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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03330-01

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03330-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de agosto 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A que declaró la improcedencia de la acción de tutela instaurada por el señor Miguel Alfonso Castillo Sánchez. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 22Al respecto consultar sentencias T-1229 de 07.09.00, T-684 de 08.08.03, T-016 de 25.01.06., T 1044 de 04.12.07, T- 1110 de 28.10.05., T-158 de 02.03.06., T-166 de 08.03.10., T-502 de 17.06.10., T-574 de 15.07.10, T-576 de 21.07.10. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Miguel Alfonso Castillo Sánchez Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca y otros Radicado: 11001-03-15-000-2024-03330-01 TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-03330-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

26 de septiembre de 2024

Demandante: Miguel Alfonso Castillo Sánchez
Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03330-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03330-01
Demandante: MIGUEL ALFONSO CASTILLO SÁNCHEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y OTROS

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma
improcedencia por no cumplir con el requisito de la inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia del 13 de agosto de 20241 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A que decidió declarar improcedente la solicitud constitucional al
no superar el requisito de inmediatez.

I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo

Con escrito presentado el 27 de junio de 2024, el señor Miguel Alfonso Castillo
Sánchez, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Popayán y el Tribunal
Administrativo del Cauca, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales «al, DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN».

Lo anterior, con ocasión de la sentencia de segunda instancia del 5 de octubre de
20232, dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca en el proceso de nulidad,
radicado 19001 33 33 002 2018 00115 02, instaurado contra el Municipio de Popayán.
1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos
constitucionales y, en consecuencia, pidió:

1 Ingresó al Despacho ponente el 11 de septiembre de 2024 índice 3 de Samai.
2 Que confirmó la sentencia del 16 de diciembre de 2019 proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Popayán, en la que se negaron las pretensiones de la
demanda.

1

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Demandante: Miguel Alfonso Castillo Sánchez
Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03330-01

(…)

PRIMERO. Tutelar los derechos fundamentales de mi mandante al, DEBIDO
PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN, los cuales amenazan su
vulneración por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y JUZGADO
SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN.

SEGUNDO. Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones
expuestas, respetuosamente solicito al Señor Juez ordenar al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE
POPAYÁN, que en un término no mayor a cuarenta y ocho horas (48), proceda a emitir
una sentencia que no incluya la prueba extemporánea allegada por el demandado
municipio de Popayán.

TERCERO: Subsidiado a lo anterior, que dejen sin efecto las sentencias acusadas, y
se ordene a abrir la etapa probatoria de primera instancia y se corra traslado por 15
días de la prueba del municipio de Popayán, del informe de patología estructural de la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 3

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

Los señores Jaqueline Hurtado Bucheli, Liliana Meza, Rodrigo Caicedo Córdoba,
Marisol Hurtado Bucheli, Rodrigo Caicedo de Oyola, Luis Carlos Caicedo Córdoba e
Imelda Ramírez Ordoñez iniciaron una demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad simple contra el municipio de Popayán, donde solicitó la nulidad de los actos
administrativos contenidos en las actas de reunión del 16, 18 y 20 de marzo de 2018
expedidas por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Popayán.

El señor Miguel Alfonso Castillo fue reconocido como coadyuvante de las pretensiones
de la demanda dentro del trámite ordinario e intervino alegando falsa motivación, falta
de competencia, expedición irregular e infracción en las normas que debería fundarse
los actos administrativos demandados.

El 16 de diciembre de 2019, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Popayán mediante sentencia de primera instancia negó las pretensiones
de la demanda al considerar que el cierre del centro comercial Anarkos se encuentra
respaldada por las pruebas obrantes y no se desvirtuó las afectaciones existentes en
la estructura por lo que no se acreditó la falsa motivación, la falta de competencia, ni
la desviación de poder desestimando los cargos de nulidad invocados.

La parte demandante interpuso recurso de apelación y el 5 de octubre de 2023 el
Tribunal Administrativo del Cauca profirió sentencia de segunda instancia confirmando
la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Administrativo de Popayán,

3 Copiado del texto original con posibles errores.

2

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argumentando que conforme a las pruebas obrantes se encontró absoluta motivación
y competencia para la adopción de la decisión del cierre que no solo se encontraba
debidamente soportada sino que también encontraba sustento en la responsabilidad
de la gestión del riesgo atribuida a las autoridades territoriales.

