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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03301-01

Fecha
3 de octubre de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03301-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: Primero.- Confirmar la sentencia del 24 de julio de 2024, proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, a través de la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela incoada por el señor Guillermo Barrios, al no satisfacer el requisito de inmediatez. Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-03301-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

3 de octubre de 2024

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 03301 01
Demandante: Guillermo Barrios

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 03301 01
Demandantes: Guillermo Barrios
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Requisito de inmediatez

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por accionante contra la sentencia del 24
de julio de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
que declaró improcedente el amparo constitucional deprecado por el accionante, al no
cumplir con el requisito de la inmediatez.
1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Guillermo Barrios, por conducto de apoderada judicial, promovió demanda en
orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defesa y
contradicción, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, que consideró
conculcados con la sentencia del 3 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, y en el auto de obedézcase y cúmplase del 16 de enero de
2024, emitido por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001 33 33 006 2019
00110 00/01.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 03301 01
Demandante: Guillermo Barrios

Como consecuencia de lo anterior, pidió dejar sin efectos las mencionadas
providencias, para que, en su lugar, se le ordene al tribunal mencionado expedir una
nueva sentencia en la que acoja los parámetros del Consejo de Estado y se le
reconozcan los perjuicios a los que tiene derecho.

1.1.2. Los hechos

La entidad demandante indicó los siguientes:

i) El 15 de noviembre de 2018, mediante la Resolución RDC 670, la UGPP sancionó
al accionante por mora en la afiliación e inexactitud en los pagos de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión y, además, remitió a la
Subsección de Cobranza de dicha entidad para que adelantara el correspondiente
proceso de cobro coactivo.

ii) El 22 de abril de 2019, el accionante presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Resolución RDC 670 del 15 de noviembre de
2018 y otros actos administrativos expedidos dentro del procedimiento sancionatorio
que adelantó la UGPP en su contra. Pretendió que se declarara que «no adeuda suma
alguna a los sistemas de salud y pensión por el periodo 2014, ni por aportes, ni por
sanción por omisión, ni por sanción por inexactitud, cobradas o determinadas por la
UGPP, contenida o derivadas de los actos administrativos anulados».

iii) El 4 de febrero de 2020, el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva profirió
sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones de la demanda. Esa
decisión fue apelada por el accionante.

iv) El 3 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila profirió fallo de
segundo grado, a través del cual confirmó la providencia mencionada en el numeral
anterior. Esa providencia quedó ejecutoriada el 2 de noviembre de 2023.

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Demandante: Guillermo Barrios

v) El 16 de enero de 2024, el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva profirió «auto
de obedecimiento a lo resuelto por el superior>>, que quedó ejecutoriado el 22 de
enero de 2024».

1.1.3. Los defectos invocados

El accionante alega que las providencias cuestionadas incurrieron en los defectos
fáctico, procedimental absoluto, material, y por desconocimiento del precedente. El
principal reproche del señor Barrios sobre las providencias cuestionadas, es que en
las dos instancias del proceso judicial hubo una indebida valoración de la declaración
de renta del accionante y se permitió que la UGPP se abrogara facultades propias de la
DIAN, relacionadas con la interpretación y modificación de su declaración de renta.

1.2. Actuación procesal

Por auto del 2 de julio de 2024, se admitió la demanda de la referencia y se dispuso
notificar al magistrado José Miller Lugo Barrero del Tribunal Administrativo del Huila y
al Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, como demandados. De igual modo, se
ordenó vincular como terceros con interés directo en las resultas del proceso a la UGPP
y al delegado de la Procuraduría General de la Nación ante el Consejo de Estado.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. UGPP1

La UGPP solicitó su desvinculación por considerar que no es la entidad frente a la cual
se alega la supuesta vulneración de los derechos fundamentales del accionante.
Además, de manera subsidiaria, solicitó que se niegue o se declare la improcedencia
de la acción porque dicho ente no vulneró los derechos fundamentales del accionante.

1.3.2. Tribunal Administrativo del Huila2 y Juzgado Sexto Administrativo del
Huila3

1 Índice 9 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado. Cuaderno de primera instancia.
2 Índice 10 ibidem.
3 Índice 13 ibidem.

