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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03391-00

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03391-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Divar Andrés Chavarría Suárez contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Número Uno. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03391-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

1 de agosto de 2024

Radicación: 11001 03 15 000 2024 03391 00
Accionante: Divar Andrés Chavarría Suárez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., primero (1º) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 03391 00
Accionante: DIVAR ANDRÉS CHAVARRÍA SUÁREZ
Accionado: TRIBUNAL ADMNISTRATIVO DE BOYACÁ, SALA DE
DECISIÓN NÚMERO UNO

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Divar Andrés Chavarría
Suárez contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
Número Uno.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El señor Divar Andrés Chavarría Suárez solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la estabilidad
laboral reforzada, a la salud y al mínimo vital, que estimó vulnerados con
ocasión de la sentencia del 5 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Número Uno, que revocó la
decisión del 29 de julio de 2022, dictada por el Juzgado Noveno
Administrativo de Tunja, que había accedido parcialmente a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional1.

1
Proceso que se identificó con el radicado 150013333009-2021-00090-01.

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Accionante: Divar Andrés Chavarría Suárez

1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, el señor Divar
Andrés Chavarría Suárez, como miembro del Ejercito Nacional, estando
activo en el servicio, presentó un dolor de columna, por lo que fue
remitido a consulta por área de sanidad de la institución en donde fue
diagnosticado con “artropía inflamatoria poliarticular, lesión de la rodilla
izquierda, tobillo izquierdo, hombro izquierdo y derecho, discopatía
lumbar L4-L5”, y mediante actos administrativos le fue declarada la
disminución de la capacidad laboral y el retiro del servicio.

En razón a lo anterior presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, con
el objeto de que se declarara la nulidad del acta número 101359 del 29
de mayo de 2018, proferida por la junta médica laboral, que le dictaminó
la disminución de la capacidad laboral en un 28% y lo declaró no apto
para desarrollar la actividad militar; del acta número TML 19-1-319
MDNSG-TML-41.1 del 2 de julio de 2019, que modificó la disminución de
capacidad laboral y la estableció en 12%, y de la orden administrativa de
personal número 1738 del 22 de julio de 2019, expedida por el Comando
de Personal del Ejercito Nacional, por la cual fue retirado del servicio en
razón a la disminución de su capacidad laboral.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que: (i) se declarara
administrativamente responsable a la demandada de los perjuicios
causados por sus lesiones derivadas de actos del servicio, (ii) se ordenara
el reintegro al grado y cargo que venía desempeñando o a otro de
categoría superior, y si no tuviere posibilidad de recuperación se le
ordenara el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, y (iii) se
condenara a la demandada a reconocer y pagarle los salarios y
prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha de retiro hasta la
fecha efectiva de reintegro.

1.3. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho correspondió
al Juzgado Noveno Administrativo de Tunja, quien, mediante sentencia
del 29 de julio de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la

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demanda, al considerar que el demandante logró desvirtuar la legalidad
del acto administrativo de retiro.

La demandada apeló la anterior decisión y el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión Número Uno, a través de sentencia del 5 de
marzo de 2024, la revocó, al considerar que el análisis del a quo no
obedeció al estudio del concepto de nulidad planteado por el demandante,
sino a una interpretación suya frente a la pretensión de reintegro. En
concreto, adujo que el cargo de nulidad expuesto en la demanda se
orientó a cuestionar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, y no
“la orden administrativa de retiro desde la óptica de la ausencia del
estudio de reubicación, punto sobre el cual no pudo la entidad demandada
pronunciarse”. En tal sentido, señaló que, en virtud del principio de
justicia rogada, no le correspondía al juez administrativo abordar
cuestiones no planteadas en la demanda.

1.4. La parte accionante manifestó en la tutela que la decisión atacada
incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento de los siguientes
precedentes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado: (i)
Sentencia T-928 de 2014, (ii) Sentencia T-487 de 2016, (iii) Sentencia T-
440 de 2017, y (iv) Sentencia del 26 de septiembre de 219, Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Gabriel Valbuena
Hernández, radicado número 11001 03 15 000 219 3784 00(AC).

