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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03393-00

Fecha
22 de agosto de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03393-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de los señores Óscar Iván Llantén Inga, José Wilder Llantén Salazar, María Miladi Inga Maca, Maritza María López Inga, Carlos Alberto Llantén Inga, Hermenia Maca, Octavio Llantén y Margarita Salazar de Llantén, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. 2. En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia del 4 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca en el medio de control de reparación directa con radicado nro. 19001-33-33-007-2019-00232-01 y ordenar a dicha autoridad judicial que en el término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo en la que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en esta decisión. 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 24 de enero de 2024, radicación: 19001- 23-33-000-2013-00689-01 (61974). En esta sentencia se reiteró que, para encontrar configurada la causa extraña, deben estar demostrados tres elementos: «La imprevisibilidad entendida como aquello que, pese a haber sido imaginado, es súbito, repentino o anormal, o aquello que pese a la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras, se produjo. La irresistibilidad es la imposibilidad de cumplir la obligación o de evitar el daño, y la exterioridad se refiere a que el evento que se alega como causa extraña debe ser ajeno jurídicamente, esto es, que sea exterior o extraño a los deberes y obligaciones jurídicas de la Administración...». 20 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-03393-00 Demandante: Óscar Iván Llantén Inga y otros 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03393-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

22 de agosto de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03393-00
Demandante: Óscar Iván Llantén Inga y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia ACCIÓN DE TUTELA
Radicación 11001-03-15-000-2024-03393-00
Demandante ÓSCAR IVÁN LLANTÉN INGA Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa. Eventos de lesiones personales a conscriptos.
Régimen de responsabilidad. Eximente de responsabilidad fuerza
mayor. Defecto fáctico y defecto sustantivo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por Óscar Iván Llantén Inga y otros de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones
El 2 de julio de 20241, los señores Óscar Iván Llantén Inga, José Wilder Llantén
Salazar, María Miladi Inga Maca, Maritza María López Inga, Carlos Alberto Llantén
Inga, Hermenia Maca, Octavio Llantén y Margarita Salazar de Llantén, quienes
actúan por conducto de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Cauca por estimar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con
ocasión de la sentencia del 4 de abril de 2024 proferida en el medio de control de
reparación directa nro. 19001-33-33-007-2019-00232-00/01, que revocó la decisión de
condena de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda
por estimar que se acreditó la eximente de responsabilidad del Estado de la fuerza
mayor.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«7.1 Principal
Tutelar los derechos fundamentales de la parte accionante al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
Declarar la configuración de defecto sustantivo incurrido por el Tribunal Administrativo del
Cauca al expedir la sentencia No. 050 del 4 de abril de 2024, y en consecuencia,
Revocar la sentencia No. 050 del 4 de abril de 2024, expedida por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Cauca. Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca que, en
un término improrrogable de 15 días posteriores a la notificación del fallo de tutela, proceda a
expedir una nueva sentencia de segunda instancia.

1 Sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: Samai, índice 1.

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Demandante: Óscar Iván Llantén Inga y otros

«7.2 Secundaria
Tutelar los derechos fundamentales de la parte accionante al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
Declarar la configuración de defecto fáctico incurrido por el Tribunal Administrativo del Cauca
al expedir la sentencia No. 050 del 4 de abril de 2024, y en consecuencia,
Revocar la sentencia No. 050 del 4 de abril de 2024, expedida por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Cauca. Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca que, en
un término improrrogable de 15 días posteriores a la notificación del fallo de tutela, proceda a
expedir una nueva sentencia de segunda instancia» 2. (Subraya la Sala)

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 1° de noviembre de 2017, Óscar Iván Llantén Inga ingresó al Ejército
Nacional para prestar el servicio militar obligatorio y fue incorporado al Batallón
de Alta Montaña No. 4 “Benjamín Herrera Cortes”.

2.2. El 23 de diciembre de 2017, estando en servicio activo, el soldado conscripto
Óscar Iván Llantén Inga fue alcanzado por la descarga eléctrica producida por
un rayo. Fue tratado por varios días en la Unidad Básica de Atención Médica
del Batallón José Hilario López de la ciudad de Popayán.

Como consecuencia del impacto, empezó a sufrir de dolores en la cabeza, en
el pecho y en el hombro izquierdo, al punto que quedó inmovilizado. Pese lo
anterior, sus superiores le exigían realizar esfuerzos físicos excesivos que
involucraban sus extremidades superiores, lo cual afectó su tratamiento
médico.

Agregó que los malos tratos y condiciones a los que fue sometido generaron
un cuadro depresivo que afectó sus relaciones sociales y familiares.

2.3. Como consecuencia de lo anterior, el señor Óscar Iván Llantén Inga y su grupo
familiar interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional para que se declarara su
responsabilidad administrativa y patrimonial por las lesiones que aquél sufrió
cuando prestó el servicio militar obligatorio.
2.4. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Popayán que, en sentencia del 14 de diciembre de 2022 accedió a
las pretensiones de la demanda y declaró la responsabilidad del Estado por la
pérdida de capacidad laboral del señor Óscar Iván Llantén Inga, como
consecuencia de los hechos mencionados.
Como fundamento de su determinación, la juez manifestó que el daño era
imputable a la entidad demandada bajo el título de daño especial por el
rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas y bajo el
título de imputación de la falla del servicio.
El primero (daño especial) porque las circunstancias en las que se encontraban
los militares en el campo de paradas agravaron las condiciones; y, el segundo
(falla del servicio) porque la entidad demandada no acreditó que contara con el
sistema de protección que exige la Norma Técnica Colombiana NTC 4552,

2 Página 18 de la acción de tutela. Samai, índice 2.

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cuya finalidad es la de prevenir el riesgo de lesiones y disminuir los riesgos de
pérdidas de vida por descarga atmosférica.

2.5. El Ejército Nacional interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia aduciendo que el hecho dañoso no le era imputable debido
a que se originó en un evento de fuerza mayor que exonera su responsabilidad
por tratarse de un hecho extraño, ajeno a las previsiones de la institución militar
e irresistible. Recordó que, aunque existan órdenes, directivas o manuales de
prevención, ellos se encuentran direccionados a disminuir este tipo de riesgos,
pero no a eliminarlos.
Adicional a lo anterior, llamó la atención en que la decisión del a quo se
fundamentó en la pericia de un ingeniero eléctrico que no hizo una visita
técnica al lugar de los hechos, sino que, teniendo como soporte la plataforma
Google Earth indicó que la entidad no contaba con mecanismo de protección
de descargas eléctricas.
2.6. En sentencia del 4 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo del Cauca
revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda por encontrar acreditada la eximente de responsabilidad de
fuerza mayor.
El ad quem manifestó que «a la entidad no le era posible evitar sus consecuencias,
pues por la naturaleza misma del hecho derivado de la naturaleza, no hacía viable para
el Ejército Nacional, en circunstancias habituales, contrarrestar, evitar o anular los
mencionados efectos. Además, no se constata que el actor, al cumplir con sus funciones
militares, estuviera en condiciones adversas, ni que la entidad estuviera obligada a tomar
algún tipo de medida adicional para mitigar los efectos de las tormentas eléctricas en ese
sector, para anticiparse al suceso desafortunado que afectó al demandante.»

La providencia se notificó a través de correo electrónico enviado a las partes,
el 10 de abril de 20243.
3. Fundamentos de la acción
En cuanto a las causales generales de procedibilidad, en el escrito de tutela se
indicó que la petición de amparo tiene relevancia constitucional porque la discusión
propuesta guarda relación con la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia por la indebida aplicación
del fenómeno de la carga de prueba y la valoración errada de algunos medios de
prueba con aptitud de incidir en el sentido de la decisión, como el dictamen pericial.
Agregó que la acción de tutela se radicó en un plazo razonable porque no han
pasado más de seis meses desde la notificación de la sentencia que se acusa; que
se agotaron todos los mecanismos judiciales ordinarios de protección de derechos
y no se ataca una sentencia de tutela.
En cuanto al fondo del asunto, la parte actora considera que la sentencia de
segunda instancia incurrió en los defectos fáctico y sustantivo.
3.1. Defecto sustantivo. Expuso que el Tribunal accionado incurrió en este
defecto cuando manifestó que correspondía a la parte demandante acreditar
que la entidad demandada no contaba con los elementos de seguridad
obligatorios establecidos en la NTC4552-1 y la NTC4552-2 de 2008.

