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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03386-01

Fecha
10 de octubre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03386-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03386-01 ACTOR: RICARDO MIGUEL ARGOTY HERNÁNDEZ TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-03386-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

10 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03386-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: RICARDO MIGUEL ARGOTY HERNÁNDEZ

TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE EL AMPARO POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO
GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. LA ACCIÓN DE TUTELA NO RESULTA
PROCEDENTE PARA SOLICITAR ACREENCIAS LABORALES QUE NO AFECTAN
EL MÍNIMO VITAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL TRABAJO EN CONDICIONES
DIGNAS, A LA NO DISCRIMINACIÓN, A LA IGUALDAD Y AL
SALARIO EQUITATIVO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 9 de agosto de 2024, mediante la cual la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

declaró improcedente la solicitud de amparo.

1
En adelante la SECCIÓN TERCERA.

2

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ACTOR: RICARDO MIGUEL ARGOTY HERNÁNDEZ

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor RICARDO MIGUEL ARGOTY HERNÁNDEZ, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la no

discriminación, a la igualdad y al salario equitativo, los cuales, a su

juicio, les fueron vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA con ocasión de la falta de homologación del cargo de

”profesional especializado, grado 23 del Tribunal Superior” al de

“profesional especializado, grado 33”.

I.2.- Hechos

Indicó que se encuentra vinculado a la Rama Judicial y desde el 6

de marzo de 2017 labora en el cargo de abogado asesor grado 23,

el cual fue homologado al de profesional especializado grado 23, en

la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín.

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Adujo que, en sentencia de unificación de 2 de noviembre de 2023,

la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso

identificado con el número único de radicación 8001-23-33-000-

2018-00529-01 (3071-2019) resolvió inaplicar la denominación del

«grado 23» por considerarlo inconstitucional e ilegal, tal como se

observa a continuación:

“[…] PRIMERO. - UNIFICAR la jurisprudencia en el sentido de
señalar que “El Consejo Superior de la Judicatura carece de
competencia para asignar a los cargos nominados 95, grados,
códigos y remuneración diferentes a los previstos en el Decreto
57 de 1993 y demás decretos anuales expedidos por el Gobierno
Nacional en los que se regule el régimen salarial y prestacional de
los empleados de la rama judicial. Esta potestad corresponde al
presidente de la República en desarrollo de las facultades
previstas en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, la remuneración
del cargo de “abogado asesor” grado 23 de los Tribunales
Administrativos, es la fijada para el «abogado asesor» en los
decretos anuales expedidos por el gobierno nacional sobre la
materia”.

SEGUNDO. - ADVERTIR a la comunidad en general que las
consideraciones expuestas en esta providencia en relación con el
tema objeto de unificación constituye precedente vinculante en
los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos
los casos en discusión, tanto en vía administrativa como judicial,
toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación
son retrospectivos. Los casos en los que haya operado la cosa
juzgada serán inmodificables […]”.

Refirió que el Consejo Superior de la Judicatura, acogiendo el fallo

mencionado, mediante Acuerdo PCSJA23-12124 de 19 de diciembre

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de 2023, creó el cargo de profesional especializado grado 33 en

tribunales superiores de distrito judicial.

Manifestó que, por lo anterior, presentó petición ante el Consejo

Superior de la Judicatura en el cual solicitó que: i) se expidiera

acuerdo en el que se nivele u homologara el cargo de profesional

especializado grado 23 al de profesional especializado grado 33,

con efectos retroactivos desde la creación de este último cargo; ii)

se informara la asignación salarial establecida en el año 2024 para

los cargos mencionados; y, iii) se informara las razones por las

cuales se decidió crear mediante los Acuerdos PCSJA23-12124,

PCSJA23-12125, PCSJA23-12126 de 2023 y PCSJA24-12140 de

2024, el cargo de profesional especializado grado 33 en los

despachos de tribunales judiciales y comisiones seccionales de

disciplina judicial y no se creó, en su lugar, el de profesional

especializado grado 23.

Relató que el 26 de junio de 2024 la Unidad de Desarrollo

Estadístico – UDAE dio respuesta a la petición, en la cual informó

que con el propósito de dar cumplimiento a la sentencia de

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unificación de 2 de noviembre de 2023, el Consejo Superior de la

Judicatura en uso de sus facultades legales y constitucionales

dispuso la creación gradual del cargo de profesional especializado

grado 33 en los despachos de magistrado de los tribunales

superiores y administrativos, y las comisiones seccionales de

disciplina judicial; además, que procedía a remitir la petición a la

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para dar respuesta a

lo referente a la asignación salarial.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, desde la creación y posesión de las

personas en el cargo de profesional especializado grado 33, se ha

presentado discriminación salarial, de tal forma que la disposición

de recursos no puede servir de fundamento para ello.

