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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03283-00

Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede

Fecha
31 de julio de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03283-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Leonardo Jiménez Galeano, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. 14 Artículo 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social. Radicación: 11001-03-15-000-2024-03283-00 Demandante: Leonardo Jiménez Galeano Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otra Referencia: sentencia de tutela de primera instancia SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03283-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

31 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03283-00
Demandante: LEONARDO JIMÉNEZ GALEANO
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede
estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa
jurídica suficiente y coherente para discutir la razonabilidad de la decisión
adoptada por la autoridad judicial accionada / SUBSIDIARIEDAD – el accionante no
agotó el recurso ordinario de apelación para discutir los argumentos planteados en que
fundamenta los defectos alegados / PERJUICIO IRREMEDIABLE – La parte actora
no acreditó estar en presencia de alguna situación que amerite la intervención
urgente del juez de tutela.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Leonardo Jiménez
Galeano contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Meta.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 26 de junio de 20241, el señor Leonardo Jiménez Galeano, en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la

1Se advierte que, el 11 de julio de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03283-00
Demandante: Leonardo Jiménez Galeano
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
otra
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, por considerar vulnerado su
derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de los fallos proferidos por
esas autoridades judiciales en el proceso disciplinario con radicado 50001-11-02-
000-2017-00954-01. Formuló la siguiente pretensión (transcripción textual):

Con base a lo anterior, solicito al despacho que se deje sin efectos las
decisiones cuestionadas y que, en su lugar, se dicte un fallo de reemplazo o
se ordene al juez disciplinario proferir uno nuevo, en el cual se sigan los
lineamientos que determine el juez de tutela en donde no se vulneren
derechos fundamentales.

1.2. Hechos

Del escrito de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos
jurídicamente relevantes:

El señor Danilo Vivas presentó queja disciplinaria contra el accionante porque,
supuestamente, en el año 2016 le entregó una documentación para iniciar un
proceso ordinario laboral, pero el abogado no realizó ninguna gestión y tampoco le
regresó los documentos suministrados para el efecto.

Surtido el trámite de rigor, las autoridades accionadas le impusieron sanción
disciplinaria al abogado Leonardo Jiménez Galeano -aquí demandante-, por haber
incurrido en la falta prevista en el artículo 35, numeral 4 de la Ley 1123 de 2007,
que señala: «No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible
dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o
demorar la comunicación de este recibo»; y por la descrita en el artículo 33
numeral 11 ejusdem, que indica «Usar pruebas o poderes falsos, desfigurar,
amañar o tergiversar las pruebas o poderes con el propósito de hacerlos valer en
actuaciones judiciales o administrativas». Decisiones que, en sentir de la parte
actora, no se compadecen con el material probatorio aportado al proceso.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03283-00
Demandante: Leonardo Jiménez Galeano
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
otra
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

1.3. Argumentos de la tutela

El accionante se refirió a los requisitos generales de procedencia exigidos cuando
se utiliza la acción de tutela para censurar providencias judiciales, para lo cual
transcribió, sin comillas, un análisis realizado al parecer por una Sala de Revisión
(no se conoce de qué Corporación).

Lo mismo ocurrió cuando se refirió a las causales específicas de procedencia,
dado que transcribió las consideraciones de la sentencia C-590 de 2005 y de
otras providencias que identificó en el texto y en las notas de pie de página.

Sostuvo que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto sustantivo, por
falta de aplicación de los artículos 13 y 46 de la Ley 1123 de 2007, toda vez que
las autoridades disciplinarias omitieron fundamentar de manera íntegra los
criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la sanción impuesta.

Agregó que, en el trámite disciplinario, no se demostró que su conducta hubiera
generado un daño concreto a los intereses del quejoso, por cuanto bien pudo
iniciar el proceso con otro abogado, teniendo en cuenta que los documentos que
le recibió para tales efectos no eran esenciales, lo que encuadra en un posible
defecto fáctico.

De otra parte, señaló que fue su apoderado, y no él, quien aportó al proceso la
prueba documental que se catalogó de falsa en el curso del trámite disciplinario2,
razón por la cual considera que no debió ser sancionado por ello.

