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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03366-01

Fecha
12 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03366-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 24 de julio de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03366-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

12 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202403366-01
Actora: Yalira Elena Valoyes Palacios
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Tema: Improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por
incumplimiento del requisito general de procedencia de que la actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela
de 24 de julio de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderada, presentó solicitud de tutela contra la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al

2

Núm. único de radicación: 110010315000202403366-01
Actora: Yalira Elena Valoyes Palacios

proferir sentencia de 29 de enero de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 050013333024202200527-01, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con el fin de que se declarara la
nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio núm. 202230188112 de 5 de
mayo de 2022, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción por
mora por la no consignación oportuna de las cesantías correspondientes al año
2020, establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 28 de diciembre de 19901, y la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías del año 2020, en
los términos del artículo 1.° de la Ley 52 de 18 de diciembre de 19752, la Ley 50 de
1990 y el Decreto 1176 de 6 de mayo de 19913.

3.1. Indicó que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó i) el reconocimiento y pago de la sanción por mora equivalente a
un día de salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero del 2021,
fecha en que debió consignarse el valor correspondiente a las cesantías del año
2020 en el respectivo fondo prestacional; y ii) el reconocimiento y pago de la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías.

4. Indicó que, el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Medellín, profirió
sentencia, en primera instancia, el 30 de junio de 2023, mediante la cual resolvió:

“[…] PRIMERO: NEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA INSTAURADA
EN EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

1 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”
2
“Por la cual se reconocen los intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares”.
3 “Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 98 y el artículo 99 de la Ley 50 de 1990”.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202403366-01
Actora: Yalira Elena Valoyes Palacios

DEL DERECHO POR LA SEÑORA YALIRA VALOYES PALACIOS, EN CONTRA
DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y El DISTRITO DE MEDELLÍN,
DE CONFORMIDAD CON LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LA PARTE
MOTIVA DE ESTE PROVEÍDO.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS A LA PARTE DEMANDANTE LAS QUE SE
LIQUIDARÁN POR LA SECRETARÍA DEL DESPACHO, UNA VEZ EN FIRME LA
SENTENCIA, CONFORME LO INDICA EL ARTÍCULO 188 DEL CPACA,
ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 2080 de 2021. PARA EL
EFECTO, SE FIJA COMO AGENCIAS EN DERECHO EN PRIMERA INSTANCIA,
EL EQUIVALENTE A UN (1) SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE A LA
EJECUTORIA DE ESTA PROVIDENCIA […]”.

5. Señaló que, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia,
profirió sentencia, en segunda instancia, el 29 de enero de 2024, resolviendo lo
siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia n.° 264 del 30 de junio de 2023, proferida
por el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Medellín, de conformidad
con lo expuesto en las consideraciones.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró:

“[…] La Sala considera, al igual que el a quo, que, de acuerdo con la regla
jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ-
032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, la demandante no tiene derecho al
reconocimiento y pago de la sanción por mora en la consignación de las cesantías,
establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ni al reconocimiento y pago de la
indemnización, por el pago tardío de los intereses a las cesantías que se encuentra
establecida en el artículo 1° de la Ley 52 de 1975, por las siguientes razones:

i. Los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio cuentan con un régimen especial para el reconocimiento, liquidación y
pago de sus cesantías e intereses a las cesantías, consagrado en el artículo 15 de la
Ley 91 de 1989 y el Acuerdo n.° 39 de 1998.

ii. En el régimen especial de la Ley 91 de 1989, no se encuentra la obligación de
consignar las cesantías a más tardar el 14 de febrero de cada año, tampoco se
consagra la sanción por mora en la consignación de las cesantías (artículo 99 de la
Ley 50 de 1990) o la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías
(artículo 1° de la Ley 52 de 1975).

iii. Los fondos privados de cesantías creados a través de la Ley 50 de 1990 y el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989, tienen
naturaleza y finalidades distintas, pues los recursos de este último son manejados
bajo el concepto de unidad de caja, sin que sea procedente consignarle a cada
docente, en una cuenta individual, sus cesantías, ya que todos los recursos que
ingresan al Fondo del Magisterio son destinados a cubrir las prestaciones económicas
cuando estas sean exigibles.

4

Núm. único de radicación: 110010315000202403366-01
Actora: Yalira Elena Valoyes Palacios

iv. La liquidación de los intereses a las cesantías en el FOMAG se realiza sobre el
acumulado total de las existentes al 31 de diciembre de cada año; mientras que, en
los fondos privados, los intereses se calculan respecto a la suma causada en el año
anterior o en la fracción que se liquida.

v. Las conclusiones de la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional no
resultan aplicables al demandante, toda vez que esta decisión solo (sic) constituye
precedente en el evento en que se omita la afiliación del docente al FOMAG.

