congresista. A respecto, el artículo 211 del
CGP establece:

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«Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar
el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su
credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos
o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u
otras causas.

La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez
analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias
de cada caso.»

87. De acuerdo con la norma en cita, la tacha de parcialidad del testigo no impide
valorar su declaración. De hecho, tanto la jurisprudencia de esta corporación66 como
la de la Corte Constitucional67 ha sostenido que en este evento el análisis de la prueba
debe ser más rigurosa en conjunto con los demás medios de convicción y bajo las
reglas de la sana crítica. Así las cosas, el planteamiento del solicitante no lleva a
desestimar el testimonio aludido, puesto que, a pesar de que está probada la relación
de subordinación que existe entre el accionado y la testigo, quien se desempeña en
su UTL, y, con ello, el supuesto del artículo 211 del CGP, lo cierto es que concuerda
con la información suministrada en los documentos examinados.

88. En efecto, se refirió a las funciones de «apoyo a territorio» que el congresista le
encomendó a Jessica Yasid Rico Galeano, entre ellas las relacionadas con el Grupo
Éxito en Arauca; a la búsqueda de recursos para el departamento; al desarrollo de las
funciones desde Bogotá y Arauca, en la modalidad de trabajo remoto; a la entrega de
los informes de labores al congresista, como condición para la expedición de la
correspondiente certificación mensual; e incluso a las solicitudes de licencias no
remuneradas y los actos administrativos que las concedieron, a través del correo
electrónico, al cual la declarante tenía acceso, debido a que manejaba «en repetidas
ocasiones el correo electrónico del representante Rozo».

89. Por lo tanto, aunque esta declaración no es determinante en la demostración del
desempeño de las funciones por parte de Jessica Yasid Rico Galeano, resulta útil para
constatar la forma en la que el representante a la Cámara recibió los informes de
labores de sus colaboradores y las condiciones en las que desarrollaban las funciones
que le fueron encomendadas.

90. De todo lo anterior se deduce que la parte solicitante no demostró que Germán
Rogelio Rozo Anís certificó, sin ser cierto, que Jessica Yasid Rico Galeano ejerció sus
labores como asesora II y como asistente I de su UTL. Por el contrario, de las pruebas
aportadas se puede inferir que las certificaciones se sustentaron en los informes
presentados por la referida en los que indicó las actividades de asesoría y apoyo que
ejecutó y que coinciden con las funciones establecidas en la Resolución 1095 de 2010
para los empleos que ocupó y, además, fueron radicados en los tiempos en que
debieron ser desarrolladas y no fueron desvirtuados. Por lo tanto, se concluye que las
certificaciones se encuentran debidamente fundamentadas y su veracidad no fue
desvirtuada, máxime cuando el artículo 388 de la Ley 5 de 1992 no exige otro tipo de
documentos o formalidades para que proceda su emisión.

66
En este sentido, se pueden consultar entre otras: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del
25 de agosto de 2023, radicado: 050012333000202300395-01. Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 13 de agosto de 2024, radicado: 660012331000201100127 01 (65.564)
67
Corte Constitucional, sentencia T-1090 de 2005.
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91. Ahora bien, aunque de la certificación proferida por la directora general
administrativa del Senado de la República sobre el registro de asistencia de Jessica
Yasid Rico Galeano se puede advertir que en el rol de servidora pública no acudió a
las instalaciones del Congreso de la República todos los meses y en los que asistió no
lo hizo todos los días, esta situación en modo alguno lleva a inferir que no desarrolló
las funciones para las cuales fue vinculada y que, por ende, el contenido de las
certificaciones carece de veracidad, por cuanto por autorización legal podía hacerlo
desde otros lugares del país.

92. Ciertamente, en lo relativo al trabajo fuera de la sede del Congreso de la República,
es relevante poner de presente que con ocasión de la emergencia sanitaria declarada
por el Decreto 385 del 12 de marzo de 2020, las condiciones del trabajo presencial se
flexibilizaron, tal y como se constata con las directivas 002, 003 y 005 de 2020 suscritas
por el presidente y el director administrativo de la Cámara de Representantes, hasta
lograr una relativa y paulatina normalidad con la Directiva 12 del 15 de junio de 2021.

