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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-03336-01

Fecha
13 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-03336-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de julio de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado que, declaró improcedente la solicitud de amparo, por las razones aquí expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-03336-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

13 de septiembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03336-01
Accionante: Eduin Andrés Yepes Correa
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado número: 11001-03-15-000-2024-03336-01
Accionante: Eduin Andrés Yepes Correa
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta
Referencia: Acción de tutela

Tema: acción de tutela contra providencias judiciales.
Subtema 1: requisitos de procedibilidad.
Subtema 2: suficiencia en la carga argumentativa. relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó el señor Eduin Andrés Yepes Correa
por medio de su apoderada, en contra de la sentencia de tutela del 25 de julio de
2024 proferida por la Sección Quinta de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela

Eduin Andrés Yepes Correa por medio de apoderada1, presentó escrito de tutela en
el que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y al principio de gratuidad, que consideró
vulnerados por la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Antioquia con la
sentencia del 29 de mayo de 2024 dictada en segunda instancia dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de
radicado 05001-33-33-004-2022-00101-01.

1.2. Hechos probados del proceso ordinario

1.2.1. Eduin Andrés Yepes Correa, a través de apoderado, formuló demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de la Nación-Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – FOMAG y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín, con la pretensión de obtener la nulidad del acto
administrativo que le negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como el equivalente a 1 día de salario
por cada día de retardo, contados a partir del 15 de febrero de 2021. A título de
restablecimiento del derecho, solicitó el pago de lo reclamado con los ajustes
correspondientes.

1 Páginas 20 a 21 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el índice 2 del
expediente digital de tutela de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
74229C5616026FCE B0995D5BD11B66EC DE317FFA0521738A 8160FBBC1C96B7ED.
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Accionante: Eduin Andrés Yepes Correa

1.2.2. El asunto le correspondió, en primera instancia, al Juzgado Cuarto
Administrativo Oral de Medellín que, mediante sentencia del 31 de marzo de 20232,
accedió a las pretensiones de la demanda. La referida autoridad expuso que la
carga procesal de demostrar la consignación oportuna de las cesantías era de la
demandada, por lo que en el proceso no estuvo acreditado que los recursos para el
pago de la referida prestación en la vigencia del año 2020 estuvieran depositados o
en reserva y en ese sentido, la norma era clara en indicar que los valores debían
ser consignados a más tardar el 14 de febrero siguiente. Agregó que, no estaba
debidamente probada la imposibilidad material ni jurídica del FOMAG para diseñar
un mecanismo que permitiera disponer de una cuenta individual para cada docente,
al igual que en el régimen privado, esto a fin de garantizar el pago oportuno.

1.2.3. Inconforme con la decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación en el que manifestó su inconformidad con la decisión, pues sostuvo que,
la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 fue dispuesta
en principio, para los trabajadores particulares a fin de regular la situación
prestacional del sector privado. Agregó que, la jurisprudencia era clara al instruir
que la sanción moratoria prevista en la referida norma no era aplicable al sector
docente, del que hacía parte el demandante.

1.2.4. El recurso le correspondió desatarlo a la Sala Cuarta del Tribunal
Administrativo de Antioquia que, mediante sentencia del 29 de mayo de 2024 revocó
la decisión y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda3.

Como fundamento de su decisión, sostuvo que, en la sentencia de unificación del
11 de octubre de 2023 dictada por el Consejo de Estado4, se definió como regla
jurisprudencial que5:

“[l]os docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera
que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la
Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté
afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción
moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente
estatal”6.

En el caso concreto, indicó que en el plenario quedó acreditado que el demandante
estaba afiliado al FOMAG dada su vinculación al ente territorial desde el año 2008
en la calidad de docente oficial que se prolongó hasta el año 2020. Así concluyó
que, conforme a lo probado y según la regla jurisprudencial citada, era procedente
revocar la decisión del a quo dado que no fueron probados los requisitos para
acceder a la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Agregó que, tampoco era viable el reconocimiento y pago de la indemnización
prevista en la Ley 52 de 1975 por el pago tardío de los intereses a las cesantías, de
conformidad con lo probado en el proceso y lo regulado jurisprudencialmente.

