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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-03360-01

Fecha
3 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-03360-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 30 de agosto de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual negó el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-03360-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

3 de octubre de 2024

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 3 36 0- 0 1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., tres (03) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03360-01
Accionante: José Luis Rodríguez Maffiol
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar

Tema: Acción de tutela contra sentencia proferida en proceso de reparación directa,
en la que revocó la decisión de acceder parcialmente a las pretensiones y, en su
lugar, las negó.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante en contra de la
sentencia del 30 de agosto de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, a través de la cual negó el amparo solicitado.

ANTECEDENTES

El señor José Luis Rodríguez Maffiol promovió acción de tutela para que se protejan
sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la defensa
y al acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, con ocasión de la sentencia del 31 de octubre de
2023, en el proceso de reparación directa con radicado 13001-33-33-005-2019-
00072-00/01.

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HECHOS

El actor narró que el 19 de enero de 2014 llegó a su lugar de trabajo, esto es, a las
instalaciones de la Jefatura de Control Interno Disciplinario de la Policía
Metropolitana de Cartagena, e ingresó a una especie de archivo que funcionaba a
su vez como vestier, por lo cual dejó su arma de dotación oficial tipo pistola con
número SIG SAUER 24B062048 sobre un estante mientras se quitaba el overol, y
en ese momento entró el patrullero Jorge David Díaz Arrieta, quien también
laboraba en esa dependencia y vestía traje de civil, y tomó el arma y ejecutó
desatendidamente una maniobra que conllevó que esta se accionara causándole
una herida a nivel de tórax.

Que fue llevado de urgencias a la Clínica San José de Torices, donde se le brindó
la atención médica quirúrgica de rigor y permaneció recluido por varios días, y que
como consecuencia de lo sucedido le sobrevino una patología psiquiátrica, por la
cual a la fecha continúa con acompañamiento sicológico.

Que fue valorado por el Instituto de Medicina Legal Seccional Bolívar, donde se le
determinó una incapacidad definitiva de 65 días con secuelas consistentes en
deformidad física que afecta el cuerpo con carácter permanente.

Indicó que por los anteriores hechos instauró, junto con su núcleo familiar, demanda
de reparación directa en contra de la Policía Nacional, que correspondió por reparto
al Juzgado Quinto Oral Administrativo del Circuito de Cartagena, quien profirió
sentencia, en la que accedió a las pretensiones, por lo cual la entidad demandada
interpuso recurso de apelación.

Que el 31 de octubre de 2023 el Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la
sentencia recurrida y, en su lugar, negó las pretensiones al estimar que las lesiones
que sufrió no se produjeron en circunstancias que permitieran establecer el nexo
entre el daño y el servicio público, por cuanto para el momento en que ocurrieron
los hechos, la víctima y el victimario estaban realizando actividades netamente
privadas.

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Considera que la corporación judicial incurrió en defecto fáctico porque pasó por
alto la existencia de un acervo probatorio y de un cuerpo normativo que daba cuenta
de que los hechos sí tienen una inocultable conexidad con el servicio policial.

Resaltó que la justicia penal militar dio apertura a una investigación en contra del
victimario, para lo cual previamente evaluó el vínculo entre la conducta delictual
enrostrada y su nexo con el servicio policial, conforme al artículo 221 de la
Constitución, según el cual los tribunales militares o las cortes marciales conocen
de las conductas punibles cometidas por los miembros de la Fuerza Pública en
servicio activo y en relación con el mismo servicio, lo cual es acorde con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, concretamente, con la Sentencia C-
372/16.

Que al proceso se allegó la providencia que resolvió la situación jurídica del policial
que lesionó al accionante y ello es prueba de que el juez penal militar que asumió
el conocimiento del asunto estimó que se trataba de hechos que guardaban una
conexión directa con el cumplimiento de una función legítima, pues de no ser así se
habrían abstenido de conocer el asunto, sin embargo, esto no fue analizado por el
Tribunal, que si bien mencionó esa prueba no explicó por qué se apartaba de su
conclusión.