En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia de primera instancia. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Solicito que se protejan los derechos al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACION (sic) DE JUSTICIA, PRINCIPIO DE GRATUIDAD, y conforme a
esto se REVOQUE DE MANERA PARCIAL la sentencia emitida por el TRIBUNA
(sic) ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA (sic) MAGISTRADO
PONENTE […] radicado: 05001333302420220052701 el numeral segundo donde no
se condena en costas en esta instancia. […]”.

6.1. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente4:

“[…] SEXTO: En este caso en concreto Donde en PRIMERA INSTANCIA NIEGA
LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, y posterior a la misma confirma la totalidad
de las pretensiones, la sala manifiesta que respecto al numeral 4 del artículo 365 del
CGP, "cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior,
la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias, si bien es
cierto lo pretendido no es que se prevalezca la jurisprudencia por sobre el precepto
normativo, dicha sala si pudo realizar un análisis de ponderación subjetiva respecto
de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que
limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable
de la norma. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento, que se pueden valorar según lo señalado por el artículo
79 del Código General del Proceso, y asi verificar si en el expediente aparece
probado si es causaron dichas costas. Estimo que la argumentación que debió
sustentar la decisión de abstenerse de imponer condena en costas debió sustentarse
en que no es evidenció que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe y por
consiguiente tampoco aparecen probados gastos judiciales sufragados por la entidad
demandada por tratarse este de un asunto de pleno derecho

OCTAVO: Es claro que la entidad judicial omitió dar un DEBIDO PROCESO al curso
que tomo el tema de la sanción Ley 50 de 1990 y no se tuvo de presente el caso
objeto de revisión en dicha sentencia de unificación y donde no se condenó en costas
a la parte demandante, AUS VEZ EXISTIO UN DESCONOCIMIENTO DE
ORDENAMIENTOS JUDICIALES FRENTE LA TEMA DE LA CONDENA EN

4 Transcripción literal del texto.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403366-01
Actora: Yalira Elena Valoyes Palacios

COSTAS POR PARTE DEL CONSEJO DE ESTADO, Cabe resaltar que esta
apoderada siempre ha actuado con buena fe, y la entidad judicial desconoció que la
transición jurisprudencial fue desfavorable para la demanda en mención, en igual
sentido la sentencia de unificación si bien es cierto es negativa para nuestras
pretensiones también menciona la NO CONDENA EN COSTAS. […]”.

[…].

“[…] En el presente proceso, no aparecen probados gastos judiciales sufragados por
la entidad demandada por tratarse este de un asunto de puro derecho y tampoco
aparece probada la temeridad o la mala fe; al respecto en caso similar frente a la
condena en costas el Consejo de Estado en providencia del 16 de abril de 2015
estableció:

"Al respecto no puede perderse de vista que de conformidad con lo consagrado en
el numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso, 'Sólo habrá lugar a
costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación', condición que como ya se dio no es cumple en este caso."

En este mismo sentido y conforme a la posición asumida por el Consejo de Estado,
queda absolutamente claro que el artículo 188 del CPACPA no impuso una
obligación perentoria de imponer condena en costas y agencias en derecho, pues al
obligación que de allí se desprende es al de emitir un pronunciamiento al respecto,
de manera que, conforme a la valoración del discurrir del debate procesal resulta
válido prescindir de la imposición de la condena en costas acorde con los derechos
fundamentales establecidos en la carta política donde prevalece el acceso a la
administración de justicia..[…]”.

[…]

“[…] Adicionalmente, ha sido una posición unánime del Consejo de Estado que en
materias donde se debatan derechos laborales se tiene que atender la posición de
los sujetos procesales, que para el caso bajo examen es trata de un docente adscrito
al magisterio, parte débil dentro de la relación laboral entre el Estado y el servidor
público, que lo único que pretendió fue una mejora de sus condiciones laborales,
Actuando siempre con la confianza legítima. […]”.

Actuación

7. El Despacho de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante auto de 4 de julio de 2024: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar
a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia; y iii) vinculó
al Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Medellín, a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,
en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndole el término de dos (2) días
para que rindieran informe sobre el particular.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403366-01
Actora: Yalira Elena Valoyes Palacios

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia rindió
informe en los siguientes términos:

“[…] Dentro de la oportunidad concedida, me permito dar respuesta a la acción
constitucional de la referencia, señalando que se debe declarar la improcedencia de
la misma, teniendo en cuenta que no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional.

Se cuestiona una decisión de segunda instancia proferida en un medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, relacionada con el
reconocimiento de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 en favor de
los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. Al respecto, en la sentencia SU-573 de 2019 de la Corte Constitucional,
se indicó que la discusión sobre la aplicabilidad de la sanción moratoria de la Ley 50
de 1990 versa sobre una cuestión meramente legal, con una connotación de
contenido patrimonial que no involucra la protección de derechos fundamentales, lo
que impide que el análisis del caso se realice bajo los principios de favorabilidad e
igualdad, en la medida en que el asunto no trasciende la esfera de lo constitucional;
criterio que, además, ha sido acogido por el Consejo de Estado, declarando la
improcedencia de las tutelas por no superarse el requisito de relevancia
constitucional.