2 Páginas 23 a 57 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el índice 2 del

expediente digital de tutela de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
74229C5616026FCE B0995D5BD11B66EC DE317FFA0521738A 8160FBBC1C96B7ED.
3 Páginas 58 a 76 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el índice 2 del

expediente digital de tutela de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
74229C5616026FCE B0995D5BD11B66EC DE317FFA0521738A 8160FBBC1C96B7ED.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena, sentencia SUJ- 032-CE-S2-2023 el 11 de octubre de 2023.
5 Ibid.
6 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.

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Por otro lado, estimó procedente la condena en costas en ambas instancias, con
sustento en el artículo 188 del CPACA que fue adicionado por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, al estimar que su imposición era viable en procesos distintos a
aquellos en los que la controversia gira en torno a intereses públicos.

1.3. Argumentos y pretensiones de tutela

1.3.1. El señor Yepes Correa indicó que la demanda fue presentada con sustento
en la jurisprudencia vigente sobre el tema y al respecto enunció las siguientes7:

i) De la Corte Constitucional:

1. Sentencia del 17 de octubre de 2018, expediente T-6.736.200.
2. Sentencia del 25 de julio de 2019, expediente T-5904426 y otros.
3. Sentencia del 6 de febrero de 2020, expediente T-7.182.312 y otros.

ii) Del Consejo de Estado:

1. Sentencia del 6 de agosto de 2020, expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01
(0833-16), M.P. Sandra Liseth Ibarra.
2. Sentencia del 24 de enero de 2019, expediente 76001-23-31-000-2009-00867-01
(4854-2014), M.P. Sandra Liseth Ibarra.
3. Sentencia del 29 de julio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-03499-01,
M.P. Nicolás Yepes Corrales.
4. Sentencia del 2 de diciembre de 2019, expediente 08001-23-33-000-2014-00173-
01 (1688-16), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
5. Sentencia del 10 de junio de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00208-01,
M.P. Sandra Liseth Ibarra.
6. Sentencia del 22 de octubre de 2020, expediente 08001-23-31-000-2014-00254-
01 (4960-2017), M.P. William Hernández Gómez.
7. Sentencia del 12 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-
00132-01, M.P. William Hernández Gómez.
8. Sentencia del 17 de junio de 2021, expediente 08001-23-31-000-2014-00815-01
(4979-2017), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
9. Sentencia del 17 de junio de 2021, expediente 08001-23-33-000-2015-00331-01,
M.P. César Palomino Cortés.
10. Sentencia del 4 de noviembre de 2021, expediente 19001-23-33-000-2015-
00445-02 (0483-20), M.P. William Hernández Gómez.
11. Sentencia del 25 de noviembre de 2021, expediente 08001-23-33-000-2014-
01127-01 (1002-2021), M.P. Sandra Liseth Ibarra.
12. Sentencia del 25 de noviembre de 2021, expediente 40001-23-40-000-2017-
00134-01 (2208-2020), M.P. William Hernández Gómez.
13. Sentencia del 11 de noviembre de 2021, expediente 08001-23-40-000-2015-
90008-01 (2387-2020), M.P. William Hernández Gómez.
14. Sentencia del 11 de noviembre de 2021, expediente 08001-23-40-000-2014-
90022-01 (5154-2016), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
15. Sentencia del 20 de enero de 2022, expediente 08001-23-33-000-2017-00931-
01 (1001-2021), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
16. Sentencia del 3 de marzo de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-00075-
01 (2660-2020), M.P. William Hernández Gómez.