Sostuvo que la conducta negativa del Consejo Superior de la

Judicatura constituye una amenaza y vulneración flagrantes a sus

derechos fundamentales, pues los cargos mencionados deben ser

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homologados al de mayor categoría, de conformidad con lo

expuesto en la sentencia de unificación de 2 de noviembre de 2023.

Añadió que el reclamo efectuado a través de la acción de tutela no

puede suplirse por algún otro medio de control de que trata el

CPACA, por lo que la solicitud de amparo constituye el único

mecanismo jurídico para cesar la discriminación salarial existente.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“… 2. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura, expedir el
Acuerdo que nivele y/o homologue el cargo de Profesional
Especializado Grado 23 al de Profesional Especializado Grado 33,
con efectos retroactivos desde la creación de este último cargo
(Acuerdo No. PCSJA23-12124 del 19 de diciembre de 2023).

3. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura, a reconocer y
pagar la asignación básica y bonificación, así como las demás
prestaciones que se deriven, en el cargo de Profesional
Especializado Grado 33, a partir de la fecha en que se expidió el
Acuerdo No. PCSJA23-12124 del 19 de diciembre de 2023.

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4. OTORGAR a su sentencia efecto inter comunis e inter partes,
con el fin de materializar el principio de igualdad en fallos
subsiguientes, propios o en casos semejantes …”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS

ESTADÍSTICO – UDAE DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA afirmó que la sentencia de unificación de 2 de

noviembre de 2023 no ordenó al Consejo Superior de la Judicatura

la homologación del cargo de abogado asesor grado 23 al de

profesional especializado grado 33, sino la inaplicación de la

denominación grado 23, por razones de inconstitucionalidad e

ilegalidad, por lo que la interpretación del alcance de la mencionada

sentencia por parte del accionante resulta errónea.

Igualmente, sostuvo que no se dan los presupuestos para la

homologación solicitada, pues ambos cargos ostentan diferentes

requisitos, de tal forma que no es posible acceder a la pretensión

de amparo.

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Expuso que la solicitud de tutela de la referencia es improcedente,

pues los mecanismos ordinarios de defensa judicial ante las

jurisdicciones laboral y de lo contencioso administrativo, son

idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos

fundamentales de los interesados.

Así las cosas, solicitó declarar improcedente el amparo deprecado

por falta del requisito de subsidiariedad, máxime cuando no se

acredita la existencia de un perjuicio irremediable en el asunto.

En escrito allegado posteriormente, puso de presente que a través

del Acuerdo PCSJA24-12195 de 15 de julio de 2024 “Por medio del

cual se dispone la supresión y creación de unos cargos en la

Comisión Nacional de Disciplina Judicial, los tribunales superiores y

administrativos, las comisiones seccionales de disciplina judicial a

nivel nacional y se adoptan otras disposiciones”, con el fin de

optimizar los recursos disponibles y mejorar el acceso a la

administración de justicia, consideró necesario ajustar la planta de

personal, entre otros, de los tribunales superiores de distrito

judicial, acogiéndose a las recomendaciones y órdenes emitidas por

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el Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 2 de

noviembre de 2023.