3 El expediente digitalizado del proceso de reparación directa nro. 180013333001-2015-00390-01, obra en el
índice 13 de Samai.

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Esta exigencia no se acompasa con el fenómeno de la carga de la prueba
establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso según la cual
corresponde a cada parte probar el supuesto de hecho de las normas cuyo
efecto jurídico persiguen, como fue el Ejército Nacional quien invocó la causal
de fuerza mayor, era éste a quien correspondía probarla, no a los
demandantes.

Recordó que la jurisprudencia contenciosa exige que se prueben tres
presupuestos de la fuerza mayor: el hecho externo, la imprevisibilidad y la
irresistibilidad. De lo anterior, advirtió que para predicar la configuración de la
eximente mencionada era el Ejército quien debía acreditar el cumplimiento de
las normas técnicas colombianas relativas a la protección contra descargas
eléctricas atmosféricas.

A este respecto, agregó que era el Ejército Nacional quien estaba en mejores
condiciones de probar el cumplimiento de la norma técnica en mención, pues
el lugar donde ocurrieron los hechos está bajo su custodia y con acceso
restringido al público.

3.2. Defecto fáctico. Indicó que fue indebidamente valorado el dictamen pericial
del ingeniero electricista y desconocida la relevancia y eficacia de su contenido
sin fundamento suficiente. Recordó que el contenido del dictamen no fue
objetado en el curso del proceso por lo que la prueba es válida.

En consideración de los accionantes «el Tribunal no se detuvo en un análisis juicioso
del contenido del dictamen pericial en donde se encuentra la base normativa que regula
los sistemas de seguridad integrales contra rayos (SIPRA), que fue utilizada por el perito
para contrastarla con la información documental y testimonial del expediente, y le permitió
concluir que la normatividad para la seguridad integral contra rayos se había incumplido
por el Ejército Nacional».

Precisaron que las conclusiones del perito no solo se fundamentaron en los
mapas satelitales del lugar donde ocurrieron los hechos, sino en las pruebas
documentales del expediente donde, entre otras, obra la respuesta otorgada
por la entidad demandada en la que omitió certificar que el campo de paradas
de la tercera división contara con el Sistema Integral de Protección contra
Rayos (SIPRA).

Insisten en que la prueba pericial da cuenta de que el personal militar fue
expuesto a un riesgo mayor, pues se encontraban aglomerados a campo
abierto, portando fusiles metálicos, cuando estaba lloviznando y se
encontraban en temporada de tormentas eléctricas.

Así las cosas, concluyeron que el dictamen pericial es conducente, pertinente,
útil y lícito, además, sus conclusiones atendieron a presupuestos de la sana
crítica, la lógica y las reglas de la experiencia.

Acusaron que no se tomó en consideración el oficio nro. 0566/MDN-CGFM-
COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV03-BR29-BASPC29-S11-1.10, que contiene la
respuesta al derecho de petición que radicó la parte demandante ante el
Ejército Nacional.

De otra parte, destacaron que la prueba testimonial da cuenta de la presencia
de estructuras que incrementaban el riesgo de descarga eléctrica y el
incumplimiento de recomendaciones de seguridad con aptitud de prevenir el

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daño. El hecho de que las instalaciones no contaran con un SIPRA demuestra
las insuficientes medidas de protección y el aumento significativo del riesgo.

Además, relacionaron apartes de la declaración de dos de los testigos y
evidenció que de ellos derivaba que estaba nublado, empezó a lloviznas y se
escucharon truenos. También, destacó que en las declaraciones se indicó que
en diciembre hubo condiciones climáticas similares con caída de truenos y
lluvias.

A partir de lo anterior, concluyeron que no se valoraron integralmente las
pruebas del proceso y que la determinación a la que llegó el tribunal accionado
es irracional, pues no se surtió un análisis lógico de los testimonios.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 5 de julio de 2024, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela presentada por Óscar Iván Llantén Inga, José Wilder Llantén Salazar,
María Miladi Inga Maca, Maritza María López Inga, Carlos Alberto Llantén
Inga, Hermenia Maca, Octavio Llantén y Margarita Salazar de Llantén contra
el Tribunal Administrativo del CAUCA

Adicional a lo anterior, vinculó, en calidad de terceros con interés, a la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y al Juzgado Séptimo Administrativo
de Popayán, sujetos procesales en el proceso de reparación directa nro.
19001-3333007 2019-00232-00/01.

4.2. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán, por conducto
de la titular del despacho, indicó que la sentencia de primera instancia que
accedió a las pretensiones atendió al marco jurídico aplicable y a la valoración
razonable de las pruebas del proceso, sin que se concrete vulneración alguna
de los derechos fundamentales de las partes.

De otra parte, relacionó el enlace web para acceder a la copia digitalizada del
proceso de reparación directa estudiado.

4.3. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por conducto de
apoderada judicial, solicitó que se niegue la acción de tutela porque no se
concretó vulneración alguna a los derechos fundamentales de los
demandantes en el proceso ordinario. En esta vía, dijo que el tribunal
accionado tomó en consideración todas las pruebas del proceso e hizo un
análisis específico de la prueba pericial en el que expuso las razones por las
que consideró que no era suficientemente fiable. A ese respecto, mencionó
que la pericia no se fundamentó en datos que haya obtenido directamente el
perito sino en imágenes satelitales que no arrojan datos confiables y claros,
por lo que concluyó: «el dictamen carece de datos que apoyen sus conclusiones y, por
tanto, estas no son objetivas».

Agregó que, la parte demandante pudo solicitar una adición del dictamen para
que el experto hiciera la visita al lugar de los hechos, pero no lo hizo a pesar
de que tenía la carga y la posibilidad de demostrar el supuesto de hecho cuya
ocurrencia defendía.

Recordó que el contenido y decisión que se adoptó en la providencia acusada
se acompasa con el alcance que dio la Sección Tercera del Consejo de Estado
a los elementos de imprevisibilidad e irresistibilidad como componentes de la

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eximente de responsabilidad de la fuerza mayor, en las sentencias del 9 de
mayo de 2011 (exp. 19976), del 19 de octubre de 2022 (exp. 54254) y del 24 de
enero de 2024 (61974).

4.4. El Tribunal Administrativo del Cauca no rindió informe, aunque fue enterado
de la existencia de esta acción de tutela4.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19915, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales6
y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional8 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

4 La notificación se surtió en el siguiente buzón electrónico: stadmcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co;
sgtadmincau@notificacionesrj.gov.co; des01tadmppn@cendoj.ramajudicial.gov.co
5 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
6 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
7 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Como primera medida, le corresponde a la Sala analizar si la petición de amparo
supera el examen general de procedencia exigido cuando se discuten providencias
judiciales vía tutela.
De superar dicho examen, se determinará si al proferir la sentencia del 4 de abril de
2024, en el medio de control de reparación directa nro. 19001-33-33-007-2019-00232-
00/01 el Tribunal Administrativo del Cauca incurrió en los defectos alegados por la
parte accionante.
Se precisa que si bien la parte actora invoca la configuración del defecto fáctico
por omisión e indebida valoración probatoria y, en defecto sustantivo por
aplicación incorrecta de la carga de la prueba, la Sala efectuará el estudio conjunto
de los cargos, a partir de la caracterización del defecto fáctico, como quiera que los
argumentos que le sirven de fundamento a los defectos se encuentran
estrechamente relacionados entre sí.
4. Análisis de la procedencia general de la acción de tutela en el caso
particular
4.1. De cara al presupuesto de relevancia constitucional, esta Sala precisa que, no
se observa que se pretenda interponer la acción de tutela como una instancia
adicional al proceso ordinario. De hecho, la sentencia de primera instancia del
proceso ordinario accedió a las pretensiones de la demanda y, en esa vía,
quien interpuso la apelación fue el Ejército Nacional al considerar que se
concretó la eximente de responsabilidad del Estado de fuerza mayor, tesis está
que fue acogida por el Tribunal Administrativo del CAUCA quien revocó la
decisión de condena en sentencia del 4 de abril de 2024.
De manera que lo que ahora se alega es la concreción del defecto sustantivo
porque el Tribunal Administrativo del CAUCA aplicó las consecuencias del
incumplimiento de la carga de la prueba a quien no correspondía y por indebida
valoración de varios medios de convicción aportados al proceso.
Adicional a lo anterior, esta Sala evidencia que los accionantes hicieron una
relación clara de los hechos y las pretensiones de la acción de tutela, así como
la exposición de los argumentos de disenso enmarcados en las causales
especiales de procedibilidad y en la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de los que son titulares, argumentación que permite tener
acreditado este requisito de procedibilidad.
4.2. Respecto de los demás requisitos de procedencia se tiene que: la acción de
tutela fue radicada dentro de la pauta de los 6 meses establecidos en la
jurisprudencia de esta Corporación9; no proceden recursos ordinarios o
extraordinarios contra la sentencia de segunda instancia y no se trata de una
tutela contra una sentencia de tutela.

