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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03349-00

Fecha
8 de agosto de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03349-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiduprevisora S.A. actuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por la señora Diana Patricia Echavarría Lopera, conforme a la parte motiva de esta providencia. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Diana Patricia Echavarría Lopera Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad Radicado: 11001-03-15-000-2024-03349-00 TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03349-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

8 de agosto de 2024

Demandante: Diana Patricia Echavarría Lopera
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03349-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03349-00
Demandante: DIANA PATRICIA ECHAVARRÍA LOPERA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
CUARTA DE ORALIDAD

Temas: Tutela contra providencia judicial – Improcedencia por no
superar el requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela presentada por la señora
Diana Patricia Echavarría Lopera contra el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Oralidad de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 28 de junio de 20241, la señora Diana Patricia Echavarría Lopera actuando a
través de apoderada judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad en la que pretende el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, en conexidad con el principio de gratuidad.

La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia del 7 de junio de 2024, proferida por la autoridad judicial
accionada, que confirmó la providencia del 28 de abril de 2023, dictada por el

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Acción de tutela promovida a través de la ventanilla virtual del Consejo de Estado, a la cual se le
asignó el número de solicitud 12505.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Diana Patricia Echavarría Lopera
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03349-00

Juzgado 32 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, en el curso del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, iniciado por la actora
contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Medellín, que se identificó con el radicado 05001-33-33-032-2022-
00098-00/01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo del derecho fundamental
invocado y, en consecuencia, pidió:

[…] se REVOQUE DE MANERA PARCIAL la sentencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA MAGISTRADO PONENTE
MARTA CECILIA MADRID ROLDAN radicado: 0500133330320220009801 el
numeral segundo donde condena en costas en esta instancia2.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

La señora Diana Patricia Echavarría Lopera interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

En esta solicitó que se declarara la nulidad del acto administrativo 202130480076
del 28 de octubre de 2021, a través del cual le fue negado el reconocimiento y
pago de la sanción por mora pretendida por la consignación no oportuna de las
cesantías, así como la negativa a la indemnización por el pago tardío de éstas.

Por lo tanto, a título de restablecimiento del derecho solicitó que se le reconociera
y pagara la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990 y la indemnización
por el pago tardío de los intereses a cesantías establecidos en el artículo 1º de la
Ley 52 de 1975, Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

En primera instancia, el Juzgado 32 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
en providencia del 28 de abril de 2023, negó las pretensiones de la demanda.

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de

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Transcripción literal que puede contener errores.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Diana Patricia Echavarría Lopera
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03349-00

oralidad mediante sentencia del 7 de junio de 2024, confirmó la decisión del a quo
y, condenó en costas a la parte demandante a favor de la demandada.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La accionante argumentó que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta
de Oralidad debió realizar un análisis ponderado de la conducta procesal de las
partes, previa imposición de la condena en costas contra el extremo activo del
proceso ordinario. Esto dado que no se actuó con temeridad ni se constituyó una
conducta de mala fe que permitiera sustentar dicha sanción, pues se trató de un
asunto de puro derecho.

Resaltó que si bien la sentencia de unificación utilizada como fundamento a lo
largo de la decisión del 7 de junio de 2024, no resultaba favorable a sus intereses,
en ese caso no se condenó en costas a la parte demandante. Además, adujo que
de acuerdo con el artículo 188 del CPACA, no se impuso una obligación perentoria
de imponer la condena en costas y agencias en derecho.

Asimismo, explicó que el Consejo de Estado tiene una posición unánime sobre el
tema de las costas cuando el asunto discutido en la demanda verse sobre
derechos laborales, ya que el juez debe revisar la posición de los sujetos
procesales. En su caso, mencionó que se trataba de una docente adscrita al
magisterio, parte débil dentro de la relación laboral, que pretendía una mejora en
sus condiciones laborales.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por medio de auto del 3 de julio de 2024, la magistrada ponente manifestó
impedimento con fundamento en el numeral 5º del artículo 59 del Código de
Procedimiento Penal. No obstante, en providencia del 11 de julio del presente año,
los demás integrantes de la Sección Quinta lo declararon infundado, en atención
a que fue el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad quien
resolvió el asunto como un cuerpo colegiado y no la doctora Madrid Roldán de
forma independiente.

Por ende, el 19 de julio de 2024, admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a
la parte demandante3 y, como parte demandada, a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad4.

3
Índice 22 de Samai. La notificación fue realizada a los buzones web: echavardiana@gmail.com;
tutelasmedellinlopezquintero@gmail.com y carolina@lopezquinteroabogados.com.
4
Índice 22 de Samai. La notificación fue remitida a:
recepcionmstadmant@cendoj.ramajudicial.gov.co.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Diana Patricia Echavarría Lopera
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03349-00

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, del Juzgado 32 Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Medellín5, de la Nación, Ministerio de Educación Nacional6, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio7 y del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín8.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

En documento allegado el 24 de julio del presente año, la apoderada judicial de la
entidad territorial sostuvo que de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en los asuntos en los que se ventile interés público, no se aplicará la
condena en costas, razón por la cual en caso de la referencia no cumple condición.

Así las cosas, indicó que no se vulneró el derecho al debido proceso de la señora
Echavarría Lopera por parte del tribunal.

