Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03354-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03354-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03354-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
6 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 6 de agosto de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03354-00
Demandante: Juan Alberto Mora González
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto sustantivo - ampara
Síntesis del caso: El demandante enjuició la sentencia de segunda instancia, que confirmó
la decisión de primer grado por medio de la cual se le declaró responsable
disciplinariamente, por faltas cometidas en el ejercicio de la abogacía.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Juan Alberto Mora
González contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
demás vinculados.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 28 de junio de 2024, Juan Alberto Mora González, en nombre propio,
formuló acción de tutela en contra de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Antioquia y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, salud,
trabajo y debido proceso, junto con los principios de favorabilidad e
integración normativa, con ocasión de las Sentencias de 31 de agosto de
2021 y 28 de febrero de 2024, proferidas, respectivamente, por las
autoridades judiciales referidas dentro del proceso disciplinario No. 05001-
11-02-000-2019-00893-00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03354-00
Demandante: Juan Alberto Mora González
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: ampara (defecto sustantivo)
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“PRIMERA: Honorables Magistrados muy respetuosamente solicitamos que
Tutele a mi favor, los siguientes derechos fundamentales vulnerados: El derecho
fundamental a la Vida, derecho a la Salud que garantiza la Constitución –
Preámbulo y Artículos 1, 2, 11, 12 y 49. – Derecho al Trabajo Articulo 25. Derecho
al Debido Proceso Artículo 29. Del principió de Favorabilidad Artículo 7. Artículo
16. Aplicación de Principios e Integración Normativa. Ley 1123 de 2007.
SEGUNDA: Muy respetuosamente y de manera definitiva, sírvase ORDENAR la
suspensión de las medidas impartidas por la COMISION NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL. M.P. Dr. Juan Carlos Granados Becerra con fecha
Veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) Radicado Nro. 05001
11 02 000 2019 00893 01. Aprobado según Acta de Sala Nro. 013 de la misma
fecha.
“PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia del 31 de agosto de 2021, mediante la cual
sancionó al abogado JUAN ALBERTO MORA GONZÁLEZ de inobservar el deber
descrito en el numeral 7 del artículo 28 e incurrir en la falta contemplada en el
artículo 32, a título de dolo, sancionándolo con suspensión por el término de 4
meses del ejercicio de la profesión y multa equivalente a 3 salarios mínimos
legales mensuales vigentes”.
SEGUNDO: EFECTUAR las notificaciones judiciales a que haya lugar, utilizando
para el efecto los correos electrónicos que obran en el expediente, incluyendo
en el acto de notificación copia integral de la providencia notificada, en
formato PDF no modificable.... TERCERO: Una vez ejecutoriada esta decisión,
ANOTAR la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la
cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la Oficina
encargada del Registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia
con constancia de su ejecutoria.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:
4. 1) El 29 de abril de 2019, el Juzgado 2 Promiscuo Municipal de Guarne,
Antioquia, remitió copias al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia
en contra de Juan Alberto Mora González, quien actuaba como
apoderado del procesado en el proceso penal No. 05318-40-89-002-2018-
00015-00, porque acusó al juez de destruir y/o alterar un certificado de
tradición y libertad obrante en el expediente.
5. 2) Por medio de Auto de 13 de junio de 2019, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia avocó
conocimiento del asunto mencionado y ordenó la apertura del proceso
disciplinario en contra del señor Mora González, bajo el radicado No. 05001-
11-02-000-2019-0893-00.
6. 3) Mediante Sentencia de 31 de agosto de 2021, la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Antioquia declaró responsable disciplinariamente a
Juan Alberto Mora González, por la infracción al deber del artículo 28
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numeral 72 y, correlativamente, la incursión en la falta del artículo 32 de la
Ley 1123 de 20073 a título de dolo. Por tal razón, le impuso las sanciones de
suspensión provisional por el término de 4 meses y el pago de una multa
equivalente a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2019, a
favor del Consejo Superior de la Judicatura4.
