RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-03367-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03367-00

Fecha
9 de agosto de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03367-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por la señora Carmen Rodríguez Figueroa de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03367-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

9 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (09) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03367-00
Accionante: Carmen Rodríguez Figueroa
Accionado: Alcaldía Municipal de Sabana de Torres y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Carmen Rodríguez
Figueroa en contra de la Alcaldía Municipal de Sabana de Torres, la Inspección de
Policía de Sabana de Torres y el Tribunal Administrativo de Santander.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 2 de julio de 20241 la señora Carmen Rodríguez Figueroa, en nombre propio,
interpuso acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
vivienda digna que consideró vulnerados con ocasión de lo resuelto en el trámite
policivo identificado con el radicado 007-2023, dirigido por la Inspección de Policía
de Sabana de Torres, debido a que profirió fallo el 20 de febrero de 2023 que declaró
la perturbación a la posesión del predio “Villa Luzelen” identificado con matrícula
inmobiliaria 303-37595 y cédula catastral 00-01-0005-0130-000, en consecuencia,
ordenó desalojar a las familias desplazadas que se habían asentado en un terreno
que consideran baldío, sin notificar a todos los ocupantes y sin establecer los
linderos del predio ocupado por la accionante y otros desplazados.

1.1. Hechos

1.1.1. La accionante, en condición de víctima de desplazamiento forzado por
violencia3, en el mes de febrero de 2023 junto con su núcleo familiar y otro grupo de
desplazados, procedieron a ocupar un predio que se encontraba en situación de

1 Índice 1, expediente de tutela digital.
2 Obra en el certificado B69805CC006675DB D5E092E94828B57A 257D58081F47DB0C
0E0EB51E6E93206C, índice 2, expediente de tutela digital.
3 Obra a folio 23, certificado 0CDCFE01DB3C3916 A69689B621983078 E5DD7FAAEDF2EAC9
3DADB0C273BA4C0E, índice 2, expediente de tutela digital.

2

Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03367-00
Accionante: Carmen Rodríguez Figueroa
Accionado: Alcaldía Municipal de Sabana de Torres y otros

abandono y respecto del cual presume su condición de baldío, ubicado al occidente
del casco urbano del municipio de Sabana de Torres, Santander.

1.1.2. Respecto del referido inmueble4, la señora Leydy Daniela Alzate De Oro
presentó querella policiva de amparo por perturbación a la propiedad privada en
contra de invasores indeterminados5, la que se identificó con el radicado 007-2023.

1.1.3. Este asunto correspondió a la Inspección Municipal de Policía de Sabana de
Torres, la que mediante auto del 9 de febrero de 20236 dispuso: “AVOCAR el
conocimiento y ADMITIR de forma acumulada de las querellas policivas por
PERTURBACIÓN A POSESIÓN de los predios denominados VILLA LUZELEN y
LAS DELICIAS de matrícula inmobiliaria No. 303-37595 y No. 303-15175 (...)”.
Posteriormente, en audiencia pública del 20 de febrero de 20237 resolvió:
“CONCEDER el amparo policivo contenido en el parágrafo único numeral 1 del
artículo 77 de la ley 1801 de 2016 a favor de la señora LEIDY DANIELA ALZATE
DE ORO (…) sobre los 47 puntos de coordenadas y 14 HAS + 7380.734 mts2 que
se encuentra en plan e informe técnico presentado por auxiliar administrativo de la
Secretaría de Planeación”, por lo que procedió a ordenar la restitución del inmueble
y el consecuente desalojo de los invasores.

1.1.4. Ante la ausencia de cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad de policía,
la señora Leydy Daniela Alzate De Oro interpuso acción de tutela en procura de
alcanzar la protección de sus derechos al debido proceso y a la propiedad privada
(rad. 680813333003202300280-00/01). El asunto correspondió en primera instancia
al Juzgado Tercero Administrativo de Barrancabermeja, el que a través de sentencia
del 18 de diciembre de 20238 resolvió tutelar los derechos fundamentales invocados
y ordenó al municipio de Sabana de Torres – Inspección de Policía de Sabana de
Torres ejecutar la medida correctiva de desalojo ordenada, para lo cual debería
atender los requerimientos realizados por la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación SU-016 de 2021, referente a la ayuda humanitaria y albergue a la

4 De acuerdo con la querella policiva corresponde al predio “Villa Luzelen”, de matrícula inmobiliaria 303- 37595

y cédula catastral 00-01-0005-0130-000.
5 Obra a folios 1-5, archivo EXPEDIENTE PARTE I_merged, enlace drive PRUEBAS Y ANEXOS -