Además, el 11 de octubre de 2023 la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo
de Estado profirió la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023, unificando el
tema que aquí se debate y fijando la siguiente pauta:

«Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al
FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del
artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.»

Adicionalmente, en la sentencia cuestionada a través de esta tutela, la Sala, con
fundamento en lo prescrito en los artículos 320 y 328 del CGP, aplicable en lo
contencioso administrativo conforme el artículo 306 del CPACA, hizo una revisión a
lo que desfavorecía a la recurrente y que fue motivo de su inconformidad, indicando
que no podía modificar o corregir la providencia en lo que no fue objeto del recurso,
por lo que se circunscribió en los reparos que esta planteó, excluyendo aspectos
diferentes a los señalados en la apelación, por lo que no abordó el estudio de la
condena en costas, la cual fue allegada por la parte actora en etapa posterior, pues
sería contrario al principio de congruencia y al derecho fundamental al debido proceso
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

Finalmente, la parte accionante está utilizando la acción de tutela como una tercera
instancia, lo que refuerza la carencia de la relevancia constitucional desarrollada por
la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia del 5 de agosto de 2014
(Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01), en donde se indica que la tutela
no puede constituir una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida
la providencia acusada. […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403366-01
Actora: Yalira Elena Valoyes Palacios

9. El Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Medellín rindió informe en
los siguientes términos:

“[…] La suscrita se permite informar que, el radicado 05001 33 33 024 2022 00527
00, corresponde a una demanda instaurada por la señora YALIRA VALOYES
PALACIOS contra la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y OTRO, dentro del medio de
control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL, por
medio de la cual, se pretendía el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
establecida en ley 50 de 1990.

Ahora bien, de conformidad con el análisis fáctico, jurídico y probatorio realizados en
el medio de control, esta agencia judicial, no accedió a las pretensiones de la
demanda, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

En virtud de lo anterior, se considera, que todas las actuaciones surtidas en esta
instancia judicial, se ajustaron a la legalidad, y han sido debidamente fundamentadas
en derecho garantizando en todas las etapas procesales el debido proceso, el acceso
a la administración de justicia, así como el derecho de defensa y contradicción de las
partes, entre otros; por lo que no se observa la configuración de una vía de hecho que
dé lugar a la procedencia de la acción de tutela en contra de las providencias judiciales
emitidas por este Despacho. […]”

10. El Ministerio de Educación Nacional solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela. Para tal efecto argumentó lo siguiente:

“[…] El defecto cuya remoción se persigue por vía de la acción de tutela debe
conllevar, en forma inmediata, la violación de uno o múltiples derechos
fundamentales, lo cual determina que sólo las decisiones judiciales cuyos efectos
trasciendan el campo de los anotados derechos, en detrimento de éstos, pueden ser
atacadas mediante la acción de tutela, no obstante, los jueces ante quienes se
solicita están obligados a examinar de manera rigurosa el caso para no desvirtuar
los principios de autonomía funcional de la jurisdicción y de la cosa juzgada.

En ese orden de ideas, será el extremo activo quien tendrá que probar, en el proceso
que nos ocupa, si existe una eventual transgresión de derechos que pudiera generar
que la decisión judicial expedida por el Juez de Conocimiento se aparte del ámbito
de legalidad, para desplegar actuaciones de hecho que resulten contrarias al
Ordenamiento Jurídico. Siendo así este evento sujeto del amparo constitucional por
medio de la acción de tutela.

Tomando en cuenta que en el caso en concreto no se evidencia violación alguna a
los derechos del accionante, nos encontramos ante una eminente causal de
improcedencia de la acción constitucional.

En suma, los operadores judiciales deben ser autónomos e independientes, pues
sólo así los casos puestos a su conocimiento podrán ser resueltos de manera
imparcial, aplicando a ellos los mandatos abstractamente definidos por el legislador,
de tal modo que verdaderamente se cumpla la esencia de la misión constitucional
de administrar justicia […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403366-01
Actora: Yalira Elena Valoyes Palacios

11. La Fiduprevisora S.A. solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de tutela,
por las siguientes razones:

“[…] Frente a las peticiones del accionante es imperativo resaltar a su despacho que
Fiduprevisora S.A actuando en calidad de vocera y administradora del Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio; NO SOMOS EL ENTE NOMINADOR, sino que
nos encargamos de administrar los recursos dispuestos por el plan nacional de
desarrollo para LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS DOCENTES ADSCRITOS
AL MAGISTERIO, por lo anterior, toda acción que ejecuta la Fiduprevisora S.A como
vocera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, es respaldada
por un acto administrativo proveniente de las secretarias (sic) de educación a nivel
nacional.

