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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03308-01

Fecha
21 de febrero de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03308-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 1 de agosto de 2024 por el Consejo de Estado-Sección Cuarta, que declaró improcedente la solicitud de tutela de Carmen Rosa Sandoval González contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C. SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03308-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

21 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03308-01

Solicitante: CARMEN ROSA SANDOVAL GONZÁLEZ

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. INMEDIATEZ-
Su desconocimiento desvirtúa el carácter urgente del amparo.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la solicitante contra el fallo proferido
el 1 de agosto de 2024 por el Consejo de Estado-Sección Cuarta, que declaró
improcedente la acción de tutela.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 27 de junio de 2024 Carmen Rosa Sandoval González, en nombre propio, formuló
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la protección y asistencia a las personas de la tercera edad, al
mínimo vital y de acceso a la administración de justicia, que alegó vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C, al
proferir la sentencia del 23 de agosto de 2023 dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho 1 , que promovió contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social-UGPP.

En virtud del amparo, solicita:

1 Identificado con número de radicado: 11001-33-35-027-2016-00314-02.

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Expediente Nº. 11001-03-15-000-2024-03308-01
Solicitante: Carmen Rosa Sandoval González
Acción de tutela – Segunda instancia

«PRIMERO: Solicito en forma respetuosa se tutelen en mi favor los derechos fundamentales
al debido proceso, protección y asistencia a las personas de la tercera edad, mínimo vital y
acceso a la administración de justicia establecidos en los artículos 29, 46, 53 y 229 de la
Constitución Nacional desconocidos, amenazados y puestos en peligro por parte de la SALA
SEGUNDA, SUBSECCIÓN C DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
MAGISTRADO PONENTE Dr. SAMUEL JOSÉ RAMÍREZ POVEDA con ocasión de la
sentencia de segunda instancia del pasado 23 de agosto de 2023 proferida dentro del
expediente con radicado 11001-33-35-027-2016-00314- 02 con demandante CARMEN ROSA
SANDOVAL GONZALEZ y demandado la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION
SOCIAL UGPP.

SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior se DISPONGA que en el término improrrogable
de cuarenta y ocho horas (48) contados a partir de la notificación de la tutela, se sirva revocar
u ordenar a quien le corresponda, revocar la sentencia de segunda instancia del pasado 23
de agosto de 2023 proferida dentro del expediente con radicado 11001-33-35-027-2016-
00314-02 por la Sala Segunda, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Magistrado Ponente Dr. SAMUEL JOSÉ RAMÍREZ POVEDA y confirmar la totalidad de la
sentencia de primera instancia dictada en el mismo asunto por el Juzgado 27 Administrativo
de Bogotá.

TERCERO: Subsidiariamente y en forma alterna y excluyente ordenar en el término
improrrogable de cuarenta y ocho horas (48) la accionada Sala Segunda, Subsección C del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Magistrado Ponente Dr. SAMUEL JOSÉ RAMÍREZ
POVEDA se sirva decretar la nulidad de la sentencia de segunda instancia del pasado 23 de
agosto de 2023 proferida dentro del expediente con radicado 11001-33-35- 027-2016-00314-
02 y remitir el envió de dicho proceso a otra sala para que se falle como en derecho
corresponda.

CUARTO: Atendiendo lo expresado por la Corte Constitucional en Sentencia T-470 de 2002
reiterada en las Sentencias T-631 de 2002 y T-169 de 2003, cuando así se pida y por conllevar
la protección de los derechos fundamentales de una persona de la tercera edad el
pronunciamiento de tutela se haga con carácter DEFINITIVO, como así se solicita en la
presente acción y retroactivo al momento en el que la suscrita comencé a disfrutar de mi
pensión de vejez.

2. Hechos relevantes

El 8 de noviembre de 2016, Carmen Rosa Sandoval González presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP.
Pidió que fuera declarada la nulidad de las Resoluciones No. 13274 y RDP024778,
del 28 marzo y 30 de junio de 2016, respectivamente, mediante las cuales la entidad
le negó la reliquidación de su pensión de jubilación, con la inclusión de nuevos
factores salariales.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación, liquidada con base en la asignación mensual más elevada, la

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Expediente Nº. 11001-03-15-000-2024-03308-01
Solicitante: Carmen Rosa Sandoval González
Acción de tutela – Segunda instancia

inclusión de otros factores salariales y el pago de los perjuicios morales y materiales,
con ocasión a las resoluciones demandadas.