9 La sentencia acusada fue emitida el 4 de abril de 2024 y notificada a través de mensaje de datos enviado a
las partes el día 10° del mismo mes y año. Luego la acción de tutela radicada el 2 de julio de 2024, respeta
el término razonable de interposición.

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De acuerdo con lo anterior, la acción de tutela supera el examen general de
procedencia que habilita el estudio de fondo de los alegatos de la tutela con
miras a establecer si se presenta un escenario de vulneración de derechos por
la eventual concreción en la sentencia del defecto fáctico y defecto sustantivo.
Se precisa que se analizarán de manera conjunta los dos cargos de la acción
de tutela porque tienen claros puntos de encuentro en tanto que refieren a la
valoración de las pruebas del proceso, la determinación de quién ostenta la
carga de la prueba y quien debe soportar sus consecuencias, es decir, que
tienen que ver con el juicio de valoración probatoria.
5. Defectos alegados: su alcance y análisis en el caso particular
5.1. La Corte Constitucional ha indicado que la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales es «estrictamente excepcional»10 a fin de
proteger los principios de autonomía, especialidad e independencia judicial,
así como los de seguridad jurídica y cosa juzgada. Así entonces, el estudio de
la petición de amparo se torna más riguroso frente al defecto fáctico, pues es
pacífico11 que el juicio de valoración probatoria desplegado por el juez natural
de la causa está prevalido de un amplio margen de discrecionalidad, propio
del sistema de libre valoración acogido en el Código General del Proceso 12.
Lo anterior no quiere decir que aquella discrecionalidad sea ilimitada, pues no
equivale a arbitrariedad o capricho; implica que la intromisión del juez de tutela
en la valoración probatoria del fallador natural se restringe a los eventos en los
cuales la irregularidad sea ostensible, flagrante y manifiesta13. La acción de
tutela no se puede convertir en una instancia revisora de la actividad probatoria
del juez ni un escenario para imponer una tesis alternativa de valoración
probatoria. Esto, en procura de garantizar la independencia judicial, cuyo
alcance adquiere significado en actos propios e intrínsecos del juez de la
causa, como la valoración de la prueba.
Para dilucidar los escenarios donde el juez constitucional está habilitado para
estudiar la valoración probatoria del fallador ordinario, resultan ilustrativas las
sentencias SU 129 de 2021 y T 018 de 2023, en las que la Corte Constitucional
estableció los parámetros para identificar si la valoración probatoria supera los
límites de lo racional frente a la calidad de las pruebas y de su valoración 14.
Algunos de los eventos identificados por la jurisprudencia, son: (i) cuando la
conclusión extraída de las pruebas es por completo equivocada (arbitraria) y
esa desproporción puede identificarse por cualquier «persona de juicio medio»;
(ii) cuando las pruebas no se valoraron en integridad; (iii) cuando la conclusión
probatoria se fundamenta en pruebas impertinentes, inconducentes o ilícitas;
(iv) cuando los enunciados y conclusiones probatorias carecen de fundamento
objetivo y la decisión se cimienta en la voluntad o capricho del juez; y (vii)
cuando se niega, por capricho o arbitrariedad, el decreto o práctica de una
prueba relevante para resolver el asunto debatido.
Por el contrario, cuando la decisión judicial se fundamenta en la valoración
racional y razonable de los medios de prueba, en el marco de discrecionalidad
propio del sistema de libre valoración, no es dable al juez constitucional dejar
sin efectos la decisión judicial, aunque considere que debió darse una
apreciación diferente de los medios de prueba15
Al respecto, en la sentencia T 217 de 2010, la Corte Constitucional indicó:

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Demandante: Óscar Iván Llantén Inga y otros

«Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no
pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones
diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios
de la sana critica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se
ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es
autónomo, sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe,
lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos
que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es
razonable y legítima» (Destaca la Sala) 10.

Bajo la anterior premisa, la jurisprudencia constitucional ha indicado que, en
razón a los principios de autonomía e independencia judicial la intervención
del juez de tutela en relación con la posible ocurrencia de un defecto fáctico
debe ser de carácter «extremadamente reducido», dado que es en el juicio de
valoración probatoria donde adquieren mayor trascendencia estos principios11.

Actuaciones relevantes del proceso de reparación directa sub examine
para decidir los cargos contra la sentencia acusada

5.2. Del análisis de los antecedentes del caso concreto, se evidencia que la prueba
pericial rendida por el técnico electricista tiene una importancia especial en la
decisión de este proceso constitucional porque en ella se fundamentó gran
parte de la decisión del Tribunal Administrativo del Cauca y, por consiguiente,
los cargos de la acción de tutela.

Es por lo que resulta necesario hacer una mención especial a su decreto,
contenido y práctica, así como a la valoración que respecto de ella hicieron el
juez de la primera instancia y el tribunal accionado.

Pues bien, al descorrer el traslado de las excepciones de la demanda, la parte
demandante indicó, entre otros, que no estaba cumplida la imprevisibilidad
como presupuesto de la fuerza mayor en tanto que era de esperar que
ocurriera una descarga eléctrica cuando se realizaban labores a cielo abierto,
en medio de una tormenta eléctrica, utilizando armas de fuego que atraen
rayos y sin la implementación de los protocolos de seguridad pertinentes.

Para acreditar lo anterior, la parte demandante solicitó que se decretara
prueba pericial para ser rendida por el ingeniero electricista Hugo Oviedo Parra
para que, con base en las pruebas que obraban en el expediente y en la
respuesta del comandante de la Tercera División del Ejército Nacional,
relacionadas con las características del campo de paradas del cantón militar
de la Tercera División del Ejército Nacional, resolviera el cuestionario
propuesto.

Esta prueba fue decretada por el juez de primera instancia en audiencia inicial
del 4 de noviembre de 2021 y allegada en los términos exigidos al proceso.

Además, la contradicción del contenido de la pericia se llevó a cabo el 15 de
septiembre de 2022. En la diligencia se le concedió la palabra al perito para
que expresara la razón de las conclusiones del dictamen y sus fundamentos.
Después, fue interrogado por el despacho y por las partes.

10 Corte Constitucional. Sentencia T-060 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-392 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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A continuación, se exponen las conclusiones de la pericia12:
«1. La condición de espacio abierto y aislado de otras edificaciones, del campo de paradas y
la tarima de ceremonias; la zona de maniobras en tierra y pasto, elevan las probabilidades
de riesgo de que las personas allí presentes reciban una descarga directa o por tensión
de paso o de contacto derivada de la existencia de la estructura de ceremonias, en el
caso de no estar protegida con un SIPRA. Adicionalmente contribuyen a aumentar el
riesgo de lesiones y/o muertes por descargas atmosféricas del personal militar las
condiciones especiales del campo de paradas y situaciones específicas como el hecho
de portar fusiles, sumado a una posible condición de humedad del terreno.
2. Considero que es necesario, hacer una visita al sitio, para establecer o verificar las
normas de seguridad contra descargas, la existencia del SIPRA del palco de ceremonias
y constatar los materiales de esta.
3. Finalmente, puede agregarse que, si se hubieran tomado las medidas de precaución
técnica establecida en la norma NTC, incluidas la instalación de un sensor de tormentas;
la aplicación de la guía de seguridad del anexo F, así como la aplicación de la lista de
verificación, se hubiera podido evitar esta afectación al soldado Llantén.»