Fiduprevisora S.A actuando en calidad de vocera y administradora del Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio; NO TIENE LA FACULTAD para expedir,
modificar o revocar sentencias- y/o autos judiciales, pues no tiene competencia para
tal efecto y en tal sentido no puede acceder a las pretensiones de la accionante […]”.

[…]

“[…] La presente tutela resulta improcedente toda vez que las autoridades judiciales
que conocieron el proceso, actuaron conforme a la normativa establecida sin que se
pueda aducir que los jueces de cada instancia hayan desconocido entre otros, los
precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

De otra parte, no es dable afirmar que se haya presentado trasgresión alguna en
contra de las garantías fundamentales de la accionante, pues se han observado las
normas en garantía al principio del debido proceso, es decir, que la actuación fue
adelantada en debida forma y atendiendo los procedimientos legales, razón por la
cual se concluye que no existe una supuesta vulneración de los derechos
fundamentales […]”

12. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín solicitó
negar la acción de tutela, al considerar que:

“[…] En este escenario y considerando lo indicado por la Corte Constitucional en
sentencia C-043 de 2004 “las erogaciones económicas que hace dicha parte
triunfante en cumplimiento de sus obligaciones procesales (cuyo pago solo en ciertos
casos la ley no le permite repetir contra el vencido), tienen un título jurídico claro en
la ley procesal”, no se advierte violación alguna al derecho a la gratuidad en la
administración de justicia propiciado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, toda
vez que su decisión se encuentra amparada en la Ley, la cual lo faculta para la
imposición de costas a la parte vencida sin desconocer el derecho consagrado en el
artículo 219 de la Constitución política.

Ahora bien, es menester precisar que el asunto que advierte la accionante en (sic)
eminentemente económico, razón por la cual adolece de relevancia constitucional. En
este sentido, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 indica:

“(...) el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y,

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Núm. único de radicación: 110010315000202403366-01
Actora: Yalira Elena Valoyes Palacios

(iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. (...)

(...)

[…]

Considerando lo anterior, la acción de tutela de la referencia carece de relevancia
constitucional por tratarse de un asunto meramente legal y económico, como lo son
las costas procesales, que aunado a lo anterior devienen del principio de autonomía
judicial. […]”.

13. El Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Medellín y la Sala Tercera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia allegaron copia digital del
expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
050013333024202200527-01.

La sentencia impugnada

14. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 24 de julio de 2024, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad. […]”.

14.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] 10.- La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

10.1.- En el recurso de apelación que interpuso la accionante contra la sentencia
ordinaria de primera instancia no cuestionó lo relacionado con la condena en costas,
de manera que la actora dejó pasar la oportunidad procesal para plantear su
inconformidad sobre la mencionada condena.

10.2.- En todo caso, la Sala encuentra que el fundamento de la vulneración y la
pretensión formulada son contradictorias, pues si bien la actora cuestionó que se le
haya condenado en costas en primera instancia, solicitó como única pretensión que
se deje sin efectos el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia objeto
de reproche (de segunda instancia), que dispuso: <<SEGUNDO: Sin condena en
costas en esta instancia>>, pese a que esa decisión no le generó ningún agravio.
Por lo que realmente lo que pretende la accionante es cuestionar la decisión de
condena en costas de la primera instancia, reproche que resulta improcedente por
las razones mencionadas […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403366-01
Actora: Yalira Elena Valoyes Palacios

La impugnación

15. La actora impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas expresó lo siguiente5:

“[…] Las sentencias que a continuación se relacionan, pueden claramente inferir que
antes de proferir la sentencia de unificación aquí señalada, el Consejo de Estado
reconocía la sanción moratoria prevista el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, a los docentes oficiales de manera genérica, es decir, indistintamente si se
encontraban afiliados o no al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, ya que los únicos principios que se tomaron en cuenta para efectos del
reconocimiento eran los de favorabilidad e igualdad, teniendo en cuenta que los
docentes oficiales ostentaban la calidad de servidores públicos.

[…]

La Ley 1437 de 2011-CPACA al regular el instituto de las costas en materia procesal
modificó el criterio establecido por la Ley 446 de 1998 para acoger, de nuevo, el
objetivo que se aplica con independencia de la conducta procesal de los litigantes.
El nuevo precepto prevé: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. […]”.

[…]

“[…] En el presente proceso, no aparecen probados gastos judiciales sufragados
por la entidad demandada por tratarse este de un asunto de puro derecho y tampoco
aparece probada la temeridad o la mala fe; al respecto en caso similar frente a la
condena en costas el Consejo de Estado en providencia del 16 de abril de 20151
estableció:

“Al respecto no puede perderse de vista que de conformidad con lo consagrado en
el numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso, ´Sólo habrá lugar a
costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación´, condición que como ya se dio no se cumple en este caso.”