El asunto correspondió en primera instancia al Juez Veintisiete Administrativo de
Bogotá, quien, por sentencia del 30 de junio de 2021, accedió parcialmente a las
pretensiones. Inconforme con la decisión la UGPP apeló, al considerar que la actora
no tiene derecho a la reliquidación de la pensión conforme lo ordenó el juez de
primera instancia, sino con fundamento en la Ley 33 de 1985 y solamente le
correspondía liquidar los factores enlistados en la Ley 62 de 1985, que no consagra
las primas ordenadas en el fallo apelado.

El proceso fue conocido en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C que, por sentencia del 23 de agosto
de 2023, revocó la decisión proferida por el a quo y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda. Estimó que los factores salariales reclamados por la
accionante no están enlistados en la Ley 62 de 1985, además que conforme con la
normatividad aplicable a su caso la pensión se le debía liquidar con el 75% del
promedio mensual de los factores salariales cotizados y aportados al sistema de
seguridad social en pensión durante el último año de servicios y con la inclusión de
los factores previstos en la Ley 62 de 1985.

3. Fundamentos de la solicitud

La solicitante considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la protección y asistencia a las personas de la
tercera edad, al mínimo vital y de acceso a la administración de justicia al proferir la
decisión del 23 de agosto de 2023, pues incurrió en los defectos fáctico y sustantivo.

Sobre el defecto fáctico sostiene que la autoridad realizó una indebida valoración
del acervo probatorio aportado. Afirma que resolvió excluir los elementos de prueba
que daban cuenta de la asignación mensual, las primas de servicios, de navidad y
de vacaciones no fueron tenidas en consideración en las Resoluciones
demandadas. No tuvo en cuenta el monto base de la pensión, ni los reajustes
salariales a los que había lugar, así como tampoco el régimen especial del que la
accionante es destinataria.

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Expediente Nº. 11001-03-15-000-2024-03308-01
Solicitante: Carmen Rosa Sandoval González
Acción de tutela – Segunda instancia

Respecto del defecto sustantivo sostiene que la autoridad desconoció la normativa
aplicable a su caso en concreto. Hizo referencia a algunos pronunciamientos de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado y con base en estos plantea que las
reliquidaciones pensionales deben realizarse de acuerdo con todos los factores
salariales devengados.

También hizo mención a su condición especial de ancianidad y plantea que la
solicitud fue presentada en tiempo, por cuanto:

«mis especiales condiciones de ser persona de la tercera edad, en estado de
ancianidad, hacen necesario restablecer mis derechos vulnerados por la mayor
relevancia e importancia, ya que tal situación obliga a que sea considerada sujeto
de especial protección, aunado a mi situación física, principalmente de salud, el
grado de afectación de mis derechos vulnerados, en especial del mínimo vital (...)
(...)
estoy actualmente y en forma constante privada de una pensión de vejez
debidamente liquidada y reliquidada por esta situación constitucional irregular»

4. Trámite de primera instancia

El 3 de julio de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a la
autoridad judicial accionada, así como al Juez Veintisiete Administrativo de Bogotá
y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social-UGPP, en calidad de terceros con interés.
También se comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado para lo de su cargo.

En el escrito de contestación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Segunda-Subsección C solicitó que se declare improcedente el amparo.
Adujo que la decisión fue tomada de acuerdo con el marco normativo y
jurisprudencial aplicable al caso. Planteó que, contrario a lo manifestado por la
accionante, empleó una debida valoración del material probatorio obrante en el
proceso ordinario. Sostuvo que no incurrió en la vulneración de los derechos
fundamentales ni en los defectos que manifiesta la accionante.

El Juez Veintisiete Administrativo de Bogotá planteó que los argumentos del escrito
de amparo no se encuentran dirigidos contra la sentencia del 30 de junio de 2021

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Expediente Nº. 11001-03-15-000-2024-03308-01
Solicitante: Carmen Rosa Sandoval González
Acción de tutela – Segunda instancia

por lo que su vinculación al presente trámite constitucional, resulta inviable. También
remitió copia digital del expediente ordinario.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social-UGPP solicitó que se declare improcedente el
amparo. Sostuvo que no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues
la autoridad no incurrió en los defectos que aduce la accionante. Planteó que lo que
en realidad pretende la parte actora es reabrir un debate judicial ya resuelto, en un
asunto en el que ya existe cosa juzgada y obtener beneficios económicos con base
en la vulneración de los derechos fundamentales que manifiesta. También sostuvo
que la acción de tutela no es el escenario adecuado para reclamar prestaciones
económicas.