En la audiencia de pruebas13 donde se surtió la contradicción de la pericia, el
ingeniero electricista Hugo Oviedo Parra, manifestó:
«¿Experiencia, títulos académicos, fecha de graduación? Ingeniero Electricista egresado
universidad nacional agosto 1983, experiencia trabaje en ingeniería en Bogotá, en la parte de
construcción como ingeniero o contratista, también he tenido experiencia en el área de
transformadores, diseño y fabricación en Bogotá y en el Cauca he estado como contratista en
electrificación, he hecho peritaje para el tribunal del cauca y consultorías, he hecho
especializaciones en control de calidad, en diseño de transformadores, pero como posgrado
no tengo. (…)
¿Cuáles fueron las fuentes a disposición, método utilizado y conclusiones? Fuente la
contestación de la demanda donde hay declaraciones del comandante del Ejército, segundo,
se estudiaron los dictámenes médicos que reposan en este documento, estas fueron las
fuentes, el método que se utilizo fue de evaluación de riesgo por descargas atmosféricas ntc
Norma Técnica Colombiana 4552 de 2008, a partir de allí se hizo una revisión, se utilizaron
fuentes Google earth, para ver el campo de paradas, se alcanza apreciar el tamaño del campo
y a partir de allí se hizo análisis y evaluación de las circunstancias en las cuales se produce el
incidente. Conclusiones primero que en un campo abierto como el campo de paradas se debe
tener prevenciones porque se tienen estadísticas en el Cauca y a nivel de Popayán de tasas
de mortalidad alta por rayos por descargas atmosféricas, a partir de ahí se analiza que esa
situación del campo de paradas (…)
En el campo de paradas donde ocurrió el hecho existe una tarima que atrae los rayos, que
para poder minimizar el riesgo deberían instalarse dispositivos que disipen la energía en lugar
de generar el daño, también menciono que existen medidas de precaución que deben
adoptarse en relación con ese riesgo ¿cuáles serían esas medidas? Vamos a identificar 3,
una que es la más eficaz, el detector de tormentas que permite realizar actividades, con
condiciones seguras porque anuncia la tormenta y da un tiempo de despeje de la zona para
retirar las personas y evitar que se sometan a un riesgo, la segunda que hay disposiciones en
campo abierto, si se realiza un partido de futbol, cualquier actividad en campo abierto, en el
momento que hayan condiciones que prevean una tormenta se debe actuar de inmediato, por
ejemplo si está lloviendo y se produce tormenta hay unas disposiciones, la gente no puede
pararse a discreción con los pies separados sino pararse con los pies juntos para disminuir el
riesgo, no puede acostarse, tirarse al piso, en situación de emergencia tener las instrucciones
para hacerse en cuclillas, en fin. Si hay personas con armas metálicas, eso aumenta
considerablemente el riesgo, esos elementos metálicos son conductores de electricidad y lo
que hace es darle énfasis a la configuración de punta, hace que el cuerpo sea punta de franklin
en el sistema de protección son captadoras de descargas, si estoy en un campo de futbol o

12 Expediente digitalizado del medio de control de reparación directa nro. 190013333007 20190023200-/01.
Archivo denominado «20. DictamenPericialAPoderadoDte». Samai, índice 12 y 13
13 Expediente digitalizado del medio de control de reparación directa nro. 190013333007 20190023200-/01.
Archivo denominado «A.P. 2019-232», en carpeta denominada «24 Continuación de la audiencia de
pruebas». Samai, índice 12 y 13.

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de paradas, mi cuerpo se configura como una punta de franklin que atrae las descargas. Todas
esas disposiciones que están en las normas que están en el anexo son las que deben tomarse,
si voy hacer una actividad tengo que hacer un cheking list, revisar esto, todos los puntos y
disposiciones para garantizar, en los documentos no hay informes o testimonios u ordenes
que prueben esos protocolos, el otro punto es el del sipra, si no están ninguno de esos tres
hay un alto riesgo que se produzcan muertes por descargas atmosféricas.
¿Como una fuente se basó en informe de inteligencia del comandante, que puede evidenciar
en ese informe frente al SIPRA? No se muestra allí que exista un sistema de protección SIPRA,
segundo hablando únicamente de eso, en el informe se habla que hay un para rayos a 30 y
150 metros, se debe aclarar que el para rayo no es un SIPRA, es un elemento de protección
pero el sistema de protección lo conforma lo que decíamos el sistema de captación, el camino
por donde fluye la descarga y un mecanismo o dispositivo de disipación de la energía del rayo
y tiene unas características especiales que están en la norma, nosotros vemos en los postes
en las redes para rayos y tienen una función de protección contra descargas internas y
externas, pero no estamos hablando, eso es una protección pero no es un sistema de
protección tal como está descrito en la norma NTC 4552.
¿Esos para rayos dan protección para evitar descarga? El para rayo no son sipra sino
elementos de un sipra, si conformo el sipra puedo utilizar un pararrayo, en con campo de estos
puede ocurrir lo contrario si tengo en la zona un poste con para rayo todo el sistema de
captación y si hay personas cerca lo que vamos hacer es empeorar las condiciones, explico,
el sistema de protección debe cumplir unos requisitos, los frenos del carro, si yo los miro
aisladamente no son una protección pero si el carro tiene instalados los frenos en buenas
condiciones, si sirven de protección contra accidente, en el caso concreto del campo de
paradas los para rayos si no están cumpliendo los requisitos de puesta a tierra, condiciones,
valores mínimos, parámetros, en el cálculo, diseño no se tuvieron en cuenta las condiciones
de paso, las tensiones mínimas eso obliga a diseñar todo un sistema de maya a tierra,
entonces las personas que están en el campo de paradas ese elemento ahí puede ser parte
pero en este caso puede ser más un riesgo porque se configura en un campo abierto en un
punto de ese campo abierto se configura como una captadora de descargas y empeora las
condiciones. Por eso aclaramos en el peritaje que el SIPRA es un sistema de protección de
estructuras, si hablamos de personas ubicadas en el campo de paradas, si existe un árbol,
ese árbol se comporta como captador de rayos y las personas que estén al lado aumenta el
riesgo que si no estuviera el árbol, lo mismo ocurre con un poste con un para rayo, si no existe
el poste con él para rayo digamos que hay un riesgo, pero el poste con para rayo se configura
una punta de franklin que atrae las descargas y pone más riesgo, lo que queremos decir es
que el campo de paradas tiene una situación de protección, segundo, el banco de ceremonias,
no tenemos la información, si el accidente ocurre al interior del palco de ceremonias, ahí
funciona como protección el SIPRA, si están en el campo de paradas las personas están
expuestas cuando ellos hablan de un sistema de pararrayos están hablando a 30 metros y
ese sistema de protección a 30 mts no es un sipra, para que sea un SIPRA toda la estructura
debe estar configurado tener unas puntas de franklin, una maya y eso no es lo que están
diciendo allí, solo dicen que hay unos para rayos.