7. 4) Inconforme con la decisión, el señor Mora González presentó
recurso de apelación en el que indicó que no se le había brindado la
posibilidad de contar con una defensa material en el trámite del proceso
disciplinario, por lo que vio afectado su derecho fundamental al debido
proceso. Añadió que se le imputó la comisión de una falta con su
correspondiente sanción, sin haberse acreditado la tipicidad, antijuridicidad
y culpabilidad de la conducta, por lo que la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia ignoró surtir un procedimiento
verdaderamente respetuoso de los principios de reconocimiento de la
dignidad humana, legalidad, favorabilidad, ilicitud sustancial, culpabilidad,
proporcionalidad, igualdad, debido proceso, presunción de inocencia,
gratuidad, celeridad y ejecutoriedad.
8. 5) La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante Sentencia de
28 de febrero de 2024, confirmó la providencia de primer grado. Para ello,
estableció que en la jurisdicción disciplinaria la defensa material puede ser
ejercida por el disciplinable a partir del auto de notificación de apertura de
la investigación disciplinaria y que, en el caso concreto, no existió
afectación sustancial a las garantías fundamentales del disciplinable, toda
vez que, a partir de la notificación personal del auto de apertura de
investigación disciplinaria, este participó y asumió su defensa en cada una
de las etapas procesales hasta la notificación de la decisión sancionatoria
que le brindó la garantía de apelar ante ella dicha providencia.
9. 6) El 30 de abril de 2024, Juan Alberto Mora González presentó
memorial en el que solicitó que, con base en lo dispuesto por el artículo 33
de la Ley 1952 de 2019 y en atención al principio de favorabilidad, se
declarara la prescripción de la acción disciplinaria respecto de las
Sentencias de 31 de agosto de 2021, proferida por la Comisión Seccional de
2 “Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: (…) 7. Observar y exigir mesura,
seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, colaboradores y auxiliares de la
justicia, la contraparte, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos de su profesión.”
3 “Artículo 32. Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades
administrativas: (…) Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que
intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios
pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas.”
4 Como sustento de su decisión, la Comisión Seccional advirtió que, la falta contra la debida administración de
justicia fue calificada como falta disciplinaria cometida a título de dolo, luego de corroborar que el señor Mora
González de manera libre y voluntaria elaboró el texto de la demanda e incluyó expresiones que afectaban la
dignidad, imagen y buen nombre de quien ostentaba el cargo de juez 2 Promiscuo Municipal de Guarne.
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Disciplina Judicial de Antioquia, y 28 de febrero de 2024, proferida por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
10. 7) A través de Auto de 14 de mayo de 2024, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial declaró improcedente la solicitud realizada por el
disciplinado, al estimar que no cumplía con los requisitos establecidos en el
artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, sobre la prescripción de la acción
disciplinaria.
11. 8) El señor Mora González presentó incidente de nulidad al considerar
que hubo irregularidades sustanciales que afectaron su derecho al debido
proceso, en la medida que la prescripción se interrumpe con la notificación
del fallo de primera instancia y, una vez interrumpida, esta opera si
transcurridos 2 años desde la notificación del fallo de primera instancia no
se notifica la decisión de segunda instancia.
12. A partir de lo anterior, sostuvo que, desde el día de la consumación
de la falta disciplinaria (29 de abril de 2019) hasta la fecha de la notificación
del fallo de segunda instancia, es decir, el 26 de abril de 2024, transcurrieron
más de 5 años. Añadió que, si bien la prescripción pudo interrumpirse con la
notificación del fallo de primera instancia, la misma opera si luego de 2 años
después de dicha notificación no se notifica la decisión de segunda
instancia. Por lo que, en su caso, se configuró la prescripción de la acción
disciplinaria, pues la notificación de segunda instancia se surtió el 26 de abril
de 2024 y la decisión de primera instancia se notificó el 8 de septiembre de
2021.
13. 9) La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante Auto de 17
de junio de 2024, negó la solicitud de nulidad presentada por el
demandante porque, según ella, no identificó ninguna irregularidad
sustancial que hubiera afectado su debido proceso, por lo que le ordenó
atenerse a lo decidido en la Sentencia de 28 de febrero de 2024.