Mediante sentencia del 1 de agosto de 2024, el Consejo de Estado-Sección Cuarta
declaró improcedente el amparo, por incumplimiento del requisito general de
inmediatez. Sostuvo que, como la decisión del 23 de agosto de 2023 fue notificada
el 31 de agosto de esa misma anualidad, la solicitud excedió el plazo razonable de
los seis meses para el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Esto, pues el escrito de amparo fue radicado casi 10 meses después contados a
partir de la fecha de notificación del proveído acusado. Planteó, además, que la
accionante no acreditó alguno de los eventos planteados por la jurisprudencia
constitucional como causal de justificación para dar por superado el requisito
mencionado.

La solicitante impugnó. Manifestó que no es dable que se le exija el cumplimiento
de los 6 meses para presentar la solicitud, pues debe prevalecer el principio de la
favorabilidad. Sostuvo que no se pueden desconocer circunstancias especiales
como la de la vejez, en su caso en particular. Reiteró los argumentos de la solicitud,
en cuanto a la indebida valoración probatoria efectuada por el Tribunal accionado.
Adujo que mientras continúe «mal pensionada» sigue siendo un hecho
anticonstitucional actual. El 20 de agosto de 2024 se concedió la impugnación.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social-UGPP solicitó confirmar la decisión.

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Expediente Nº. 11001-03-15-000-2024-03308-01
Solicitante: Carmen Rosa Sandoval González
Acción de tutela – Segunda instancia

El asunto correspondió al despacho del Consejero de Estado Nicolás Yepes
Corrales para su estudio en segunda instancia, quien manifestó impedimento para
conocer del asunto. El 23 de septiembre este se declaró fundado y se separó al
doctor Yepes del conocimiento del caso. Por auto del 29 de septiembre siguiente,
el Despacho ordenó el sorteo de dos conjueces de la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, para que integren la sala durante el trámite de la
acción de tutela de la referencia.

El 15 de enero de 2025, la Secretaría General del Consejo de Estado, en
cumplimiento de lo anterior, efectuó el sorteo ordenado respecto del cual fueron
designados los Consejeros Fernando Alexei Pardo Flórez y María Adriana Marín. El
17 de enero de 2025 el proceso ingresó al Despacho.

CONSIDERACIONES

5. Cuestión previa

El artículo 17 del Decreto 1265 de 19702 establece que «los conjueces que entren
a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la
instancia o el recurso, aunque concluya el periodo para el cual fueron elegidos, pero
si se modifica el personal de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los
conjueces». Como la Sala de subsección fue reintegrada por el nombramiento de la
Consejera de Estado doctora Adriana Polidura Castillo, la Sala procederá a decidir
la solicitud de tutela.

6. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 1 de agosto de 2024, proferida por el Consejo de Estado-Sección
Cuarta, que declaró improcedente el amparo.

7. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos

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Por el cual se expide el estatuto orgánico de la administración de justicia

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Expediente Nº. 11001-03-15-000-2024-03308-01
Solicitante: Carmen Rosa Sandoval González
Acción de tutela – Segunda instancia

86 de la C. Pol. y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-LEAJ. La
Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de primera instancia
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo
n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental3. De conformidad
con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia
constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio
irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una
irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la
solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción
de tutela4.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
«precedente» constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Inmediatez

La acción de tutela es un mecanismo residual para la protección inmediata de
derechos fundamentales y un remedio de aplicación urgente. Si el amparo se dirige
contra una providencia judicial, en cumplimiento del requisito de inmediatez, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que se debe interponer dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia que se impugna en tutela5.

3 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.

4 Ibidem.
5 Corte Constitucional, sentencia T-422 de 2018, C.P. Carlos Bernal Pulido.

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Expediente Nº. 11001-03-15-000-2024-03308-01
Solicitante: Carmen Rosa Sandoval González
Acción de tutela – Segunda instancia

Caso concreto

La solicitante considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales, al proferir la decisión del 23 de agosto de 2023. Afirma que en esta
se incurrió en los defectos fáctico y sustantivo y pide que, con base en estos, se
estudie de fondo la solicitud y se resuelva revocar la providencia cuestionada.

La Sala advierte que la providencia reprochada fue proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C el 23 de agosto
de 2023 y se notificó por correo electrónico el 31 de agosto siguiente (Índice 21,
SAMAI-proceso ordinario); en consecuencia, según lo establece el artículo 205 del
CPACA, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, la providencia se
entiende notificada el 4 de septiembre siguiente.