Igualmente resaltó que, la providencia se encuentra justificada legalmente en el marco
de la aplicación del principio de precaución ante la posibilidad de daños graves e
irreversibles a la vida, bienes, lo que faculta a las autoridades a adoptar medidas que
permitan prevenir y mitigar aquel riesgo.

De las pruebas se resaltó que conforme a los informes presentados la estructura del
edificio sufrió un desplazamiento y ante la modificación del área del sótano del edificio
comprometen la estabilidad de la estructura, lo que permite concluir que el edificio se
encontraba en condición de riesgo.

Finalmente, respecto de la prueba de patología estructural de la Universidad Nacional
de Colombia allegada con posterioridad a la finalización de la etapa probatoria, indicó
lo siguiente:

[…]
A esta instancia aquella prueba es indicativa de la existencia de problemas en el
inmueble de la manzana 99, iterando que el debate jurídico en el caso concreto
se centra en todas las demás pruebas que soportan la decisión de cierre
acaecida en el mes de marzo de 2018, la cual fue refrendada por un acto
administrativo de diciembre de 2018 del cual su legalidad no está en juicio en
esta instancia y se toma como una prueba adicional que certifica la idoneidad de
la decisión de cierre, por lo tanto, no se aprecia de ninguna manera la vulneración
al derecho de defensa o debido proceso de la parte demandante por la A quo.

Así, desvirtuó los argumentos expuestos en el escrito de alzada tanto por el
demandante como por el coadyuvante al no desestimar la legalidad de los actos
administrativos enjuiciados.

Esta decisión fue notificada el 17 de octubre de 2023 por correo electrónico.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte accionante manifestó que, una vez cerrada la etapa probatoria dentro del
proceso ordinario, la contraparte allegó un informe técnico de manera extemporánea,
la cual fue puesta en conocimiento del demandante y este se opuso a la misma, al
encontrarse cerrada la etapa probatoria. Por ello, indicó que solicitó que se reabriera
la etapa para que se le permitiera contradecir aportando una prueba.

Sin embargo, no se surtió el trámite y el fallo de primera instancia se fundamentó en
dicho informe técnico, ante esto el accionante solicitó la nulidad de lo actuado por
transgredir sus derechos al debido proceso e igualdad pues dentro de la etapa
3

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probatoria si se permitió la contradicción de las pruebas aportadas por él y no se le
permitió la contradicción de la extemporánea.

Sumado a lo anterior, resaltó que el Tribunal Administrativo del Cauca no se pronunció
respecto de su solicitud de nulidad, sino que en sentencia manifestó que no se
evidencia la configuración de nulidad alguna y que este es un asunto que obedece a
la audiencia inicial, lo que genera inconformidad en el accionante pues a su criterio
cuando se allegó la prueba extemporánea el proceso se encontraba pendiente de
dictar sentencia.

Concluyó que se configuró un defecto procedimental absoluto pues el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido al haber beneficiado a la
parte demandada con pruebas extemporáneas.

1.5. Trámite de la tutela

Mediante auto admisorio del 3 de julio de 20244, el magistrado ponente del Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A admitió la acción de tutela presentada por
el señor Miguel Alfonso Castillo Sánchez y ordenó notificar como accionados al
Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Popayán5 y al Tribunal
Administrativo del Cauca6, así como a las partes dentro del proceso radicado 19001-
33-33-002-2018-00115-01/02 en calidad de tercero con interés y requirió al Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Popayán para que remitiera el
link de acceso al expediente.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán7

La juez titular aportó el expediente digital del proceso de nulidad con radicado 19001-
33-33-002-2018-00115-00.

Por otra parte, luego de realizar un recuento del trámite adelantado dentro del proceso
ordinario señaló que negó las pretensiones de la demanda con base en el material
probatorio obrante en el expediente y al no haberse acreditado ninguno de los cargos
de nulidad señalados por los demandantes contra los actos administrativos
enjuiciados.

Respecto de la prueba pericial allegada con posterioridad a la clausura de la etapa
probatoria, resaltó que la prueba fue anunciada en la contestación de la demanda,

4 Índice 5 del aplicativo Samai.

5 Notificado al correo electrónico j02admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co;
jadmin02ppn@notificacionesrj.gov.co; índice 8 de Samai.
6 Notificado al correo electrónico stadmcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co; índice 8 de Samai.
7 Índice 9 del aplicativo Samai.