14. Como fundamento de la vulneración, el demandante alegó que la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al negarse a declarar la
prescripción de la acción disciplinaria, aparte de inaplicar las disposiciones
de la Ley 1952 de 2019, había vulnerado abiertamente sus derechos
fundamentales a la salud, trabajo y debido proceso, por cuanto estaba
acreditado que entre la fecha de comisión de la falta (29 de abril de 2019)
y la fecha de notificación del fallo de segunda instancia (26 de abril de 2024)
trascurrieron más de 5 años.
15. Aseguró que, a pesar de que la prescripción se había interrumpido
con la notificación del fallo de primera instancia (8 de septiembre de 2021),
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pasaron más de 2 años desde ese momento y la notificación del fallo de
segunda instancia (26 de abril de 2024), por lo que resultaba claro que había
operado la prescripción, conforme a lo establecido en la Ley 1952 de 2019.
16. Así las cosas, concluyó que se debían amparar sus derechos
fundamentales pues se configuró una violación directa de la Constitución y
un defecto procedimental absoluto.
1.2. Posición de la parte demandada y demás vinculados5
17. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela porque la demanda no reunió los
requisitos generales de procedencia establecidos por la jurisprudencia.
Adicionalmente, solicitó que, en caso de ser procedente, se negaran las
pretensiones de la parte actora en la medida que no argumentó
sólidamente la configuración de ninguno de los requisitos específicos para
establecer que hubo una violación directa de los mandatos
constitucionales.
18. Señaló que el demandante se limitó a expresar que, con la Sentencia
de 28 de febrero de 2024, se había incurrido en un defecto procedimental
absoluto, sin fundamentar los motivos que llevaban a la supuesta
configuración de dicho defecto.
19. Manifestó que, en el caso del demandante, no es posible aplicar lo
previsto en el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, sino que, por el contrario, es
el régimen de la Ley 1123 de 2007 el que debe aplicarse, conforme al
principio de especialidad, y con el fin de evitar impunidad en los casos en
donde los abogados desconocen los deberes de la profesión.
20. Concluyó que las actuaciones desplegadas por ella se ajustaron
plenamente a derecho y la confirmación de la sanción disciplinaria
impuesta por el juez de primera instancia se realizó en atención a la
determinación de la responsabilidad disciplinaria de la parte actora, por lo
cual no vulneró ningún derecho fundamental.
21. El Juzgado 2 Promiscuo Municipal de Guarne, Antioquia allegó
memorial en el que aseguró que no le constaba la supuesta vulneración de
los derechos fundamentales a los cuales había hecho referencia el
accionante en su demanda, por cuanto su solicitud de amparo cuestionaba
5 Mediante Auto de 4 de julio de 2024, (1) se admitió la acción de tutela (2) se tuvo como demandados a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, (3) se vinculó
al Juzgado 2 Promiscuo Municipal de Guarne, Antioquia, como terceros con interés en el asunto, y (4) se negó la
medida provisional solicitada.
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lo decidido en el marco de un proceso disciplinario que inició por una
compulsa de copias que hizo dicho despacho judicial.
22. Señaló que el proceso disciplinario se había iniciado con ocasión de
las acusaciones infundadas y temerarias del demandante contra el juez, por
lo que cualquier decisión que se tomara debía tener presente dicho suceso.
De esta forma, solicitó que se negara el amparo solicitado.
23. El Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, por su parte,
remitió copia del expediente del proceso disciplinario, pero no se pronunció
sobre la solicitud de amparo.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Cuestión previa. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3. Procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Verificación de defectos y/o afectación
a derechos. 2.5. Conclusión.
