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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03384-00

Improcedente el amparo: no cumple con el requisito general de

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03384-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03384-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

25 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03384-00
Accionante: LUIS GUILLERMO NAMEN RODRÍGUEZ
Accionados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA
IMPROCEDENTE EL AMPARO – No cumple con el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Luis Guillermo Namen
Rodríguez contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Luis Guillermo Namen Rodríguez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo y al mínimo vital, cuya vulneración le
atribuyó a las sentencias de 31 de agosto de 2022 y 8 de mayo de 2024,
proferidas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, respectivamente, dentro del proceso
disciplinario identificado con el número único de radicación 11001-11-02-000-
2020-00088-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03384-00
Accionante: Luis Guillermo Namen Rodríguez

2.1. Relató que el 4 de marzo de 2020 se dio apertura a la investigación formal
disciplinaria en su contra, por la compulsa de copia remitida por el Juzgado Doce
Civil Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá.

2.2. Refirió que la investigación pretendía determinar la comisión de la falta señalada
en el artículo 39 de la Ley 1123 de 22 de enero de 20071, en concordancia con el
numeral 4° del artículo 29 ibidem toda vez que “[…] el abogado LUIS GUILLERMO
NAMEN RODRÍGUEZ, a pesar de estar suspendido en el ejercicio de la profesión
en el periodo comprendido entre el 28 de junio de 2019 al 27 de octubre de 2019, a
partir del 11 de julio de 2019 ejerció como apoderado de la parte demandada dentro
del proceso ejecutivo No. 2018-00684, no obstante, no renunció ni sustituyó el
mandato que le había sido otorgado […]”.

2.3. Manifestó que, mediante sentencia de 31 de agosto de 2022, la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá lo sancionó con suspensión en el
ejercicio de la profesión por el término de 2 años y multa de 3 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.

2.4. Adujo que la decisión anterior fue objeto de recurso de apelación y mediante
sentencia de 8 de mayo 2024, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó
el fallo de primera instancia, al señalar que “[…] para esta Comisión no es de recibo
el argumento del apelante, toda vez que fue debidamente notificado de la sanción, y
una vez enterado de la misma, no renunció ni sustituyó el poder que la había sido
otorgado por la parte demandada dentro del proceso ejecutivo singular No. 2018-
0684, siendo consciente que no podía ejercer la abogacía por encontrarse
suspendido en el ejercicio de la profesión desde el 28 de junio de 2019, con lo cual
vulneró lo dispuesto en el régimen de incompatibilidades, por lo tanto, no se puede
encontrar justificación alguna en su proceder […]”.

2.5. Expuso que las sentencias antes referidas vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo y al mínimo vital, toda vez que en ellas
no se tuvo en cuenta que:

“[…] Señalé que no soy disciplinariamente responsable, porque de acuerdo con
el proceso disciplinario No. 2016-3025, en el cual fui sancionado con
suspensión en el ejercicio de la profesión por el termino [sic] de cuatro (4)
meses, fui notificado por estado el 11 de Julio del año 2019, por lo que la
notificación quedaba debidamente ejecutoriada y en firme el 17 de Julio del año
2019, y la fecha de la comisión de la presunta falta disciplinaria data el 11 de
Julio del año 2019, por lo que conforme a lo manifestado por la honorable Corte
Constitucional en sentencia C-029/2001, las notificaciones permiten poner en
conocimiento a las partes las decisiones proferidas dentro del trámite del
proceso disciplinario, lo que garantiza que se respete el debido proceso en
actuaciones disciplinarias de carácter sancionatorio. adicional [sic] a ello, la
jurisprudencia manifestó que la notificación personal es el mecanismo idóneo y

1
“Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03384-00
Accionante: Luis Guillermo Namen Rodríguez

efectivo para la notificación de las actuaciones frente a un proceso de
naturaleza de Derecho Disciplinario. - manifesté que, en la copia de la planilla
de envíos de la empresa 472 respecto de los oficios 1041-20163025 y 1041-
20163025 del 11 de Julio de 2019, se puede evidenciar que fueron remitidos el
13 de Julio del año 2019 y debidamente entregados el 15 de julio del 2019, lo
que significa que fui notificado de dicha sanción disciplinaria tiempo después de
haber contestado la demanda ante el Juzgado 12 Civil de Pequeñas Causas y
Competencias Múltiple de Bogotá dentro del proceso ejecutivo.

[…]

Por último y no menos importante, en virtud del numeral 6 del artículo 22 de la
Ley 1123 del año 2007, el suscrito obró con la convicción errada e invencible
que la conducta no constituía falta disciplinaria, por ende, no existía
responsabilidad disciplinaria.