2 De la lectura de las providencias censuradas se desprende que al proceso disciplinario se aportó

un documento manuscrito en una hoja de cuaderno, en el que constaba la entrega de $150.000 «y
documentos», por parte del apoderado del disciplinado a la esposa del quejoso, el cual resultó
«espurio», conforme al peritaje efectuado, que concluyó que las palabras «y documentos» habrían
sido adicionadas luego de la firma de recibido, lo que fue interpretado por las autoridades
disciplinarias junto con otros medios de prueba, para señalar que el abogado únicamente regreso
el dinero, sin los documentos que le habían sido entregados para su encargo profesional.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03283-00
Demandante: Leonardo Jiménez Galeano
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
otra
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Finalmente, reprochó que el trámite de segunda instancia se haya surtido en
menos de 90 días, contando la vacancia judicial, es decir, que «en tiempo record»
se analizó el caso que estudió la primera instancia durante más de seis años.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 27 de junio de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó
que se notificara a los magistrados que integran la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, como
accionados. En calidad de tercero con interés, se dispuso la vinculación del señor
Danilo Andrés Vivas Valencia, toda vez que intervino como quejoso en el proceso
disciplinario con radicado 50001-11-02-000-2017-00954-01.

Igualmente, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.

2.1. El magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ponente de la
providencia censurada, solicitó que se declare la improcedencia de la tutela, toda
vez que el accionante pretende utilizar este mecanismo como tercera instancia del
proceso disciplinario. Subsidiariamente, solicitó que se niegue el amparo, por las
mismas razones.

Agregó que la demanda no cumple con la carga argumentativa exigida en estos
casos, dado que el accionante se limitó a señalar que las providencias se
encuentran incursas en los defectos fáctico y sustantivo, porque «considera que
no se probó el daño causado al quejoso en la acción disciplinaria, y que no se
explicaron las razones cuantitativas y cualitativas que se tuvieron en cuenta para
la imposición de la sanción», sin explicar con suficiencia por qué considera
vulneradas sus garantías fundamentales.

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Demandante: Leonardo Jiménez Galeano
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
otra
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En todo caso, resaltó que las providencias censuradas no desconocen derecho
fundamental alguno, y menos aún, incurrieron en los defectos invocados por el
accionante.

En relación con los cargos relacionados con la graduación de la sanción y la
supuesta falta de motivación que invocó el accionante, adujo que fue un aspecto
que no fue objeto de pronunciamiento en segunda instancia, dado que no hizo
parte de los argumentos expuestos en la alzada.

Frente a la agilidad para resolver el recurso de apelación, sostuvo que, si bien es
cierto la Corporación respeta el turno, también lo es que, en cumplimiento del
artículo 18 de la Ley 446 de 1998, tenía que dársele prelación a ese asunto, ante
el inminente riesgo de prescripción.

2.2. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta no presentó informe,
pese a ser notificada en debida forma.

2.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la persona citada
como tercero con interés no intervinieron en esta ocasión.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

Lo primero que la Sala deberá examinar es si está acreditado o no el cumplimiento
de los requisitos generales de procedibilidad. Sólo en el evento de que se reúnan
estas exigencias, se analizará si las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en los defectos endilgados y, por ende, vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la accionante.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03283-00
Demandante: Leonardo Jiménez Galeano
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
otra
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2. Análisis de la Sala

2.1. El requisito general de relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 20143, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)
evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a
otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de
tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se
agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los
defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i)
una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como
tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente4 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción

3 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4
Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03283-00
Demandante: Leonardo Jiménez Galeano
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
otra
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.

2.2. De la subsidiariedad5

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y
eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo
contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de
concurrir, concederá el amparo impetrado.

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de
los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la
Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 866 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del
Decreto 2591 de 19917 prevén como causal de improcedencia de la acción de

5 En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta
Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de
junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia
del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).
6
«Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03283-00
Demandante: Leonardo Jiménez Galeano
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que el amparo sólo puede utilizarse cuando se han agotado
los mecanismos ordinarios de protección que el ordenamiento jurídico ha
dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En
ese sentido, la Corte Constitucional manifestó8:

La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente
a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la
transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el
sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no
puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo
que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para
esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con
la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto,
un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el
fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio
de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los
vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.