2.1. Cuestión previa
24. La Sala estima necesario precisar que, si bien el accionante dentro de
su escrito de tutela manifestó que se configuraban las casuales específicas
de procedencia de la tutela contra providencia judicial de violación directa
de la Constitución y defecto procedimental absoluto, de la lectura de la
acción de tutela se evidenció que realmente sus reparos encuadran en un
defecto sustantivo, ya que adujo que la autoridad accionada no declaró la
prescripción de la acción disciplinaria y, por ende, desconoció los términos
previstos en los artículos 24 de la Ley 1123 de 2007 y 33 de la Ley 1952 de
2019.
2.2. Fijación de la controversia
25. La Sala se centrará en analizar los reparos invocados respecto de la
Sentencia de segunda instancia proferida por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, el 28 de febrero de 2024, puesto que, pese a que también
se enjuició la decisión de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia, lo cierto es que, con ocasión del recurso de apelación, la decisión
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial fue la que resolvió el litigio.
Aunado a ello, ante un eventual fallo favorable, sería la autoridad judicial
de segunda instancia la llamada a cumplir con la respectiva orden de
tutela.
26. A pesar de que el accionante señaló como vulnerados varios
derechos, esta Sala centrará su análisis en la violación al debido proceso,
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pues ante una presunta vulneración de las garantías constitucionales en el
marco de una actuación judicial, cobra relevancia estudiar si dichos
derechos fueron lesionados durante el desarrollo del trámite judicial. Aunado
a ello, no puede perderse de vista que la vulneración de las demás garantías
invocadas (derecho a la salud, vida y trabajo) surge como consecuencia
de la misma afrenta alegada al derecho al debido proceso. En
consecuencia. En el evento de encontrar lesionado este derecho, existiría
razón para conceder el amparo.
27. Así las cosas, corresponde a la Sala determinar, luego de verificados
los requisitos de procedencia de la acción de tutela, si la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, como juez de segunda instancia, incurrió en el defecto
señalado al proferir la Sentencia de 28 de febrero de 2024.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial6
28. La Sala considera que la acción de tutela es procedente porque: (1)
No existe recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora alegar los
reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos
presuntamente vulnerados. (2) Hubo un plazo razonable entre la fecha en
que se adoptó la decisión enjuiciada (28/2/2024)7 y la interposición de la
presente tutela (28/6/2024). (3) No se enjuició un fallo de tutela, pues la
controversia se relaciona con una sentencia proferida en un proceso
disciplinario. (4) Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible
los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. (5) En relación con el
requisito de relevancia constitucional, es preciso advertir que se cumple,
toda vez que la solicitud de amparo, a pesar de reiterar argumentos
expuestos por el demandante en el trámite del proceso disciplinario, está
encaminada a obtener la protección de su derecho fundamental al debido
proceso, con ocasión de una providencia que puso en entredicho la
aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria. Además,
la controversia no versa sobre un aspecto de simple legalidad ni denota un
interés económico por parte del accionante.
2.4. Verificación de defectos y/o afectación a derechos
29. La Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso, en
relación con el defecto sustantivo configurado, por las siguientes razones:
30. La Sala observa que el accionante solicitó declarar la prescripción de
las faltas disciplinarias por las que fue sancionado, de conformidad con el
6 Este análisis se hace conforme a lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-66 de 2019.
7 Notificada el 26 de abril de 2024.
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término de interrupción previsto en el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019 y,
por su parte, la autoridad accionada, en el informe rendido en la tutela de
la referencia, indicó que no se podía acudir por vía de interpretación
normativa a la Ley 1952 de 2019, dado que la Ley 1123 de 2007 era una
norma de carácter especial.
31. La Ley 1123 de 2007 regló el procedimiento disciplinario llevado a
cabo contra los abogados8, y, en su artículo 16, previó una aplicación de
principios, así como una integración normativa, en lo que no hubiera sido
previsto por ese régimen disciplinario general, siempre y cuando no
contravenga la naturaleza del mismo9. De esta manera, dicha norma remite,
entre otras disposiciones, al Código Disciplinario Único, esto es, la Ley 734 de
2002. No obstante, la anterior norma fue derogada por la Ley 1952 de 2019,
por medio de la cual se expidió el Código General Disciplinario.