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Demandante: Guillermo Barrios

El Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado 6 Administrativo de Neiva allegaron
el enlace del expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número de radicado 41001 33 33 006 2019 00110 00/01.

1.3.3. Sentencia impugnada4

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 24 de
julio de 2024, declaró la improcedencia de la acción de tutela incoada por el señor
Guillermo Barrios, al considerar que no se cumple con el requisito de inmediatez.

Para tal fin, el a quo precisó que los defectos invocados están dirigidos contra el fallo
de segunda instancia del 3 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
del Huila y no respecto del auto de «obedézcase y cúmplase» emitido por el Juzgado
Sexto Administrativo de Neiva. En consecuencia, el término de los seis meses para
acudir a la jurisdicción constitucional se debe contabilizar a partir de la ejecutoria de la
mencionada sentencia.

Así las cosas, y tomando en consideración que la decisión acusada se notificó el 26
de octubre de 2023 y la acción de tutela se presentó hasta el 27 de junio de 2024,
concluyó que se sobrepasó el mencionado término de inmediatez, pues lo hizo un (1)
mes y veintiséis (27) días después.

Por último, el juez de tutela de advirtió que el accionante no aportó ninguna prueba
para demostrar que la providencia de segunda instancia no le fue notificada en debida
forma ni demostró una situación especial manifiesta, irresistible y constante durante el
término de los seis meses, que permitiera flexibilizar o inaplicar el término de
inmediatez referido.

1.5. Impugnación

La apoderada del demandante solicitó revocar la sentencia del 24 de julio de 2024,
bajo la premisa de que deben flexibilizarse los 6 meses para acudir a la acción de

4 Índice 16 ibidem.

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Demandante: Guillermo Barrios

tutela contra providencias judiciales, ya que el señor Guillermo Barrios es una persona
de especial protección constitucional, pues hace parte del grupo de la tercera edad,
pues a la fecha tiene 67 años de edad.

De igual manera, reiteró los argumentos del escrito introductorio, partiendo de la base
de que al dejar en firme las decisiones judiciales acusadas se estaría violando su
derecho fundamental a un juicio justo.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20195, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y
serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la
presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección
Tercera de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 3 de octubre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, dentro del expediente 41001 33 33
006 2019 00110 01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la
adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso, a la defesa y contradicción, al acceso a la administración de justicia y
a la igualdad del señor Guillermo Barrios.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

5Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

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La jurisprudencia constitucional6 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,7 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que
para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

6 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
7Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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2.4. Hechos probados

i) El 3 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la
sentencia del 4 de febrero de 2020, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de
Neiva, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho incoado por el señor Guillermo Barrios contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social.8

ii) El 26 de octubre de 2023, se notificó personalmente la mencionada sentencia a
la apoderada del señor Barrios.9

iii) El 2 de noviembre de 2023, la referida decisión quedó ejecutoriada.10

iv) El 16 de enero de 2024, el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva profirió auto
de obedézcase y cúmplase a lo resuelto por el tribunal.11

v) El 27 de junio de 2024, se radicó en la ventanilla virtual del Consejo de Estado
la acción de tutela de la referencia.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

2.5.1. El requisito de inmediatez en el asunto de la referencia

Cómo se indicó a lo largo de esta providencia, la Sección Tercera, Subsección B, de
esta colegiatura declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, bajo el
argumento de que no satisface el requisito de inmediatez, puesto que se presentó por
fuera del término de 6 meses siguientes a su expedición.

8 Índice 13 de la información que reposa en SAMAI, dentro trámite de primera instancia de la presente

acción de tutela.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.

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Si bien es cierto, el ejercicio de la acción de tutela no cuenta con un término de
caducidad, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, dado el carácter
preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de amparo, su interposición
debe darse dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento
generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales. Lo
anterior, en aras de i) proteger derechos de terceros, ii) impedir que el amparo se
convierta en un factor de inseguridad jurídica y, iii) evitar su uso como herramienta
supletoria de la negligencia en la agencia de derechos, desnaturalizando con ello su
finalidad.12

La Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de agosto de 2014,13
explicó que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de
amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, por encontrarse en juego los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por estas razones, acogió como regla
general un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra
providencia judicial se ejerce oportunamente.