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá, por intermedio de la
magistrada ponente de la decisión atacada, realizó un recuento de las
actuaciones procesales surtidas dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y solicitó se declare improcedente la acción
de tutela.

Alegó que el accionante no explicó cómo el caso concreto se enmarcaba
dentro de los supuestos de hecho tratados en las sentencias que citó como

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precedente desconocido y, de todos modos, la providencia atacada se
dictó conforme a derecho y teniendo en cuenta la jurisprudencia aplicable.

2.2. La titular del Juzgado Noveno Administrativo de Tunja rindió
informe respecto de las actuaciones realizadas dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, y allegó copia del expediente
digital con número de radicación 15001 33 33 009 2021 00090 00.

2.3. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, por
intermedio de apoderada, manifestó que la acción constitucional resulta
improcedente al existir otro medio de defensa, como lo es el recurso
extraordinario de revisión. De igual manera, adujo que la decisión atacada
no había vulnerado los derechos fundamentales del actor.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. El señor Divar Andrés Chavarría Suárez interpuso demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejercito Nacional, con el objeto de que se declarara la nulidad
de los actos a través de los cuales se le dictaminó la disminución de la
capacidad laboral, fue declarado no apto para desarrollar la actividad
militar y fue retirado del servicio.

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3.2.2. Mediante sentencia del 29 de julio de 2022, el Juzgado Noveno
Administrativo de Tunja accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, al considerar que se logró desvirtuar la legalidad del acto
administrativo que ordenó el retiro del servicio.

3.2.3. La demandada apeló la anterior decisión y, por sentencia del 5 de
marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
Número Uno, la revocó, al considerar que el análisis efectuado por el juez
de primera instancia había ido más allá de los planteamientos de la
demanda, infringiendo en consecuencia el principio de justicia rogada.

3.2.4. El señor Divar Andrés Chavarría Suárez interpuso acción de tutela
al considerar vulnerados sus derechos fundamentales por la anterior
providencia.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

3.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación2,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la

2
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).

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Accionante: Divar Andrés Chavarría Suárez

situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20223, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar
de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos
mencionados. […]”.

En este caso, el accionante solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la estabilidad laboral
reforzada, a la salud y al mínimo vital, que estimó vulnerados con ocasión
de la sentencia del 5 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Número Uno, que revocó la
decisión del 29 de julio de 2022, dictada por el Juzgado Noveno
Administrativo de Tunja, y en su lugar, denegó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la
Nación, Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional4.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso se encuentra cumplido el requisito de relevancia constitucional, y
para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado
para el efecto.

3
M. P. Natalia Ángel Cabo.
4
Ver nota al pie 1.

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3.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 20195, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:

5
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022.

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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 6.

3.3.1.3. Las cuestiones de relevancia constitucional

Frente a la primera finalidad señalada, esto es, restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de clara relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales, en la sentencia SU-573 de 2019, la
Corte explicó que el elemento de la relevancia tiene el siguiente alcance:

“[…] “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”. La Corte
ha sostenido al unísono que la cuestión debe revestir una ‘clara’,
‘marcada’ e ‘indiscutible’ relevancia constitucional, dado que el único
objeto de la tutela es la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de
los derechos constitucionales fundamentales. Por tal razón, es necesario
que ‘la causa que origina la presentación de la acción suponga el
desconocimiento de un derecho fundamental’. Esto significa que el
asunto debe ser trascendente para (i) ‘la interpretación del estatuto
superior’, (ii) su aplicación, (iii) desarrollo eficaz y (iv) la determinación
del contenido y alcance de los derechos fundamentales. Lo anterior,
exige al juez ‘indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes’ […]”. [Se destaca].

6
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.

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De lo anterior se desprende que la comprensión que la jurisprudencia
constitucional le ha dado a este primer elemento de la relevancia consiste
en que la acción de tutela que se promueve contra providencia judicial
proponga un debate sobre el contenido, alcance o goce de un derecho
fundamental o que el caso concreto, en los términos del fallo SU-215 de
2022, tenga “entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o un derecho fundamental”, pues solo así se podrá establecer que
el asunto es evidentemente de naturaleza constitucional. Ello quiere
significar que, quien interpone una acción de tutela, debe identificar cuál
es el derecho fundamental que estima afectado y explicar los motivos por
los cuales considera que la sentencia atacada lo está vulnerando.

