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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03433-00

Acción de tutela contra providencia judicial: no procede estudio de fondo

Fecha
13 de agosto de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03433-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Marino Klinger Gómez Argumedo, secretario de educación municipal de Montería, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03433-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

13 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03433-00
Demandante: MARINO KLINGER GÓMEZ ARGUMEDO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – No procede estudio de fondo
porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La demanda carece de una carga argumentativa suficiente y en
perspectiva constitucional para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada.

La Sala1 decide la acción de tutela presentada por el señor Marino Klinger Gómez
Argumedo, secretario de educación municipal de Montería, contra el Tribunal
Administrativo de Córdoba, el Juzgado Octavo Administrativo de Montería y la
señora Marcela Sofía Muñoz Agámez.

I. ANTECEDENTES
1.Demanda

1.1. Pretensiones

El 2 de julio de la presente anualidad, el secretario de Educación Municipal de
Montería interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Córdoba, el
Juzgado Octavo Administrativo de Montería y la señora Marcela Sofía Muñoz
Agámez, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso
y a la «doble instancia y al principio de legalidad». Formuló las siguientes
pretensiones:

PRIMERO: Sírvase señores magistrados, dictar como medida provisional, la
suspensión del auto de fecha 21 de junio de 2024, del radicado 23-001-33-33-
008-2024-00170, donde se resolvió sancionar por desacato al doctor MARINO
KLINGER GÒMEZ ARGUMEDO, quien se identifica con cédula de ciudadanía
número 78.701.369, y fija multa de un salario mínimo legal mensual vigente.

1 Se advierte que, el 22 de julio de 2024, el proceso ingresó al despacho de la magistrada ponente,

para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03433-00
Accionante: Marino Klinger Gómez Argumedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, A
LA DOBLE INSTANCIA, toda vez que EL JUZGADO OCTAVO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MONTERÍA, en el auto de fecha
21 de junio de 2024, incurrió en un defecto sustantivo pues se observa que, de
manera errada, desconocieron las pruebas aportadas durante el debate
procesal, el precedente judicial, decreto 1272 del 2018, artículos 2.4.4.2.3.22,
que refiere las competencias de las secretarías de educación.

TERCERO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS: El auto de fecha 21 de junio de
2024, del radicado 23-001-33-33-008-2024-00170, donde se resolvió sancionar
por desacato al doctor MARINO KLINGER GÓMEZ ARGUMEDO, quien se
identifica con cédula de ciudadanía número 78.701.369, y fija multa de un
salario mínimo legal mensual vigente.

CUARTO: ORDENAR a la señora MARCELA SOFÍA MUÑOZ AGÁMEZ, que el
término de 48 horas realice los trámites administrativos pertinentes y cargue en
la plataforma humano en línea la documentación solicitada ya corregida.

QUINTO: ORDENAR al JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE MONTERÍA, que, en el término de esta providencia, profiera una
nueva sentencia, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y
la jurisprudencia que versa sobre la presente litis.

1.2. Hechos

En la demanda se narró que la señora Marcela Sofía Muñoz Agámez, el 16 de mayo
de 2023, en calidad de compañera permanente del señor Gustavo Adolfo Espitia
Calderón, presentó ante la Secretaría de Educación Municipal de Montería y el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, solicitud con el fin de
obtener el reconocimiento y pago de la sustitución pensional a través del aplicativo
«Humano en Línea».

El 11 de julio de 2023, el Municipio de Montería la requirió con el fin de que adjuntara
la declaración de dependencia económica de los hijos mayores estudiantes, a pesar
de que en los registros civiles de los hijos del causante cargados a la plataforma se
podía evidenciar que todos superaban los 25 años.

El 22 de noviembre de 2023, la requirieron nuevamente para que adjuntara todos
los documentos de quienes se creyeran con derecho de reclamar, incluidos los de
la señora Mirta Fernández Velásquez, quien presentó petición a través de la
plataforma para ser tenida en cuenta como compañera permanente.

El anterior trámite fue reiniciado unilateralmente por parte de la entidad, de ahí que
la actora presentó nuevamente la solicitud el 18 de marzo de 2024. El 26 de marzo
siguiente, la Secretaría de Educación Municipal de Montería realizó nuevamente el
requerimiento.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03433-00
Accionante: Marino Klinger Gómez Argumedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Por lo anterior, la señora María Sofía Muñoz Agámez interpuso acción de tutela
contra la Secretaría de Educación del Municipio de Montería y el FOMAG con el fin
de obtener el amparo de su derecho fundamental de petición.

En sentencia del 23 de mayo de 2024, el Juzgado Octavo Administrativo de
Montería amparó el derecho fundamental de petición de la señora Muñoz Agámez
y le ordenó a la mencionada Secretaría de Educación que resolviera de fondo la
petición presentada por la parte actora el 16 de mayo de 2023, por cuanto desde
esa fecha había objetado por diferentes razones el trámite de solicitud de
reconocimiento de la sustitución pensional formulado, sin definir su situación
particular, superando los 4 meses establecidos para dar respuesta a dichas
solicitudes.

