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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03418-00

Fecha
22 de agosto de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03418-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la FIDUPREVISORA S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03418-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

22 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03418-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: NATALI CAROLINA LÓPEZ FRANCO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER
DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO
MERAMENTE ECONÓMICO. CONDENA EN COSTAS. ADEMÁS, TAMPOCO SE
CUMPLE EL REQUISITO DE LA SUBSIDIARIEDAD, TODA VEZ QUE LAS
INCONFORMIDADES FRENTE A LA CONDENA EN COSTAS IMPUESTA POR EL
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, NO FUERON PUESTAS DE PRESENTE EN EL
RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA ACTORA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra la SALA SEXTA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1
En adelante el TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03418-00
Actora: NATALI CAROLINA LÓPEZ FRANCO

La señora NATALI CAROLINA LÓPEZ FRANCO, actuando a través

de apoderada especial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en

el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y “al principio de gratuidad”, los cuales

estima vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la

providencia de 22 de febrero de 2024, dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

número único de radicación 05001-33-33-024-2022-00128-01.

I.2. Hechos

Indicó que se encuentra vinculada como docente oficial al servicio del

DISTRITO DE MEDELLÍN, por lo que está afiliada al FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO2 y

tiene derecho al reconocimiento y pago de cesantías por el régimen

anualizado, incluyendo los intereses de cada año.

Manifestó que el Ministerio de Educación Nacional -FOMAG- omitió

consignar en término las cesantías que le correspondía por los

servicios prestados en el año 2020, por lo que solicitó el

2
En adelante FOMAG

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3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03418-00
Actora: NATALI CAROLINA LÓPEZ FRANCO

reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de

dicha prestación social.

Refirió que mediante Oficio 202130472011 de 25 de octubre de

2021, la Alcaldía de Medellín denegó la solicitud de reconocimiento y

pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.

Relató que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra el FOMAG y el Distrito de Medellín, con el fin de que

se declarara la nulidad del acto administrativo núm. 202130472011

de 25 de octubre de 2021 y, en su lugar, se ordenara el

reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación

tardía de sus cesantías.

Señaló que al mencionado proceso le fue asignado el número único

de radicación 05001-33-33-024-2022-00128-00 y le correspondió en

primera instancia al Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral

de Medellín3 que, mediante sentencia de 2 de diciembre de 2022,

denegó las súplicas de la demanda y la condenó en costas.

3
En adelante el JUZGADO.

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Adujo que, inconforme con la decisión, interpuso recurso de

apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante

providencia de 22 de febrero de 2024, confirmó la decisión del a quo,

al estimar que la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías

solo opera para aquellos docentes no afiliados al FOMAG,

comoquiera que éstos tienen un régimen especial de cesantías y,

además, se abstuvo de condenar en costas en segunda instancia.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la actora, no aparecen probados gastos judiciales

sufragados por la entidad demandada, por tratarse la demanda de

un asunto de puro derecho, así como tampoco se encuentra

demostrada una actuación temeraria o de mala fe, que justificara la

imposición de condena en costas.

Resaltó que de conformidad con la posición asumida por el Consejo

de Estado, el artículo 188 del CPACA no impuso una obligación

perentoria de imponer condena en costas y agencias en derecho,

comoquiera que la obligación que de allí se desprende es la de emitir

un pronunciamiento al respecto, de manera que conforme a la

valoración del debate procesal resulta válido prescindir de la

imposición de la condena en costas, acorde a los derechos

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fundamentales y dándole prevalencia al acceso a la administración

de justicia.

Puso de presente la sentencia de 5 de abril de 20184 por medio de la

cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado, analizó un asunto

similar, en el cual se discutió en una acción de tutela la imposición

de condena en costas y la vulneración del derecho fundamental al

acceso a la administración de justicia, así como el principio de

gratuidad.

I.4. Pretensiones

La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia, se revoque la

decisión del TRIBUNAL de 22 de febrero de 2024, por medio de la

cual fue condenada en costas.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL adujo que el motivo de inconformidad que

sustenta la solicitud de amparo es la condena en costas de la

sentencia de primera instancia, aspecto que no fue puesto de

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Identificada con número único de radicación 76001-23-33-000-2012-00430-01.

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presente en el recurso de apelación y, por lo tanto, no fue objeto de

pronunciamiento en la sentencia de segunda instancia.

Finalmente, destacó que la acción de tutela de la referencia carece

del requisito de relevancia constitucional, pues lo pretendido es crear

una instancia adicional en el proceso ordinario.

I.5.2.- El JUZGADO pese a ser notificado en debida forma del

presente trámite constitucional, guardó silencio.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El DISTRITO DE MEDELLÍN manifestó que no se advierte

vulneración alguna del derecho fundamental al debido proceso, toda

vez que la autoridad judicial accionada actuó conforme a la normativa

y la jurisprudencia; además, que el principio de gratuidad no es

absoluto, pues este tiene excepciones previstas en la ley.

Sostuvo que la solicitud de amparo carece del requisito general de la

relevancia constitucional, toda vez que el asunto puesto a

consideración es eminentemente económico, razón por la que debe

declararse la improcedencia de la acción de tutela de la referencia.

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Actora: NATALI CAROLINA LÓPEZ FRANCO

I.6.2.- La FIDUPREVISORA S.A. solicitó que se declare

improcedente la solicitud de amparo de la referencia, por

incumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la

acción de tutela contra providencia judicial.

