Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03315-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03315-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03315-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
13 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03315-00
Accionante: Franklin Fernando Cifuentes Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, y otro1
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Sentencia
emitida en acción de cumplimiento. DECLARA IMPROCEDENCIA / Falta de
relevancia constitucional. Pretende emplear la tutela como una instancia adicional y
carece de carga argumentativa
Surtido el trámite de ley2, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 27 de junio de 2024, el señor Franklin Fernando Cifuentes Fernández, promovió
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera
• Subsección B y el Juzgado Dieciocho Administrativo de Bogotá, con el fin de que
se dejen sin efectos las sentencias de 16 y 24 de mayo de 2024 proferidas en el
marco de la acción de cumplimiento3 que promovió contra el municipio de Cabrera
(Cundinamarca), encaminada a que se le ordenara a ese ente territorial que acatara
el numeral 14 del artículo 121 de la Ley 1448 de 2011, relacionado con sistemas de
1 Juzgado Dieciocho Administrativo de Bogotá.
2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
3 Expediente 11001-33-35-018-2024-00114-00/01.
4 “MECANISMOS REPARATIVOS EN RELACIÓN CON LOS PASIVOS. En relación con los pasivos de las
víctimas, generados durante la época del despojo o el desplazamiento, las autoridades deberán tener en cuenta
como medidas con efecto reparador, las siguientes:
1. Sistemas de alivio y/o exoneración de la cartera morosa del impuesto predial u otros impuestos, tasas o
contribuciones del orden municipal o distrital relacionadas con el predio restituido o formalizado. Para estos
efectos las entidades territoriales establecerán mecanismos de alivio y/o exoneración de estos pasivos a favor
de las víctimas del despojo o abandono forzado.
(…)”.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03315-00
Accionante: Franklin Fernando Cifuentes Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
alivio y/o exoneración de impuestos causados sobre los predios de las víctimas,
durante la época en que sufrieron el desplazamiento o despojo.
2.
A través de la providencia de 24 de mayo de 2024 el Tribunal accionado confirmó
la decisión adoptada el 16 del mismo mes y año por el a quo5, consistente en declarar
improcedente la acción de cumplimiento. Sostuvo que el contenido de la norma no
tenía el carácter de inobjetable y el accionante podía acudir a la vía administrativa
para controvertir la determinación del tributo, con el propósito de solicitar la
exoneración de la cartera morosa del impuesto predial, pretensión que también
puede ser suscitada por vía judicial.
3.
La parte actora adujo que el Tribunal accionado incurrió en violación directa de la
Constitución, pues no se atendió el artículo 87 de la Carta Política, que estipula la
prerrogativa que tiene toda persona para acudir ante la autoridad judicial para hacer
efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo. Se omitió que tanto la
Alcaldía de Cabrera, como el Concejo municipal, llevan 13 años sin materializar lo
ordenado por el numeral 1 del artículo 121 de la Ley 1448 de 2011. Además, no se
tuvo en cuenta un trámite que se encuentra pendiente de surtirse, el cual consiste en
que la alcaldía debe tramitar un proyecto de Acuerdo ante el Concejo Municipal, de
cuya aprobación depende la observancia de la norma. En ese sentido, el que debe
darle cumplimiento a la norma es dicho Concejo.
4.
También indica que se desconoció un precedente, pues no se acogió la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
5.
De igual forma manifestó que se incurrió en defecto fáctico. Se omitió analizar el
material probatorio que reposaba en el plenario, en particular, (i) la Resolución 2024-
9817 de 8 de febrero de 2024, mediante la cual la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas incluyó al actor y a su núcleo
familiar en el Registro Único de Víctimas (RUV) y reconoció el hecho victimizante de
desplazamiento forzado; (ii) los certificados de tradición y libertad de los predios La
Pradera, El Hato, Chaparral, La Fernanda, El Pedregal, en los que se evidencia la
medida por desplazamiento forzado en el Registro Único de Predios y Territorios
Abandonados (RUPTA); y (iii) el oficio de 18 de abril de 2024 de la Alcaldía de
Cabrera, en el cual se indicó que cumplía los requisitos para la exoneración de
impuestos.