En este estado de cosas, es claro que como la presente acción de tutela se
interpuso después de un mes de proferida la sentencia que ahora se cuestiona en
instancia constitucional, no se cumple con el requisito de inmediatez.

Ahora bien, cierto es que el examen de inmediatez no se reduce a verificar el paso del
tiempo entre el hecho generador de la vulneración de un derecho fundamental y la
interposición del amparo constitucional; sino que, además, se debe analizar la
razonabilidad del plazo, de acuerdo con los hechos de cada caso concreto.

La jurisprudencia constitucional ha señalado tres eventos específicos que justifican el
transcurso de un lapso prolongado entre la vulneración del derecho y la interposición
de la acción, así:

(i) Ante la existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por
ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o

12La sentencia T-187 de 2012 presenta la línea jurisprudencial al respecto.
13 C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia
de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente
las circunstancias previas, entre otras.

(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación
desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual.
Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez
no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino
asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que
requiera, en realidad, una protección inmediata.

(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo
13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan.14

Siendo del caso analizar entonces, de acuerdo con las excepciones previstas por la
Corte Constitucional, la razonabilidad del plazo para acudir a la acción de tutela, la
Sala procederá a dilucidar si, en el presente asunto, se justifica la inactividad del
accionante en la interposición de la acción.

Sostiene la parte actora en el escrito introductorio que el requisito de inmediatez se
encuentra satisfecho por el siguiente motivo:

En el presente, caso, se cumple con el requisito de la inmediatez pues se trata de
atacar las sentencia de primera y segunda instancia dentro de un proceso judicial,
el cual cerro su ciclo volviendo al Juzgado de origen, con el auto de obedecimiento
a lo resuelto por el superior, el cual es de fecha 16 de enero de 2024, además al
expediente completo, se vino a acceder hacía el mes de mayo de 2024, por lo
tanto, la tutela se interpone en un plazo razonable que a partir del auto de
obedecimiento a lo resuelto por el superior, no supera los seis meses y si se tiene
a partir de que fue enviado por el Tribunal Administrativo del Huila, hacía el
Juzgado de Origen, escasamente alcanzaría los seis meses, pero de todas formas
debe tenerse en cuenta que este es un proceso afectado por los términos de la
pandemia del COVID -19, entonces no teníamos acceso pleno al expediente, y si
se toma a partir del acceso al expediente que es en mayo de 2024, pues la tutela
se interpone en un tiempo relativamente corto.

Por su parte, en la impugnación que hoy convoca la atención de esta Sala, la
apoderada del señor Guillermo Barrios explicó que el requisito de inmediatez debe
flexibilizarse porque el actor es una persona de la tercera edad, ya que en la actualidad

14 Ver las sentencias T-158 de 2006, T-792 de 2007, T-1028 de 2010, T-584 de 2011 y T-433 de 2016.

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cuenta con 67 años de edad, y, por ende, se le deben garantizar las prerrogativas
establecidas en los artículos 3 y 31 de la Ley 2055 de 202015 y en la Sentencia C-395
de 2021, en cuanto a que debe dársele un trato diferencial con el fin de salvaguardar
sus derechos fundamentales. De igual manera, citó como sustento las sentencias T-
526 de 2005, T-692 de 2006 y T-328 de 2010 de la Corte Constitucional, y el fallo del
12 de agosto de 2019, dentro del expediente 11001 03 15 000 2019 01578 01, de la
Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado.

Al respecto, conviene hacer precisión en la referida Ley 2055 de 2020, «por medio de
la cual se aprueba la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores”, adoptada en Washington, el 15 de junio de
2015», que en su artículo 31, establece lo siguiente:

Articulo 31
Acceso a la justicia

La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro carácter.

Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga
acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás,
incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento en todos los
procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas.

Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el
tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y
ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales.

La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se
encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor.