7 Páginas 1 a 4 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el índice 2 del

expediente digital de tutela de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
74229C5616026FCE B0995D5BD11B66EC DE317FFA0521738A 8160FBBC1C96B7ED.
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Accionante: Eduin Andrés Yepes Correa

17. Sentencia del 28 de abril de 2022, expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01
(2224-2020), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
18. Sentencia del 9 de mayo de 2022, expediente 08001-23-40-000-2017-00795-01
(2659-2020), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
19. Sentencia del 19 de mayo de 2022, expediente 47001-23-33-000-2019-00359-
01 (4004-2021), M.P. Sandra Liseth Ibarra.
20. Sentencia del 1 de julio de 2022, expediente 47001-23-33-00-2019-00376-01
(4462-2021), M.P. Sandra Liseth Ibarra.
21. Sentencia del 22 de agosto de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-00509-
01 (2140-2020), M.P. César Palomino Cortés.
22. Sentencia del 22 de septiembre de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-
90124-01 (2394-2020), M.P. César Palomino Cortés.
23. Sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 76001-23-31-000-2012-00212-
02 (4470-2021), M.P. William Hernández Gómez.

Insistió que para ese momento e incluso para la fecha en la que fue notificado el
fallo dictado en primera instancia, no existía sentencia de unificación en la materia
objeto de controversia, por lo que, la actuación fue promovida bajo el principio de
buena fe y confianza legítima.

Sostuvo que la autoridad cuestionada debió argumentar su decisión y abstenerse
de imponer condena en costas dado que no estaba acreditado que la parte vencida
hubiere actuado con temeridad o mala fe y en ese sentido, tampoco fueron probados
los gastos judiciales.

Agregó que, el tribunal no tuvo en cuenta que la controversia giraba en torno a un
asunto de puro derecho, que la parte condenada es la más débil en la relación
laboral y que sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso de
administración de justicia fueron vulnerados dado que no fue aplicado el principio
de gratuidad.

1.3.2. El accionante solicitó al juez constitucional el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el
principio de gratuidad y en consecuencia, “(…) se REVOQUE DE MANERA
PARCIAL la sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA SALA CUARTA (…) el numeral tercero donde condena en costas en
esta instancia”8.

1.4. Trámite de tutela de primera instancia e intervenciones

1.4.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto del 4 de julio de
20249, admitió la acción en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta, vinculó como tercero con interés al Juzgado 4 Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y al Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, solicitó al Juzgado Cincuenta y Seis de
Bogotá copia del expediente ordinario con radicado 05001-33-33-004-02022-00101-
00/01, decretó como pruebas los documentos aportados al escrito de tutela,
8 Página 9 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el índice 2 del
expediente digital de tutela de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
74229C5616026FCE B0995D5BD11B66EC DE317FFA0521738A 8160FBBC1C96B7ED. Esta es una
trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
9 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 5 del aplicativo

SAMAI, identificado con certificado B70E3D5AA3E78D1B 1809E11E79463ABB 9978CFEBF69AC14A
989742F7BF1C9DA5.
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reconoció personería a la abogada de la parte accionante y ordenó las notificaciones
de rigor.

1.4.2. La Nación, Ministerio de Educación Nacional10, a través del Jefe de la
Oficina Jurídica adujo que la solicitud es improcedente en la medida en que es un
medio excepcional para la protección de derechos fundamentales y en el asunto de
la referencia el accionante no expuso una situación de relevancia constitucional que
amerite la intervención del juez, ni planteó la posible configuración de un perjuicio
irremediable.

1.4.3. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín11, a
través de su apoderada adujo que el asunto carece de relevancia constitucional
dado que la inconformidad del accionante se refiere a un asunto meramente
económico, esto es, las costas procesales, que en todo caso su imposición deviene
del principio de autonomía judicial.

1.4.4. La Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo – FOMAG12, por medio de la Directora de Gestión Judicial de la entidad,
adujo que la solicitud resulta improcedente dado que las autoridades judiciales que
conocieron el asunto actuaron de conformidad con la normativa establecida para
dirimir la controversia planteada. De otro lado, solicitó la desvinculación del proceso
al considerar que las circunstancias narradas en el escrito de tutela no comprometen
su actuación o participación en alguna conducta vulneradora de las garantías
fundamentales del accionante.