EXPEDIENTE DIGITAL - Google Drive, certificado 2AC28C0FF3D19AA8 051A09638CFCEE92
F6F544977ED93C5E 284FF17F291D286C, índice 14, expediente de tutela digital.
6 Obra a folios 59-62, Ibidem.
7 Obra a folios 420-425, Ibidem.
8 Obra en el archivo 680813333003-2023-00280-00-SENTENCIA TUTELA DESALOJO - Sabana de Torres –

FINAL, carpeta FALLOS PROCESOS 2023-00280.zip, enlace drive PRUEBAS Y ANEXOS - EXPEDIENTE
DIGITAL - Google Drive, certificado 2AC28C0FF3D19AA8 051A09638CFCEE92 F6F544977ED93C5E
284FF17F291D286C, índice 14, expediente de tutela digital.

3

Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03367-00
Accionante: Carmen Rodríguez Figueroa
Accionado: Alcaldía Municipal de Sabana de Torres y otros

población de especial protección constitucional que se encuentra debidamente
identificada al interior del trámite policivo.

1.1.5. En segunda instancia en tutela, el Tribunal Administrativo de Santander, por
medio de sentencia del 15 de febrero de 20249, resolvió modificar la decisión de
primera instancia, en el sentido de suspender la orden de desalojo proferida en el
caso bajo examen, previo a adelantar las siguientes actuaciones: (i) actualizar la
caracterización de los ocupantes del predio Villa Luzelen y la de todos los hogares
ubicados en el predio que cuenten con personas desplazadas y, con base en los
resultados de dicha caracterización, seguir proveyendo o proveer la atención
humanitaria que corresponda; (ii) brindar un albergue temporal o ayuda económica
a las víctimas de desplazamiento forzado cuya calificación de carencias arroje
necesidades extremas o graves en materia de alojamiento, acorde con el alcance
definido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-016 de 2021; y (iii) tan pronto
se adopten las medidas de albergue temporal, adelantar las actuaciones de desalojo
de acuerdo con las garantías del debido proceso.

1.1.6. La Inspección de Policía de Sabana de Torres, el 28 de mayo de 2024 10, fijó
como fecha para la diligencia de desalojo el 12 de julio de 2024. Posteriormente, el
3 de julio de 202411, se dispuso suspender la diligencia de restitución programada
para el 12 de julio de 2024 hasta tanto se resuelva de fondo la acción de tutela de
radicado 680813333001202400091-00 por parte del Juzgado Primero
Administrativo de Barrancabermeja12.

1.2. Fundamentos de la acción de tutela

1.2.1. La accionante estima vulnerados sus derechos fundamentales, toda vez que
la querella que da inicio al procedimiento policivo no fue notificada en debida forma

9 Obra en el archivo 01.Sentencia20240219, Ibidem.
10 Obra a folios 716-717, archivo EXPEDIENTE PARTE I_merged, enlace drive PRUEBAS Y ANEXOS -
EXPEDIENTE DIGITAL - Google Drive, certificado 2AC28C0FF3D19AA8 051A09638CFCEE92
F6F544977ED93C5E 284FF17F291D286C, índice 14, expediente de tutela digital.
11 Obra a folio 884, Ibidem.
12 En el aplicativo Samai, bajo el radicado 680813333001202400091-00, obra acción de tutela interpuesta el 2

de julio de 2024 por Nidia Celina Céspedes Velazco en nombre propio y en representación de sus menores
hijos Nicol Dayana Rosas Céspedes, Jhon Alexis Rosas Céspedes, Shaira Alexandra Pedraza Céspedes, Caleb
Santiago Pedraza Céspedes y Jeiner Fabian Pedraza Céspedes en contra del municipio de Sabana de Torres,
la Inspección de Policía de Sabana de Torres, el Personero Municipal de Sabana de Torres, la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y la Comisaria de Familia de Sabana de Torres.

4

Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03367-00
Accionante: Carmen Rodríguez Figueroa
Accionado: Alcaldía Municipal de Sabana de Torres y otros

a los indeterminados y se omitió verificar el cumplimiento de la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander.

Precisó que la Alcaldía Municipal, la Inspección de Policía de Sabana de Torres y
la UARIV no han dispuesto una caracterización real, atención, acompañamiento y
ofrecimiento de soluciones a las víctimas que se encuentran ocupando un predio
que consideran baldío. Destacó que el 28 de mayo de 2024 la Inspectora de Policía
ordenó fijar como fecha para el desalojo el 12 de julio de 2024, sin notificar la
disposición de albergue o ayuda económica por tiempo determinado, tal como fue
ordenado en sede de tutela por el Tribunal Administrativo de Santander.