I.5.2.- Los señores ISABEL CRISTINA HINCAPIÉ CADAVID,

SEBASTIÁN ARIAS GÓMEZ, JULIETH PORRAS GONZÁLEZ,

MÓNICA VALENCIA RODRÍGUEZ, CRISTHIAN FABIAN

FRANCO GÓMEZ, DIEGO ALEJANDRO HENAO OTÁLVARO,

ELVIS FERNANDO CASTILLO BARRANTES, LILIANA PATRICIA

MELO ZAMBRANO, CARLOS ANDRÉS OCAMPO ARCILA, LADY

JOHANNA ROZO FAJARDO, CAROLINA MONTOYA ORTIZ,

JORGE ALBERTO POSADA MELGUIZO, NAZLY TATIANA

VÁSQUEZ GÓMEZ, LEIDY TATIANA CORREDOR ALFONSO,

ADRIANA CAROLINA DUQUE HERNÁNDEZ, LUIS ALFONSO

AGUIRRE CERQUERA, JUAN ESTEBAN PATIÑO CIRO, LINA

MARCELA MONSALVE SÁNCHEZ, SANTIAGO DURANGO

FLÓREZ, PAOLA GAVIRIA SÁNCHEZ, ADRIANA MARÍA

CASTAÑEDA BARCO, MARIBEL DIAZ RÍOS, FRANCY TATIANA

RODRÍGUEZ GARZÓN, IVÁN DAVID PÉREZ BELTRÁN,

WILLINGTON PÉREZ ÚSUGA, MARÍA PAULA URREGO

BARRAGÁN, SANTIAGO ALONSO LONDOÑO RESTREPO,

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LAURA MONSALVE GÓMEZ, JULIETH LILIANA ALARCÓN

RAVELO, YULI ANDREA CARRILLO CASTILLO, DAVID

EMIGDIO CONTRERAS AVENDAÑO, SANTIAGO HERNÁNDEZ

ABAUNZA, FRANCISCO JAVIER CASTRILLÓN PUERTA,

ÁNGELA PATRICIA BOLAÑOS REVELO, MARÍA ÁNGELA

DUQUE MONTES, YHONY FELIPE QUIROZ MANCO, MATHEO

ZULETA SUÁREZ, SANTIAGO GRISALES SÁNCHEZ, RAÚL

FERNANDO ROMY QUIJANO, EDGAR FERNANDO CHÁVEZ

GARZÓN, SANDRA PATRICIA BELTRÁN GONZÁLEZ, MARY LUZ

ZAPATA ZEA, GEOVANA ANDREA VALLEJO JIMÉNEZ, SERGIO

ANDRÉS OLIVO MONTES, MARÍA TERESA OSPINA

VALDERRAMA, NATHALIE MONTEALEGRE CASTAÑEDA,

JONATHAN ANDRÉS FERNÁNDEZ BASABE, DEYSSI AZUCENA

RODRÍGUEZ CUERVO, SERGIO ADRIÁN AGUDELO VÉLEZ,

IVÁN SAMIR LEMUS DELGADO y CAROLINA RIVAS ORTIZ

allegaron memoriales en los cuales manifestaron que intervenían

con el fin de coadyuvar a la presente solicitud de amparo, por

encontrarse en igualdad de condiciones a las del actor.

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Así las cosas, solicitaron acceder a las pretensiones de la acción de

tutela de la referencia.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 9 de agosto de

2024, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar

que, de una parte, se configuró la carencia actual de objeto por

hecho superado y, de otra, no se cumplía con el requisito de la

subsidiariedad; sumado a ello, reconoció como coadyuvantes de la

parte tutelante a los mencionados en el acápite anterior, al

considerar que tienen interés legítimo para actuar en tal condición

en el presente trámite al encontrarse en la misma situación del

actor.

En efecto, en cuanto a la primera pretensión, esto es, que se

ordene al Consejo Superior de la Judicatura expedir un acuerdo en

el que nivele u homologue el cargo de profesional especializado

grado 23 al de profesional especializado grado 33, concluyó que se

configuró una carencia actual de objeto superado, toda vez que la

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accionada expidió el Acuerdo PCSJA24-12195 de 15 de julio de

2024 en el que suprimió el cargo de profesional especializado grado

23 de los tribunales del país y, en su lugar, creó los cargos de

profesional especializado grado 33, a partir del 1o. de agosto de

2024, lo que satisfizo por completo dicha pretensión.

Ahora, frente a la pretensión relacionada con que se ordene al

Consejo Superior de la Judicatura pagar a los profesionales

especializados grado 23 los conceptos de sueldo básico, bonificación

judicial y demás prestaciones, correspondiente al cargo de

profesional especializado grado 33, con efecto retroactivos a la

fecha en que este último cargo fue creado con el Acuerdo PCSJA23-

12124 de 2023, afirmó que no se cumplía con el requisito de la

subsidiariedad, en la medida en que para el reconocimiento de

conceptos laborales, era necesario que la persona interesada,

primero, los reclame ante la administración y agote los recursos

procedentes y, en el evento de una decisión desfavorable, acuda a

la administración de justicia a demandar la nulidad de la decisión y

el restablecimiento de sus derechos.