Sumado a lo anterior, solicitó ser desvinculada del presente trámite,

en la medida en que no existe conducta concreta, activa u omisiva

que pueda concluir la supuesta afectación de los derechos

fundamentales de la actora en relación con esa entidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

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Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la FIDUPREVISORA S.A. solicitó su

desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de

legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

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Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la FIDUPREVISORA S.A. fue vinculada como

encargada de administrar los recursos del FOMAG, en calidad de

tercera dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 05001-33-

33-024-2022-00128-01, objeto de cuestionamiento, le asiste interés

directo en las resultas del proceso constitucional de la referencia,

razón por la cual la Sala denegará su solicitud de desvinculación por

falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actor : Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

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requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una

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grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los

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fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que

se deje sin efecto la sentencia de 22 de febrero de 2024,

proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cual confirmó el fallo

del JUZGADO que denegó las pretensiones de la demanda, dentro

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 05001-33-33-024-

2022-00128-01.

A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y al principio de gratuidad, habida cuenta

que no se encontraba justificada la condena en costas, por lo que no

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se tuvo en cuenta la normativa dispuesta para el asunto ni la

jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado sobre el

particular.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

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de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el

5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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Actora: NATALI CAROLINA LÓPEZ FRANCO

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]” (Destacado fuera de
texto).

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

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discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela

se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

En el caso bajo examen, la Sala observa que la solicitud de amparo

no cumple con el requisito general de la relevancia constitucional, en

razón a que el disenso deviene de un asunto de contenido económico,

derivado de un debate estrictamente normativo y legal.

Al respecto, en sentencia de 7 de mayo de 202112, la Sala señaló:

“[…] 39.2 En lo que concierne a la pretensión elevada contra la
condena en costas procesales que dispuso la autoridad
judicial demandada, la Sala advierte que no se cumple con el
requisito de relevancia constitucional, por las razones que
a continuación se explican:

[…] es preciso indicar que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para plantear una discusión sobre la aplicación de los
artículos 361, 365 y 366 de la Ley 1564, que regulan el tema de
las costas procesales, por cuanto se trata de un asunto de
carácter legal y económico que no le corresponde decidir al juez
de tutela, sino al juez natural del proceso. […]

39.2.7 De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la
Sala no se cumple con el requisito de relevancia constitucional
dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en la medida que, si bien enuncia la trasgresión
de derechos fundamentales, esa presunta afectación
tiene su origen en un asunto de contenido económico que
tiene como fundamento para su reconocimiento un

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de mayo
de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-05108-
01(AC).

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03418-00
Actora: NATALI CAROLINA LÓPEZ FRANCO

debate estrictamente normativo y de interpretación
judicial […]” (Destacado fuera de texto).

Cabe precisar que la posición jurisprudencial en cita fue reiterada por

esta Sala, en sentencia de 13 de mayo de 202113, en los siguientes

términos:

“[…] para la Sala, el actor plantea una afectación de derechos
fundamentales que tienen su origen en un asunto de
contenido económico, como lo es la condena en costas, el
cual ya fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que
no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en
una instancia adicional.

[…] para la Sala no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en la medida que, si bien enuncia la
trasgresión de derechos fundamentales, esa presunta afectación
tiene su origen en un asunto de contenido económico que tiene
como fundamento para su reconocimiento un debate
estrictamente normativo y de interpretación judicial. De igual
manera, la Sala al estudiar la solicitud de tutela tampoco
encuentra establecida de forma clara, la presunta vulneración de
los derechos fundamentales invocados supra. Con fundamento
en las consideraciones jurídicas establecidas, la Sala considera
que, frente a dicho cuestionamiento, la presente acción de tutela
resulta improcedente […]”.

Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca la

actora como fundamento de la presunta vulneración de sus derechos

fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo
de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-01411-
00(AC).

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03418-00
Actora: NATALI CAROLINA LÓPEZ FRANCO

proceso, están encaminados a replantear la discusión jurídica en

torno a la imposición de las costas procesales, circunstancia que

resulta improcedente, en tanto la presunta afectación de los derechos

fundamentales se deriva de un asunto de contenido económico que

fue debidamente argumentado y concluido por el juez natural de la

causa, razón por la cual la Sala concluye que tal inconformidad carece

del requisito general de la relevancia constitucional.

Aunado a lo anterior, la Sala advierte que la presente acción de

tutela tampoco cumple con el requisito general de la

subsidiariedad, toda vez que, a juicio de la actora, la presunta

vulneración de sus derechos fundamentales se originó en la condena

en costas impuesta por el JUZGADO en la sentencia de primera

instancia, argumento que no fue objeto de reproche en el recurso de

apelación interpuesto por aquella.

En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente

asunto no se invocó, ni acreditó la existencia de un perjuicio

irremediable, que haga procedente la acción de tutela de la referencia

de manera excepcional, la Sala declarará improcedente la solicitud

de amparo presentada por la actora, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de esta providencia.

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Actora: NATALI CAROLINA LÓPEZ FRANCO

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la

FIDUPREVISORA S.A., por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente

providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03418-00
Actora: NATALI CAROLINA LÓPEZ FRANCO

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de agosto de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Ausente con permiso

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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