En este mismo sentido y conforme a la posición asumida por el Consejo de Estado,
queda absolutamente claro que el artículo 188 del CPACPA no impuso una
obligación perentoria de imponer condena en costas y agencias en derecho, pues
la obligación que de allí se desprende es la de emitir un pronunciamiento al respecto,
de manera que, conforme a la valoración del discurrir del debate procesal resulta
válido prescindir de la imposición de la condena en costas acorde con los derechos
fundamentales establecidos en la carta política donde prevalece el acceso a la
administración de justicia.

Adicionalmente, ha sido una posición unánime del Consejo de Estado que en
materias donde se debatan derechos laborales se tiene que atender la posición de
los sujetos procesales, que para el caso bajo examen se trata de un docente adscrito
al magisterio, parte débil dentro de la relación laboral entre el Estado y el servidor
público, que lo único que pretendió fue una mejora de sus condiciones laborales,
actuando siempre con la confianza legítima. […]”.

5 Transcripción literal del texto.

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Actora: Yalira Elena Valoyes Palacios

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19916, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20217 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20198, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

17. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

18. Corresponde a la Sala establecer: si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia dispuesto en el literal e de aquellos establecidos
en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005.

19. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del

6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
7 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; procediendo
posteriormente a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

20. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena9, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

21. Esta Sección adoptó10 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200511, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio
de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

22. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de
un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra
tutela.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
11 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”12 que encaje en dichos parámetros.

24. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

26. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general
dispuesto en el literal e de aquellos establecidos en la sentencia C-590 de 8 de junio
de 2005.

Acerca del requisito del requisito dispuesto en el literal e de aquellos
establecidos en la sentencia sentencia C-590 de 8 de junio de 2005

27. De conformidad con la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la
Corte Constitucional, dentro de los requisitos generales de procedencia de la acción

12 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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de tutela contra providencias judiciales se encuentra el siguiente:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales son los siguientes […]”.

[…]

“[…] e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí
es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del
proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos […]”. (Resaltado por la Sala)

28. La Corte Constitucional frente a esta causal, en la sentencia SU-770 de 16 de
octubre de 201414, explicó que:

“[…] La demanda de tutela, al referirse a este requisito, se limita a afirmar que se ha
precisado e identificado los hechos que vulneran el derecho fundamental, pero
guarda silencio en cuanto a la circunstancia de haber alegado en el proceso lo que
ahora se cuestiona y sobre la existencia o no de la posibilidad de haberlo hecho.

Por lo tanto, es menester verificar tres aspectos relevantes respecto de cada uno de
los defectos planteados, a saber: (a) si se identificó de manera razonable los hechos
que generan la vulneración, (b) si se alegó esta circunstancia en el proceso
seguido por la jurisdicción ordinaria y (c) si hubo o no la posibilidad de alegarla.

5.3.2.5.1. El hecho que generaría el defecto orgánico está identificado de manera
razonable en la demanda de tutela: la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
carece por completo de competencia para vincular a la accionante como sujeto
procesal y, por ende, para juzgarla y condenarla. Esta circunstancia, incluso bajo la
hipótesis de que fuese cierta, existía desde la vinculación de la accionante al proceso
y, en manera alguna, puede afirmarse que es una circunstancia que ocurre en la
sentencia o con posterioridad a ella. En este contexto, al revisar la conducta de la
accionante en el proceso, a partir de referentes como el recurso de reposición
que se presentó contra la resolución interlocutoria de la fiscalía que vinculó a
la accionante al proceso, su sustentación, la solicitud de que no se cierre la
investigación, el alegato precalificatorio y el alegato de conclusión, se aprecia
que la accionante no alegó esta circunstancia, a pesar de haber dispuesto de
al menos cinco oportunidades para hacerlo. Por lo tanto, no se cumple el
requisito sub examine […]”. (Resaltado por la Sala)

14 Corte Constitucional, sentencia SU-770 de 16 de octubre de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

29. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

30. Atendiendo a que, la Corte Constitucional15 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

31. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

15 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1.º de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

32. Atendiendo a que, la Corte Constitucional16 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Análisis del caso concreto

33. La actora, a través de apoderada, presentó solicitud de tutela contra la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al
proferir sentencia de 29 de enero de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 050013333024202200527-01, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.

34. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

35. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela y en la impugnación.

16 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Acervo y análisis probatorios

36. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

36.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 050013333024202200527-01.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia dispuesto en
el literal e de aquellos establecidos en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005

37. En el caso sub examine, de conformidad con el expediente del proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 050013333024202200527-
01, la Sala observa que el recurso de apelación que interpuso la actora dentro del
referido medio de control se sustentó de la siguiente manera:

“[…] En este punto el juzgado, explica que al ser los docentes trabajadores de régimen
especial, no son sujetos de aplicación del contenido del artículo 99 de la ley 50 de
1990, situación que ya ha sido revaluada por la SU-098 de 2018 de la Honorable
Corte Constitucional y que el Consejo de Estado ha sido constante en definir, incluso
en sentencias de unificación, pudiéndose afirmar que la postura jurisprudencial
vigente en los órganos de cierre Constitucional y de lo Contencioso administrativo,
están direccionados a la protección de los derechos prestacionales que durante
mucho tiempo han sido vulnerados por parte de las entidades públicas a los que se
encuentran adscritos, así mismo que su condición de servidores públicos de la rama
ejecutiva, conlleva que sea viable el reconocimiento de las pretensiones de la
demanda […]”.