Ahora bien, en punto de la noción de perjuicio irremediable, es claro que este se
puede definir como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o
violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría

(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)».
(se destaca).
7
«Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante (…)».
8
Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización
del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez
de tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que
provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser
atentados a los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el
perjuicio irremediable, así9: «es aquel (i) que se produce de manera cierta y
evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de
ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la
medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la
que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que
hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para
la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales».

3. Caso concreto y solución del problema jurídico

De entrada, la Sala advierte que la acción de tutela no satisface el requisito de
relevancia constitucional, dada la falta de carga argumentativa mínima.

Si bien el Señor Leonardo Jiménez Galeano manifestó su desacuerdo con las
decisiones proferidas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta y
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, e incluso identificó como causales
específicas de procedibilidad los defectos sustantivo y fáctico, lo cierto es que no
explicó con claridad suficiente en qué consiste la transgresión invocada.

En efecto, se alega que se incurrió en defecto fáctico porque, a juicio del
accionante, en el proceso disciplinario no se demostró que su conducta hubiera

9
Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando
a: Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.

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generado un daño concreto a los intereses del quejoso; sin embargo, la Sala
considera que no bastaba con señalar en abstracto que se presentó una falencia
en la valoración probatoria, sino que lo determinante era precisar cuáles fueron los
medios de prueba que no se analizaron, explicar cómo la falta de análisis
probatorio arrojó un resultado distinto y porqué la conclusión del operador
disciplinario estuvo desprovista de cualquier rigor o fundamento. Empero, en este
caso, lo que se advierte es un descontento genérico con la decisión tomada en la
providencia cuestionada.

Así mismo, es menester mencionar que la valoración probatoria en nuestro
sistema se encuentra gobernada por el principio de la sana crítica o de la
apreciación razonada de las pruebas, actividad en la cual el fallador es libre de
formarse su convencimiento sobre la verificación de los enunciados fácticos, a
partir de un análisis conjunto e integral de los elementos probatorios, pero sujeto a
las reglas de la lógica y de la experiencia, y no a una convicción arbitraria,
caprichosa o al margen de lo que revelen los medios de prueba.

Esa tarea se logra cuando se motiva la decisión de manera racional con las
pruebas que obran en el proceso e incluso, a partir de las deficiencias que en esa
carga procesal de las partes advierta el sentenciador. Con todo, esa situación no
exige el estudio individual o detallado de cada uno de los medios suasorios, salvo
que se echen de menos aquellos que incidan directamente en el sentido de la
decisión, al punto que den lugar a una resolución distinta a la emitida,
circunstancia que, como se vio, no se presenta en este caso.

También es pertinente señalar que el reproche disciplinario se realiza frente al
incumplimiento injustificado del deber en cabeza del profesional del derecho,
independientemente de si se causa o no un perjuicio real al quejoso.

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La misma carga insuficiente se predica del defecto sustantivo, cimentado en que
las providencias inaplicaron los artículos 1310 y 4611 de la Ley 1123 de 2007, pues,
en sentir del accionante, las autoridades disciplinarias demandadas omitieron
fundamentar de manera completa y explícita los motivos de la determinación
cualitativa y cuantitativa de la sanción, ni señalaron si esta atendió a criterios de
razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

No obstante, el accionante no se preocupó de explicar por qué los argumentos
expuestos en las providencias atacadas constituían una indebida justificación de
la sanción impuesta, máxime cuando en el fallo disciplinario de primera instancia
se encuentra todo un acápite dedicado a exteriorizar los criterios que se
analizaron para efectos de la dosificación de la sanción.