En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en el fallo SU-573
de 2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el requisito de
relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima
facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo
que una simple relación con aquel”. [Se destaca]. Este criterio fue luego
reiterado en los fallos SU-128 de 2021, SU-103 de 2022, y más
recientemente en la ya citada sentencia SU-215 de 2022.

En la última de estas sentencias de unificación, en la cual se revisó el fallo
de segunda instancia que esta Sala dictó el 20 de agosto de 2021, en el
trámite de la acción de tutela formulada por una sociedad contra la
sentencia proferida el 4 de marzo de 2021 por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, por presunta violación de los derechos al debido
proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, la Corte explicó
que la cuestión discutida en esa ocasión no tenía relevancia constitucional
toda vez que la parte actora pretendía que el significado de los derechos
invocados se tradujera en “una decisión favorable a través de la
imposición de una lectura alternativa del litigio que derive en la anulación
de las liquidaciones oficiales de revisión que profirió la DIAN sin que ello
sea un asunto de interés general”.

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Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T-422
de 20187, la Corte Constitucional confirmó una decisión de la Sección
Primera del Consejo de Estado que había declarado improcedente la
acción de tutela por no cumplir con los requisitos de relevancia
constitucional e inmediatez. En cuanto a la relevancia, en esa ocasión la
Corte indicó, entre otras razones, que dicho requisito no estaba cumplido
por cuanto: “si bien la parte actora asegura que las providencias
demandadas desconocen sus derechos fundamentales, la relevancia
constitucional de un asunto no se determina con la mera enunciación de
los derechos fundamentales presuntamente comprometidos, sino
mediante la acreditación razonable de una presunta amenaza o
vulneración de los mismos”. [Se destaca].

El criterio jurisprudencial contenido en los fallos T–422 de 2018, SU-573
de 2019, SU-128 de 2021, SU-103 y SU-215 de 2022, entre otros,
consistente en que, para superar el requisito de relevancia, no basta con
la mera enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone por
parte del actor la carga de justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada de un derecho fundamental,
evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es necesario que,
para la acreditación de este primer elemento que integra la relevancia
constitucional, la parte interesada, en el escrito de tutela, (1) invoque la
vulneración de derechos fundamentales, (2) exponga los motivos por los
cuales considera que la sentencia atacada está vulnerando tales derechos
fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión supone un atentado
contra el núcleo esencial de los derechos invocados, requisitos que exigen
del juez de tutela un examen de los motivos aducidos por la parte actora
para afirmar que hay amenaza o vulneración de un derecho fundamental,
comparadas con el núcleo esencial del mismo.

Ello es así porque, solo si la vulneración del derecho acontece en lo que
se denomina su núcleo esencial, es posible advertir que el caso reviste la

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M.P. Carlos Bernal Pulido.

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relevancia o trascendencia necesarias para permitir que, por vía de este
mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional el principio de
cosa juzgada que orienta todo el andamiaje institucional en el que se
funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez no podrá
limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional con la
sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si, de
acuerdo con los argumentos expresados en el escrito correspondiente,
hay amenaza o violación efectiva del mismo.

El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del
derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares” 8 y
ha explicado que, desde la perspectiva de los derechos subjetivos, el
núcleo esencial se define así9:

“[…] Métodos para la determinación del núcleo esencial

22. En el proceso de determinación de lo que constituye el núcleo
esencial de un derecho fundamental, el juzgador dispone de técnicas
jurídicas complementarias. Visto desde la perspectiva de los derechos
subjetivos, el contenido esencial de un derecho fundamental consiste en
aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el
derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales
dejaría de adscribirse a ese tipo, desnaturalizándose. Por otra parte, la
jurisprudencia de intereses ha diseñado una fórmula según la cual el
núcleo esencial del derecho fundamental es aquella parte de su
contenido que es absolutamente necesaria para que los intereses
jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real,
concreta y efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se
desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a
limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo
razonable o lo despojan de la necesaria protección […]”. [Se destaca].