93. En este contexto, para el especial caso de las unidades de trabajo legislativo, la
Ley orgánica 2029 del 24 de julio de 202068 interpretó el alcance de la expresión «[c]ada
Congresista contará, para el logro de una eficiente labor legislativa, con una Unidad de Trabajo
a su servicio» contenida en el artículo 388 de la Ley 5 de 1992 y dispuso que los
miembros de la UTL podían desplegar sus labores de apoyo desde cualquier lugar de
Colombia si así lo dispone el congresista.

94. En efecto, el único artículo de la ley mencionada señaló que la expresión debía
interpretarse en el siguiente sentido: «[p]ara el logro de una eficiente labor legislativa,
social, política y de control de los Congresistas, los funcionarios que estén vinculados a la
Unidad de Trabajo Legislativo, podrán realizar sus funciones en la sede del Congreso de la
República, o en cualquier lugar dentro del territorio nacional donde el congresista lo requiera,
incluso a través de las figuras de teletrabajo o virtualidad […]». De acuerdo con sus
antecedentes legislativos, la norma se expidió con el propósito de promover la
descentralización y facilitar la comunicación de la población que habita en las regiones
con los congresistas69.

95. De esta manera, aunque está demostrado que la asistencia de Jessica Yasid Rico
Galeano a la sede del Congreso de la República fue inconstante durante el tiempo que
estuvo vinculada como empleada de la UTL, este solo hecho no permite deducir que
desatendió las labores que le correspondían y que Germán Rogelio Rozo Anís profirió
las certificaciones con información contraria a la realidad, por cuanto estaba habilitada
para realizarlas desde el lugar que el congresista le indicara. Además, los informes de
sus labores dan cuenta de las tareas que ejecutó, los cuales no fueron desvirtuados.

68
«[p]or medio de la cual se interpreta el artículo 388 de la Ley 5 de 1992, modificada por el
artículo 1o de la Ley 186 de 1995 y el artículo 7o de la Ley 868 de 2003».
69
En la ponencia para primer debate de la ley se manifestó que «[…] se hace necesario interpretar la
Ley 5ª de 1992 con la autoridad que la Constitución le confiere expresamente al Congreso en el artículo
150, y así aclarar y hacer explícita la facultad que tiene cada Congresista de tener asistentes o asesores
de su Unidad de Trabajo Legislativo en cualquier lugar del territorio nacional, para apoyarle en todas las
funciones del Congresista, incluidas las legislativas, de control, sociales, de campaña política, de
rendición de cuentas, o cualquier otra relacionada con las funciones constitucionales y legales de los
Senadores y Representantes a la Cámara […]».Asimismo, en el informe de la ponencia se señaló que
la norma era importante porque es una medida conveniente, oportuna y ciertamente ajustada a los
valores democráticos de nuestra Constitución […]».Gaceta del Congreso 532 del 12 de junio de 2019.
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96. Por otra parte, en la audiencia pública el solicitante señaló que al proceso debió
aportarse el acuerdo de voluntades que autorizaba el teletrabajo de Jessica Yasid Rico
Galeano en el territorio. Aunque es un argumento nuevo, adicional a los expuestos en
el escrito inicial y que, por lo tanto, no debe admitirse en esta oportunidad, toda vez
que el accionado no tuvo la oportunidad de estructurar su defensa en torno a tal
aseveración, lo cierto es que tampoco desvirtúa la presunción de inocencia del
congresista.

97. En efecto, en el evento hipotético de que tal forma de vinculación se considerara
obligatoria para que los integrantes de las UTL trabajen desde los territorios, no
conllevaría la prosperidad de la solicitud de pérdida de investidura, por cuanto en este
caso no se juzga si existió o no alguna irregularidad formal bajo la cual pudo prestarse
el servicio por parte de Jessica Yasid Rico Galeano, sino si desarrolló las funciones
que legalmente le estaban asignadas para que pudiera recibir el pago de sus salarios
y prestaciones sociales, tal como lo certificó el congresista.

98. En lo que respecta a la segunda afirmación de la solicitud de pérdida de investidura
en el sentido de que el congresista certificó que Jessica Yasid Rico Galeano cumplió
con sus labores para el pago de los salarios, pese a que esta salió del país en días
laborales sin estar amparada por una situación administrativa, se advierte que tampoco
se encuentra acreditada.