En sus respuestas menciono que actualmente existen detectores de tormentas ¿ese detector
en que evento es obligatorio y según qué norma? Si es obligatorio, está en la norma ntc 4552
de 2008, es obligatoria para todos en Colombia, allí establece que debe haber detectores de
tormenta, en los espacios abiertos, aquí en Popayán creo que lo tiene Confacauca, creo que
en pisoje, es decir en los sitios donde hay aglomeración de público debe haber detectores de
tormenta eso dice la norma ntc 4552 y es de obligatorio cumplimiento.
¿Influye el riesgo de una descarga atmosférica la aglomeración de personas? Si, es como si
tengo un campo de paradas, un campo de futbol hay una persona, esa persona está sometida
a un riesgo altísimo en caso de tormentas, si hay un grupo de personas, ese grupo está
expuesto, técnicamente significa que están las nubes y la tierra, entre las nubes y la tierra se
produce un campo eléctrico, el aire es una protección natural pero cuando hay una descarga
empieza a cambiar, aumenta el campo eléctrico, de tal forma que una persona que se pare en
ese punto, aumenta el riesgo y si hay un elemento en este campo que tenga más altura 20 o
30 metros va aumentar la posibilidad de descarga de rayos si hay una persona o varias
personas están aumentando la posibilidad de que se acelere la descarga atmosférica que
produzca un rayo.
¿Qué medidas de protección debieron adoptarse en el lugar para la personas que se
encontraban en ese momento? Debió instalarse detector de tormentas que les daba un tiempo
o indicaba si podía realizarse o no una actividad allí, o que cuando se produzca la alarma todo

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el personal debía retirarse con seguridad para evitar. El otro tema que debe existir, el SIPRA,
porque es una norma, aquí en Colombia nadie puede tener una estructura sin este sistema,
La norma técnica establece que debe tenerse unos certificados de conformidad esa estructura
debe tener un sipra y ese sistema no solamente debe cumplir con la norma y estándares, sino
que además debe estar sometido a un mantenimiento periódico, que no haya oxidación, hay
una lista de verificación y eso no aparece allí como algo que se esté cumpliendo.
¿La descarga atmosférica del 23 de diciembre del 2017 en el cantón militar era previsible? Si,
es previsible, primero por las estadísticas, la norma 4522 se establece como obligatoria por
las condiciones de Colombia, las condiciones, los altos niveles de descarga, la segunda
porque debemos tener un detector de tormentas y tercero las demás que acabo de referir».
[…]
¿Es claro que para rendir el informe usted no visito el campo de parada o si lo hizo en algún
momento? No ¿Por qué? Hay un informe en la contestación de la demanda que dice que por
motivos de seguridad no se permite la visita a este sitio A través de la aplicación de Google
que ha indicado, se pueden determinar los sistemas de precaución que indica están
establecidos en la norma NTC 4552 de 2008, ¿si la forma en que usted acudió mediante
Google se puede evidenciar si existen o no esas normas de precaución? Las fotos de Google
sirven para ver las características del área, se ve aislada la estructura del campo de paradas,
pero más allá no lo permite, Google no permite ir a más detalle para ver la estructura porque
entiende que se necesitaría otro detalle, la vista de Google se utilizó para ver las
características del lugar.
Indique al despacho si ¿el detector de tormentas es efectivo según su experiencia en todo
momento, es decir que si así el cielo este despejado, no se presente lluvias, tormentas o lo
que llamamos truenos, es efectivo, se puede prever o se puede identificar que va caer un rayo
sin que se presenten estas situaciones que llueva, haya tormenta, truenos, cielo nublado? Si,
el detector de tormentas tiene la ventaja que si este es el campo de paradas más allá se puede
estar gestando una tormenta, puede estar a 10 km y está viajando hacia el sitio, si está
viajando el detector de tormentas detecta, se dispara porque empieza a cambiar el ambiente,
ese cambio lo detecta ese dispositivo y el dispara una alarma, depende de la sofisticación del
equipo puede indicarle a cuánto tiempo y distancia esta, yo solamente cite uno que detecta a
20km, si sirve como precaución es una herramienta valiosa porque permite reaccionar»
(Subraya la Sala)

Frente a la práctica de la prueba, debe agregarse que, en audiencia, la parte
demandante desistió la solicitud que había presentado ante el despacho para
que el Ejército Nacional permitiera el ingreso del perito a la institución militar
para que ampliara su dictamen. Por lo demás, el despacho declaró surtida la
contradicción del dictamen sin objeciones.

5.3. Del contenido de la prueba pericial esta Sala identifica, preliminarmente, dos
argumentos útiles a efectos de resolver el caso concreto.

El primero tiene que ver con la implementación y cumplimiento por parte de
la demandada de las normas técnicas mencionadas por el experto para prever
y disminuir los riesgos por descargas de energía atmosférica y que resulta
especialmente relevante en el análisis de la falla en el servicio en el régimen
subjetivo de responsabilidad.

El segundo, refiere a la información contenida en la pericia y en su
contradicción sobre la existencia de artefactos de identificación de tormentas
y del SIPRA que resultan relevantes en el análisis de los presupuestos de
imprevisibilidad e irresistibilidad de la fuerza mayor como eximente de
responsabilidad en el régimen objetivo.

5.4. Ahora bien, en la sentencia de primera instancia el juez Séptimo Administrativo
de Popayán declaró la responsabilidad del Ejército Nacional por las lesiones
del conscripto Óscar Iván Llantén Inga:

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(i) Bajo el título de daño especial por el rompimiento del principio de
igualdad frente a las cargas públicas, ya que «las circunstancias en las que
se encontraban los militares en el campo de paradas agravaron las condiciones».

(ii) Y también, por el régimen subjetivo, título de falla en el servicio dado que
«no acreditó la entidad demandada que contara con el sistema de protección que
exige la Norma Técnica Colombiana NTC 4552, la cual tiene como finalidad prevenir
el riesgo de lesiones y disminuir los riesgos de pérdidas de vida por descarga
atmosférica».

Además, el juez descartó de manera expresa la solicitud de la demandada de
desestimar la experticia del perito electricista por la contradicción sobre el
ingreso al campo de paradas, dado que, en cualquier caso, la pericia se basó
en las normas técnicas aplicables cuyo cumplimiento no acreditó. Luego,
estimó que el daño hubiera sido previsible si el Ejército Nacional hubiera
adoptado los protocolos de seguridad establecidos en la Norma Técnica NTC
4452, por lo que no se concretó un escenario de fuerza mayor.

El Ejército Nacional apeló la anterior determinación. Dijo que la situación de
conscripción del soldado no demostraba la responsabilidad del Ejército
Nacional por las lesiones padecidas comoquiera que el daño fue consecuencia
de un hecho de la naturaleza con posibilidad de ocurrencia en cualquier lugar
donde se hubiera encontrado.

Agregó que se trató de un hecho imprevisible «pese a que se emitan órdenes,
directivas o manuales de prevención, ellos se encuentran direccionados a disminuir este
tipo de riesgos, mas no a eliminarlos, pues dada la naturaleza del evento, la eliminación
de este riesgo resulta totalmente imposible pese a cualquier acción que pudiera tomarse».

Además, solicitó que se desestimaran las conclusiones de la pericia porque la
afirmación de que la entidad no contaba con mecanismos de protección de
descarga se fundamentó en imágenes de Google, es decir que el experto no
visitó el lugar donde ocurrieron los hechos.

5.5. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia del 4 de abril
de 2024 revocó la decisión de condena y, en su lugar, declaró probada la
eximente de responsabilidad del Estado de la fuerza mayor.

a) Como fundamento de su determinación, sostuvo en primera medida, que
no se acreditó la falla en el servicio, pues la prueba pericial en la que se
basó la decisión del a quo no servía para determinar si el campo de
paradas cumplía con las normas de seguridad contra descargas
eléctricas ambientales porque el perito no visitó el lugar donde ocurrieron
los hechos, sino que sustentó sus conclusiones en imágenes satelitales
tomadas de «Google Earth».