En otra oportunidad la Corte indicó que el núcleo esencial de un derecho
fundamental es “esa parte del derecho que lo identifica, que permite
diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad
respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido
negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental
como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en

8
Corte Constitucional, sentencia T-426 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
9
Ibidem.

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otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho
fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también,
puede verse como la parte del derecho fundamental que no admite
restricción porque en caso de hacerlo resulta impracticable o se
desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección”10.

3.3.2. Caso concreto

3.3.2.1. Como quedó visto en precedencia, de acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, el primer criterio de la
relevancia constitucional supone que el debate planteado gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y, en esa
medida, es que se hace necesario que el juez de tutela verifique cuáles
son los derechos fundamentales invocados por la parte actora y las
razones por las cuales considera que la sentencia atacada los vulnera,
para así determinar si, prima facie, dicha transgresión supone el
desconocimiento de su núcleo esencial o, en otras palabras, si está siendo
afectado el contenido de un derecho.

De acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales expuestos por la Sala
Plena de la Corte Constitucional en sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 y SU-215 ambas de 2022, no se cumple la exigencia de
relevancia constitucional cuando la parte actora se limita a invocar la
vulneración de los derechos fundamentales, sin sustentar de manera
precisa las razones por las cuales estima que la decisión judicial atacada
los afectó, pues “se exige demostrar, de manera razonable, una
restricción desproporcionada sobre alguno(s) de sus elementos”11, esto
es, que el interesado alegue la vulneración de los derechos fundamentales
y que identifique dentro del núcleo esencial cuál de las garantías que los
componen resultan comprometidas con ocasión de la providencia atacada
en la acción de tutela.

10
Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
11
Sentencia SU-103 de 2022 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).

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Ahora bien, en la citada sentencia SU-103 de 202212, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, al estudiar el requisito de relevancia en relación con
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso efectivo a la
administración de justicia, explicó:

“[…] 112. Asimismo, reiterando la sentencia T-244 de 2007, afirmó la Sala de
Revisión en la sentencia T-131 de 2021 que el primer escenario, esto es, cuando
la tutela se dirige a cuestionar una supuesta vulneración del derecho al debido
proceso en su faceta constitucional, supone un desconocimiento de sus
elementos esenciales, tales como el derecho al juez natural, el derecho a
presentar y controvertir las pruebas, el derecho de defensa, el principio de
legalidad, el derecho a la publicidad del proceso y de la decisión judicial, el
derecho a la independencia e imparcialidad del juez o el derecho de defensa. De
igual forma, el escenario en la cual la acción de tutela pretende demostrar una
violación al derecho al acceso a la administración de justicia, supone una
vulneración algunos de sus garantías fundamentales, como lo son (i) el acceso
de toda persona al sistema judicial; (ii) las garantías previstas para el normal
desarrollo del proceso; y (iii) las que se relacionan con la decisión que se adopta
dentro del proceso y su capacidad de ser ejecutada. Lo anterior, teniendo en
cuenta que ‘el acceso a la justicia se integra al núcleo esencial del debido
proceso, por la circunstancia de que su garantía supone necesariamente la
vigencia de aquél, si se tiene en cuenta que no es posible asegurar el
cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales
establecidas por el legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso’.

113. Por lo tanto, para acreditar el requisito de relevancia constitucional, no es
suficiente alegar una violación del derecho al acceso a la administración de
justicia o del debido proceso con fundamento en una simple relación de los
hechos del caso con aquellos, sino que se exige demostrar, de manera
razonable, una restricción desproporcionada sobre alguno(s) de sus elementos.
En la mencionada sentencia T-131 de 2021, la Corte declaró la improcedencia
de la acción de tutela por, entre otras cosas, no satisfacer el requisito de
relevancia constitucional. Constató que la tutela no suponía a priori el
desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso del accionante en
su faceta constitucional, sino que planteaba una controversia estrictamente
económica, consistente en la inconformidad la actora con el laudo arbitral
emitido en su contra […]”. [Se destaca].