99. Contrario a ello, la copia de las solicitudes de permiso de la aludida servidora y que
reposan en su hoja de vida, que fueron trasladadas a la División de Personal de la
Cámara de Representantes, la concesión de licencias no remuneradas mediante las
resoluciones 1972 del 11 de agosto y 2559 del 28 de septiembre de 2022, 0697 del 9
de marzo, 0826 del 24 de marzo y 1312 del 6 de junio de 2023, por los períodos
comprendidos entre el 12 y el 15 de agosto, el 8 y el 11 de octubre de 2022, el 13 y el
30 de marzo, y el 16 de junio al 9 de julio de 2023, desvirtúan lo aseverado por el
solicitante.

100. Sobre el punto, también está probado con la información suministrada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores que Jessica Yasid Rico Galeano salió del país del
11 al 15 de agosto de 2022, del 7 al 11 de octubre de 2022, del 13 al 30 de marzo y
del 16 de junio al 9 de julio de 2023. Si bien lo señalado en este informe no coincide
con la fecha de inicio de la licencia no remunerada de los meses de agosto (12 de
agosto) y octubre (8 de octubre) consignada en las resoluciones aludidas, tal situación
pudo obedecer a la hora de registro en el punto de migración antes de abordar los
vuelos.

101. En efecto, ello se puede corroborar con el tiquete de avión para el mes de agosto
anexado a la solicitud de permiso que Jessica Yasid Rico Galeano presentó ante la
Cámara de Representantes y aportado al expediente y que da cuenta de que el viaje
fuera del país estaba programado para el 12 de agosto a las 4:30 a. m. Igual situación
se predica de la diferencia de un día que existe respecto del mes de octubre, puesto
que el tiquete de la misma aerolínea indica que el vuelo internacional estaba
programado para el 8 de octubre a las 6:30 a. m. y también se anexó al permiso
solicitado.

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102. Así las cosas, pese a la divergencia de los dos días entre el informe del Ministerio
de Relaciones Exteriores con los actos de reconocimiento de la licencia, es evidente
que los viajes estaban programados para los días que estos señalaron, por cuanto
coinciden con los registrados en las solicitudes de la licencia y las fechas de viaje
indicadas en los tiquetes aéreos. En ese sentido, no se advierte una razón lógica que
lleve inferir que Jessica Yasid Rico Galeano faltó a la verdad en las solicitudes y
abandonó un día antes el país.

103. En ese orden, se concluye que, contrario a lo afirmado por el accionante, Jessica
Yasid Rico Galeano salió del país una vez le otorgaron las licencias no remuneradas
que solicitó, a través de las resoluciones 1972 del 11 de agosto de 2022, 2559 del 28
de septiembre de 2022, 0697 del 9 de marzo de 2023 y 0826 del 24 de marzo de 2023.

104. Además, se observa que por los meses en los que disfrutó de las licencias no
recibió la totalidad de su salario. Ello se desprende de los comprobantes de pago de
nómina aportados al proceso por la División de Personal de la Cámara de
Representantes en los que consta que en el mes de agosto de 2022 solo recibió 29
días, en octubre de 2022 solo 28, en el mes de marzo 2023 fueron 17 y en los meses
de junio y julio solo 18 y 21, respectivamente. Estos pagos concuerdan con los días de
licencia y la forma en que fueron reconocidos en las resoluciones señaladas.

105. En efecto, la Resolución 1972 del 11 de agosto de 2022 dispuso que de los 4 días
de licencia pagaría tres (13, 14 y 15), y excluyó el día 1270, por lo que debían pagarse
29 días como en efecto sucedió. La Resolución 2559 del 28 de septiembre de 2022
ordenó pagar los días 8 y 9 de octubre y descartó los días 10 y 1171, lo que implicaba
que a la entidad le correspondía pagar 28 días de salario y así lo hizo.

106. Por su parte, las resoluciones 0697 del 9 de marzo de 2023 y 0826 del 24 de marzo
de 2023 excluyeron del pago 4 días de licencia de fin de semana72, por lo que por
marzo el pago debía equivaler a los 13 días laborados más dos domingos y el día 31
que no lo exceptuó, para un total de 16. La entidad pagó un día de más.