Se destaca el siguiente aparte relevante de la sentencia acusada:
«Todas esas circunstancias llevan a desestimar las conclusiones del peritaje, siendo
preciso resaltar que aunque la parte actora bien podía solicitar la adición o aclaración
respectiva para que el perito hiciera la visita al lugar de los hechos (la cual según el
informe, consideraba necesaria), no lo hizo pese a que sobre ella recaía la carga de
demostrar, entre otros hechos, la inexistencia del SIPRA en el palco de ceremonias
donde ocurrieron los hechos, y constatar que los materiales de esta y en general todas
sus características (sic) no se ajustaban a las reglas técnicas correspondientes. (…)
De manera que, en el presente asunto, para llegar a la conclusión de la falta de
cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana 4552 de 2008, que rige la evaluación

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de riesgo por descargas atmosféricas, “se utilizaron fuentes Google earth, para ver el
campo de paradas, se alcanza apreciar el tamaño del campo y a partir de allí se hizo
análisis y evaluación de las circunstancias en las cuales se produce el incidente”;
concluye la Sala que no puede acompañar las conclusiones de dicho dictamen, pues,
no se basó en un análisis técnico del lugar de los hechos, es decir, que carece de datos.
Debe aclararse que si bien el perito muestra conocimiento sobre la normativa relativa a
la seguridad frente a las descargas atmosféricas, específicamente en cuanto la Norma
Técnica Colombiana 4552, esa sola situación no permite avalar las conclusiones de su
experticia porque la finalidad de su informe era la verificación directa de las condiciones
del campo de paradas donde ocurrieron los hechos, para que, a partir de dicha revisión,
pudiera concluir si este cumplía o no con la normativa ya mencionada.
Adicionalmente, el perito fue traído al proceso por ser un ingeniero electricista y no un
experto en leyes, las cuales, además, se aclara, están sujetas a interpretación de
juzgador. Y como la experticia no contó con la constatación directa de las características
del lugar de ocurrencia de los hechos, no resulta razonable darle credibilidad a lo que
allí se concluyó.» (Subraya la Sala).

b) Descartada la responsabilidad de la demandada bajo el régimen
subjetivo de responsabilidad, el tribunal procedió a analizar las pruebas
del proceso con miras a establecer si era posible mantener la decisión de
condena a la luz del régimen objetivo por el título de daño especial.
A ese respecto, aclaró que la relación de conscripción en sí misma y
haber sufrido el daño mientras prestaba el servicio no aseguraba la
decisión de condena, porque, aún bajo el régimen objetivo de
responsabilidad, era posible que la entidad acreditara alguna de las
causales exonerativas de responsabilidad.
Luego de establecer el alcance de las causales eximentes de
responsabilidad y de sus presupuestos de exterioridad, imprevisibilidad e
irresistibilidad, concluyó que en el caso concreto estaba acreditada la
causa extraña originada en un evento de fuerza mayor como lo es la
descarga eléctrica producida por un rayo.
Consideró que en el caso particular estaban acreditados los
presupuestos de la fuerza mayor con fundamento en los siguientes
argumentos:
«El daño demandado resultó irresistible ya que a la entidad no le era posible evitar sus
consecuencias, pues por la naturaleza misma del hecho derivado de la naturaleza, no
hacía viable para el Ejército Nacional, en circunstancias habituales, contrarrestar, evitar
o anular los mencionados efectos. Además, no se constata que el actor, al cumplir con
sus funciones militares, estuviera en condiciones adversas, ni que la entidad estuviera
obligada a tomar algún tipo de medida adicional para mitigar los efectos de las
tormentas eléctricas en ese sector, para anticiparse al suceso desafortunado que afectó
al demandante.
También fue imprevisible, pues a pesar de que en la demanda se alegara la alta
actividad de tormentas eléctricas en la ciudad de Popayán, esa sola situación no
conllevaría a concluir que la entidad tenía la posibilidad de predecir la caída de un rayo
en el lugar de los hechos, máxime cuando los testigos fueron enfáticos en lo repentino
del suceso al punto que ni siquiera estaba lloviendo en ese momento14.
Frente a la exterioridad del hecho, que se refiere a que este debe ser ajeno
jurídicamente, esto es, que sea exterior o extraño a los deberes y obligaciones jurídicas
de la entidad, es claro que, si bien el demandante desempeñaba sus funciones como
soldado regular en las instalaciones militares de la Tercera Brigada en el municipio de

14 «Puede entenderse que se trató de un evento súbito, teniendo en cuenta que los testigos Wilson Herney

Ortega Pajoi y Michael Dayan León Muñoz, señalaron que la descarga se presentó luego de que el día
empezara a nublarse, pero no estaba lloviendo, cuando cayó el un rayo: (…)»

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Popayán, debe insistirse en que la descarga eléctrica causada por un rayo, cuando ni
siquiera estaba lloviendo, deviene de la ocurrencia de un fenómeno propio de la
naturaleza; hecho frente al cual el Ejército Nacional no tenía ningún control para evitarlo,
pues estaba fuera de su campo de acción o de su esfera jurídica, por lo que no le era
posible precaver la caída del rayo en la humanidad del actor.» (Subraya y negrita de la
Sala)

De acuerdo con lo anterior, expuso la siguiente conclusión:
«En suma, a pesar de que bajo la óptica del régimen objetivo de responsabilidad podría
entenderse, en principio, que el daño sufrido por el accionante en desarrollo de su
servicio militar resultaría atribuible a la entidad que ejercía la custodia sobre él, esto es
el Ejército Nacional, lo cierto es se probó que el hecho dañoso derivó de una situación
propia de la naturaleza, esto es, una descarga eléctrica producida por un rayo, la que
dadas sus características de imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad, evidencian
el acaecimiento de un evento de fuerza mayor.»

Análisis del cargo por indebida aplicación de la carga de la prueba en
relación con el régimen subjetivo de responsabilidad

5.6. Establecido este contexto, pasará la Sala al análisis del alegato de la acción
de tutela relacionado con la indebida aplicación del fenómeno de la carga de
la prueba.

Para tal fin, se distinguirá entre la aplicación de este fenómeno en el régimen
subjetivo de responsabilidad por falla en el servicio y en el objetivo por daño
especial. Lo anterior, para demostrar que el argumento debe desestimarse
frente al primero, pero prospera en relación con el segundo (defecto fáctico),
como pasará a evidenciarse.

Esta Sección observa que la conclusión en la sentencia acusada de que la
parte demandante incumplió el deber de probar que el palco de ceremonias
no cumplía con el SIPRA y que la estructura no se ajustaba a las reglas
técnicas aplicables, fue realizada por el Tribunal Administrativo del Cauca
cuando analizaba la responsabilidad del Estado bajo el título de falla en el
servicio.

En ese contexto, la declaración sobre la carga de la prueba en cabeza de la
parte actora no es reprochable, pues al tenor del régimen subjetivo de
responsabilidad corresponde a la parte demandante probar la falla en el
servicio que atribuye a la entidad demandada.

En este caso, la parte demandante debía demostrar que el Ejército Nacional
no contaba con el sistema de protección contra descargas atmosféricas
exigido por la norma técnica aplicable, si es que pretendía que el daño se
imputara a un error atribuible a la demandada.

En esa vía, la argumentación expuesta por el tribunal para desestimar las
conclusiones de la pericia debido a que el experto las basó en imágenes del
campo de paradas tomadas del sistema de información «Google Earth», es decir,
sin que hiciera una visita técnica al lugar, sustentan razonablemente la
conclusión de que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba
para declarar la falla en el servicio.

Así pues, la aplicación de la carga de la prueba que hizo el tribunal en esa
primera parte de la sentencia es acorde con el alcance de la figura en casos

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analizados bajo el régimen subjetivo de responsabilidad, por lo que de ella no
deriva un defecto fáctico.

Análisis de los cargos alegados como omisión probatoria e indebida
aplicación de la carga de la prueba en el régimen objetivo

5.7. En este punto, le corresponde a la Sala verificar la valoración de las pruebas
y la aplicación del fenómeno de la carga de la prueba en el estudio de la
responsabilidad del Estado bajo el régimen objetivo y la acreditación de la
causal de exoneración de fuerza mayor, habida consideración de la situación
de conscripción del lesionado, de que se probó el daño consistente en las
lesiones alegadas y de que la lesión ocurrió cuando el conscripto estaba en «el
servicio por causa y razón del mismo»15.

Vista la argumentación y valoración probatoria expuesta por el tribunal
accionado para sustentar la declaratoria de la eximente de responsabilidad de
fuerzo mayor (Supra 5.5. b), esta Sala considera que, en efecto, se concretó un
defecto por omisión probatoria y por indebida aplicación de la carga de la
prueba.

Lo primero que se debe precisar es: cómo actúa el fenómeno de la carga de
la prueba en el régimen objetivo de responsabilidad, en específico, qué
corresponde probar a cada una de las partes. A ese respecto, la jurisprudencia
contenciosa ha indicado que, en virtud del título de imputación de daño
especial, corresponde a la parte demandante acreditar la concreción del daño
y la imputación, de otro lado, la entidad demandada podrá exonerarse,
únicamente, si demuestra que el origen o causa del daño fue el hecho
exclusivo de la víctima, el hecho de un tercero o un evento de fuerza mayor o
caso fortuito16. Pero, se advierte que en estos casos la demostración de la
causal eximente de responsabilidad corresponde a la parte demandada.