Que también se incorporó al medio de control el fallo disciplinario, que goza de
presunción de legalidad, por medio del cual el operador sancionó al autor del hecho
dañoso por encontrarlo responsable de la falta prevista en el numeral 17 del artículo
25 de la Ley 1015 de 2006, en la cual se requiere que la conducta descrita como
delito, a título de culpa, se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de
la función o cargo, lo que demuestra que igual que el juez penal militar, el jefe de la
Oficina de Control Disciplinario de la Policía Metropolitana de Cartagena determinó
que los hechos se dieron en circunstancias estrechamente vinculadas con el
servicio.

Que, además, no solo en el Informe Administrativo por Lesiones se consignó que
los hechos ocurrieron en el servicio y por causa y razón de este, en los términos del
literal B del artículo 24 del Decreto 1796/00, sino que existen sendos
pronunciamientos expedidos por funcionarios competentes e incorporados al

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proceso que no fueron analizados por la autoridad accionada y que refuerzan la
tesis del nexo causal entre el hecho lesivo y el servicio policial.

Que el dictamen de la Junta Regional de Invalidez de Bolívar, debatido en audiencia
y que está en firme, determinó que las lesiones que sufrió tuvieron origen en un
accidente de trabajo, lo cual fue desestimado por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, sin tener en cuenta que los comandantes de las unidades militares o
policiales son los llamados a definir las circunstancias de modo, tiempo y lugar en
las que se producen las lesiones y su atribución al servicio.

Señaló que en el inciso segundo del artículo 31 del Decreto 1796 del 2000 se
estableció que un accidente de trabajo también es aquel que se produce durante la
ejecución de órdenes impartidas por el comandante o durante la materialización de
una labor bajo su autoridad, aún por fuera del lugar y horas de trabajo, y en el
proceso obraba el Oficio S-2017-0014800-CODIN -MECAR/10-01-2017 suscrito por
el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, en donde se mencionó que
existía la orden del Comando Policía Metropolitana de Cartagena de que el personal
policial debía realizar desplazamientos en traje particular.

Que precisamente vestía de traje de civil porque había salido de su casa a su lugar
de trabajo cuando se produjeron los hechos, conforme a dicha orden, como lo
expuso en su declaración ante el Juzgado Penal Militar y lo narró el patrullero Jorge
Luis Díaz Arrieta en su indagatoria rendida ante el Juzgado 175 de Instrucción Penal
Militar.

Que cuando ocurrieron los hechos el victimario estaba laborando como auxiliar de
archivo de la Oficina de Control Interno de la Policía en Cartagena, de lo cual da
cuenta el fallo disciplinario dictado en su contra, siendo ese lugar donde aconteció
el siniestro, lo que evidencia que aquel se encontraba en su sitio de trabajo, por lo
que no se trataba de actividades netamente privadas.

Que el Tribunal Administrativo de Bolívar debió no solo analizar si el arma que causó
las lesiones estaba asignada a la víctima o al victimario, sino que debía examinar
todo el contexto y evaluar, desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial
del Estado, la incidencia de que el segundo de los mencionados omitió el deber de

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cuidado que le era exigible al tomar la pistola y no prever el resultado dañoso que
podía generar, como lo hicieron los jueces militares y las autoridades disciplinarias.

Que aun cuando el victimario tenía restricción para portar armas de fuego, no está
demostrado que este fuera inimputable y, en cambio, con lo sucedido se
evidenciaría que la Policía Nacional falló al destinar a esa persona a laborar en una
oficina donde el personal tenía armas.

Adujo que en la sentencia cuestionada se presentó una incoherencia y un
desconocimiento de la cosa juzgada ya que inicialmente, el Tribunal accionado, para
reforzar su tesis sobre la ausencia del nexo causal se refirió a la supuesta
intencionalidad del victimario con base únicamente en el dicho de la víctima y luego
indicó que esa situación carecía de relevancia, para posteriormente retomar la
posición de la intencionalidad en favor de su decisión, y así poner en tela de juicio
las conclusiones a las que se llegó en la investigación disciplinaria y en el proceso
penal, donde se concluyó que el victimario actuó de forma culposa y no dolosa.