1.4.5. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta13, a través del
magistrado ponente de la decisión objeto de tutela, expresó que en la providencia
controvertida fueron expuestos con claridad los argumentos por los que revocó la
decisión de primera instancia, y que las inconformidades del accionante respecto
de la condena en costas se refieren a divergencias interpretativas en torno a cosos
en los que es procedente, ya que, en tales circunstancias como el caso concreto, el
criterio del juez de conocimiento es el que prevalece. De otra parte allegó copia
digital del expediente ordinario solicitado.

1.4.6. El Juzgado 4 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín remitió el
expediente del proceso ordinario, sin embargo, respecto del caso concreto guardó
silencio14.

10 Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 18 del

aplicativo SAMAI, identificados con certificados A513FF8DDB4DBC72 B2C19C73E976821A
3BE4E025F5162D2F 46C8623C7906728D y 67BCFDF7548DC770 F8C742DADB6CB0FD
A5D4ACD08789A1AE A367931F5FE942C4.
11
Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 16 del aplicativo
SAMAI, identificado con certificado 34098A74994F5C78 E7944A8C2BD5EE53 3A0DB96E7EDB6BDE
5B7741A09055174.
12 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 17 del aplicativo

SAMAI, identificado con certificado 002C0B57D45866C6 A2F15D67C13495B8 14AEED623AA772CC
7AA604FF2A53DBA0.
13 Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 15 del

aplicativo SAMAI, identificados con certificados 7D6B383F576A23CD D4BDDAF00E8FE451
6AB60C00005E18AA 17A54B0A42170470, 63620BEBE5297F9A FA110CC1F17E76BD 17647B16720E0446
22630EFF0F3156E9 y FB5B742914CE2E02 794B61AB918FB102 EF7501CA02B3F3ED
93DD5404E69957FE.
14 Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 9 del

aplicativo SAMAI, identificados con certificados 2FD06987A8746EC6 78E48A506020EEE2
F8313D874AAEA906 B5B97611CAD9EF0A y 2DD690A5C611B78C 785F29CA4F590B8E
A093C6CDB68E6A38 9E14A3AB478DE36A.
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1.5. Sentencia de primera instancia

La Sección Quinta de esta Corporación, en sentencia del 25 de julio de 202415,
declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, en tanto, consideró que el accionante pretendía debatir la
posición asumida por el juez natural del proceso que decidió la segunda instancia
con el objetivo de que en sede de tutela fuera aceptada su interpretación de las
reglas procesales que regulan la condena en costas.

Explicó que, la controversia propuesta por el accionante no estaba relacionada con
el alcance, contenido o aplicación de un derecho fundamental, sino que se refería a
la aplicación de una ley con contenido netamente económico, por lo que, la solicitud
no estaba dirigida a solicitar la intervención del juez constitucional para evitar que
fueran vulneradas sus garantías fundamentales.

Finalmente concluyó que la solicitud no superaba el examen de procedencia general
en los términos trazados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de
2022.

1.6. Impugnación

La parte accionante presentó escrito de impugnación16 en el que manifestó su
inconformidad con la decisión del 25 de julio de 2024. Reiteró que, antes de proferir
la sentencia de unificación que regula el asunto objeto de controversia en el proceso
ordinario, el Consejo de Estado en diferentes providencias reconocía la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los
docentes oficiales de manera genérica, es decir, tanto si se encontraban o no
afiliados al FOMAG.