107. Finalmente, la Resolución 1312 del 6 de junio de 2023 dispuso que, del mes de
junio, además de los días trabajados (15), se le pagaran tres días de los que estaban
licenciados73, en total 18, tal como lo hizo la entidad. Por el mes de julio ordenó
descontar 9 días de licencia74, por lo que debían costearse 14, toda vez que la renuncia
al empleo le fue aceptada a partir del 25 de julio mediante la Resolución 1697 de 2023.
Por lo tanto, la entidad pagó 7 días de más por este mes al sufragar el pago hasta el
día 31 de julio, según consta en el desprendible de nómina.

108. Como se advierte, Jessica Yasid Rico Galeano en los meses en los que gozó de

70
En el numeral segundo del acto administrativo se indicó: «[l]os días sábado 13, domingo 14 y el día
lunes festivo 15 de agosto le serán remunerados».
71
El numeral segundo de la resolución prescribió lo siguiente «[l]os días sábado 08 y domingo 09 de
octubre de 2022 le serán remunerados».
72
La Resolución 697 de 2023 indicó de forma textual «[l]os días sábado 18, 25 y domingo 19 y 26 de
marzo de 2023 no le serán remunerados». La 826 de 2023 también señaló en su parte resolutiva que
«[l]os días sábado 01 y domingo 02 de abril de 2023 no le serán remunerados».
73
El acto administrativo dispuso en el numeral segundo de su parte resolutiva: «[l]os días sábado 17,
domingo 18 y lunes festivo 19 de junio de 2023 le serán remunerados. En cuanto a lo días sábado 24,
domingo 25 de junio; sábados 01, 08, domingos 02 y 09 de julio de 2023 no le serán remunerados».
74
Ibidem.
31

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la licencia no remunerada no recibió el salario completo y solo en dos (marzo y julio)
obtuvo el pago en total de 8 días más. Sin embargo, esto no significa que existió una
destinación indebida de dineros causada por el congresista, puesto que las salidas del
país fueron informadas y ella solicitó y obtuvo las licencias correspondientes, además,
en las certificaciones de labores que expidió el congresista se reportaron las
novedades de las licencias, así como el retiro de la servidora.

109. En lo atinente a este último punto, la existencia de un pago adicional pudo
obedecer a otras situaciones de carácter administrativo en el área de nómina del
Congreso de la República encargado de hacer la liquidación de los salarios y en modo
alguno puede endilgarse a la actuación del representante a la Cámara, quien no solo
acreditó el cumplimiento de todas las actuaciones que legalmente tenía a su cargo,
sino que además no está obligado a ejercer el control sobre tal actividad.

110. Lo expuesto en relación con el otorgamiento de las licencias, los viajes realizados
y el pago de los salarios y prestaciones sociales se puede resumir en el siguiente
cuadro:

Días Días
Fecha solicitud Resolución que otorgó
solicitados Salidas del país pagados en
licencia la licencia
en la licencia la nómina
1972 del 11 de agosto de
11 de agosto de 12 al 15 de 12 al 15 de agosto
2022
2022 agosto 2022 2022 29
28 de
8 al 11 de 2559 del 28 de
septiembre de 8 al 11 de octubre
octubre septiembre de 2022 28
2022
13 el 26 de
9 de marzo de 0697 del 9 de marzo de 13 el 26 de marzo
marzo de
2023 2023 de 2023 17
2023
24 al 30 de
24 de marzo de 0826 del 24 de marzo de 24 al 30 de marzo
marzo de 18 por junio
2023 2023 (prórroga) de 2023
2023
16 de junio al
6 de junio de 1312 del 6 de junio de 16 de junio al 9 de
9 de julio de
2023 2023 julio de 2023 21 por julio
2023

111. Ahora bien, en memorial del 6 de agosto de 202475 el solicitante alegó que las
resoluciones 1972 del 11 de agosto de 2022, 2559 del 28 de septiembre de 2022, 0697
del 9 de marzo de 2023 y 0826 del 24 de marzo de 2023 carecen de veracidad porque
se registraron «[…] manifestaciones contrarias a la realidad, elaboradas con el propósito de
justificar unas situaciones administrativas consumadas al margen del procedimiento legal, es
decir, sin haberse solicitado […]».

