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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03403-00

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03403-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado de los derechos fundamentales a la vida y a la salud de la señora Victoria Eugenia Pérez Núñez. Segundo: EXHORTAR a la EPS Sanitas S.A. para que le procure a la accionante el suministro oportuno de los medicamentos y procedimientos prescritos por la neuróloga tratante a la señora, en relación con el diagnóstico neuromielitis óptica. Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Radicado: 11001-03-15-000-2024-03403-00

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03403-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

18 de julio de 2024

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03403-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro 2024

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03403-00
Accionante: Victoria Eugenia Pérez Núñez
Accionados: Entidad promotora de salud Sanitas S.A. EPS y otro

Tema: Acción de tutela por presunta vulneración de los derechos a la vida,
a la salud y a la integridad personal, ante las omisiones de la EPS
Sanitas y la IPS CAYRE en el suministro del medicamento rituximab
para tratar la enfermedad neuromielitis óptica.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Victoria Eugenia Pérez
Núñez, en nombre propio, en contra de la entidad promotora de salud Sanitas
S.A. EPS y el instituto prestador de salud Riesgo de Fractura S.A- CAYRE.

ANTECEDENTES

La señora Victoria Eugenia Pérez Núñez instauró acción de tutela, en aras de
que se amparen los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la integridad
personal, los cuales considera transgredidos por las entidades antes citadas.

HECHOS

Manifestó que actualmente se encuentra afiliada al sistema de seguridad social
en salud a Sanitas EPS, como cotizante en el régimen contributivo.

Señaló que desde el año 2019 fue diagnosticada con una enfermedad huérfana
denominada “NEUROMIELITIS OPTICA (sic) CRÓNICA ó (sic) Síndrome de
DEVIC”, aparece en el listado emitido por el Ministerio de Salud y Protección

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Social Resolución 5265 de 2018.

Que para el año 2019 se encontraba afiliada a la EPS Famisanar y ante la
negativa de ésta de suministrar medicamento para el tratamiento de la
enfermedad presentó tutela, que fue resuelta a su favor por parte del Juzgado 18
Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá.

Afirmó que en el mes de octubre de 2019 se trasladó a la EPS Sanitas y que
desde ese año hasta el 2023 le han dado la orden para aplicar el medicamento
“RITUXIMAB, 500 ml, vía intravenosa, a través de la IPS CAYRE”, cada seis
meses.

Expuso que la IPS CAYRE vía telefónica le programó la aplicación del
medicamento para los días 15 y 16 de abril de 2024, pero las canceló
argumentando temas administrativos y a través del escrito 24041632830 le indicó
que se agendaba para el 30 de mayo de esta anualidad; no obstante, un día antes
la reprogramó para el 16 de junio de este año.

Adujo que interpuso queja ante la Superintendencia Nacional de Salud, con
radicado núm. 24-05170611-20242100007088662. La EPS Sanitas el 5 de junio
de 2024 contestó que la cita del 30 de mayo se canceló porque no estaba
disponible el medicamento en Audifarma y “asignó la aplicación para el día
13/06/24. Nuevamente esta cita fue cancelada vía telefónica por KAYRES (sic)
el día 12 de junio, argumentando motivos administrativos y otra vez
reprogramada para el día 27 de junio de 2024”; sin embargo, la IPS vía telefónica
la canceló y la corrió para el 8 de julio de 2024.

Aseveró que la no aplicación oportuna del medicamento rituximab le ha
ocasionado un deterioro considerable en su estado de salud “con deficiencia
crónica de visión y de movilidad de extremidades superiores e inferiores, como
consecuencia tuve hospitalización del día 13 al 19 de junio de los presentes, con
infusión de metilprednisolona intravenosa por cinco días”.

Considera que el actuar de la EPS Sanitas y la IPS CAYRE al programar las citas
para aplicar el medicamento rituximab y luego cancelarlas a última hora,

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alegando temas administrativos, le transgrede sus derechos fundamentales a la
vida, a la salud y a la integridad personal, pues le impide tratamiento adecuado
de su enfermedad degenerativa de neuromielitis óptica crónica y deteriora su
estado de salud y la calidad de vida a ella y a su familia.