Al respecto citó nuevamente las providencias que enunció en el escrito de tutela e
insistió en los mismos argumentos de inconformidad, respecto de la condena en
costas que fue dictada en su contra.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la impugnación, atendiendo a lo previsto en
los artículos 86 de la Constitución Política y 32 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Procedibilidad de la acción

Como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional y particularmente la
sistematización realizada en la sentencia C-590 de 2005, en los casos en que la
solicitud de amparo se dirige contra una providencia judicial, es pertinente realizar,
primero, un examen de procedibilidad general17 para, luego, en caso de resultar
15 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 22 del aplicativo

SAMAI, identificado con certificado 8282654E69C99B70 434C6119197DF677 A7D747F6C767CDD7
AC1B98143E8CDEE5.
16 Archivo electrónico ubicado en el índice 27 del expediente digital de tutela de primera instancia, en el aplicativo

SAMAI, identificado con certificado 68C7C6EF880544EA 6181F39D721007D9 9288CA6FC2BDE520
064F2EAF44AD457C.
17 Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar

en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos
generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen
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superado dicho estudio, pasar a hacer el pronunciamiento de fondo en el que se
resuelva el problema jurídico, en los términos del defecto enunciado por la
accionante conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.

2.2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
el accionante es el titular de los derechos que afirmó fueron vulnerados, en su
condición de demandante dentro del proceso ordinario objeto de estudio.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, está legitimado por pasiva,
dado que, como juez del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
profirió la providencia objeto de tutela.

2.2.3. Los requisitos establecidos en el Decreto 2591 de 199118, permiten que la
acción de tutela como mecanismo de protección constitucional sea presentada con
un margen de informalidad, tanto en el escrito de solicitud de amparo como en su
despliegue argumentativo, sin embargo, en las acciones de tutela contra
providencias judiciales, exigen una carga argumentativa más sólida, pues de
prosperar el amparo se afectaría el principio de cosa juzgada de la sentencia o el
auto cuya revisión se pretende en sede de tutela.

Así, la carga argumentativa implica un ejercicio de concreción que, primeramente,
se cumple a partir del requisito de que la parte actora presente con suficiencia y
claridad el cuestionamiento que endilga a la providencia que considera vulneradora
de sus derechos fundamentales. Luego, este debe tener la suficiente relevancia
constitucional para transcender de la discusión litigiosa propia del proceso ordinario,
a un asunto que, por referirse a una posible amenaza o vulneración de un derecho
fundamental, haga procedente la intervención del juez de tutela. Intervención que
debe ser subsidiaria19 y excepcional, pues, en todo caso, las providencias son
proferidas en un proceso judicial que cuenta con los mecanismos de defensa de los
derechos fundamentales, y que, una vez en firme, goza de presunción de
constitucionalidad y de legalidad.

En ese contexto, el requisito de relevancia constitucional exige que los argumentos
de la solicitud de amparo estén dirigidos a exponer las razones por las que el
cuestionamiento a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende
de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria20, a una cuestión con

de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la
decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a
la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la
persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue
una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general,
(vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de
tutela.
18 Artículo 14 íbidem: i) exponer con claridad los hechos y derechos que motiva la acción; ii) identificación del

accionante y autoridad demandada; iii) declaración juramentada de no haber impuesto otra acción por los
mismos hechos y derechos.
19 El artículo 86 de la Constitución establece:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
[…]
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
20 Por supuesto, el fallador de tutela requiere examinar que, de esos asuntos legales, no se desprendan

violaciones a los derechos y deberes constitucionales, pues, de ser así, adquieren relevancia constitucional
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relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional
concreto21. Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer fórmulas
que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, o reiterar las ya
expuestas en este, toda vez que, como lo ha establecido la Corte Constitucional, “la
función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del
procedimiento judicial que se cuestiona, pues ello desconocería la competencia y
finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su
autonomía funcional” 22.

En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar
la competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad23; (ii) restringir el
ejercicio del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las
personas, e (iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales24.

2.2.4. Eduin Andrés Yepes Correa solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al
principio de gratuidad, pues consideró que el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta, en la sentencia objeto de tutela, no tuvo en cuenta que a la fecha de
haber presentado la demanda, existían varios pronunciamientos jurisprudenciales
proferidos el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en relación con el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por demora en el pago de cesantías
que fue reclamada.