Sobre este punto, resulta ilustrativa la sentencia proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado el 2 de marzo de 2000, cuyo contenido ha sido
reiterado en jurisprudencia reciente17:

15 Así fue reconocido en la sentencia acusada, en el párrafo 6.5.1., se lee: «Según el Informativo Administrativo
Extemporáneo por Lesión Nro. 16/201827 , el 23 de diciembre de 2017, mientras la compañía de Instrucción
y Reemplazos del Batallón de Alta Montaña Nro. 4, de la cual hacía parte el actor, se encontraba en el
campo de paradas del cantón militar de la Tercera División, en el ensayo para la ceremonia de la transmisión
de mando del comandante, se presentó una descarga eléctrica producida por un rayo que afectó al
demandante, quien fue trasladado al Hospital Susana López de Valencia, por presentar dolor torácico. Dicha
afección fue calificada bajo el literal b del artículo 24 del Decreto 1796 de 2000, esto es, en “el servicio por
causa y razón del mismo (AT)”»
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B, sentencia del
12 de abril de 2024, proceso nro. 52001-23-31-000-2009-00283-01 (53633). M.P. Martín Bermúdez Muñoz;
Subsección C, sentencia del 7 de septiembre de 2022, proceso nro. 25000-23-26-000-2009-00181-01
(51368). M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2023,
proceso nro. 68001-23-31-000-2008-00578-01 (63453), M.P. Alberto Montaña Plata; Subsección B,
sentencia del 6 de julio de 2020, proceso nro. 13001-33-31-001-1999-00344-01(51317), M.P. Ramiro Pazos
Guerrero; Subsección A, sentencia del 24 de mayo da 2017, proceso nro. 44001-23-31-000-2011-00091-
01(46261), M.P. Hernán Andrade Rincón; Subsección C, sentencia del 1° de abril de 2019, proceso nro. 76-
001-23-31-000-2009-00911-01 (44133), M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas;
17 En la sentencia del 2 de marzo del 2000, expediente CE-SEC3-EXP2000-N1140, la Sección Tercera del
Consejo de Estado indicó. Esta postura fue reiterada más recientemente en las siguientes providencias:
sentencia del 28 de septiembre de 2017, proceso nro. 27001-23-31-000-2010-00177-01 (44635), M.P. Marta
Nubia Velásquez Rico (e) y en la sentencia de la Corte Constitucional T-011 de 2017 con ponencia del
magistrado Alberto Rojas Ríos.

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«demostrada la existencia de un daño antijurídico causado a quien presta el servicio militar,
durante el mismo y en desarrollo de actividades propias de él, puede concluirse que aquél es
imputable al Estado. En efecto, dado el carácter especial de esta situación, por las
circunstancias antes anotadas, es claro que corresponde al Estado la protección de los
obligados a prestar el servicio militar y la asunción de todos los riesgos que se creen como
consecuencia de la realización de las diferentes tareas que a ellos se asignen. No será
imputable al Estado el daño causado cuando éste haya ocurrido por fuerza mayor o por el
hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, eventos cuya demostración corresponderá a la
parte demandada». (Subraya la Sala)

De lo anterior, resulta claro que, al analizar el caso concreto, relativo a las
lesiones sufridas por un conscripto en servicio, bajo el régimen objetivo de
responsabilidad por daño especial correspondía al Ejército Nacional probar la
ocurrencia de una causa extraña para poder exonerar su responsabilidad.

5.8. Ahora bien, la jurisprudencia contenciosa ha establecido que, para declarar
probada la eximente de responsabilidad de la fuerza mayor, corresponde a la
parte demandada acreditar su imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad.
Sobre el alcance de estos presupuestos, conviene recordar una de las citas
jurisprudenciales contenidas en la sentencia acusada:
«En efecto, en providencia de 24 de enero de 202418, el Alto Tribunal reiteró que, para
encontrar configurada la causa extraña, deben estar demostrados los tres elementos, los
cuales definió así: “…La imprevisibilidad entendida como aquello que, pese a haber sido
imaginado, es súbito, repentino o anormal, o aquello que pese a la diligencia y cuidado que se
tuvo para evitarlo, de todas maneras, se produjo. La irresistibilidad es la imposibilidad de
cumplir la obligación o de evitar el daño, y la exterioridad se refiere a que el evento que se
alega como causa extraña debe ser ajeno jurídicamente, esto es, que sea exterior o extraño
a los deberes y obligaciones jurídicas de la Administración...”» (Subraya al Sala)

Al respecto, en la fundamentación de la sentencia se observa que frente al
requisito de imprevisibilidad el Tribunal Administrativo del Cauca se limitó a
indicar que la entidad demandada no tenía la posibilidad de predecir la caída
de un rayo en el campo de paradas, menos aún, cuando los testigos
manifestaron que ni siquiera estaba lloviendo cuando ocurrió la descarga
eléctrica atmosférica.

Como se observa, la conclusión de declarar acreditado este presupuesto se
basó tan solo en la prueba testimonial y en el entendimiento general de que el
rayo es un fenómeno de la naturaleza impredecible, pero no tomó en
consideración la información que fue traída legal y oportunamente al proceso
con la prueba pericial y su contradicción, rendida por el ingeniero electricista
Hugo Oviedo Parra.
Con este medio de prueba, se allegó información relevante sobre la existencia
de (i) la Norma Técnica Colombiana NTC 4552 relativa a la protección contra
descargas atmosféricas y (ii) de mecanismos que permiten predecir la
ocurrencia de estos fenómenos atmosféricos como los detectores de
tormentas que posibilitan accionar protocolos de prevención de afectaciones a
bienes o personas.
A manera de contexto se recuerda que, el alcance de estas normas técnicas
está definido en el artículo 2 del Decreto 2269 de 199319, donde se indica que
es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo

18 «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de

24 de enero de 2024, C.P.: William Barrera Muñoz, radicación: 19001-23-33-000-2013-00689-01 (61974)»
19 «Por el cual se organiza el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología.»

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reconocido cuyo contenido se debe basar en «los resultados consolidados de la
ciencia, la tecnología y la experiencia y sus objetivos deben ser los beneficios óptimos
para la comunidad». En línea con lo anterior, la norma técnica colombiana (NTC)
es la aprobada por el organismo nacional de normalización20, Icontec.
Retomando, la Sala se permite recordar, con finalidad ilustrativa, algunos
apartes de la contradicción del dictamen (Supra 5.2.):
«(…) también mencionó que existen medidas de precaución que deben adoptarse en relación
con ese riesgo ¿cuáles serían esas medidas? Vamos a identificar 3, una que es la más eficaz,
el detector de tormentas que permite realizar actividades, con condiciones seguras porque
anuncia la tormenta y da un tiempo de despeje de la zona para retirar las personas y evitar
que se sometan a un riesgo, la segunda que hay disposiciones en campo abierto, si se realiza
un partido de futbol, cualquier actividad en campo abierto, en el momento que hayan
condiciones que prevean una tormenta se debe actuar de inmediato, por ejemplo si está
lloviendo y se produce tormenta hay unas disposiciones, la gente no puede pararse a
discreción con los pies separados sino pararse con los pies juntos para disminuir el riesgo, no
puede acostarse, tirarse al piso, en situación de emergencia tener las instrucciones para
hacerse en cuclillas, en fin. Si hay personas con armas metálicas, eso aumenta
considerablemente el riesgo, esos elementos metálicos son conductores de electricidad y lo
que hace es darle énfasis a la configuración de punta, hace que el cuerpo sea punta de franklin
en el sistema de protección son captadoras de descargas, si estoy en un campo de futbol o
de paradas, mi cuerpo se configura como una punta de franklin que atrae las descargas. Todas
esas disposiciones que están en las normas que están en el anexo son las que deben tomarse,
si voy hacer una actividad tengo que hacer un cheking list, revisar esto, todos los puntos y
disposiciones para garantizar, en los documentos no hay informes o testimonios u ordenes
que prueben esos protocolos, el otro punto es el del sipra, si no están ninguno de esos tres
hay un alto riesgo que se produzcan muertes por descargas atmosféricas.
(…)¿La descarga atmosférica del 23 de diciembre del 2017 en el cantón militar era previsible?
Si, es previsible, primero por las estadísticas, la norma 4522 se establece como obligatoria por
las condiciones de Colombia, las condiciones, los altos niveles de descarga, la segunda
porque debemos tener un detector de tormentas y tercero las demás que acabo de referir».»