[…]

“[…] Es que el régimen especial no puede traer inmerso condiciones menos
favorables que el general, la finalidad de un régimen especial es mejorar y dar un
status plus de condiciones y en caso de su contenido no regular una situación
específica es dable traer del régimen general la norma que cubra ese vacío normativo,
interpretación que desde las Sentencias C-741 de 2012 y C-486 de 2016 la Corte
Constitucional ha dispuesto que los docentes oficiales se equiparan a los servidores
públicos bajo la modalidad de empleados públicos. Por esa razón, les es aplicable el
régimen general en aquello que no se encuentra regulado en el régimen especial […]”.

[…]

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Núm. único de radicación: 110010315000202403366-01
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“[…] Que los docentes pertenezcan a un “régimen especial”, no implica que las
entidades nominadoras y responsables de sus prestaciones sociales, se sustraigan
de la obligación de CONSIGNAR LOS RECURSOS DE LAS CESANTÍAS EN EL
FOMAG, razón que conlleva a un fondo desfinanciado y que siempre presenta déficit,
y que para sortear su insolvencia, acude a restricciones de periodicidad para el retiro
parcial de cesantías en contravía del orden constitucional, como se ha estudiado en
el Consejo de estado en el expediente RADICADO: 11001-03-25-000-2016-00992-00
[…]”.

[…]

“[…] Con los fundamentos anteriores, queda demostrado que la competencia de girar
los recursos al Fondo es de la Nación, y que su actuar desencadena unas situaciones
lamentables convertidas en vulneración de derechos prestacionales, los cuales han
sido protegidos por las altas cortes y que el gobierno debe corregir, para evitar
detrimento del erario […]”.

[…]

“[…] El despacho afirma que no existe una consignación por parte de las entidades
demandadas al FOMAG, situación que no desconoce la parte demandante, dado que,
a causa de esto, es que se incurrió en mora por la falta de consignación de las
mismas, indemnización que es la que se pretende dentro del presente asunto, por la
omisión incurrida […] QUEDÓ PROBADO QUE EFECTIVAMENTE LAS ENTIDADES
DEMANDADAS NO CONSIGNARON EL VALOR DE LAS CESANTÍAS DE MI
REPRESENTADO AL FOMAG DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO […]”.

38. Por otra parte, la Sala advierte que, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de 30 de junio de 2023 proferida por el Juzgado Veinticuatro
Administrativo del Circuito de Medellín, consideró lo siguiente:

“[…] La Sala considera, al igual que el a quo, que, de acuerdo con la regla
jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ-
032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, la demandante no tiene derecho al
reconocimiento y pago de la sanción por mora en la consignación de las cesantías,
establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ni al reconocimiento y pago de la
indemnización, por el pago tardío de los intereses a las cesantías que se encuentra
establecida en el artículo 1° de la Ley 52 de 1975, por las siguientes razones:

i. Los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio cuentan con un régimen especial para el reconocimiento, liquidación y
pago de sus cesantías e intereses a las cesantías, consagrado en el artículo 15 de la
Ley 91 de 1989 y el Acuerdo n.° 39 de 1998.

ii. En el régimen especial de la Ley 91 de 1989, no se encuentra la obligación de
consignar las cesantías a más tardar el 14 de febrero de cada año, tampoco se
consagra la sanción por mora en la consignación de las cesantías (artículo 99 de la
Ley 50 de 1990) o la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías
(artículo 1° de la Ley 52 de 1975).

iii. Los fondos privados de cesantías creados a través de la Ley 50 de 1990 y el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989, tienen
naturaleza y finalidades distintas, pues los recursos de este último son manejados

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Núm. único de radicación: 110010315000202403366-01
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bajo el concepto de unidad de caja, sin que sea procedente consignarle a cada
docente, en una cuenta individual, sus cesantías, ya que todos los recursos que
ingresan al Fondo del Magisterio son destinados a cubrir las prestaciones económicas
cuando estas sean exigibles.

iv. La liquidación de los intereses a las cesantías en el FOMAG se realiza sobre el
acumulado total de las existentes al 31 de diciembre de cada año; mientras que, en
los fondos privados, los intereses se calculan respecto a la suma causada en el año
anterior o en la fracción que se liquida.

v. Las conclusiones de la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional no
resultan aplicables al demandante, toda vez que esta decisión solo (sic) constituye
precedente en el evento en que se omita la afiliación del docente al FOMAG.

En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia de primera instancia. […]”.