112. Lo anterior en atención a que, para la fecha en que Jessica Yasid Rico Galeano
disfrutó de las licencias no remuneradas, tales actos administrativos no podían haber
existido. Esto en atención a que el jefe de personal de la Cámara de Representantes
expidió el Oficio D.P.4.1.1570/2023 del 4 de julio de 2023 en el que indicó que «[…] no
ha solicitado vacaciones o licencias no remuneradas para salir del país […]», al resolver una
petición presentada por Helmer Andrés Ariza Saray, acerca de la vinculación de ella
con la UTL del congresista y las licencias no remuneradas para salir del país que
solicitó.

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Índice 47 de Samai.
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113. Pese a que el oficio referido pudo llevar al peticionario a deducir que Jessica Yasid
Rico Galeano salió del país sin contar con las respectivas licencias, lo cierto es que
está demostrado que se trató de un error por parte de quien elaboró y suscribió la
respuesta que no afecta la veracidad de la información contenida en las resoluciones
en relación con la existencia de las situaciones administrativas. Es así puesto que las
pruebas allegadas al expediente en conjunto permiten deducir que para el 4 de julio
de 2023 sí existían los actos administrativos que concedieron las licencias.

114. En efecto, la copia de las solicitudes de la licencia con las respectivas fechas de
presentación, los correos electrónicos a través de los cuales Jessica Yasid Rico
Galeano las solicitó y, además, los desprendibles de nómina que informan sobre los
días laborados y pagados que coinciden, según se expuso, con las fechas incluidas
en las resoluciones que concedieron las situaciones administrativas.

115. A lo anterior se suma que la propia entidad, al responder las peticiones
presentadas por igual peticionario el 19 de julio de 2023 y por Wilmer José Valencia
Ladrón de Guevara el 1 de agosto de igual anualidad con los oficios D.P.4.1.1809/2023
y D.P.4.1.1868/2023 del 15 de agosto de 2023 adjuntó copia de las resoluciones que
otorgaron las licencias. Asimismo, al dar respuesta a la petición presentada por
Germán Rogelio Rozo Anís el 3 de julio de 2024 manifestó que la información
suministrada a Helmer Andrés Ariza Saray con el Oficio D.P.4.1.1570/2023 del 4 de
julio de 2003 sobre las licencias de Jessica Yasid Rico Galeano estaba errada y aclaró
que «para todos los efectos la información suministrada a través de esta respuesta es la que
corresponde con la información que reposa en los archivos y bases de datos de la División de
Personal» (sic).

116. Esta última respuesta admite plena credibilidad si se considera que casi un año
antes la entidad ya le había entregado la copia de las resoluciones a Helmer Andrés
Ariza Saray y Wilmer José Valencia Ladrón de Guevara cuando resolvió las peticiones
de 19 de julio y 1 de agosto de 2023. Ello permite inferir que la información
suministrada al accionado con el oficio de 2024 no fue amañada o prefabricada con el
fin de favorecerlo dentro del presente proceso.

117. Por lo anterior, el alegato de falsedad del contenido de las resoluciones 1972 del
11 de agosto de 2022, 2559 del 28 de septiembre de 2022, 0697 del 9 de marzo de
2023 y 0826 del 24 de marzo de 2023 carece de sustento. Por tal razón, lo que en ellas
está incluido goza de la presunción de veracidad que no fue desvirtuada y, por ende,
su valoración dentro del presente proceso era procedente.

118. De todo lo expuesto, se puede concluir que el solicitante no probó que Germán
Rogelio Rozo Anís certificó, sin ser cierto, que Jessica Yasid Rico Galeano ejerció sus
labores como asesora II y como asistente I de su UTL durante el tiempo que estuvo
vinculada para que pudiera recibir el pago de sus salarios y prestaciones sociales. Es
decir, que las certificaciones se profirieron pese a que la mencionada dejó de ejecutar
sus funciones y que salió del país en días laborales sin estar amparada por una
situación administrativa. En consecuencia, la veracidad de la información que contiene
las certificaciones no fue desvirtuada.