Por otro lado, explicó que el asunto en cuestión es meramente económico, por lo
cual adolecía de relevancia constitucional, en virtud de la sentencia SU-215 de
2022.

1.6.2. Fiduprevisora S.A.

En memorial enviado el 28 de julio de 2024, la Fiduprevisora S.A. actuando en
calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio adujo que, la acción de tutela resultaba
improcedente, toda vez que las autoridades judiciales que conocieron el proceso
actuaron conforme a la normativa establecida y jurisprudencia aplicable al caso
concreto.

Asimismo, puso de presente que no se encontraba legitimada en la causa por

5
Índice 22 de Samai. La notificación fue remitida a: adm32med@cendoj.ramajudicial.gov.co.
6
Índice 8 de Samai. La notificación fue realizada en los siguientes buzones web:
notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co y tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co.
7
Índice 22 de Samai. La notificación fue realizada a los buzones web:
tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co y notjudicial@fiduprevisora.com.co.
8
Índice 8 de Samai. La notificación fue realizada en los siguientes buzones web:
notimedellin.oralidad@medellin.gov.co y tutelas.medellin@medellin.gov.co.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Diana Patricia Echavarría Lopera
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03349-00

pasiva y, por tanto, solicitó su desvinculación.

Pese a que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad;
el Juzgado 32 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Medellín; la
Nación, y el Ministerio de Educación Nacional fueron notificados en debida
forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
la señora Diana Patricia Echavarría Lopera de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1. º del Decreto 333 de 2021, por cuanto esta se dirige contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad.

2.2. Solicitud de desvinculación

La Fiduprevisora S.A. actuando en calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
solicitó su desvinculación, a su juicio, por carecer de legitimación en la causa por
pasiva, sin embargo, esta petición será negada, en tanto, la vinculación al proceso
se realizó en calidad de tercero, y no como la autoridad contra la cual se encuentra
dirigido el reparo señalado por la parte actora, en atención al interés que le asiste
en las resultas del presente trámite.

2.3. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, en conexidad con el principio de gratuidad, en la
sentencia del 7 de junio de 2024?

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Demandante: Diana Patricia Echavarría Lopera
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03349-00

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es
procedente; (iii) el estudio del caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20129
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10 y declaró su
procedencia11.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
11
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

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Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Oralidad
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2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional puesto que no
cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
215 de 202212.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces
de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos

12
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

7

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Demandante: Diana Patricia Echavarría Lopera
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Oralidad
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adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal13 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico14; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional15.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal16”. En este
orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales17”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto18, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal19. (Resaltado de la Sala)

Tras analizar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la

13
Sentencia SU-573 de 2019.
14
Sentencia SU-103 de 2022.
15
Sentencia SU-103 de 2022.
16
Sentencia SU-103 de 2022.
17
Sentencia SU-128 de 2021.
18
Sentencia SU-573 de 2019.
19
Ibid.

8

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Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S.
no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de
un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii)
planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la
carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave
violación de los derechos fundamentales invocados.

2.6. Caso concreto

La señora Diana Patricia Echavarría alegó la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en
conexidad con el principio de gratuidad, con ocasión de la sentencia del 7 de junio
de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Oralidad, al condenarla al pago de costas en segunda instancia.

La parte actora explicó que la condena fue impuesta sin observar que no se
causaron gastos en el proceso, pues se trató de un asunto de puro derecho, que
fue presentado de buena fe buscando una mejoría en sus condiciones laborales,
en el que ella actuaba como la parte débil de la relación laboral.

En la providencia en mención fue señalado que de acuerdo con el artículo 188 del
CPACA, se deberá disponer en la sentencia sobre la condena en costas, a menos
de que se trate de un asunto de interés público.

Apoyado en la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A20 el tribunal explicó que, el legislador introdujo un cambio sustancial
en la condena en costas, pasando de un criterio subjetivo usado en el CCA, a uno
objetivo valorativo, utilizado en el CPACA.

Así, indicó que el criterio objetivo se refería a que el tema de las costas se valoraría,
ya fuera para condenar total o parcialmente, o para abstenerse de imponerlas.
Además, señaló que:

[…] se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez
revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como
lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en
esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
M.P. William Hernández Gómez, Sentencia 21.01.21, Rad. 25000-23-42-000-2013-04941-01.

9

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atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y
generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la
participación procesal […].

Resulta claro que la actora pretende a través de este mecanismo de protección
que se retome una discusión que ya fue abordada por los jueces naturales en el
marco del proceso ordinario, escenario natural del debate, y que culminó con la
decisión adoptada en segunda instancia.

Es decir que, la controversia propuesta por la accionante versa sobre la aplicación
de una norma de orden legal y con contenido netamente económico, por lo que
dista del fin de la acción de tutela, que no es otro que el de proteger garantías
fundamentales cuando se vean vulneradas o amenazadas, lo que no sucede en
este caso.

En conclusión, la petición tutelar no supera el examen de procedencia general en
los términos de los lineamientos trazados por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, por referirse a una disputa que tiene su origen en una
controversia de orden económica, y no en el alcance de un derecho fundamental
ni la interpretación, aplicación o desarrollo de la Constitución Política.

Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia
constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiduprevisora S.A.
actuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida
por la señora Diana Patricia Echavarría Lopera, conforme a la parte motiva de esta
providencia.

10

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Demandante: Diana Patricia Echavarría Lopera
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03349-00

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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