4

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decretada en audiencia inicial y en audiencia de pruebas se indicó a todos los sujetos
procesales que una vez fuera allegada al expediente se tendría en cuenta para la
decisión de fondo previo traslado a las partes y contradicción como fue realizado.

Finalmente, concluyó que se agotaron las instancias judiciales correspondientes sin
que la decisión de negar las pretensiones se configure como una vulneración a los
derechos fundamentales invocados por el accionante.

1.6.2. Municipio de Popayán8

Señaló que la solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, ni mucho menos con los
específicos establecidos para tal fin. Siendo así, resaltó que ante la inexistencia de
vulneración de derechos fundamentales del accionante y al no acreditarse conducta
que genere amenaza o violación de los mismos se debe declarar improcedente el
tramite tutelar.

1.6.3 Tribunal Administrativo de Cauca9

El magistrado ponente señaló que no ha vulnerado derecho fundamental alguno y la
totalidad de las actuaciones adelantadas se ajustaron a las previsiones normativas y
jurisprudenciales aplicables.

Posteriormente realizó un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso
ordinario y respecto de los reparos realizados por el accionante señaló que estos
obedecen a su interpretación amañada que busca reabrir un debate zanjado en la
esfera ordinaria y utilizar la acción constitucional como una tercera instancia.

Por lo anterior, solicitó se declara la improcedencia de la acción o que se denieguen
las pretensiones de la tutela pues la Corporación no ha afectado derecho fundamental
alguno.

1.6.3. Demandantes dentro del proceso ordinario10

A través de apoderado judicial, la señora Jaqueline Bucheli y otros presentaron escrito
de intervención dentro del trámite tutelar de la referencia y señaló que, la prueba
aportada de manera extemporánea vicia el proceso y así mismo la sentencia, pues
esta prueba da cuenta de una falla estructural que puede significar otra cosa lo que
debe corregirse y ser proferido en una nueva sentencia.

8 Índice 10 del aplicativo Samai.

|9 Índice 12 del aplicativo Samai.
10 Índice 13 del aplicativo Samai.

5

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Resaltó que actualmente el centro comercial Anarkos se encuentra completamente
demolido y no se puede realizar nada en dicho lote hasta que se levanten las actas
demandas.

1.7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 13 de
agosto de 2024, declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de la inmediatez, toda vez que la decisión cuestionada fue notificada a las
partes el 17 de octubre de 2023, por lo que quedó ejecutoriada el 25 de octubre de
2023 y la acción de tutela se presentó el 27 de junio de 2024, es decir 8 meses
después, lo que, en su sentir, desvirtúa la urgencia del amparo.

Resaltó que la parte accionante no expuso ningún argumento que justificara la demora
para controvertir una decisión judicial, lo cual cuestiona la urgencia de la protección
constitucional que se pretende a través de la acción de tutela, lo cual de no ser
advertido podría generar una afectación al principio de seguridad jurídica.

1.8. Impugnación

Inconforme con el fallo de primera instancia el señor Miguel Alfonso Castillo Sánchez
presentó escrito de impugnación de tutela indicando que, el hecho se consumó cuando
efectivamente se demolió el centro comercial Anarkos en abril de 2024 que dejó a
muchas familias afectadas.

Señaló que son 600 personas afectadas y más de 2000 familias conforme al censo del
Colegio Mayor del Cauca por lo que cada regla debe tener una excepción.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor
Castillo Sánchez contra la sentencia del 13 de agosto de 2024 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con lo establecido en los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de primera
instancia del 13 de agosto de 2024 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, para lo cual se deberán resolver los siguientes interrogantes:

6

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• ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción
de tutela contra providencia judicial, particularmente el de la inmediatez?

De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿El Juzgado Segundo Administrativo de Popayán y el Tribunal Administrativo
de Cauca vulneraron los derechos fundamentales «al, DEBIDO PROCESO,
DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN». del señor Castillo Sánchez, con
ocasión de la sentencia de segunda instancia del 5 de octubre de 2023 negó
las pretensiones de la demanda?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas:
i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial, ii) de los requisitos generales de procedibilidad adjetiva y
iii) análisis del caso en concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201211
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema12 y declaró su procedencia.13

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
13 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
7

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Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Inmediatez

Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en un
plazo razonable14, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de lo
contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo.15
De acuerdo con lo anterior, esta Sección16 ha considerado como plazo prudencial el
de 6 meses desde la ocurrencia del hecho generador – el cual es la notificación o
ejecutoria de la providencia judicial cuestionada, según sea el caso – que da lugar a la
solicitud de protección, su presentación y, cuando este es excesivo, se declara su
improcedencia.