Agregó que, en ese sentido la autoridad cuestionada debió analizar con más detalle
el caso concreto, a fin de establecer que no existió temeridad o mala fe que diera
lugar a la condena en costas, en tanto, aun cuando la decisión que desató el recurso
de apelación formulado por la parte demandada, fue contraria a sus intereses, lo

inmediata. Corte Constitucional. Sentencia T-1031 de 2001, citada por la Corte Constitucional en las sentencias
T-114 de 2002 y T-136 de 2015.
21 Sentencia C-590 de 2005. Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra

providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión
cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas,
podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando
el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en
normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es
víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone
de manera preferente la aplicación de sus postulados.
22 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
23 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610

de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-
931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de 2018.
24 “[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede

reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga
el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte Constitucional. Sentencia T-422 de 2018.
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cierto era que, solo después de haberse proferido la sentencia de primera instancia,
fue que el Consejo de Estado dictó la sentencia de unificación del 11 de octubre de
2023 que regula la materia, por lo que, no era viable dictar una condena en costas
en su contra, más aun cuando era la parte débil en la relación laboral y no fueron
sufragados gastos judiciales ya que se trataba de un asunto de puro derecho.

De lo expuesto, la Sala encuentra que el presente asunto carece de una explicación
suficiente y razonada de los hechos en que se funda el amparo deprecado, ya que
en su escrito la parte accionante se limitó a manifestar su inconformidad respecto
de los aspectos que a su juicio, debió analizar la autoridad cuestionada, para afirmar
que tal omisión vulnera sus garantías fundamentales, sin que su dicho o argumentos
planteen un asunto de orden constitucional o la posible configuración de un perjuicio
irremediable que permita la intervención del juez de tutela.

Así las cosas, la solicitud de amparo se torna improcedente por falta de carga
argumentativa, en la medida en que, en los términos de la Corte Constitucional la
acción de tutela contra providencias judiciales exige que el accionante plantee sus
argumentos en el marco de los defectos ya establecidos para la procedencia de la
solicitud de amparo, en otros términos, que explique con suficiencia el por qué el
posible yerro en el que hubiere incurrido la autoridad cuestionada afecta sus
garantías fundamentales.

En contraste, se reitera, el accionante se limitó a enunciar criterios que a su juicio
debió tener en cuenta el Tribunal para, en el caso concreto, imponer una condena
en costas, sin explicar como el asunto, afectó sus garantías fundamentales,
exponiendo así solo un asunto de orden económico que no corresponde a un
escenario que deba ser analizado en sede de tutela.

Aunado a lo anterior, es importante referir, tal y como la Corte Constitucional lo ha
consignado en distintos pronunciamientos, que el juicio que realiza el juez de tutela
cuando revisa una providencia judicial, es de validez y no de corrección 25 de la
misma, lo que se opone a que se use indebidamente como una instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación normativa, de
manera tal que prime la interpretación que el accionante le da a su derecho y
obtenga una mejor solución a su caso, desconociendo la estructura de la
administración de justicia y los principios de independencia y autonomía judicial.

En suma, lo hasta aquí expuesto, impide que el juez de tutela realice un examen de
fondo por incumplimiento de los requisitos generales de relevancia constitucional y
explicación suficiente de los hechos y argumentos de la solicitud de amparo.

Así las cosas, en virtud de lo hasta aquí expuesto, la acción de tutela incoada por
Eduin Andrés Yepes Correa en contra de la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, resulta improcedente por incumplimiento
de los presupuestos generales de relevancia constitucional y carga argumentativa.
Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia del 25 de julio de 2024, proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró improcedente la solicitud
de amparo, por las razones aquí expuestas.

25 T-689 de 2013.

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III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sala Dual, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de julio de 2024 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado que, declaró improcedente la solicitud de
amparo, por las razones aquí expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente
DSR

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