Asimismo, los Estados Parte desarrollarán y fortalecerán políticas públicas y
programas dirigidos a promover:

a. Mecanismos alternativos de solución de controversias.

b. Capacitación del personal relacionado con la administración de justicia,
incluido el personal policial y penitenciario, sobre la protección de los derechos de
la persona mayor.

15«[P]or medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores”, adoptada en Washington, el 15 de junio de 2015.»

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(Negritas fuera del texto original)

Por su parte, la Corte Constitucional en la sentencia C-395 de 2021 estudió la
exequibilidad de la mencionada Ley 2055 de 2021. Al respecto, sobre el precitado
artículo 31 precisó lo siguiente:

423. El artículo 31 de la Convención se refiere al derecho que tienen todas las
personas mayores a ser oídas en un proceso judicial con todas las garantías
propias del debido proceso y en un plazo razonable. Al respecto, indica que
cuando se encuentre un riesgo a la salud o vida del adulto, se deberá tramitar de
manera expedita la actuación administrativa o judicial.

[…]

433. El trato al que se refiere este artículo a favor del adulto mayor tiene dos
ámbitos de protección especial: (i) la debida diligencia y el tratamiento
preferencial para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en
procesos administrativos y judiciales, y (ii) la necesidad de que la actuación
judicial se delante de forma expedita.

434. El primero supone, a su vez, dos exigencias: (a) la relativa a la obligación
de la debida diligencia, y (b) el tratamiento preferencial. La obligación de la debida
diligencia ha sido desarrollada por la jurisprudencia constitucional a partir de tres
contenidos esenciales como lo son: “(i) prevenir; (ii) investigar y sancionar; y (iii)
reparar.” En el criterio de esta Corporación, de acuerdo con este compromiso,
Colombia debe “adelantar una investigación en la que se establezca la verdad de
lo ocurrido; no solo reparación integral, sino, una declaración judicial relacionada
con los responsables, y circunstancias que rodearon la vulneración. El deber de
debida diligencia viene a reforzar las obligaciones tanto internacionales como
constitucionales al acceso a la administración de justicia, y debido proceso.”[363]

435. Por su parte, el tratamiento preferencial podría eventualmente
entenderse como la posibilidad de alterar los turnos o el orden para la
resolución de las controversias judiciales o administrativas. Esto bajo el
entendido que, como se advertía, la expectativa de vida de las personas
mayores es menor, por lo que la garantía de su derecho al acceso a la
administración de justicia exigiría que sus casos puedan ser analizados y
decididos antes que los de otras personas que su edad no representa un
criterio de urgencia o vulnerabilidad. No obstante, a la luz de la jurisprudencia
constitucional, la alteración de turnos es una circunstancia que transgrede el
derecho a la igualdad, por lo que esa posibilidad es excepcional y procede en
casos en los que se verifique un estado de vulnerabilidad extremo que pudiese
devenir en la configuración de un perjuicio irremediable.[364]

[…]

437. En este mismo sentido, se ha manifestado la Corte Constitucional al
conocer de acciones de tutela en las que se alega una mora judicial para el
reconocimiento de derechos pensionales en personas mayores. En este tipo de
eventos, en tratándose de una demora justificada o injustificada, la
posibilidad de ordenar proferir una decisión de manera inmediata es
restringida a criterios de razonabilidad y proporcionalidad por la alteración

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 03301 01
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al sistema de turnos. Al respecto pueden consultarse las sentencias T-165 de
2021 y SU-179 de 2021, en las que se unifican las reglas de decisión de sobre
este tipo de casos.

438. Así las cosas, este tratamiento preferente al que se refiere este
artículo debe ser leído en los términos de la jurisprudencia constitucional,
según el cual será posible considerar una eventual alteración de turnos
cuando se demuestren circunstancias irrefutables sobre el estado de
vulnerabilidad y debilidad manifiesta que exijan de un fallo inmediato para
evitar un perjuicio irremediable. En efecto, esta posibilidad de decidir algunos
casos sin sujeción al orden cronológico de turnos no es contraria a la Constitución
pues, se sustenta en el mandato de acciones afirmativas a favor de sujetos de
especial protección constitucional del artículo 13 de la Constitución, y se presenta
en el artículo 63A de la Ley 270 de 1996. (…)