PRETENSIONES

Solicita se amparen los derechos fundamentales ya invocados y, en
consecuencia, ordenar a la EPS Sanitas y a la IPS CAYRE que de manera
inmediata garanticen la continuidad del tratamiento para la enfermedad de
neuromielitis óptica crónica aplicando el medicamento rituximab en los tiempos y
las dosis formuladas por los especialistas y demás procedimientos que requiera
para una atención óptima. Igualmente solicitó medida provisional para que se
ordenara aplicarle de manera inmediata la dosis prescrita del medicamento.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 4 de julio de 2024 se dispuso su admisión, se ordenó su notificación a
los accionados y se vinculó a la Superintendencia Nacional de Salud, como
tercero interesado.

Además, se concedió la medida provisional solicitada ordenando “a la EPS
SANITAS SAS que, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la
notificación de la presente providencia, gestione el suministro del medicamento
rituximab a la señora Victoria Eugenia Pérez Núñez remitiéndola a la IPS donde
efectivamente le pueda ser aplicado”.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El 5 de julio de 2024 la Secretaría General del Consejo de Estado notificó la
acción de tutela a la EPS Sanitas y a la IPS Riesgo de Fractura S.A. – CAYRE;
sin embargo, éstas guardaron silencio.

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POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Superintendencia Nacional de Salud rindió informe donde señaló que una
vez revisado el aplicativo de gestión SUPERRARGO PQRD encontró que la
accionante radicó la reclamación núm. PQR-20242100007088662, la cual
trasladó a la entidad vigilada para su gestión, tal y como lo establece la Circular
Externa núm. 202315100000010-5 de 2023.

Por otro lado, indicó que mediante el documento núm. 20242100201374081
exhortó a la EPS Sanitas para que desplegara las acciones necesarias en aras
de garantizar la prestación de los servicios requeridos por la usuaria.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante, para lo cual se abordarán los siguientes temas:
I) derecho a la vida y a la salud; II) carencia actual de objeto por hecho superado
y III) caso concreto.

I) Derecho a la vida y a la salud

La Constitución Política concibe el derecho a la salud como: a) un servicio
público a cargo del Estado; b) un deber ciudadano de procurar el propio cuidado
integral; c) una garantía a todas las personas de acceder a los servicios de
promoción, protección y recuperación; d) un derecho fundamental de los niños;
e) un servicio garantizado a las personas de la tercera edad; f) una prestación
especializada para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos; y g) un valor
que se debe proteger en relación con toda persona de conformidad con el
principio de solidaridad social1.

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional define el derecho a la
salud como un derecho fundamental, que puede ser amparado a través de la
acción de tutela. Frente al acceso a los servicios de salud, ha dicho lo siguiente:

1 Corte Constitucional, sentencia T 559 de 2016 (MP Aquiles Arrieta Gómez)

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“(…) El derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental. La Corte lo
ha protegido por tres vías. La primera ha sido estableciendo su relación de
conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el
derecho a la dignidad humana, lo cual le ha permitido a la Corte identificar
aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y admitir su tutelabilidad; la
segunda ha sido reconociendo su naturaleza fundamental en contextos donde el
tutelante es un sujeto de especial protección, lo cual ha llevado a la Corte a
asegurar que un cierto ámbito de servicios de salud requeridos sea efectivamente
garantizado; la tercera, es afirmando en general la fundamentalidad del derecho
a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios
contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los
planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una
vida digna. (…)” 2

El Congreso de la República estableció que el derecho a la salud es
fundamental, autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, en la
Ley Estatutaria 1751 de 2015. La Corte en la sentencia C-313 de 2014 al evaluar
la constitucionalidad del proyecto de ley señaló:

“(…) [E]l derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable, tanto en lo
individual como en lo colectivo. En segundo lugar, manifiesta que comprende
los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la
preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. En tercer lugar,
radica en cabeza del Estado el deber de adoptar políticas que aseguren la
igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción,
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las
personas. (…)3

Aunado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional hace énfasis en que el
servicio de salud debe ser prestado de manera integral, con calidad, oportunidad
y eficacia4, para ello se ha indicado sobre el principio de integralidad, lo
siguiente:

“(…) El tratamiento integral tiene la finalidad de garantizar la continuidad en la