Como se sabe, el defecto material o sustantivo se caracteriza, principalmente, por
la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, que tiene origen
en el proceso de interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas que
gobiernan el asunto puesto en conocimiento del juez. Sin embargo, para que esa
falencia dé lugar a la procedencia del mecanismo de amparo constitucional, debe
evidenciarse una irregularidad de tal entidad, que indiscutiblemente lleve a que se
profiera una decisión que obstaculice o lesione la efectividad de prerrogativas
iusfundamentales12.

No basta, pues, con que la parte demandante alegue que se le vulneraron los
derechos fundamentales, para considerar que se cumple con el primer elemento
del requisito de relevancia constitucional. Para ello, es necesario sustentar amplia

10
ARTÍCULO 13. CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN. La imposición de
cualquier sanción disciplinaria deberá responder a los principios de razonabilidad, necesidad y
proporcionalidad. En la graduación de la sanción deben aplicarse los criterios que fija esta ley.
11 ARTÍCULO 46. MOTIVACIÓN DE LA DOSIFICACIÓN SANCIONATORIA. Toda sentencia
deberá contener una fundamentación completa y explícita sobre los motivos de la determinación
cualitativa y cuantitativa de la sanción.
12 Cfr. Sentencias SU-950 de 2014, SU-241 de 2015, SU-217 de 2016 y SU-395 de 2017 de la

Corte Constitucional.

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otra
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y razonablemente el vicio endilgado a la decisión censurada, a fin de que el juez
constitucional cuente con suficientes elementos para decidir si una providencia
judicial vulnera o no derechos fundamentales.

Con todo, como bien lo señaló la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el
argumento que el actor presenta en esta instancia para sustentar un posible
defecto fáctico, no fue objeto de apelación en el curso del trámite disciplinario,
dado que el disciplinable no discutió la graduación de la sanción en la alzada,
motivo por el cual aquella Corporación no se pronunció al respecto en segunda
instancia. Significa lo anterior que, frente a este defecto alegado tampoco se
cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que el interesado no agotó los
mecanismos judiciales que tenía a su disposición, concretamente el recurso de
apelación, y en consecuencia, la tutela deviene improcedente también por
incumplimiento de esta exigencia.

Lo mismo sucede con el argumento expuesto por el señor Jiménez Galeano para
señalar que no debió ser sancionado por la falta prevista en el numeral 11 del
artículo 33 de la Ley 1123 de 200713, dado que el documento que se encontró
falso o espurio no fue aportado por él al proceso, aspecto que no se alegó en el
recurso de apelación interpuesto contra el fallo disciplinario de primera instancia
proferido por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta.

La Sala no desconoce que se puede flexibilizar la regla de la subsidiariedad
cuando se avizora la existencia de un perjuicio irremediable o cuando la situación
amerite la intervención urgente del juez de tutela, sin embargo, en el caso
particular no se reúnen esos elementos. De hecho, la parte accionante ni siquiera
menciona alguna situación que le hubiera impedido formular estos argumentos en

13 Artículo 33. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado: (…)

11. Usar pruebas o poderes falsos, desfigurar, amañar o tergiversar las pruebas o poderes con el
propósito de hacerlos valer en actuaciones judiciales o administrativas.

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otra
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el recurso de apelación; así como tampoco indica alguna circunstancia que, por su
inminencia, gravedad o impostergabilidad requiera de la intervención urgente del
juez constitucional.

Finalmente, llama la atención de la Subsección que el accionante reproche que el
trámite de segunda instancia se haya surtido en corto tiempo, por lo que tiene a
bien enfatizar en la explicación brindada por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, que informó que, aunque la Corporación respeta los turnos, este era un
asunto que debía resolverse prioritariamente, en razón al riesgo de prescripción y
en virtud de lo consagrado en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 14, justificación
que resulta razonable y no da cuenta de arbitrariedad alguna.

En suma, la solicitud de amparo no satisface el requisito general de relevancia
constitucional y, como consecuencia, se declarará improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el
señor Leonardo Jiménez Galeano, de conformidad con lo razonado en la parte
motiva de esta providencia.

14
Artículo 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias
exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin
que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal.
Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal
orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente
del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03283-00
Demandante: Leonardo Jiménez Galeano
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
otra
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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