Como se nota, esta información era relevante en el estudio de los elementos
de imprevisibilidad del hecho dañoso y por ello era importante que fuera
valorado en ese acápite específico de la sentencia. En suma, se evidencia la
omisión de un medio de prueba relevante y útil para resolver sobre la
prosperidad de la eximente de responsabilidad de la fuerza mayor por lo que
se encuentra acreditado el defecto fáctico por omisión probatoria.
5.9. En este punto conviene aclarar que, aunque el tribunal accionado, en el
análisis de la falla en el servicio, desestimó la conclusión de la pericia de que
el campo de paradas no cumplía con las normas técnicas mencionadas porque
no se basó en datos fiables, comoquiera que el experto no visitó
presencialmente el lugar de los hechos, no puede desconocerse que existe
más información relevante en el decreto y práctica de la prueba pericial cuya
omisión no aparece justificada en la anterior declaración de la autoridad judicial
acusada.
En esa vía, se evidencia que la prueba pericial fue desestimada a partir de una
argumentación que resulta coherente en el régimen subjetivo de
responsabilidad por el título de la falla en el servicio, pero que no resulta
suficiente para dejarla de lado a efectos estudiar el elemento de
imprevisibilidad de la causa extraña en el régimen objetivo de responsabilidad.

20 Decreto 2296 de 1993. Artículo 2. f) ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN. Entidad reconocida
por el Gobierno Nacional cuya función principal es la elaboración, adopción y publicación de las normas
técnicas nacionales y la adopción como tales de las normas elaboradas por otros entes. El Instituto
Colombiano de Normas Técnicas, Icontec, continuará siendo el Organismo Nacional de Normalización.

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De otra parte, respecto de la aplicación de la norma técnica NTC 4522 al caso
particular, con ocasión a la información aportada por el perito, conviene
recordar que en la sentencia el tribunal advirtió que el perito fue traído al
proceso por ser un ingeniero electricista y no por ser un experto en leyes y
aclaró que el análisis e interpretación de estas corresponde al juez de la causa.
Sin embargo, en la providencia no se evidencia argumentación de la autoridad
judicial acusada sobre la pertinencia, aplicación, alcance o interpretación de
esta norma para resolver el caso concreto.
En esa medida, el tribunal administrativo omitió el análisis sobre la aplicación
de esta norma técnica al caso concreto, el cual se estima relevante a efectos
de establecer si el Ejército Nacional cumplió con la carga procesal de acreditar
la eximente de responsabilidad de fuerza mayor.
Conviene precisar en este punto que, esta Sala no pretende que prevalezca el
contenido del dictamen y las opiniones del experto sobre la valoración de la
prueba y análisis normativo que hizo el juez de la causa, por el contrario, es
indiscutible que corresponde al experto otorgar al juez los instrumentos y
reglas de la experiencia necesarios para valorar los supuestos fácticos y
jurídicos defendidos por las partes en el proceso. Es decir, que la información
otorgada por el perito pretende integrar los conocimientos del juez para que
pueda adoptar una postura sobre la veracidad de los hechos en litigio, pero el
perito no reemplaza ni se impone a la función judicial. Entonces, el juez es
independiente y puede decidir según su prudente arbitrio, pero, en todo caso,
debe brindar una suficiente motivación de su determinación y esa
fundamentación suficiente es la que se extraña en el caso particular.
De acuerdo con lo anterior, esta Sala reitera que, en el análisis de la
concreción de la eximente de responsabilidad de fuerza mayor, el tribunal
omitió valorar la información relevante contenida en la prueba pericial a ese
respecto o, de considerarlo pertinente, debió presentar las razones por las que
estimaba que los datos allí contenidos sobre la existencia de artefactos de
identificación y predicción de tormentas y la exigencia de un SIPRA, según la
norma técnica NTC4552 no eran fiables, pero tal motivación no se expuso en
la sentencia. Luego, se itera, se materializó un defecto fáctico por omitir, sin
justificación suficiente, la valoración de un medio de prueba legal, útil y
relevante.
5.10. Recapitulando, el Tribunal Administrativo del Cauca incurrió en defecto fáctico
porque no valoró la acreditación de la causa extraña invocada por el Ejército
Nacional con fundamento en todos los medios de prueba relevantes y útiles
para tal fin, pues dejó de lado sin argumentación suficiente, la prueba pericial.
El trámite del proceso da cuenta de que el decreto de la prueba pericial fue
solicitado después de que el Ejército Nacional respondió la demanda, con el
específico propósito de rebatir el presupuesto de imprevisibilidad de la fuerza
mayor invocado como causa extraña para exonerar la responsabilidad del
Estado. Luego, se trató de un medio de prueba aportado legal y oportunamente
al proceso y con información útil para decidir la prosperidad de la causa
extraña en el régimen objetivo de responsabilidad; a pesar de ello, no fue
considerado en el acápite específico por el tribunal accionado, sin que se
expusieron las razones por las que el tribunal estimaba que los datos allí
contenidos sobre la existencia de aparatos tecnológicos que podían predecir
la tormenta eléctrica no tenían la potestad de rebatir la fuerza mayor.

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A lo anterior debe agregarse que, la entidad demandada, conforme a la
jurisprudencia antes anunciada21, es quien tiene la carga de probar si en el
caso concreto están acreditados los elementos de la causa extraña y, en esa
vía, le corresponde asumir las consecuencias de su incumplimiento tal y como
se ha establecido para eventos de responsabilidad del Estado bajo el régimen
objetivo.
Por sustracción de materia, la Sala prescindirá del análisis de los cargos
restantes de la acción de tutela pues la argumentación expuesta fundamenta
con suficiencia el defecto fáctico contenido en la demanda y la necesidad dejar
sin efectos la sentencia del 4 de abril de 2024 en amparo del derecho
fundamental al debido proceso de los accionantes.
6. Conclusión
La Sala amparará el derecho al debido proceso de Óscar Iván Llantén Inga y otros
porque la sentencia accionada comporta defecto fáctico por omisión probatoria ya
que el Tribunal Administrativo del Cauca omitió considerar la información relevante
de la prueba pericial a efectos de decidir sobre la imprevisibilidad de la fuerza mayor.
En consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del 4 de abril de 2024 y se
ordenará a esa autoridad judicial que, en el término de veinte (20) días contados a
partir de la notificación de este fallo, profiera una sentencia de reemplazo en la que
tenga en cuenta las precisiones probatorias expuestas en la parte considerativa de
esta providencia judicial.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de los señores Óscar Iván
Llantén Inga, José Wilder Llantén Salazar, María Miladi Inga Maca, Maritza
María López Inga, Carlos Alberto Llantén Inga, Hermenia Maca, Octavio
Llantén y Margarita Salazar de Llantén, de conformidad con las razones
expuestas en esta providencia.

2. En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia del 4 de abril de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca en el medio de control de
reparación directa con radicado nro. 19001-33-33-007-2019-00232-01 y
ordenar a dicha autoridad judicial que en el término de veinte (20) días,
contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una decisión
de reemplazo en la que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en
esta decisión.

3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 24 de enero de 2024, radicación: 19001-
23-33-000-2013-00689-01 (61974). En esta sentencia se reiteró que, para encontrar configurada la causa
extraña, deben estar demostrados tres elementos: «La imprevisibilidad entendida como aquello que, pese a haber
sido imaginado, es súbito, repentino o anormal, o aquello que pese a la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de
todas maneras, se produjo. La irresistibilidad es la imposibilidad de cumplir la obligación o de evitar el daño, y la
exterioridad se refiere a que el evento que se alega como causa extraña debe ser ajeno jurídicamente, esto es, que sea
exterior o extraño a los deberes y obligaciones jurídicas de la Administración...».

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03393-00
Demandante: Óscar Iván Llantén Inga y otros

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) Ausente en comisión
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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