[…]

Por consiguiente, la autoridad disciplinaria al parecer tiene una convicción que
obré de mala fe cuando al revisar la jurisprudencia y el material probatorio se
puede evidenciad que es todo lo contrario, yo he obrado de buena fe, y
recordemos que la buena fe se presume a la luz del Artículo 83 de la Carta
Política colombiana […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1º. Sea admitida la presente Acción de Tutela de naturaleza de Derecho
Constitucional.
2º. Se realice una profunda valoración probatoria
3º. Se me tutele el Derecho al DEBIDO PROCESO POR INDEBIDA
VALORACIÓN PROBATORIA Y EL DERECHO AL TRABAJO, AL MINIMO
[sic] VITAL Y SE RESPETE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL COMO PRECEDENTE
4º. Se elimine la sanción disciplinaria proferida en mi contra por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 10 de julio de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela.

V. INTERVENCIONES

5. Unavez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas, estas
guardaron silencio.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03384-00
Accionante: Luis Guillermo Namen Rodríguez

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20195.

VI.2. Problemas jurídicos

7. Previamente a la definición de los problemas jurídicos a resolver, se debe
precisar que el extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos
fundamentales a las sentencias de 31 de agosto de 2022 y 8 de mayo 2024,
proferidas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, respectivamente. Sin embargo, la Sala
solo analizará si la providencia de 8 de mayo de 2024, proferida por la Comisión
Nacional, vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante porque esta
decisión fue la que finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa juzgada.

8. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

9. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03384-00
Accionante: Luis Guillermo Namen Rodríguez

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

10. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20126, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

11. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.

13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución8.

14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
7
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
8
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03384-00
Accionante: Luis Guillermo Namen Rodríguez

providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”9 que encaje en
dichos parámetros.

15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

16. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

17. El señor Luis Guillermo Namen Rodríguez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo y al mínimo vital, cuya vulneración le
atribuyó a las sentencias de 31 de agosto de 2022 y 8 de mayo de 2024,
proferidas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, respectivamente, dentro del proceso
disciplinario identificado con el número único de radicación 11001-11-02-000-
2020-00088-00/01.

18. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en especial, el requisito de relevancia constitucional.

VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

19. En cuanto al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental10 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones11.

9
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
10
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
11
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

7

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03384-00
Accionante: Luis Guillermo Namen Rodríguez

20. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales12, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces13.

21. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación14, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada
por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional […]". [Negrilla fuera del texto].

22. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202215 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los
deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando
la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte,
se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

[…]

12
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
13
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
14
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
15
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03384-00
Accionante: Luis Guillermo Namen Rodríguez

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional
del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está
dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la
discusión definida ante los jueces ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y
explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los
derechos fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera
del texto].

23. Valgadestacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de
202316.

16
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03384-00
Accionante: Luis Guillermo Namen Rodríguez

24. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la
mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales17.

25. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que, en el caso objeto de
estudio la parte actora alega que se vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso, al trabajo y al mínimo vital con ocasión de la sentencia de 8 de
mayo de 2024 en razón a que en ella no se tuvo en cuenta que:

“[…] Señalé que no soy disciplinariamente responsable, porque de acuerdo con
el proceso disciplinario No. 2016-3025, en el cual fui sancionado con
suspensión en el ejercicio de la profesión por el termino [sic] de cuatro (4)
meses, fui notificado por estado el 11 de Julio del año 2019, por lo que la
notificación quedaba debidamente ejecutoriada y en firme el 17 de Julio del año
2019, y la fecha de la comisión de la presunta falta disciplinaria data el 11 de
Julio del año 2019, por lo que conforme a lo manifestado por la honorable Corte
Constitucional en sentencia C-029/2001, las notificaciones permiten poner en
conocimiento a las partes las decisiones proferidas dentro del trámite del
proceso disciplinario, lo que garantiza que se respete el debido proceso en
actuaciones disciplinarias de carácter sancionatorio. adicional [sic] a ello, la
jurisprudencia manifestó que la notificación personal es el mecanismo idóneo y
efectivo para la notificación de las actuaciones frente a un proceso de
naturaleza de Derecho Disciplinario. - manifesté que, en la copia de la planilla
de envíos de la empresa 472 respecto de los oficios 1041-20163025 y 1041-
20163025 del 11 de Julio de 2019, se puede evidenciar que fueron remitidos el
13 de Julio del año 2019 y debidamente entregados el 15 de julio del 2019, lo
que significa que fui notificado de dicha sanción disciplinaria tiempo después de
haber contestado la demanda ante el Juzgado 12 Civil de Pequeñas Causas y
Competencias Múltiple de Bogotá dentro del proceso ejecutivo.

[…]

Por último y no menos importante, en virtud del numeral 6 del artículo 22 de la
Ley 1123 del año 2007, el suscrito obró con la convicción errada e invencible
que la conducta no constituía falta disciplinaria, por ende, no existía
responsabilidad disciplinaria.