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Finalmente, resaltó que el actor no expuso alguna situación que le

causara un perjuicio irremediable, máxime cuando se encontraba

vinculado laboralmente y percibía una remuneración mensual.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN

TERCERA, en los siguientes términos:

Indicó que, si bien es cierto el Consejo Superior de la Judicatura al

expedir el Acuerdo PCSJA24-12195 de 15 de julio de 2014 dio

cumplimiento parcial a la primera pretensión, la vulneración de los

derechos fundamentales persiste, ya que el hito inicial de la

discriminación salarial surge cuando fue expedido el Acuerdo

PCSJA23-12124 de 19 de diciembre de 2023, comoquiera que

desde tal momento se debió homologar el cargo de profesional

especializado grado 23 al de profesional especializado grado 33, lo

cual solo se dispuso a partir del 1o. de agosto de 2024.

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Así las cosas, adujo que no existe justificación para que 114 cargos

de profesional universitario grado 33 devenguen una remuneración

superior desde enero de 2024, mientras que los restantes 663

cargos, en los que se encuentra incluido, tan solo lo estén

percibiendo desde el 1o. de agosto de 2024, por lo que el Consejo

Superior de la Judicatura debe reconocer y pagar el retroactivo

correspondiente.

Destacó que pese a presentarse la carencia actual de objeto por

hecho superado a partir del 1o. de agosto de 2024, la vulneración

del derecho a la igualdad sigue latente, pues de enero a julio de

2024 se presentó discriminación salarial, debiendo reconocerse la

diferencia salarial para dichas fechas.

Asimismo, en cuanto al requisito de la subsidiariedad, advirtió que

se pasó por alto la sentencia SU-547 de 1997, por medio de la cual

la Corte Constitucional dispuso que dicho presupuesto debía

encontrarse superado, dando aplicación al principio de igualdad y

discriminación salarial por vía de tutela; además, los Acuerdos

PCSA23-12124 y PCSJA-12195 están motivados en dar

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cumplimiento a la sentencia de unificación de 2 de noviembre de

2023, por lo que no se requiere de ningún análisis de tipo legal,

reglamentario o convencional que amerite acudir a la jurisdicción

contencioso administrativo.

Aseveró que exigir que las pretensiones de la acción de tutela se

tramiten a través del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho resulta desproporcionado, pues lo que

acontece es la omisión del Consejo Superior de la Judicatura en

homologar los cargos con efectos fiscales a partir de enero de

2024, sin justificación alguna.

Adujo que la acción de tutela constituye el único mecanismo

jurídico para pedir la protección efectiva del derecho a la igualdad

salarial, toda vez que desde la expedición del Acuerdo PCSJA23-

12124 de 19 de diciembre de 2023 se le discriminó salarialmente,

pues creó el cargo de profesional especializado grado 33 y dejó de

hacerlo frente a quienes venían ejerciendo el cargo de profesional

grado 23.

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Así las cosas, destacó que se deben tener en cuenta los

pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional para que se

de por superado el requisito de la subsidiariedad, especialmente, la

sentencia T-097 de 2006 y, en consecuencia, se acceda a las

pretensiones de amparo.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de

2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

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La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los

derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier

autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo

42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 2. Dicha

acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo

procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras

a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

El actor instauró la acción de tutela con el fin de obtener el amparo

de sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a

la no discriminación, a la igualdad y al salario equitativo, los cuales,

a su juicio, le fueron vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR DE

LA JUDICATURA ante la falta de homologación del cargo de

profesional especializado grado 23 al denominado cargo de

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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».

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profesional especializado grado 33.

A juicio del actor, la accionada vulneró sus derechos fundamentales

con la expedición del Acuerdo PCSJA23-12124 de 19 de diciembre

de 2023, pues con la creación del cargo de profesional especializado

grado 33 se presentó una discriminación salarial, de tal forma que

el cargo de profesional especializado grado 23 debe ser homologado

al ya mencionado, de conformidad con lo expuesto en la sentencia

de unificación de 2 de noviembre de 2023.

La controversia deviene del hecho de que el Consejo Superior de la

Judicatura, mediante Acuerdo PCSJA23-12124 de 19 de diciembre

de 2023 creó el cargo de profesional especializado grado 33 en los

distintos despachos de los tribunales superiores, sin que se hubiese

homologado el cargo que ostentaba el actor, lo que genera una

distinción injustificada.