En cuanto al trámite policivo advirtió que no se realizó emplazamiento legal o en
debida forma, para que todos los ocupantes tuvieran la oportunidad de ejercer su
derecho de contradicción y defensa. En esencia advirtió que a pesar de que se
intentó hacer un emplazamiento físico en una valla, ese mismo día fue retirada, sin
que cumpliera los fines de notificación.

Además, adujo que la Inspección de Policía de Sabana de Torres alteró los linderos
de los predios respecto de los cuales ordenó la restitución y el consecuente desalojo
de los invasores.

1.3. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“1. Que se tutelen mis derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO Y
DERECHO DE CONTRADICCION Y DEFENSA, DERECHO A UNA VIDA
DIGNA Y DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA.

2. Consecuentemente se DECLARE LA NULIDAD del proceso policivo por
violación al debido proceso, hasta la etapa de notificación Y SE ME PERMITA
COMPARECER AL MISMO EN CALIDAD DE PERSONA CON INTERÉS
JURÍDICO, ocupante de una parte del predio SIN CEDULA CATASTRAL y que
fuera delimitado en las coordenadas del estudio topográfico realizado por el
municipio y que se anexan para su conocimiento, pues claramente es diferente
al predio usado en la querella y en la notificación como VILLA LUZELEN Y LAS
DELICIAS.

3. Ordénese a la ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA DE TORRES,
IDENTIFICAR PLENAMENTE EL PREDIO OBJETO DE DESALOJO, y
suspender cualquier diligencia de desalojo respecto de la suscrita y otras
victimas de desplazamiento forzado, sin que antes se nos permita defendernos

5

Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03367-00
Accionante: Carmen Rodríguez Figueroa
Accionado: Alcaldía Municipal de Sabana de Torres y otros

respecto del predio identificado con coordenadas y sin cedula catastral, que es
diferente al predio VILLA LUZELEN Y LAS DELICIAS.

4. Subsidiariamente, y En cualquier caso, ÓRDENESE a la ALCALDÍA
Municipal de Sabana de Torres, a la UARIV, y a la INSPECTORA DE POLICIA,
cumplir con todo el procedimiento de caracterización, con suficiente tiempo de
anticipación a la fecha de un eventual desalojo, para lo cual deberán entregar
las ayudas para arriendo con suficiente tiempo de antelación porque de lo
contrario no se cumpliría con los fines de la sentencia SU-016 de 2021.”13.

2. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

Mediante auto del 3 de julio de 202414 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a la Alcaldía Municipal de Sabana de Torres, a la Inspección de Policía de
Sabana de Torres y al Tribunal Administrativo de Santander en calidad de
demandados, así como a la señora Leidy Daniela Alzate De Oro en calidad de
tercero con interés.

2.1. Contestaciones

2.1.1. El Tribunal Contencioso Administrativo de Santander15 refirió que le
corresponde a la accionante presentar escrito ante el juez de primera instancia para
que se dé apertura al trámite incidental, en calidad de vinculada en el trámite de
tutela de radicado 680813333003202300280-01, a fin de determinar si
efectivamente las autoridades accionadas incumplieron lo ordenado en la sentencia
del 18 de diciembre de 2023, modificada mediante sentencia del 15 de febrero de
2024.

2.1.2. La Alcaldía municipal de Sabana de Torres16 señaló que viene cumpliendo
las órdenes impartidas por los jueces de tutela al interior del trámite identificado con
el radicado 680813333003202300280-00/01, por lo que la presente solicitud de
amparo no resulta procedente, dado que la actora no ha acudido a medio judicial
alguno para exigir el cumplimiento de los fallos respectivos o controvertirlos.
Adicionalmente expuso que el Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja

13 Folio 10, certificado B69805CC006675DB D5E092E94828B57A 257D58081F47DB0C 0E0EB51E6E93206C,

índice 2, expediente de tutela digital.
14 Obra en el certificado 456466DF0547CA2E DE92B8714515499D 6C6D147E8EDD63FA
D86BAFD6D116C7AA, índice 6, expediente de tutela digital.
15 Obra en el certificado 9374E8E7AF6D2BC5 166B221E763A7C4A 740629F3FFC5ABA1
F29568DD3E781880, índice 13, expediente de tutela digital.
16 Obra en el certificado BF82C9352E226741 26E98C34844AB300 97C0C1F43F0FA370
E2D36FEEF136F3FF, índice 14, expediente de tutela digital.