La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso
como el “conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a
través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.
Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) el derecho a la
jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso
a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía

12
M.P. Alejandro Linares Cantillo.

13
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 03391 00
Accionante: Divar Andrés Chavarría Suárez

superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al
juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud
legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la
división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) el derecho
a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y
adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para
la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado
cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y
a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso;
(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo
razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido
a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la
independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia,
ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo, y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o
funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los
hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios
anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas”13.

En el asunto bajo examen, el demandante solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la estabilidad
laboral reforzada, a la salud y al mínimo vital, y alegó que la providencia
judicial cuestionada desconoció el precedente jurisprudencial fijado por la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Sin embargo, aunque invocó
algunas providencias proferidas por estas corporaciones, no expuso cómo
la desatención de éstas constituyó una vulneración del núcleo esencial de
dichas prerrogativas.

13
Sentencia C-341 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo).

14
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Accionante: Divar Andrés Chavarría Suárez

Se debe tener en cuenta que esta Sala, en sentencia del 19 de noviembre
de 202114, sostuvo que la acción de tutela contra providencia judicial en
la que se alega el desconocimiento del precedente exige, como carga
argumentativa mínima, que se identifiquen: (i) la providencia
desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la
ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables
al caso a resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos
deben ser análogos o similares.

En este caso, la parte demandante se limitó a citar apartes de sentencia
proferidas por el Consejo de Estado15 y la Corte Constitucional16, pero no
identificó los problemas jurídicos que allí se resolvieron, ni efectuó una
comparación entre los hechos estudiados en ese asunto y en el que dio
lugar a la presente acción de tutela, para acreditar que las reglas y
subreglas contenidas en la ratio decidendi le eran aplicables a su caso.
Con todo, no expuso las razones por las cuales resultaron infringidas las
garantías del núcleo esencial del derecho fundamental a la igualdad.

Siendo así, la Sala concluye que no concurre en este asunto el elemento
de la relevancia constitucional en lo relativo a este primer criterio, frente
al alegado desconocimiento del precedente judicial.

Se advierte además que, aunque el demandante invoca también la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
estabilidad laboral reforzada, a la salud y al mínimo vital, tampoco expuso
las razones por las cuales resultaron infringidas las garantías del núcleo
esencial de cada una de tales prerrogativas.

En todo caso, conviene señalar que la Sala no vislumbra vulneración o
amenaza del núcleo esencial de los derechos fundamentales del actor,
puesto que el proceso ordinario se tramitó ante las autoridades judiciales

14
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).
15
Sentencia del 26 de septiembre de 219, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Gabriel
Valbuena Hernández, radicado número 11001 03 15 000 219 3784 00(AC).
16
Sentencias: T-928 de 2014, T-487 de 2016 y T-440 de 2017.

15
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competentes, se adelantó conforme a las reglas previstas en la ley, no se
pretermitió ninguna de las etapas procesales, las partes tuvieron la
oportunidad de ejercer su defensa, se garantizó el derecho de
contradicción y la publicidad de las actuaciones, y, por último, las
providencias allí dictadas se fundaron en derecho.

Situación distinta es que el actor esté en desacuerdo con el criterio
aplicado por el juez del proceso ordinario al momento de proferir la
decisión objeto de debate, lo cual no implica que la autoridad judicial
accionada haya infringido los elementos del núcleo esencial del referido
derecho fundamental.

En suma, el primer criterio que se estudia, consistente en restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales, lo cual implica, como la Corte
Constitucional lo ha señalado, que la acción de tutela involucre un debate
jurídico en torno al contenido, alcance y goce de uno de tales derechos,
no se cumple, como quiera que el actor no expuso las razones por las
cuales las garantías que componen el núcleo esencial de sus derechos
fundamentales resultaron vulneradas, y la argumentación que esgrimió
se refiere al desconocimiento de un precedente, pero tampoco expuso las
razones por las cuales resultaron infringidas las garantías del núcleo
esencial del derecho a la igualdad.

3.4. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la
presente acción de tutela, al constatar la ausencia del requisito de
relevancia constitucional respecto de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

16
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Accionante: Divar Andrés Chavarría Suárez

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por el señor Divar Andrés Chavarría Suárez contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Número Uno.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

17
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