Aludió a la sentencia del 7 de febrero de 2019 dictada por la Sección Quinta del
Consejo de Estado en sede de tutela, en la que se accedió a las pretensiones en un
asunto similar, y citó, como precedente jurisprudencial, la sentencia del 9 de abril
de 2014 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
en el expediente con radicado 76001-23-31-000-2000-0149-01 (29.811).

PRETENSIONES

Solicitó dejar sin efectos la sentencia del 31 de octubre de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar en el proceso de reparación directa con radicado
13001-33-33-005-2019-00072-01 y ordenarle dictar una nueva decisión en la que
respete las garantías fundamentales vulneradas y evalúe de fondo los medios de
prueba reseñados, cuya consideración y análisis fue omitida, y el marco normativo
especial que regula el asunto.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

El 8 de julio de 2024 la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción de
tutela de la referencia, mediante auto, en el que ordenó notificar a los magistrados

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que conforman la Sala de Decisión 003 del Tribunal Administrativo de Bolívar, como
accionado; y al titular del Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena, a la Nación
–Ministerio de Defensa-Policía Nacional y a los señores Luis José Rodríguez
Collantes, José David Rodríguez Collantes, María Auxiliadora Collantes Gómez,
Justo Rafael Rodríguez Gutiérrez, Marlene Cecilia Maffiol Tovar, Marlene Tovar
Oviedo, Ismael Maffiol Machuca, Edith Esther Gutiérrez De Rodríguez, Jhon Henry
Rodríguez Maffiol, Jhoana María Rodríguez Maffiol, Julieth Paola Rodríguez Maffiol,
Jhoan Manuel Rodríguez Maffiol, Jessica Marcela Rodríguez Maffiol, Henry Alfonso
Rodríguez Maffiol y Vanessa Alejandra Rodríguez Maffiol, como terceros con
interés.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Bolívar guardó silencio.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena, a través de su titular, manifestó
que la decisión que se adoptó en el proceso de reparación directa se enmarca en el
campo de la interpretación legal propia del juez, sin que constituya una vía de hecho,
esto es, un ejercicio arbitrario de la función judicial.

Agregó que no ha realizado actuación alguna que amenace o vulnere los derechos
invocados como transgredidos, pues las determinaciones asumidas estuvieron
sustentadas en la normativa, la realidad procesal y sustancial y fueron debidamente
notificadas en respeto del debido proceso de las partes y sin desmedro de los
derechos fundamentales de los intervinientes, quienes contaron con todas las
oportunidades para expresar sus disensos por medio de los recursos legales, por lo
que no puede utilizarse esta acción para revivir oportunidades fenecidas.

Afirmó que la acción censurada por el accionante se centra en la sentencia de
segunda instancia y solicitó declarar la improcedencia de la acción.

La Policía Nacional, por conducto de la jefe del Área Jurídica de la Secretaría
General, señaló que no se observa la vulneración de los derechos fundamentales
alegados por el actor con fundamento en el análisis probatorio realizado, por el

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contrario, se denota que el Tribunal Administrativo de Bolívar acudió al principio iura
novit curia y revocó la decisión del Juzgado con base en la jurisprudencia del
Consejo de Estado y en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
ocurrieron los hechos.

Expuso que la corporación judicial efectuó un estudio partiendo de las probanzas,
con soporte en el cual advirtió con total certeza que la lesión física del demandante
no tuvo ninguna relación con el desarrollo del servicio policial y que ocurrió
netamente por una imprudencia en la manipulación con un arma de la institución,
pero en un acto privado, esto es, no enmarcado en una acción de resultado del
proceder institucional, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Resaltó que los hechos mencionados por la parte actora no fueron probados en el
transcurso del litigio, a pesar de que le correspondía la carga probatoria, según el
artículo 167 del Código General del Proceso.

Mencionó que el actor hizo una interpretación errónea del principio de igualdad y de
la aplicación de los efectos de las sentencias judiciales, al aludir a una sentencia
dictada en otro proceso decidido por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en el cual no tuvo ninguna participación, por lo cual no le es
aplicable lo allí definido.

Añadió que la tutela es plenamente improcedente, debido a la inexistencia de un
perjuicio irremediable derivado de la determinación adoptada por la autoridad
judicial, y solicitó negar las pretensiones.