6.
Por último, con las decisiones acusadas se desconoció el artículo 139 del Decreto
4800 de 2011, que reglamentó la mencionada Ley 1448, el cual estableció el término
máximo de 1 año, contado desde el 20 de diciembre de ese año, para que las
alcaldías presentaran ante su respectivo concejo municipal los mecanismos de alivio
y exoneración del impuesto predial a las víctimas, actividad que no ha desplegado la
alcaldía de Cabrera.
5 Juzgado Dieciocho Administrativo de Bogotá.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03315-00
Accionante: Franklin Fernando Cifuentes Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
7.
Mediante auto de 3 de julio de 20246, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a las autoridades demandadas y se vinculó al municipio de Cabrera. De igual
modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para lo de su cargo.
(i) Juzgado 18 Administrativo de Bogotá
8.
Adujo que en la sentencia de primera instancia se estudiaron en debida forma los
presupuestos de procedibilidad de la acción de cumplimiento y se verificó en el caso
concreto que no se satisfacían.
9.
Aclara que, en todo caso, la acción de cumplimiento no está destinada a reconocer
situaciones particulares, sino a que se cumplan normas con fuerza de ley o actos
administrativos. Las pruebas arrimadas al plenario no resultaban suficientes para que
se ordenara el acatamiento de una norma. Adicionalmente, el defecto fáctico no se
le endilga a las providencias censuradas, sino al ente municipal por no haber
efectuado la respectiva exoneración de impuesto predial. Asimismo, el tutelante no
menciona qué parte del fallo controvertido no cumple la Carta Política o cuál
jurisprudencia debió aplicarse al estudiar y decidir la acción de cumplimiento, máxime
cuando se citaron las normas y jurisprudencia aplicables para arribar a la conclusión
de que se tornaba improcedente aquel mecanismo para hacer cumplir la norma
supuestamente inobservada.
(ii) Municipio de Cabrera
10.
Indicó que las autoridades judiciales determinaron que la acción de cumplimiento
incoada por el tutelante devenía en improcedente al no acreditarse los elementos y
requisitos para su procedibilidad, determinación que si bien no comparte la parte
vencida en juicio, no la habilita para acudir a la tutela para controvertirla.
II. CONSIDERACIONES
C. Análisis del caso concreto
11.
La Sala precisa que se limitará el estudio constitucional a la providencia de 24 de
mayo del año en curso, por ser la que zanjó de manera definitiva el litigio.
12.
La parte actora enmarca sus reproches en las causales específicas de
procedibilidad de violación directa de la Constitución Política, desconocimiento del
precedente y defecto fáctico. La Sala advierte que los argumentos planteados no
superan el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que no reflejan
una afectación constitucional, sino un desacuerdo con la decisión adoptada dentro
6 Notificado el 9 de julio de 2024.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03315-00
Accionante: Franklin Fernando Cifuentes Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
de la acción de cumplimiento. El accionante pretende que el Tribunal accionado
acoja la interpretación sobre cómo se debe desatar el litigio suscitado, sin justificar
por qué la manera en que lo hizo la autoridad judicial vulnera garantías superiores.
13.
En cuanto a la violación directa de la Constitución Política, no se advierte
desatención alguna por parte de la autoridad judicial, diferente es que se haya tenido
en cuenta que para que el mecanismo de acción de cumplimiento prosperara
resultaba indispensable que superara unos requisitos, conforme a los artículos 8 y
9 de la Ley 393 de 19977 y la jurisprudencia del Consejo de Estado8, entre estos,
que (i) el mandato sea imperativo, inobjetable y que esté radicado en cabeza de
autoridad pública o de un particular en ejercicio de funciones públicas y, (ii) no exista
otro instrumento judicial para lograr su observancia, salvo en el caso que, de no
adoptar medida alguna, se cause un perjuicio irremediable.
14.