Al respecto, la Sala Plena de esta corporación ha expresado que «como regla general,
[se] acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales
se ejerce oportunamente».17

En efecto, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201418, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios
fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200519, para determinar la

14 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 05.08.14,

Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de
Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-
03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
15 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-290 14.04.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub.
16 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana Buitrago

Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro;
Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
19 Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
8

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procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que 6
meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos
fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones suficientes que
justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del debate
jurídico planteado.

En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para promover la
acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en sentencia T-256
de 201520, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó que la
acción de tutela será procedente:

cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo
y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación
de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual21.

2.5. Caso concreto

En el presente caso, se anticipa que se confirmará la improcedencia de la acción
constitucional por cuanto no satisface el requisito de la inmediatez, pues, sin mayores
consideraciones, se advierte que dicho término se encuentra superado. Lo anterior,
dado que la decisión cuestionada fue notificada a las partes el 17 de octubre de 2023,
por lo que quedó ejecutoriada el 25 de octubre de 2023 y la acción de tutela se
presentó el 27 de junio de 2024.

En igual sentido, la Sala no advierte una explicación válida para que el ejercicio de la
acción de tutela se diera por fuera del tiempo proporcional y razonable adoptado por
esta Corporación, pues el señor Miguel Alfonso Castillo Sánchez si bien alegó la
cantidad de personas afectadas con ocasión de la demolición del centro comercial
Anarkos, no son razones suficientes para flexibilizar el término de inmediatez en la
medida que acudió a la tutela en su calidad de coadyuvante y no manifestó algún
impedimento para ejercer la misma.

No obstante, en gracia de discusión si se encontrara superado el referido requisito
tampoco cumpliría con el requisito de la relevancia constitucional porque el reproche

20 Corte Constitucional, Sala Octava de Decisión, Sentencia T-256 05.05.15, M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez.
21 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005,

T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010”.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Miguel Alfonso Castillo Sánchez
Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03330-01

planteado en sede de tutela ya fue discutido por el juez ordinario, con lo cual, lo que
pretende el accionante es reabrir el debate de instancia y la discusión de un asunto
legal.

Así, no se encuentra en alguna de las situaciones que la Corte Constitucional22 ha
establecido como justificación, es decir, que: (i) no existe un motivo válido para la
inactividad del accionante; (ii) su falta de iniciativa no vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) no existe un nexo causal entre el
ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales de los
interesados; (iv) el fundamento de la acción de tutela no surgió después de acaecida
la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo
no muy alejado de la fecha de interposición.

Es de destacar que si bien no existe un término de caducidad para la interposición de
la acción de tutela, lo cierto es que el mecanismo constitucional debe interponerse
dentro de un plazo razonable, máxime cuando se trata de una petición de amparo
contra una providencia judicial que pone en duda los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica, por lo que en el caso en concreto, se reitera, es desde el día
siguiente de la ejecutoria de la decisión en que esta Sección ha estimado un plazo
razonable para la interposición de la acción, como lo son los 6 meses.

Conforme lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia del 13 de agosto de 2024
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A que declaró la
improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de la inmediatez porque la
solicitud de amparo fue presentada por fuera del término de seis meses computados
a partir de la ejecutoria de la decisión, sin que se haya acreditado una circunstancia
que permita la flexibilización del mencionado requisito.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de agosto 2024 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A que declaró la improcedencia de la acción
de tutela instaurada por el señor Miguel Alfonso Castillo Sánchez.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

22Al respecto consultar sentencias T-1229 de 07.09.00, T-684 de 08.08.03, T-016 de 25.01.06., T 1044

de 04.12.07, T- 1110 de 28.10.05., T-158 de 02.03.06., T-166 de 08.03.10., T-502 de 17.06.10., T-574
de 15.07.10, T-576 de 21.07.10.

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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de
conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081».

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