Los demás vinculados guardaron silencio.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 30 de agosto de 2024 la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó las
pretensiones de la acción porque consideró que en la sentencia del 31 de octubre
de 2023 el Tribunal Administrativo de Bolívar se pronunció sobre las pruebas que el
accionante estima indebidamente valoradas, con base en las cuales concluyó que
ninguno de los testigos presenció directamente el disparo y que los involucrados en
los hechos realizaban actividades privadas cuando ocurrió el incidente, por lo cual

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las lesiones no estuvieron vinculadas con las funciones oficiales de los patrulleros,
lo que impedía establecer un nexo entre el daño y el servicio público, sino que fueron
el resultado de una acción personal del patrullero Jorge David Díaz Arrieta.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada explicó clara y fundadamente por qué
las pruebas no demostraban un nexo directo entre las lesiones y el servicio público
de policía y aclaró que el hecho de que el incidente ocurriera en las instalaciones
de la entidad y con un arma de dotación oficial no era suficiente para declarar la
responsabilidad estatal, con mayor razón si se tiene en cuenta que las acciones del
señor Díaz Arrieta no estaban relacionadas con sus funciones oficiales.

Refirió que los expedientes trasladados de las investigaciones disciplinaria y penal
militar constituían pruebas relevantes que debían ser analizadas en el marco de un
proceso de reparación directa, como ciertamente lo hizo el Tribunal accionado
dentro del marco de su autonomía en la valoración probatoria. Agregó que, si bien
en el Informe Administrativo por Lesiones se calificó la lesión como un accidente de
trabajo en el servicio y por causa del mismo, esa prueba debía ser valorada en
conjunto con el resto del acervo probatorio.

Expresó que las sentencias referidas por el actor no constituyen precedentes
aplicables, puesto que, la sentencia dictada por la Sección Quinta del Consejo de
Estado en la tutela con radicado 2018.04095 no comparte los mismos supuestos
fácticos y jurídicos, en tanto en el presente asunto el Tribunal accionado analizó la
responsabilidad por las lesiones ocasionadas a un patrullero de la Policía Nacional
mientras que en dicha oportunidad se trató de un conscripto, frente a quien el daño
se ocasionó en una actividad deportiva organizada y autorizada por sus superiores.

En cuanto a la sentencia aludida por el accionante proferida en el proceso con
radicado 2000-01498-01, precisó que en esa ocasión el daño ocurrió en el
cumplimiento de funciones oficiales dentro de un contexto de servicio, por lo que no
se configuró un desconocimiento del precedente.

IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual afirmó que
no desconoce la autonomía que tiene la autoridad judicial para valorar las pruebas,

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pero debe tenerse en cuenta que dicho ejercicio debe llevarse a cabo con rigor y en
conjunto con todas las pruebas allegadas al proceso dentro de criterios de
ponderación y razonabilidad.

Enfatizó en que el juez penal militar determinó que, si bien el actuar del victimario
fue imprudente, se desarrolló dentro del giro funcional como policial, de allí que haya
podido asumir el conocimiento del asunto y, a su vez, el operador disciplinario,
mediante acto administrativo en firme, sancionó al patrullero sobre la base de que
el hecho victimizante guardaba relación estrecha con el servicio, por lo cual es claro
que el Tribunal Administrativo de Bolívar no analizó el contenido material de las
decisiones allí adoptadas, sino que se limitó a examinar las pruebas testimoniales,
para a partir de ellas hacer la inferencia cuestionada.

Insistió también en la conclusión a la que se llegó en el Informe Administrativo por
Lesiones, donde los hechos se calificaron como accidente de trabajo, el cual, a la
luz del artículo 3 de la Ley 1562 de 2012, es todo suceso repentino que sobrevenga
por causa o con ocasión del trabajo, lo que, a su juicio, demuestra el nexo con el
servicio, lo cual no puede pasarse por alto sobre la base de la autonomía en la
valoración probatoria, en la medida en que esta no rompe el vínculo entre la
determinación del Informe y lo definido en la ley, máxime cuando con ello se
afectaría el principio de seguridad jurídica y la fuerza vinculante de los actos
administrativos y judiciales.