La presenta acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, en sentencia de 9 de agosto de 2024,

declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que

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frente a la primera pretensión se configuró la carencia actual de

objeto por hecho superado, pues mediante el Acuerdo PCSJA24-

12195 de 15 de julio de 2024, se acogieron las recomendaciones

emitidas en la sentencia de unificación de 2 de noviembre de 2023

y se suprimió los cargos de profesional especializado grado 23, para

ser denominados como profesional especializado grado 33; sumado

a ello, en cuanto a la pretensión relacionada con el pago del sueldo

básico, bonificación judicial y demás prestaciones conforme al cargo

de profesional especializado grado 33, con efectos retroactivos,

resolvió que no se cumplía con el requisito general de la

subsidiariedad, pues la acción de tutela no es el mecanismo judicial

para obtener el reconocimiento de derechos laborales.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión del

a quo para lo cual afirmó que si bien el Consejo Superior de la

Judicatura al expedir el Acuerdo PCSJA24-12195 de 15 de julio de

2014, dio cumplimiento parcial a la primera pretensión, la

vulneración de los derechos fundamentales persiste, comoquiera

que dicha homologación se dio solo hasta el 1o. de agosto de 2024,

pues desde enero a julio de 2024, se presentó discriminación

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salarial, debiendo reconocerse la diferencia salarial para dichas

fechas.

De otra parte, en cuanto al requisito de la subsidiariedad, advirtió

que se pasó por alto los pronunciamiento emitidos por la Corte

Constitucional en los cuales se ha tenido como superado dicho

presupuesto, dando aplicación al principio de igualdad y

discriminación salarial por vía de tutela; además que acudir al

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho resulta

desproporcionado, por lo que la acción de tutela constituye el único

mecanismo jurídico para pedir la protección efectiva del derecho a

la igualdad salarial.

En este punto, la Sala estima conveniente precisar que se

circunscribirá a los argumentos planteados por el actor en su escrito

de impugnación, de tal forma que el estudio de esta segunda

instancia se limitará a analizar si le asiste razón al impugnante al

advertir que la acción de tutela resulta procedente para solicitar

acreencias laborales, en este caso, el retroactivo.

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Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará, si se cumplen los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela, especialmente, el requisito de

subsidiariedad, frente a las demás pretensiones encaminadas al

reconocimiento del retroactivo; y, de ser así, se establecerá si el

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA vulneró los derechos

fundamentales deprecados.

En el asunto bajo examen el actor solicitó que se ordene al

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA: i) expedir un acuerdo

en el que nivele y/o homologue el cargo de profesional

especializado grado 23 al de profesional especializado grado 33; iii)

pagar el retroactivo desde la creación de este último cargo; y, iii)

reconocer y pagar la asignación básica y bonificación, así como las

demás pretensiones que se deriven en el cargo de profesional

especializado grado 33 a partir de la fecha de expedición del

Acuerdo PCSJA23-12124 de 19 de diciembre de 2023.

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Pues bien, de conformidad con el memorial allegado por la Unidad

de Desarrollo y Análisis Estadístico -UDAE el 23 de julio de 2024, se

advierte que estando en trámite la acción de tutela de la referencia,

el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA expidió el Acuerdo

PCSJA24-12195 de 15 de julio de 2024, “Por medio del cual se

dispone la supresión y creación de unos cargos en la Comisión

Nacional de Disciplina Judicial, los tribunales superiores y

administrativos, la comisiones seccionales de disciplina judicial a

nivel nacional y se adoptan otras disposiciones”.

En efecto, la accionada con el fin de dar cumplimiento a la orden

judicial impartida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en

sentencia de unificación de 2 de noviembre de 2023, procedió a

suprimir los cargos de profesional especializado grado 23 en los

tribunales superiores de distrito judicial y a crear los cargos de

profesional especializado grado 33 en los tribunales superiores de

distrito judicial, por lo que se advierte que la primera pretensión

quedó superada.

Ahora, el actor en la impugnación insiste en sus pedimentos

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tendientes a que se ordene el reconocimiento y pago del retroactivo

y demás acreencias laborales que se dejaron de cancelar a partir de

la expedición del Acuerdo PCSJA23-12124 de 19 de diciembre de

2023, por lo que corresponde determinar si frente a ello se cumple

con el requisito general de la subsidiariedad en el asunto.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por

el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo

86 de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia

que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales,

salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para

evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios

será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las

circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y

negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

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carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus

derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de

los derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia

de un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que

se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe

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conocer del fondo del asunto.»3 (Subrayas y negrillas fuera del

texto).