39. Ahora bien, la Sala advierte que, como lo indicó el A quo, en el escrito de tutela
“[…] el fundamento de la vulneración y la pretensión formulada son contradictorias,
pues si bien la actora cuestionó que se le haya condenado en costas en primera
instancia, solicitó como única pretensión que se deje sin efectos el numeral segundo
de la parte resolutiva de la sentencia objeto de reproche (de segunda instancia), que
dispuso: <<SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia>>, pese a que esa
decisión no le generó ningún agravio. Por lo que realmente lo que pretende la
accionante es cuestionar la decisión de condena en costas de la primera instancia
[…]”. Para tal efecto, la actora indicó lo siguiente17:

“[…] SEXTO: En este caso en concreto Donde en PRIMERA INSTANCIA NIEGA
LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, y posterior a la misma confirma la totalidad
de las pretensiones, la sala manifiesta que respecto al numeral 4 del artículo 365 del
CGP, "cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior,
la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias, si bien es
cierto lo pretendido no es que se prevalezca la jurisprudencia por sobre el precepto
normativo, dicha sala si pudo realizar un análisis de ponderación subjetiva respecto
de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que
limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable
de la norma. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron
acciones temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de
las diferentes etapas del procedimiento, que se pueden valorar según lo
señalado por el artículo 79 del Código General del Proceso, y asi verificar si en
el expediente aparece probado si es causaron dichas costas. Estimo que la
argumentación que debió sustentar la decisión de abstenerse de imponer condena
en costas debió sustentarse en que no es evidenció que la parte vencida actuase
con temeridad o mala fe y por consiguiente tampoco aparecen probados gastos
judiciales sufragados por la entidad demandada por tratarse este de un asunto de
pleno derecho

OCTAVO: Es claro que la entidad judicial omitió dar un DEBIDO PROCESO al curso
que tomo el tema de la sanción Ley 50 de 1990 y no se tuvo de presente el caso
objeto de revisión en dicha sentencia de unificación y donde no se condenó en

17 Transcripción literal del texto.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403366-01
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costas a la parte demandante, AUS VEZ EXISTIO UN DESCONOCIMIENTO DE
ORDENAMIENTOS JUDICIALES FRENTE LA TEMA DE LA CONDENA EN
COSTAS POR PARTE DEL CONSEJO DE ESTADO, Cabe resaltar que esta
apoderada siempre ha actuado con buena fe, y la entidad judicial desconoció que la
transición jurisprudencial fue desfavorable para la demanda en mención, en igual
sentido la sentencia de unificación si bien es cierto es negativa para nuestras
pretensiones también menciona la NO CONDENA EN COSTAS. […]”.

[…].

“[…] En el presente proceso, no aparecen probados gastos judiciales sufragados por
la entidad demandada por tratarse este de un asunto de puro derecho y tampoco
aparece probada la temeridad o la mala fe; al respecto en caso similar frente a la
condena en costas el Consejo de Estado en providencia del 16 de abril de 2015
estableció:

"Al respecto no puede perderse de vista que de conformidad con lo consagrado en
el numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso, 'Sólo habrá lugar a
costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación', condición que como ya se dio no es cumple en este caso."

En este mismo sentido y conforme a la posición asumida por el Consejo de
Estado, queda absolutamente claro que el artículo 188 del CPACPA no impuso
una obligación perentoria de imponer condena en costas y agencias en
derecho, pues al obligación que de allí se desprende es al de emitir un
pronunciamiento al respecto, de manera que, conforme a la valoración del discurrir
del debate procesal resulta válido prescindir de la imposición de la condena en costas
acorde con los derechos fundamentales establecidos en la carta política donde
prevalece el acceso a la administración de justicia..[…]”.

[…]

“[…] Adicionalmente, ha sido una posición unánime del Consejo de Estado que en
materias donde se debatan derechos laborales se tiene que atender la posición de
los sujetos procesales, que para el caso bajo examen es trata de un docente adscrito
al magisterio, parte débil dentro de la relación laboral entre el Estado y el servidor
público, que lo único que pretendió fue una mejora de sus condiciones laborales,
Actuando siempre con la confianza legítima. […]”. (Resaltado por la Sala)

40. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que dentro de los argumentos
jurídicos que expuso la actora en su escrito de apelación y conforme con los cuales
la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia se pronunció,
no se encuentra aquel que alegó en su escrito de tutela, a saber, lo referente a la
condena en costas impuesta en primera instancia.

41. En ese orden de ideas, pese a que la actora contó con la posibilidad de poner
en conocimiento del juez de la segunda instancia dicho argumento jurídico
consistente en su desacuerdo con la condena en costas, lo cierto es que este
argumento jurídico no fue mencionado en la sustentación del recurso de apelación,
oportunidad en la que pudo haber planteado dentro del proceso ordinario las

21

Núm. único de radicación: 110010315000202403366-01
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razones por las cuales el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia debía
ser revocado al afectar sus derechos fundamentales.