2 Corte Constitucional, sentencia T-760 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).

4 Corte Constitucional sobre el principio de integralidad de la prestación del servicio de salud, es posible

consultar las siguientes: T-122 de 2001 (MP Carlos Gaviria Díaz); T-133 de 2001 (MP Carlos Gaviria Díaz);
T-319 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra); T-136 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa);
sentencia T-062 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández); sentencia T-518 de 2006 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra); T-830 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño); sentencia T-1059 de 2006 (MP Clara Inés
Vargas Hernández); sentencia T-730 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra); sentencia T-536 de 2007
(MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-421 de 2007 (MP Nilson Pinilla Pinilla); sentencia T-760 de 2008 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa); sentencia T-547 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez), sentencia T-745
de 2014 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

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prestación del servicio de salud y evitar la interposición de acciones de tutela por
cada servicio prescrito por el médico tratante del accionante5.
(…)
Por lo general, se ordena cuando (i) la entidad encargada de la prestación del
servicio ha sido negligente en el ejercicio de sus funciones y ello ponga en riesgo
los derechos fundamentales del paciente6. Igualmente, se reconoce cuando (ii) el
usuario es un sujeto de especial protección constitucional (como sucede con los
menores de edad, adultos mayores, indígenas, desplazados, personas con
discapacidad física o que padezcan enfermedades catastróficas); o con aquellas
(iii) personas que “exhiben condiciones de salud extremadamente precarias e
indignas” (…)”7.

El juez constitucional en estos casos debe precisar el diagnóstico que el médico
tratante estableció respecto al accionante y frente al cual recae la orden del
tratamiento integral. Lo dicho teniendo en consideración que no resulta posible
dictar órdenes indeterminadas ni reconocer prestaciones futuras e inciertas8; lo
contrario implicaría presumir la mala fe de la EPS en relación con el
cumplimiento de sus deberes y las obligaciones con sus afiliados, en
contradicción del artículo 83 Superior9.

II) Carencia actual de objeto por hecho superado

Ha establecido la Corte, que si durante el trámite de la acción de tutela, la
situación que da origen a la misma es superada, desapareciendo los hechos
que vulneraban los derechos reclamados, pierde objeto la acción de tutela y
debe declararse el hecho superado:

“Cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del
derecho alegado desaparece o se encuentra superada, el amparo constitucional
pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección
judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico
resultaría a todas luces inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo
constitucionalmente previsto para esta acción”.10

“Frente a estas circunstancias la Corte ha entendido que: el hecho superado se
presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en
la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” de objeto

5 Sentencia T-365 de 2009.
6 Sentencias T-702 de 2007 y T-727 de 2011, posición reiterada en la Sentencia T-092 de 2018.

7 Ver Sentencias T-062 y T-178 de 2017.

8 Artículos 67 y 73 de la Ley 1753 de 2015.
9 Sentencia T-259 de 2019
10 Sentencia T-096 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Posición retomada en la sentencia T-047 de 2016.

M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la
expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la
expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en la
tutela”.11

III) Caso concreto

La señora Victoria Eugenia Pérez Núñez solicitó la protección de los derechos
fundamentales a la vida, a la salud y a la integridad personal, ante la omisión por
parte de la EPS Sanitas S.A. y la IPS Riesgo de Fractura S.A CAYRE en la
aplicación el medicamento rituximab para tratar la enfermedad de neuromielitis
óptica crónica.

Pues bien, de las pruebas aportadas observa la Sala lo siguiente:

• La accionante padece una enfermedad huérfana denominada neuromielitis
óptica. La especialista en neurología que la atendió en el centro médico
Colsanitas SAS el 25 de abril de 2024 le formuló el medicamento rituximab 500
mg, aplicación intravenosa12.