Que en la tutela cuestionó el hecho de que para la autoridad accionada el criterio
de calificación que dio la Policía Nacional en el Informe Administrativo no
desvirtuaba que el incidente ocurrió cuando los involucrados realizaban actividades
privadas, lo cual es un contrasentido, pues desconoció el alcance de esa prueba y
generó de facto una nueva calificación respecto de las circunstancias acaecidas o
una nueva categoría tarifaria de valoración probatoria reduccionista, en tanto se
limitan los informes administrativos por lesiones al aspecto laboral y, como en este
caso, se reserva la licencia de indicar que lo sucedido se dio en la esfera privada de
los intervinientes.

Reiteró que el hecho de que al momento de los hechos la víctima y el victimario
estuvieran poniéndose el uniforme obedeció, a que existía una orden escrita
legítima de un superior que exigía que debían desplazarse en traje de civil, por lo

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que cuando ocurrió el incidente estaban ad portas de concluir esa orden para
colocarse los uniformes reglamentarios que debían portar mientras trabajaban, lo
que demostraba que no fue un asunto meramente privado, lo cual no fue abordado
en la sentencia recurrida.

Adujo que en la tutela fue claro en discutir la anfibología de la sentencia
cuestionada, respecto al examen realizado sobre la intencionalidad en el proceder
del victimario, lo que demuestra una carencia de sindéresis y que no puede quedar
amparado en la libre valoración probatoria, lo que no fue tenido en cuenta así como
tampoco fue examinado el hecho de que tanto el juez penal militar como el operador
disciplinario coincidieron en que esa actuación estuvo enmarcada en el ámbito de
la culpa y no del dolo, como lo mencionó el Tribunal Administrativo de Bolívar; lo
que trasciende el ámbito de sus competencias y demuestra una falta de rigor en el
estudio probatorio.

Concluyó que se probaron varias situaciones que claramente desbordan y no son
acordes con el libre ejercicio de la valoración probatoria y se mencionaron ciertas
pruebas que no fueron consideradas por la autoridad judicial accionada y que
demuestran la forma en que una orden sumada al reglamento de porte y uso de
uniformes crearon situaciones que, aunadas a la imprudencia del victimario,
contribuyeron al resultado lesivo; que adicionalmente, se desestimaron providencias
judiciales y actos administrativos que casualmente fueron emitidos por la propia
entidad demandada del proceso de reparación directa y en los cuales se estableció
un vínculo de causa efecto entre el servicio y las resultas del asunto.

Solicitó realizar un análisis mesurado para llegar a una decisión que tutele sus
intereses.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

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I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

En síntesis, en la impugnación, el accionante afirmó que en la sentencia del 31 de
octubre de 2023 el Tribunal Administrativo de Bolívar no tuvo en cuenta que, en las
decisiones adoptadas en los procesos disciplinario y penal militar seguidos en
contra del patrullero Jorge David Días Arrieta y en el Informe Administrativo por
Lesiones se concluyó que el hecho dañoso tenía una relación directa con el servicio
policial, y que en el Oficio S-2017-0014800-CODIN -MECAR/10-01-2017 suscrito

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por el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno constaba la orden de utilizar
traje civil cuando se realizaba un desplazamiento.

Igualmente, consideró que en la providencia referida la autoridad judicial incurrió en
una incoherencia en relación con el examen sobre la intencionalidad en el proceder
del victimario, y pasó por alto el hecho de que tanto el juez penal militar como el
operador disciplinario coincidieron en que esa actuación estuvo enmarcada en el
ámbito de la culpa y no del dolo.

Esta Subsección, al igual que se determinó en la primera instancia de esta acción,
encuentra superados los requisitos generales de procedencia, por lo cual el estudio
se limitará a los desacuerdos expuestos en el recurso.

En la sentencia cuestionada en esta sede, el Tribunal Administrativo de Bolívar
revocó la decisión de acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda de
reparación directa, porque concluyó que las circunstancias en las que se produjo el
daño no tuvieron nexo directo con el servicio, lo cual, conforme a la jurisprudencia
del Consejo de Estado, era necesario para la declaratoria de la responsabilidad
estatal.