De conformidad con lo anterior, los seis meses que la jurisprudencia ha previsto
como un plazo razonable para su interposición, se agotó el 4 de marzo de 2024.
Como la solicitud de tutela se interpuso el 27 de junio de 2024, 9 meses después
de proferida y notificada la decisión, el amparo no cumple con el requisito de
inmediatez por lo que la tutela es improcedente.

La solicitante manifestó, sin haberlo acreditado siquiera de forma sumaria, que es
una persona en condiciones especiales de ancianidad y que la indebida liquidación
pensional es una situación que se mantiene de forma constante y actual. Estos
argumentos no son dables para ser tenidos en cuenta como eximentes del
cumplimiento del requisito de la inmediatez. Respecto de la flexibilización del
requisito de la inmediatez, la Corte Constitucional ha resaltado que:

(…) el juez constitucional podrá valorar el caso concreto para establecer si la
acción es procedente, aun cuando hubiese inactividad del accionante durante un
tiempo considerable con respecto al momento en el que se generó el hecho
presuntamente vulneratorio de sus derechos fundamentales. De acuerdo con lo
anterior, para declarar la improcedencia de la acción de tutela por carencia de
inmediatez, no basta con comprobar que ha transcurrido un periodo considerable
desde la ocurrencia de los hechos que motivaron su presentación hasta la
interposición del recurso, sino que, además, es determinante que el juez valore si
la tardanza en el ejercicio de la acción tuvo origen en razones jurídicamente válidas
que expliquen de manera razonable la inactividad del accionante, de tal forma que,
en caso de que concurran estos eventos, el amparo constitucional sería
procedente y la acción se entendería interpuesta dentro de un término razonable.

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Expediente Nº. 11001-03-15-000-2024-03308-01
Solicitante: Carmen Rosa Sandoval González
Acción de tutela – Segunda instancia

(...) en el evento en el que (i) el accionante presente razones válidas para su
tardanza en presentar la acción constitucional, (ii) que a pesar del paso del tiempo,
la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual o
(iii) que la exigencia de la interposición de la acción en un término razonable resulte
desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, la acción será procedente a pesar de la mencionada
tardanza en la interposición del recurso de amparo6.

Además, la Sala estima que no es posible flexibilizar el requisito de inmediatez
pues, en casos como este, cuando la tutela se dirige contra una providencia
judicial, existe una mayor protección y rigidez al requisito de inmediatez el cual
garantiza el cumplimiento del principio de seguridad jurídica y cosa juzgada. Al
respecto, la Corte indicó:

El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela podrá
interponerse “en todo momento y lugar”. La Corte Constitucional ha entendido
que por esa razón no es posible establecer un término de caducidad de la
acción de tutela, pues ello sería contrario al artículo citado. Con todo, ha
aclarado que lo anterior no debe entenderse como una facultad para presentar
la acción de tutela en cualquier momento, ya que ello sería contrario a la
seguridad jurídica y desnaturalizaría la acción, concebida como un remedio de
aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de los
derechos invocados.

Por lo anterior, se ha entendido que la tutela debe presentarse en un término
razonable, pues de lo contrario podrá declararse improcedente. No existen
reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo,
sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, lo que constituye
un término razonable.

La jurisprudencia ha identificado criterios que orientan al juez de tutela a
evaluar, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales
criterios se relacionan con: (i) La situación personal del peticionario, (ii) el
momento en el que se produce la vulneración, (iii)la naturaleza de la
vulneración, (iv) los efectos de la tutela y (v) la actuación contra la que se dirige
la tutela. Sobre esta última, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el
análisis de la inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se
identifica como vulneradora de los derechos invocados en la tutela.
Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales. Al respecto, ha
sostenido que “el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los
casos de tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de
su cumplimiento debe ser aún más estricta que en otros casos, por cuanto la

6 Corte Constitucional, Sentencia SU-108 de 2018, M.P. Gloria Estella Ortíz Delgado.

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Expediente Nº. 11001-03-15-000-2024-03308-01
Solicitante: Carmen Rosa Sandoval González
Acción de tutela – Segunda instancia

firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre
indefinidamente (…)7» (Se destaca).

Así las cosas, la Sala habrá de confirmar la sentencia del 1 de agosto de 2024,
proferida por el Consejo de Estado-Sección Cuarta que declaró improcedente el
amparo, pues no cumple con el requisito general de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 1 de agosto de 2024 por el
Consejo de Estado-Sección Cuarta, que declaró improcedente la solicitud de tutela
de Carmen Rosa Sandoval González contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C.

SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

7 Corte Constitucional, Sentencia SU-391de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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