32. En este sentido, mal podría interpretarse que, como lo indicó la
autoridad accionada, la Ley 1952 de 2019 no puede aplicarse, por vía de
integración normativa, con el estatuto disciplinario de los abogados, pues
es la misma Ley 1123 de 2007 la que, expresamente, remite al régimen
general disciplinario, que entiéndase, por la derogación expresa de la Ley
734 de 2002, es la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021.
33. Ahora bien, en el caso en concreto el actor solicitó aplicar lo dispuesto
en el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 7 de la
Ley 2094 de 2021, en relación con la prescripción y el término de interrupción
establecido en el mismo. La Sala constató que tal norma puede ser aplicada
en el régimen disciplinario del abogado (Ley 1123 de 2007) pues (1) la misma
no va en contra vía de la naturaleza del derecho disciplinario, de hecho, es
una norma procesal de carácter general propia de la materia, (2) existe una
remisión expresa que permite su aplicación por vía de integración normativa
y, (3) en relación con la prescripción de la acción disciplinaria, la Ley 1952
de 2019 estableció una regla más amplia de dicha figura, pues no solo
consagró el término de prescripción de 5 años ya previsto en la Ley 1123 de
2007, sino que regló la interrupción de la prescripción una vez se haya
proferido fallo de primera instancia, por lo que desde el momento de la
notificación de dicha providencia, el juez de segunda instancia tiene un
8 En dicha norma se establecieron los deberes que dichos profesionales deben observan en el ejercicio su
profesión, así como las faltas y sanciones en que pueden verse inmersos por la inobservancia de los primeros. De
esta manera no cabe duda que, por regla general, tanto las comisiones secciones de disciplina judicial como la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en principio, deben acudir a dicha norma para llevar a cabo los procesos
disciplinarios en contra de los profesionales del derecho.
9 “Artículo 16. Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del régimen disciplinario
prevalecerán los principios rectores contenidos en la Constitución Política y en esta ley. En lo no previsto en este
código se aplicarán los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y deontología de los abogados, y lo
dispuesto en los Códigos Disciplinario Único, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en lo que no
contravenga la naturaleza del derecho disciplinario.” (Se destaca)
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término de 2 años para notificar la decisión que defina el litigio, so pena de
que prescriba la acción disciplinaria.
34. Aunado a lo anterior, no puede perderse de vista que el artículo 7 de
la Ley 1123 de 2007 dispuso que, por principio de favorabilidad, en dicho
proceso se aplicarían las normas favorables sobre las restrictivas, incluso
cuando sean posteriores10. Por lo anterior, es claro que la Ley 1952 de 2019,
en lo atinente a la interrupción de la prescripción, puede ser usada por vía
de interpretación normativa y favorabilidad en el régimen disciplinario de los
abogados.
35. Así, se amparará el derecho fundamental al debido proceso del
accionante, pues la providencia de segunda instancia fue proferida por
fuera del aludido término. Por consiguiente, se dejará sin efectos la decisión
enjuiciada para que, la autoridad accionada profiera una nueva decisión,
en la cual se pronuncie frente a la prescripción e interrupción de la acción
disciplinaria de acuerdo a las razones expuestas previamente.
2.5. Conclusión
36. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala amparará el
derecho al debido proceso del accionante, luego de encontrar que la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en un defecto sustantivo.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Juan
Alberto Mora González de acuerdo con la parte motiva de esta
providencia. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de 28 de
febrero de 2024, Rad. 05001-11-02-000-2019-00893-01, y ORDENAR a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, dentro del término de 10 días
siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión
de acuerdo a los motivos expuestos en esta providencia.
10 “Artículo 7o. Favorabilidad. En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este principio rige también para quien esté cumpliendo la
sanción. (…) La ley que fije la jurisdicción y competencia o determine lo concerniente a la sustanciación y
ritualidad del proceso se aplicará desde el momento en que entre a regir, salvo lo que la ley determine.”
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Decisión: ampara (defecto sustantivo)
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin11.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con salvamento de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
11 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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