439. El segundo de los ámbitos de protección del artículo 31 de la
Convención sub examine se refiere a la exigencia de hacer expedito el
proceso cuando se encuentre en riesgo la salud o vida de una persona
mayor. Esta obligación debe ser explicada a la luz del concepto de plazo
razonable que fue expuesto previamente. Lo anterior, en el entendido que la
garantía del derecho de acceso a la administración de justicia de las
personas mayores tiene una exigencia mayor respecto de cuándo se
entiende un plazo razonable, pues su estado de vulnerabilidad es mayor ante
una menor expectativa de vida respecto del resto de la población.

440. Este es un mandato razonable a la luz del artículo 13 de la Constitución,
en razón a las medidas afirmativas que se deben frente a los sujetos de especial
protección constitucional.

441. En resumen, la Sala considera que el llamado que realiza la Convención
en su artículo 31 resulta fundamental para garantizar la igualdad material de las
personas mayores, razón por la cual, entiende que responde a las finalidades
propias de la Constitución. En consecuencia, se declarará exequible.

(Negrilla fuera del texto original)

Por consiguiente, para esta Subsección es prudente indicar que dicha disposición debe
aplicarse acorde a las pautas que la Corte Constitucional y esta colegiatura han
establecido con relación a las posibilidades de flexibilización del requisito de
inmediatez para acudir a la acción de tutela contra providencias judiciales que se
expusieron en precedencia, puesto que están en juego, a su turno, los principios de
seguridad y cosa juzgada que atañen a las decisiones jurisdiccionales, tales como: i)
la justificación válida sobre la inactividad; ii) cuando a pesar del paso del tiempo es
evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante
permanece; y/o iii) cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un
plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en
la que se encuentra el accionante.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 03301 01
Demandante: Guillermo Barrios

Así las cosas, se reitera que los únicos argumentos con los que se pretende la flexibilización
del mencionado plazo es que el actor es de la tercera edad y, por ende, sujeto de especial
protección, y que el proceso culminó con el auto de obedézcase y cúmplase del 16 de enero
de 2024, proferido por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, sumado a que fue hasta el
mes de mayo en el que tuvo acceso al expediente.

A pesar de lo anterior, para la Sala no son de recibo dichos fundamentos, puesto que el hecho
de que el señor Guillermo Barrios sea de la tercera edad no genera, per se, la violación de sus
derechos fundamentales, ya que no se demostró por su parte que se encontrara en una
circunstancia de debilidad manifiesta que le impidiera acceder a la acción de tutela dentro del
término prudencial de 6 meses a partir de la ejecutoria de la sentencia del 3 de octubre de
2023, máxime cuando obra en el expediente constancia de la notificación personal de dicha
providencia a su apoderada judicial. Tampoco se evidencia un trato discriminatorio por su edad
que amerite pasar por alto el requisito de inmediatez.

Aunado a lo anterior, en las providencias que citó el accionante para sustentar su tesis sobre
el trato diferencial en materia de tutela, es válido indicar que tales decisiones versan sobre
asuntos pensionales, en los cuales se examinaron los casos concretos partiendo de la base
de que sus derechos fundamentales estaban en peligro, ya que obtener una mesada pensional
podría garantizarles un bienestar en sus últimos años de vida. No obstante, tal circunstancia
difiere de la situación del actor, ya que su caso trata sobre una sanción tributaria que le impuso
la UGPP por inexactitud en las cotizaciones al sistema de seguridad social, debido a que su
capacidad de pago era superior al valor sobre el cual realizó sus afiliaciones.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala confirmará la sentencia de primera instancia
proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, que declaró
la improcedencia de la acción de tutela porque no se satisface el requisito de
inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

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14

Radicado: 11001 03 15 000 2024 03301 01
Demandante: Guillermo Barrios

FALLA:

Primero.- Confirmar la sentencia del 24 de julio de 2024, proferida por la Sección
Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, a través de la cual se declaró la
improcedencia de la acción de tutela incoada por el señor Guillermo Barrios, al no
satisfacer el requisito de inmediatez.

Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

DLAR
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

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