6

Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03367-00
Accionante: Carmen Rodríguez Figueroa
Accionado: Alcaldía Municipal de Sabana de Torres y otros

ordenó como medida cautelar suspender la diligencia de desalojo del 12 de julio de
2024, aspecto que fue atendido por la Inspección de Policía de ese municipio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la tutela actual.

2. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo resulta procedente. En caso afirmativo,
se determinará si las autoridades accionadas desconocieron los derechos
fundamentales invocados.

3. El cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

3.1. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política claramente expresa que la
acción de tutela resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud
de amparo procede de forma excepcional (i) cuando a pesar de existir otros
mecanismos, estos no son idóneos ni eficaces para la protección de los derechos
fundamentales o (ii) cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio
irremediable17. En el primero de los casos la orden de protección sería definitiva y,
en el segundo, transitoria.

En armonía con lo anterior, la Corte Constitucional ha sostenido que la acción de
tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas
jurídicos que deben solventarse al interior del trámite ordinario, salvo que se esté
ante la posible configuración de un perjuicio irremediable18. Además, en términos
de la jurisprudencia constitucional: “no es admisible la pretensión orientada a revivir

17 Corte Constitucional, sentencia T 230 de 2013.
18 Corte Constitucional, sentencias T-886 de 2001, T-212 de 2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, T-396 de

2014 y T-335 de 2018.

7

Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03367-00
Accionante: Carmen Rodríguez Figueroa
Accionado: Alcaldía Municipal de Sabana de Torres y otros

términos concluidos u oportunidades procesales vencidas por la negligencia o
inactividad injustificada del actor”19.

3.2. En el presente asunto, la actora plantea dos aspectos a partir de los cuales
entiende vulnerados sus derechos fundamentales, así: (i) el trámite de querella
policial que dio origen al presente conflicto presenta diversas irregularidades, esto
es, no se notificó a todos los ocupantes y se adoptó una decisión de restitución sin
establecer los linderos del predio ocupado por la accionante y otros desplazados;
además (ii) se omitió verificar el cumplimiento de la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander en el marco de la acción de tutela identificada
con el radicado 680813333003202300280-00/01.

3.3. Para esta Subsección la solicitud de amparo no supera el requisito de
subsidiariedad, en la medida que: (i) no se demostró que la notificación del proceso
policivo fuera inadecuada y, además, la actora tuvo la oportunidad de elevar las
inconformidades propuestas ante la inspección de policía de Sabana de Torres; y
(ii) la accionante, en calidad de vinculada al trámite de tutela identificado con el
radicado 680813333003202300280-00/01, puede acudir a las figuras de solicitud de
cumplimiento o incidente de desacato en procura de alcanzar las garantías
reconocidas por los jueces de tutela en el referido asunto. A continuación, se
desarrollan los aspectos planteados.

3.4. No se demostró que la notificación del proceso policivo fuera inadecuada y,
además, la actora tuvo la oportunidad de elevar las inconformidades propuestas
ante la inspección de policía de Sabana de Torres

A pesar de que la actora alega que se intentó hacer un emplazamiento físico en una
valla sin que cumpliera los fines de notificación, de la revisión del expediente
radicado No. 007-2023 se advierte que la Inspección de Policía de Sabana de
Torres fijó aviso en orden a notificar a personas indeterminadas y a la comunidad
en general de las querellas policivas por perturbación a la posesión objeto de
controversia20. Con ocasión de esa notificación, un grupo de ciudadanos (alrededor
de 180 personas) elevó solicitud de suspensión de desalojo del asentamiento

19 Corte Constitucional, sentencias T-032 de 2011, T-237 de 2018 y T-021 de 2022.
20Obra a folios 73-77, archivo EXPEDIENTE PARTE I_merged, enlace drive PRUEBAS Y ANEXOS -
EXPEDIENTE DIGITAL - Google Drive, certificado 2AC28C0FF3D19AA8 051A09638CFCEE92
F6F544977ED93C5E 284FF17F291D286C, índice 14, expediente de tutela digital.

8

Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03367-00
Accionante: Carmen Rodríguez Figueroa
Accionado: Alcaldía Municipal de Sabana de Torres y otros

humano hasta tanto se estableciera la propiedad del bien respecto del cual se
alegaba restitución21.