119. Por el contrario, está demostrado que están sustentadas en los informes
presentados por la servidora pública en los que consta las actividades que desarrolló

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de apoyo en la labor legislativa, social, política y de control, los cuales no fueron
desvirtuados. También se acreditó que se ausentó del país una vez le fueron
concedidas varias licencias no remuneradas con las solicitudes que presentó por
medio de las resoluciones 1972 del 11 de agosto de 2022, 2559 del 28 de septiembre
de 2022, 0697 del 9 de marzo de 2023 y 0826 del 24 de marzo de 2023, documentos
que coinciden con las fechas de sus viajes indicados en los tiquetes aéreos y los
informes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, se acreditó que en los
meses de agosto y octubre de 2022, marzo, junio y julio de 2023 en los que disfrutó de
las licencias se descontaron de su salario los días no laborados.

120. En consecuencia, el tercer elemento de la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 4 del artículo 183 de la Constitución Política, no se encuentra
configurado por la inexistencia de evidencia que permita inferir que el congresista al
expedir las certificaciones de que trata el artículo 388 de la Ley 5 de 1992 lo hizo pese
a que Jessica Yasid Rico Galeano dejó de ejecutar sus funciones y que salió del país
en días laborales sin estar amparada por una situación administrativa. Por
consiguiente, la veracidad de las certificaciones no fue desvirtuada, lo que permite
deducir que no realizó actuaciones, directas o indirectas, para beneficiar a la
mencionada con el pago de los salarios. Por lo tanto, no se probó que los dineros
públicos sobre los que tenía injerencia fueran «indebidamente destinados».

121. En esas condiciones, como no se encuentra configurado el elemento objetivo de
la causal de pérdida de investidura previsto en el artículo 183.4 de la C.P. no hay lugar
a analizar el elemento subjetivo.

Conclusión

122. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que en el presente caso de pérdida
de investidura no se demostró la configuración del elemento objetivo y, por
consecuencia, del subjetivo, de la causal prevista en el artículo 183.4 de la
Constitución Política respecto de la conducta del representante a la Cámara Germán
Rogelio Rozo Anís al expedir las certificaciones laborales de Jessica Yasid Rico
Galeano como integrante de su UTL.

123. Lo anterior, por cuanto (i) quedó probado que las certificaciones están sustentadas
en los informes presentados por la mencionada en los que consta las actividades que
desarrolló en los cargos que ocupó en la UTL, los cuales no fueron desvirtuados; (ii)
se demostró que Jessica Yasid Rico Galeano salió del país una vez le fueron
concedidas las respectivas licencias no remuneradas, a través de las resoluciones
1972 del 11 de agosto de 2022, 2559 del 28 de septiembre de 2022, 0697 del 9 de
marzo de 2023 y 0826 del 24 de marzo de 2023; y iii) que en los meses en que disfrutó
de ellas no recibió la totalidad de su salario al descontarse por nómina los días no
laborados.

124. En suma, en el presente asunto no se acreditó la configuración del tercer elemento
de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 4 del artículo 183 de la
Constitución Política, puesto que el solicitante no probó que el congresista Germán
Rogelio Rozo Anís expidió las certificaciones de que trata el artículo 388 de la Ley 5
de 1992 en favor de Jessica Yasid Rico Galeano pese a que dejó de ejecutar sus

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funciones y que salió del país en días laborales sin estar amparada por una situación
administrativa. Por consiguiente, la veracidad de las certificaciones no fue desvirtuada,
lo que permite deducir que no realizó actuaciones, directas o indirectas, para beneficiar
a la mencionada con el pago de los salarios y, por ende, que los dineros públicos sobre
los que tenía injerencia fueran «indebidamente destinados».

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sala 10 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Negar la solicitud de pérdida de investidura del representante a la Cámara
Germán Rogelio Rozo Anís por la circunscripción del departamento de Arauca para el
período constitucional 2022-2026, promovida por Wilmer José Valencia Ladrón de
Guevara, por las razones expuestas.

Segundo. Informar a los sujetos procesales que contra la presente decisión procede
el recurso de apelación, en los términos del artículo 14 de la Ley 1881 de 2018.

Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Cuarto. Ejecutoriada esta decisión, comunicar a la Mesa Directiva de la Cámara de
Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al ministro del Interior, para lo de su
cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018.

Firmada electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.

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