• Le programaron la aplicación del medicamento para el 30 de mayo de 202413,
pero la misma no se llevó a cabo porque no había disponibilidad del biológico por
parte de Audifarma; posteriormente, la reprogramaron para el 13 de junio del
presente año14 y, luego, para el 16 del mismo mes y año15

• La accionante fue atendida por la IPS Cuidarte tu Salud SAS el 27 de junio de
2024, en su domicilio, por presentar “CUADRO CLÍNICO PÉRDIDA VISUAL AGUDA
SÚBITA DE OJO IZQUIERDO EPISODIOS DE VÉRTIGO DETERIORO DE LA FUERZA
MUSCULAR PACIENTE QUIÉN ES CURSA CON NEUROMIELITIS ÓPTICA EN
CUMPLIMIENTO DE ESQUEMA CONC ORTICOIDE CON MEJORIA (sic) DE
SINTOMAS SE INDICA CONTROL AMBULATORIO CON ESPECIALIDAD”; le
aplicaron “METILPREDNISOLONA 1 GR INTRAVENOSO CADA 24 HORAS POR 5

11 Sentencia SU-047 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis. Posición retomada en la sentencia T-047 de 2016.

M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
12 Formula medica uso continuo núm. 3722-72296281 del 25 de abril de 2024
13 20 de mayo de 2024, la IPS CAYRE responde Requerimiento núm. 24041632830
14 05 de junio de 2024, EPS Sanitas respuesta a comunicación de PQRS No. 24-05169857 radicada ante la

Superintendencia Nacional de Salud.
15 04 de junio de 2024, EPS Sanitas respuesta a comunicación de PQRS No. 24-05169857 radicada ante la

Superintendencia Nacional de Salud.

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DÍAS INICIAR DOSIS EN DOMICILIO **SUSPENDER CON ULTIMA DOSIS**”.

• La Superintendencia Nacional de Salud mediante documento núm.
20242100201374081 del 08 de julio de 2024 requirió al interventor de la EPS
Sanitas para que indicara las actuaciones administrativas desplegadas por la
entidad, a efectos de garantizar los servicios médicos y/o administrativos que
solicitan los usuarios para el manejo de sus diagnósticos y especificar la hora,
fecha, lugar y prestador que cumplirá con el servicio.

Mediante auto del 4 de julio de 2024 el consejero ponente le ordenó a la EPS
Sanitas que, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de
la presente providencia, le suministrara a la señora Pérez el medicamento
rituximab que requiere para tratar su dolencia.

De acuerdo con lo anterior, el 12 de julio de 2024 el despacho se comunicó vía
telefónica con la señora Pérez con el fin de indagar si la EPS Sanitas ya le había
aplicado el medicamento rituximab, a lo cual informó que el miércoles 10 de julio
del presente año le fue suministrada la dosis formulada por la neuróloga tratante,
en la IPS CAYRE en la sede Américas, ubicada en la dirección carrera 56 # 9-91.

En esa medida, observa la Subsección que con la actuación desplegada por la
EPS Sanitas se dio aplicación del medicamento rituximab para tratar la
enfermedad neuromielitis óptica, conforme a la orden del 25 de abril de 2024,
superándose así la vulneración de los derechos fundamentales que se
encontraban en riesgo.

En relación con la solicitud de que se garantice la continuidad del tratamiento con
el suministro del medicamento y demás procedimientos que requiera para una
atención óptima, no desconoce la Sala que el derecho a la salud comprende la
continuidad en la atención; no obstante, de los elementos aportados al
expediente no se observa una conducta negligente de la EPS en relación con la
atención de la señora Pérez Núñez, de donde pueda presumirse la intención de
sustraerse a su obligación de prestar los servicios de salud de manea continuada
y oportuna.

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Por otro lado, a pesar del diagnóstico indicado en los registros de atenciones
prestadas, no se encuentran órdenes medicamentos, exámenes, terapias o
intervenciones requeridas y pendientes por suministrar a la actora; de donde se
desprenda la necesidad de impartir una orden en ese sentido, pues no le está
dado a al juez constitucional emitir un pronunciamiento sobre hechos futuros e
inciertos.

En consecuencia, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado,
se negará el tratamiento integral y, se exhortará a la EPS Sanitas S.A para que
le procure a la accionante el suministro oportuno de los medicamentos y
procedimientos prescritos por la neuróloga tratante en relación con el diagnóstico
neuromielitis óptica.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado de los
derechos fundamentales a la vida y a la salud de la señora Victoria Eugenia Pérez
Núñez.

Segundo: EXHORTAR a la EPS Sanitas S.A. para que le procure a la accionante
el suministro oportuno de los medicamentos y procedimientos prescritos por la
neuróloga tratante a la señora, en relación con el diagnóstico neuromielitis óptica.

Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase
el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
HAPC

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