Sobre el particular, la autoridad judicial evidenció que la actuación del patrullero
Jorge David Arrieta Díaz se llevó a cabo en el marco de sus actividades
estrictamente personales o privadas, teniendo en cuenta que ni la calidad de
servidor que ostentaba aquel como autor del ilícito de lesiones personales ni las
funciones que le correspondían cumplir como auxiliar de archivo de la Oficina de
Control Interno Disciplinario de la Policía de Cartagena tuvieron incidencia directa
en el hecho, con mayor razón debido a que el arma de dotación oficial con la que
causó la afectación era de la propia víctima, lo que descartaba la atribución de la
guarda material de esta al victimario, y a que las condiciones en que ocurrió el
incidente no constituían una expresión del servicio.

Para adoptar la anterior decisión, el Tribunal aquí accionado valoró, entre otras
pruebas, el Oficio S-2017-0014800-CODIN suscrito por el jefe de la Oficina de
Control Interno Disciplinario el 20 de enero de 2017, en el cual dio cuenta del
accidente; el fallo disciplinario de primera instancia; la resolución de la situación
jurídica del patrullero referido por parte del juez 175 de Instrucción Penal Militar y el

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Informativo Administrativo por Lesiones, este último en el que se calificó la lesión
del demandante como accidente de trabajo en el servicio por causa y razón del
mismo, esto es, los elementos probatorios señalados en el escrito de tutela y en el
recurso de impugnación por el accionante como indebidamente valorados.

El solicitante del amparo, en esta sede, sostuvo que en la sentencia aquí
controvertida se desconoció que la lesión se calificó como un accidente laboral; sin
embargo, se observa que el Tribunal Administrativo de Bolívar fue claro al
esclarecer que esa definición no era suficiente para entender configurado el nexo
con el servicio, pues en materia de responsabilidad extracontractual estatal el
vínculo que podría comprometerla no dependía únicamente del horario, de los
implementos utilizados o de las funciones asignadas, sino de la relación directa
entre las características de la acción u omisión que desarrolló el funcionario con la
que causó un daño y el servicio público prestado.

En ese entendido, no es que la autoridad judicial haya ignorado la conclusión a la
que se llegó en el Informe Administrativo por Lesiones, sino que estimó que esta no
era suficiente para declarar responsable patrimonial y extracontractualmente a la
Policía Nacional demandada en el proceso de reparación directa, lo cual también
resulta predicable respecto a las decisiones disciplinarias y penales.

La conclusión precedente, entonces, no se advierte caprichosa o arbitraria, sino
debidamente justificada dentro del marco de la autonomía e independencia judicial
del Tribunal que conoció en segunda instancia el medio de control de reparación
directa, quien basó su postura en la jurisprudencia del órgano de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y en las particularidades que rodearon
el caso, y con base en ella coligió que no bastaba con que los hechos se hubieran
presentado en las instalaciones de la entidad ni con el arma de dotación de la
víctima, dado que no había ninguna relación directa entre el actuar del victimario y
el servicio que prestaba como auxiliar de archivo, por lo que se trató de una
responsabilidad personal del agente que accionó el arma.

En cuanto a la supuesta incoherencia alegada por el actor respecto a la
intencionalidad por parte del patrullero que disparó el arma de fuego, esta Sala no
denota que haya acontecido algún tipo de discordancia, pues la autoridad judicial
fue diáfana al concluir que, con independencia de la intencionalidad o accidentalidad

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del disparo, lo relevante era la determinación de si existió un nexo con el servicio,
el que no estaba demostrado.

Se concluye que la valoración probatoria efectuada atendió a las reglas de la sana
crítica dentro de los límites de la autonomía e independencia judicial de que gozan
los jueces de la República, sin que se evidencie una decisión alejada de lo
demostrado en el proceso de reparación directa y de los elementos propios de la
responsabilidad estatal en los términos del artículo 90 constitucional, lo cual impide
la intervención de este juez constitucional.

En consecuencia, al no estar acreditado el defecto fáctico invocado, se confirmará
la sentencia del 30 de agosto de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, mediante la cual negó el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 30 de agosto de 2024 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual negó el amparo solicitado, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

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JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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