El Tribunal precisó que la norma cuyo cumplimiento se perseguía tenía por objeto
la exoneración en el pago de impuesto sobre los predios que fueron abandonados
por las víctimas del desplazamiento forzado, respecto de lo cual (i) no existía
“certeza acerca de las acciones, omisiones, hechos y circunstancias que recaigan
directamente sobre cada autoridad haciendo que el contenido de las normas se
convierta en una de carácter inobjetable”, y (ii) se podía acudir ante la Administración
municipal para controvertir la determinación del tributo y su exigibilidad y, en el
evento de obtener un pronunciamiento desfavorable, agotar la vía judicial, máxime
cuando no se demostró un perjuicio irremediable. Además, se advirtió que la
exoneración de la cartera morosa del impuesto predial u otros tributos solo puede
ser aplicable de acuerdo a la reglamentación que disponga la entidad territorial, lo
cual, en todo caso, es susceptible de ser cuestionado por vía administrativa y
judicial.
15.
En ese sentido, no se desconoció la norma constitucional que habilita a las
personas para concurrir ante una autoridad judicial con el objeto de que se cumpla
una ley o acto administrativo, sin embargo, como para tal propósito se debían
satisfacer determinadas exigencias y no fueron acreditadas, no era factible que se
accediera a tal pretensión.
16.
Además, la parte actora insiste en el escrito de tutela en la desatención de la
norma por parte del ente territorial pero omite considerar que en la sentencia
acusada se tuvo en cuenta el trámite que debe surtirse para el acatamiento de la
norma, como lo es la presentación del proyecto de Acuerdo ante el Concejo
Municipal, actuación que, como lo anotó el Tribunal accionado, puede ser objeto de
enjuiciamiento administrativa o judicialmente, de allí que el precepto legal careciera
del carácter inobjetable requerido.
7 “Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política”.
8 Sección Quinta, sentencia de 22 de febrero de 2007, C. P. Reinaldo Chavarro Buriticá, expediente 25000-23-
25-000-2006-01105-01.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03315-00
Accionante: Franklin Fernando Cifuentes Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
17.
De lo expuesto se torna notoria la reiteración de argumentos, pues pese a que la
autoridad judicial fundamentó las razones por las cuales la acción de cumplimiento
no resultaba procedente, la parte actora insiste en este asunto, para cuyo efecto
esgrime motivos que ya había suscitado en sede de cumplimiento y que fueron
despachados en segunda instancia sin traer a colación algún planteamiento
diferente y tendiente a poner en evidencia algún tipo de arbitrariedad en la
providencia acusada.
18.
En lo relativo al desconocimiento del precedente judicial, aunque la parte
accionante refiere que no se acogió la jurisprudencia del Consejo de Estado
enunciada en el escrito de impugnación formulado en el marco de la acción de
cumplimiento, no identifica a cuáles sentencias de las relacionadas en dicho
memorial hace alusión ni sobre qué temas versaban estas, lo cual conlleva a no
tener claridad acerca de las pautas jurisprudenciales presuntamente desatendidas,
razón por la cual no es posible que el juez de tutela confronte jurisprudencia alguna
con la decisión objeto de censura. En esa medida, se evidencia una carencia en la
carga argumentativa frente a este reproche, que imposibilita abordar su estudio.
19.
Asimismo, aduce que no se resolvió la inquietud planteada en dicha impugnación,
relacionada con la posibilidad que tenía el Concejo de Cabrera de desacatar una
norma por el hecho de carecer de personería jurídica, es decir, sobre la
responsabilidad de esa autoridad en el cumplimiento de la norma. No obstante, en
razón a que tal reproche involucra la supuesta omisión de la autoridad judicial
accionada de no atender una cuestión que se le puso de presente en sede de
impugnación, el tutelante pudo haber presentado solicitud de adición con el fin de
que obtener el pronunciamiento que echa de menos en esta acción constitucional,
de acuerdo con el artículo 287 del Código General del Proceso (CGP) 9. Ello denota
que respecto a este aspecto no se supera el presupuesto de subsidiariedad. Sin
mencionar que, en punto a la relevancia constitucional que se debe acreditar,
tampoco se expuso la incidencia de ese cuestionamiento en la discusión, pues no
se estructura un argumento que lleva a considerar que ese aspecto se determinante
para la ratio decidendi de la providencia cuestionada.