En relación con la procedencia de la acción de tutela para ordenar el

pago de acreencias laborales, en la sentencia T-717 de 20134, la

Corte Constitucional precisó:

“[…] La Corte Constitucional ha señalado que la tutela
dirigida a obtener el pago de acreencias laborales es
improcedente. Sin embargo, esta regla tiene una excepción
que consiste en que procede la acción de tutela cuando la falta
del desembolso afecte el mínimo vital del actor o de su familia.
De esta manera “por regla general, no es procedente la acción
de tutela para obtener el pago de acreencias laborales. Sin
embargo, ha precisado que de manera excepcional puede
acudirse a ella para obtener la cancelación de salarios, siempre
que éstos constituyan la única fuente de recursos económicos
que le permitan al trabajador asegurar una vida digna y
cuando su no percepción afecte su mínimo vital y el de su
familia”5[…]”.

Conforme con la sentencia en cita, la acción de tutela es

improcedente para reclamar la protección de derechos

fundamentales, cuando lo pretendido es el pago de

3 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván
Palacio Palacio.
4
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
5
Sentencias T-1087 de 2002 M.P: Jaime Córdoba Triviño; T-952 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub y T-1046 de 2012 M.P. Luis Guillermo Guerrero.

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acreencias laborales que no afectan el mínimo vital, excepto

cuando estos constituyan la única fuente de recursos económicos

que permitan al trabajador asegurar una vida digna, lo cual no

ocurre en el presente caso, pues el actor se encuentra vinculado a

la Rama Judicial y está percibiendo sus emolumentos laborales, lo

que permite aducir que no se está afectando su mínimo vital.

En ese sentido, tampoco resulta de tal validez la afirmación del

actor expuesta en el escrito de impugnación al afirmar que se

encontraba superado el requisito general de la subsidiariedad por

aplicación de las sentencias SU-547 de 19976 y T-097 de 20067,

pues en estas se dispuso que la solicitud de amparo sería

procedente solo en circunstancias excepciones, sin que en el

presente asunto estas se encuentren superadas.

En efecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-097 de 2006, la

cual se fundamentó, entre otras, en la sentencia SU-547 de 1997,

dispuso que la acción de tutela resulta procedente para resolver

controversias surgidas de relaciones laborales cuando: i) el asunto

6
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
7
M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

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debatido tenga relevancia constitucional, es decir, que se trate

indiscutiblemente de la protección de un derecho fundamental, ii) el

problema constitucional que se plantea aparezca probado de tal

manera que para la verificación de la vulneración del derecho

fundamental cuyo amparo se solicita, no se requiera ningún análisis

de tipo legal, reglamentario o convencional, que exija del juez

constitucional un ejercicio probatorio que supere sus facultades y

competencias; y, iii) el mecanismo judicial ordinario resulte

insuficiente para proteger los derechos fundamentales violados o

amenazados.

En el caso bajo examen no se advierte que el asunto debatido goce

de relevancia constitucional; además, para acceder a las

pretensiones se requiere de un examen de tipo legal en cuanto al

reconocimiento y pago del retroactivo solicitado, sumado al hecho

de que cuenta con mecanismos de defensa ordinarios que resultan

idóneos para el efecto.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente acción de

tutela es improcedente por carecer del requisito general de

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la subsidiariedad, comoquiera que las inconformidades

planteadas en este trámite constitucional están encaminadas a

lograr el pago de acreencias laborales, para lo cual en primer lugar,

el actor debe acudir a la administración, escenario idóneo para

solicitarlas y, en caso de recibir respuesta negativa, cuenta con el

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

mecanismo de defensa idóneo para estudiar la legalidad de los

actos administrativos y en el cual puede solicitar las medidas

cautelares dispuestas en el CPACA, las cuales permitirán prevenir la

consumación de un daño definitivo mientras se resuelve la causa

judicial.

Cabe anotar que incluso si el actor estima que existe alguna

irregularidad en la expedición del Acuerdo PCSJA23-12124 de 19 de

diciembre de 2023, puede cuestionar su legalidad a través del

medio de control de nulidad.

Además, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio

irremediable que haga procedente la acción de tutela de la

referencia como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio

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irremediable, dado que de los elementos de juicio obrantes en el

expediente no es posible establecer dicha circunstancia.

Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión del a quo

que declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por el

actor, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad

con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para

su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de octubre

de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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