[…]

Por consiguiente, la autoridad disciplinaria al parecer tiene una convicción que
obré de mala fe cuando al revisar la jurisprudencia y el material probatorio se
puede evidenciad que es todo lo contrario, yo he obrado de buena fe, y
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03384-00
Accionante: Luis Guillermo Namen Rodríguez

recordemos que la buena fe se presume a la luz del Artículo 83 de la Carta
Política colombiana […]”.

26. Precisado el argumento que sustenta la presente acción de amparo, la Sala
estima que no se cumple con el requisito general de relevancia constitucional
porque el escrito de tutela carece de la carga mínima argumentativa. En efecto, se
destaca que, aunque se infiere que el accionante considera que hubo un
desconocimiento del precedente y un defecto fáctico, lo cierto es que no hizo un
desarrollo argumentativo tendiente a demostrar la configuración de las causales
específicas de procedibilidad.

27. En relación con el desconocimiento del precedente esta Sección ha sostenido
que quien lo alegue tiene la carga de identificar: “[…] (i) la providencia
desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la ratio
decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables al caso a
resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos deben ser análogos o
similares […]”18.

28. Asimismo, cuando se alega la configuración del defecto fáctico como causal
especifica de procedibilidad es deber de la parte actora, a efectos de superar la
carga mínima argumentativa, cumplir con los siguientes requerimientos: i)
identificar las pruebas que fueron dejadas de valorar o indebidamente valoradas
por la autoridad judicial, ii) explicar e identificar las reglas de la lógica, de la
experiencia y de la sana crítica que fueron omitidas por el juez; iii) exponer por
qué la omisión de la autoridad judicial fue determinante en decisión adoptada, y
iv) indicar las razones por las que la omisión de la autoridad judicial constituye
una actuación grosera, arbitraria e irrazonable19.

29. En este punto, resulta necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada no conduce a que el juez de
tutela pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta autoridad no actúa como
instancia adicional o de revisión del proceso.

30. La falencia argumentativa advertida no puede ser subsanada por el juez de
tutela, dado que la presente acción constitucional se dirige contra una providencia
judicial que ha hecho tránsito a cosa juzgada; por lo cual es exigible el
cumplimiento de una carga mínima argumentativa que habilite un examen de
fondo del caso. En armonía con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia
SU-215 de 2022 señaló lo siguiente:

18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. núm. 11001-03-15-000-2021-06983-
00(AC), C.P. Hernando Sánchez Sánchez; 29 de noviembre de 2021.
19
Al respecto, ver sentencia de 28 de febrero de 2020, proferida por esta Sala de Decisión dentro de la acción de tutela
promovida por la sociedad SOLLA S.A. en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con radicado número
11001-03-15-000-2020-00342-00.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03384-00
Accionante: Luis Guillermo Namen Rodríguez

"[…] [D]ado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”20. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, además de
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia […]". [Negrilla fuera del texto].

31. Es así como se advierte que el presente asunto no gira entorno al alcance de
algún derecho fundamental, porque si bien es cierto la parte accionante alega la
vulneración de sus derechos fundamentales invocados, la realidad es que lo
pretendido es que el juez de tutela efectúe un análisis de la controversia sometida
a consideración del juez natural, con el propósito de que se revoque la decisión
judicial por el simple hecho de que no la comparte o su resultado es desfavorable
a sus intereses.

32. En ese orden de ideas y, siguiendo el precedente precisado por la Corte en la
citada sentencia, esta Sección considera que la controversia planteada en esta
ocasión carece de relevancia constitucional porque el señor Namen Rodríguez no
satisfizo la carga mínima argumentativa en el caso objeto de estudio y
adicionalmente la discusión expuesta por el accionante no gira en torno al
alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental, sino frente a la
mera inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del asunto.

33. Adicionalmente, es importante señalar que la relevancia constitucional es un
presupuesto indispensable para que el juez de tutela pueda estudiar el fondo del
asunto, ya que el mecanismo de amparo contra providencias judiciales no busca
proporcionar a los sujetos procesales de un juicio proceso una tercera instancia,
sino un mecanismo de protección y garantía de sus derechos fundamentales,
eventualmente lesionados por un pronunciamiento judicial. De aquí que su
procedencia sea excepcional21, toda vez que lo contrario atentaría contra la
autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el principio de cosa
juzgada22.

34. Así las cosas, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela por
carecer de relevancia constitucional, como se dispondrá en la parte resolutiva de
esta decisión.

20
Sentencia SU-074 de 2022.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre de 2016,
radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala).
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre de 2016,
radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P. Dr. Guillermo Vargas
Ayala).

12

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03384-00
Accionante: Luis Guillermo Namen Rodríguez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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