42. La Sala considera que, tal cual como lo ha indicado en otras oportunidades, no
puede pretender la actora suplir su inactividad con esta acción constitucional, toda
vez que, si estaba inconforme con lo que se había decidido en la sentencia de
primera instancia, el escenario idóneo para discutirlo era el respectivo recurso de
apelación, oportunidad en la cual debió poner de presente ante el juez natural de la
causa las razones por las que se debía revocar la condena en costas.

43. Al respecto, esta Sección ha considerado que18:

“[…] En efecto, al revisar el recurso de apelación19 interpuesto contra la sentencia de
primera instancia, el actor únicamente se refirió respecto de la falta descrita en el
numeral 1 ibídem, no así de la prevista en el numeral 2, tal como se observa de los
siguientes apartes que pasan a transcribirse:

[…]

Es así como al revisar el expediente contentivo del proceso disciplinario, la Sala
evidencia que el actor al presentar los alegatos de conclusión20 y el recurso de
apelación21, guardó silencio en cuanto a la prescripción de la acción.

Significa entonces que la acción de tutela no cumple con el requisito general
establecido en la causal quinta que exige la sentencia C-590 del 2005, para la
procedencia contra providencia judicial, debido a que: los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados no fueron alegados
por el accionante en el proceso disciplinario judicial contencioso
administrativo22, dado que el actor no solo guardó silencio respecto de la falta
descrita en el numeral 2 del artículo 35 de la Ley 1123, sino también de la alegada
prescripción de la acción, inconformidades que ahora pretende retrotraer a esta
instancia constitucional, no siendo este el escenario idóneo para el efecto.

Se destaca que no puede pretender el actor suplir su inactividad con esta acción
constitucional, toda vez que, si de una parte, estaba inconforme con la falta endilgada
y, de otra, consideraba que operó el fenómeno jurídico de la prescripción para
investigar las conductas cuestionadas, el escenario idóneo para discutirlas era el
recurso de apelación.

Es del caso advertir, que la Sala en un asunto con similar situación fáctica a la
presente, declaró la improcedencia de la acción de tutela al considerar que no se
acreditó el cumplimiento de la causal quinta establecida la citada sentencia C-590 de
200523, de la siguiente manera:

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre de

2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-03852-00 (AC), C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
19 Folios 169 a 190 del expediente identificado con número único de radicación 2017-00364-00.
20 Folios 134 a 144 ibídem.
21 Folios 169 a 190 ibídem.
22Acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por el señor Jorge Arturo Infante Trespalacios

contra la NACIÓN-DAS (Radicado 54001-33-31-005-2008-00049-01).
23 Ut supra página 7.

22

Núm. único de radicación: 110010315000202403366-01
Actora: Yalira Elena Valoyes Palacios

“[…] Si bien es cierto en el escrito de la demanda de tutela los hechos que generarían
el defecto sustantivo por i) desconocimiento del precedente judicial, ii) falta de
aplicación de una norma jurídica relevante y iii) por violación directa de la
Constitución, por no haberse aplicado la excepción de inconstitucionalidad están
identificados de manera razonable al igual que los derechos fundamentales
vulnerados24, estos debieron ser alegados en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho […]”.

[…]

Resalta la Sala que le corresponde a las partes el cuidado y atención que deben
procurar sobre los asuntos judiciales que les concierne, cuya omisión no puede
pretender subsanarse por medio del mecanismo subsidiario de la acción de tutela, de
manera que resulta claro que el presente mecanismo subsidiario y residual no puede
desplazar el recurso ordinario de defensa con que contaba la parte actora […]”.
(Resaltado por la Sala)

44. De igual manera, la Sala acoge la siguiente regla jurisprudencial establecida
por la Corte Constitucional:

“[…] En efecto, como ya se señaló, la acción de tutela no es un medio alternativo,
adicional o complementario con el que cuentan las personas, para mantener de forma
indefinida e ilimitada en el tiempo, la resolución de una controversia jurídica. Por ello,
cuando quiera que las personas acudan al juez constitucional, han de demostrar que,
en el asunto bajo controversia, sus derechos fundamentales están siendo
trasgredidos (sic). Igualmente, deben acreditar que ello fue puesto a
consideración del juez natural de la causa, o, en su defecto, que ello no fue posible
por razones ajenas a su voluntad. De esta manera, una carga exigible al
interesado supone que -de haber sido posible- haya expuesto con claridad la
presunta transgresión de sus derechos fundamentales ante el juez natural, en
atención a que la subsidiariedad de la acción de tutela implica el respeto a la
autonomía de las autoridades judiciales […]”.25 (Resaltado por la Sala)

Conclusiones de la Sala

45. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de 24 de julio de 2024 proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la
cual declaró improcedente la solicitud de tutela.

24 Folios 2 al 14 del cuaderno de tutela.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-452 de 4 de julio de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

23

Núm. único de radicación: 110010315000202403366-01
Actora: Yalira Elena Valoyes Palacios

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 24 de julio de 2024 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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