20.
Respecto del defecto fáctico alegado, es oportuno indicar que no se argumentó
de qué modo el material probatorio que no se reseñó en la providencia acusada
tenía la virtud de modificar la determinación censurada. Más aún si se tiene en
cuenta lo discusión gira en torno a un punto de derecho, no a circunstancias fácticas.
El tutelante relacionó documentos referentes a su inclusión en el RUV y a su
reconocimiento, junto con su núcleo familiar, de la condición de víctimas por
desplazamiento forzado, así como a la titularidad de algunos predios y a la respuesta
que obtuvo de la administración municipal, en la que se le indicaba que se
adelantarían las correspondientes actuaciones para implementar la exoneración
requerida.
9 Envirtud de la remisión que el artículo 30 de la Ley 393 de 1997 efectúa al Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), cuyo artículo 306 remite a su vez al CGP.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03315-00
Accionante: Franklin Fernando Cifuentes Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
21.
Los anteriores documentos no acreditaban que la acción de cumplimiento
colmara los requisitos para su procedibilidad, razón por la cual no se evidencia que
con base en estos se habilitara el estudio de fondo de aquella acción. Por el
contrario, demuestran el hecho de que el tutelante puede ser beneficiario de la
exoneración tributaria que reclama, lo cual se tuvo en cuenta por el Tribunal
demandado, al asegurar que él, si a bien lo tiene, podía acudir a la Administración
municipal para reprochar la determinación del impuesto predial que se le cobra, con
el fin de que se acogiera la mencionada exoneración.
22.
Por otro lado, el actor asevera que se desconoció el artículo 139 del Decreto 4800
de 2011, que se refiere al término otorgado a las alcaldías para presentar ante su
respectivo concejo municipal los mecanismos de alivio y exoneración del impuesto
predial a las víctimas. No obstante, además de no haber invocado tal disposición
durante el trámite de la acción de cumplimiento, se reitera que no se abordó el
estudio de fondo en ese asunto, lo que imposibilita emitir algún tipo de
pronunciamiento sobre el particular.
23.
En ese orden de ideas, el simple desacuerdo con una decisión judicial no habilita
la interposición de una tutela, pues este mecanismo de amparo no fue instituido
como una instancia de los asuntos tramitados ante la jurisdicción contencioso
administrativa. Además, el tutelante no desplegó una carga argumentativa suficiente
para demostrar la configuración de las causales específicas de procedibilidad que
invoca y con ello la vulneración constitucional alegada.
24.
Esta Subsección no desconoce la especial protección constitucional que merece
la población desplazada, ni pasa por alto que en su jurisprudencia la Corte
Constitucional10 ha amparado los derechos fundamentales de diferentes personas a
quienes las administraciones locales les negaron el acceso a los alivios tributarios
de que trata la Ley 1448 de 2011, a pesar de haber acreditado ser víctimas de
desplazamiento forzado; sin embargo se advierte que los presupuestos fácticos en
que se sustenta la presente acción de tutela distan de los estudiados por el Alto
Tribunal Constitucional en las referidas sentencias, pues lo que se cuestiona en esta
ocasión no es una decisión administrativa sino una providencia proferida por otro
juez constitucional, como lo es el juez del medio de control de cumplimiento de
normas con fuerza material de ley o de actos administrativos. Es decir, que, a
diferencia de los casos analizados por la Corte Constitucional, en el presente asunto
la controversia está mediada por una providencia judicial, que dirimió
razonablemente un proceso sobre el cumplimiento de una disposición legal, y
respecto a la misma se estima improcedente el reproche constitucional formulado,
por las razones expuestas en precedencia.
25.
Así las cosas, esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.
10 Se puede consultar las sentencias T-911 de 2014, T-347 de 2014, T-380 de 2016, T-449 de 2017 y T-738 de
2017 de la Corte Constitucional.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03315-00
Accionante: Franklin Fernando Cifuentes Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
26.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Salvamento de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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