En este contexto, esta Subsección advierte que la notificación a la comunidad y
personas afectadas cumplió su objetivo, en cambio, la accionante no logró
demostrar por qué afirma que no fue vinculada y no pudo conocer del trámite policivo
objeto de amparo. En tal medida, las supuestas irregularidades debieron ser
advertidas al interior del referido proceso a efectos de que el juez natural adoptara
las decisiones que sobre el particular correspondiera, incluso poner en conocimiento
de la autoridad policiva sobre la eventual irregularidad de la notificación a la
comunidad, máxime cuando la acción de tutela no puede emplearse para reabrir
una oportunidad procesal precluida porque no se interpusieron los recursos del
caso.

En este punto, cabe advertir que no se presenta un perjuicio irremediable, en la
medida que en el marco del proceso de tutela identificado con el radicado
680813333003202300280-00/01 los jueces de instancia dispusieron que, previo a
llevar a cabo el desalojo de las personas consideradas invasoras en los predios
objeto de controversia, se debían adelantar las siguientes actuaciones: (i) actualizar
la caracterización de los ocupantes del predio Villa Luzelen y la caracterización de
todos los hogares ubicados en el predio que cuenten con personas desplazadas y,
con base en los resultados de dicha caracterización, seguir proveyendo o proveer
la atención humanitaria que corresponda; (ii) brindar un albergue temporal o ayuda
económica a las víctimas de desplazamiento forzado cuya calificación de carencias
arroje necesidades extremas o graves en materia de alojamiento, acorde con el
alcance definido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-016 de 2021; y (iii)
tan pronto se adopten las medidas de albergue temporal, adelantar las actuaciones
de desalojo de acuerdo con las garantías del debido proceso.

En suma, a pesar de que la accionante es un sujeto de especial protección
constitucional dada su condición de desplazada por la violencia, los jueces de
instancia en el marco de la tutela 680813333003202300280-00/01 se ocuparon de
brindar las garantías necesarias para salvaguardar sus derechos fundamentales,
con lo cual se descarta la configuración de un perjuicio irremediable que haga
procedente la solicitud de amparo de manera transitoria.

21 Obra a folios 79-86, Ibidem.

9

Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03367-00
Accionante: Carmen Rodríguez Figueroa
Accionado: Alcaldía Municipal de Sabana de Torres y otros

3.5. La accionante puede acudir a las figuras de cumplimiento o incidente de
desacato en procura de alcanzar las garantías reconocidas en el trámite de tutela
identificado con el radicado 680813333003202300280-00/01

La jurisprudencia constitucional22 sostiene que el cumplimiento de las decisiones
judiciales es un elemento constitutivo del derecho de acceso a la administración de
justicia23, cuya materialización comprende (i) la posibilidad que tienen los
ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, (ii) que
aquel sea resuelto y (iii) se acate de manera efectiva lo ordenado por las autoridades
judiciales, si hay lugar a ello.

Así, ante la falta de materialización de una orden de tutela , existen dos
procedimientos judiciales específicos, idóneos y efectivos para hacer cesar la
vulneración de los derechos fundamentales y exigir el efectivo acatamiento de las
órdenes proferidas por el juez de tutela, a saber: (i) el trámite de cumplimiento y (ii)
el incidente de desacato.

Teniendo en cuenta que la actora fue vinculada24 al trámite de tutela identificado
con el radicado 680813333003202300280-00/01 e incluso presentó escrito de
intervención25, estaría facultada para acudir ante el juez de primera instancia 26 a
efectos de exigir el cumplimiento del fallo o que se adelante incidente de desacato
contra las autoridades obligadas a cumplir la orden de tutela, con lo cual, la acción
tuitiva actual no resulta procedente, de cara a la necesidad de preservar el reparto
de competencias atribuidas a las autoridades judiciales por la Constitución y la ley,
con fundamento en los principios de autonomía e independencia judicial.

4. En consecuencia, el presupuesto de subsidiariedad, como se expuso, no se
encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.

22 Ver Corte Constitucional, sentencias T-897 de 2008 y T-013 de 2022.
23 Artículo 229 de la Constitución Política.
24 Obra en el archivo 014AutoVinculación20231212, link expediente digital, certificado 561365AC651EC532

B12F30A4D14D09B8 13B8A5CC0E2B7F53 5F948F1FACEB7D17, índice 3, expediente de tutela digital
68081333300320230028001.
25 Obra en el archivo 021CarmenRodriguez20231218, Ibidem.
26 En atención a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional

estableció que por regla general el competente para conocer del trámite de cumplimiento y del incidente de
desacato es el juez de primera instancia. Corte Constitucional, Auto 032 de 2011.

10

Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03367-00
Accionante: Carmen Rodríguez Figueroa
Accionado: Alcaldía Municipal de Sabana de Torres y otros

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por la
señora Carmen Rodríguez Figueroa de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.