El 27 de mayo siguiente, la parte aquí demandante impugnó la sentencia de primera
instancia. El 5 de junio de la presente anualidad, se concedió la impugnación.

El mismo 5 de junio, la señora Marcela Sofía Muñoz Agámez presentó incidente de
desacato por el incumplimiento al fallo de tutela de primera instancia, por lo que,
mediante auto de esa fecha, el Juzgado Octavo Administrativo de Montería requirió
a la Secretaría de Educación Municipal de Montería para que rindiera un informe
sobre las actuaciones surtidas con miras a cumplir la orden impartida.

En providencia del 21 de junio de 2024, el Juzgado Octavo Administrativo de
Montería sancionó por desacato al señor Marino Klinger Gómez Argumedo con
multa de 1 salario mínimo legal mensual vigente. El 24 de junio siguiente se presentó
recurso de reconsideración de la sanción.

En providencia del 27 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Córdoba
confirmó la decisión consultada, al constatar que exigirle a la actora radicar una
nueva solicitud para volver a validar los documentos que ya han sido aportados,
constituye una barrera injustificada y carente de sentido, que la actora no está
obligada a soportar.

En sentencia del 9 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Córdoba confirmó
la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo
de Montería.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03433-00
Accionante: Marino Klinger Gómez Argumedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

1.3. Argumentos de la tutela

Expuso que el Juzgado Octavo Administrativo de Montería incurrió en defecto
sustantivo al desconocer las pruebas aportadas, el precedente judicial y el Decreto
1272 de 2018 en su artículo 2.4.4.2.3.22, que alude a las competencias de la
Secretaría de Educación.

Asimismo, precisó que el juzgado accionado decidió sancionar al secretario de
Educación sin haberse resuelto la impugnación contra la sentencia de primera
instancia. Aunado al hecho de que contra la anterior decisión interpuso «recurso de
reconsideración», el cual, según expuso, no fue enviado al superior jerárquico, por
lo que, como consecuencia de ello, «el tribunal al no tener conocimiento del recurso
de defensa resolvió confirmar la decisión».

Finalmente, expuso que, de cumplirse con lo ordenado en la sentencia del 23 de
mayo de 2024, se estarían desconociendo las funciones establecidas en el Decreto
1272 de 2018.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 9 de julio de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Córdoba, a la
titular del Juzgado Octavo Administrativo de Montería y a la señora Marcela Sofía
Muñoz Agámez, como parte demandada. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En la misma providencia, se negó la
medida provisional solicitada.

2.2. La señora Marcela Sofía Muñoz Agámez indicó que era cierto que se habían
hecho las devoluciones por parte de la accionante, pero que, en todo caso, se
cargaron todos los documentos requeridos.

Expuso que se torna en injustificada y dilatoria la actitud asumida por la entidad
accionante, pues realiza requerimientos que no se encuentran dentro de las
posibilidades de ser cumplidos, exigiéndole que adjunte documentos de todos los
beneficiarios que se crean con derecho de reclamar, incluida una señora de nombre

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03433-00
Accionante: Marino Klinger Gómez Argumedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Mirta Rosa Fernández, pues solo le corresponde aportar las pruebas atinentes a la
definición de su derecho como compañera permanente supérstite.
Sostuvo que a la fecha no se ha resuelto su petición y se encuentra amparada por
ser una persona de avanzada edad y ser sujeto de especial protección
constitucional.

2.3. El Juzgado Octavo Administrativo de Montería, en relación con el argumento
de que se tramitó el incidente de desacato, sin haberse resuelto por el Tribunal
Administrativo de Córdoba la impugnación presentada contra la sentencia de
primera instancia, indicó que las órdenes impartidas por el juez de tutela de primera
instancia son de obligatorio cumplimiento, y el trámite de desacato debía agotarse
en los mismos términos de la tutela, y en ese caso se inició dicho trámite con un
auto de requerimiento previo que posteriormente dio lugar a la apertura del
incidente.

Señaló que no es cierto que hubiera omitido remitir al superior el recurso de
reconsideración contra la decisión que impuso la sanción por desacato en primera
instancia, pues una vez recibió el memorial se remitió a la Secretaría y al Despacho
encargado de decidir la consulta del Tribunal Administrativo de Córdoba.

Además, manifestó que tampoco era cierto que, por no enviar ese escrito de
«reconsideración», el Tribunal confirmó la sanción, puesto que en la providencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba se hizo alusión al escrito que
presentó el accionante.

2.4. El Tribunal Administrativo de Córdoba informó sobre las actuaciones que se
surtieron al interior del proceso de tutela y el posterior incidente de desacato que
instauró la señora Muñoz Agámez.

2.5. La Secretaría de Educación Municipal de Montería presentó memorial en el cual
afirma que cumplió con el trámite que le correspondía realizar, que puede ser
observado en la plataforma Humano en Línea. Que, por tanto, no ha amenazado, ni
vulnerado el derecho fundamental de la señora Marcela Sofía Muñoz Agámez y que,
en todo caso, es la Fiduprevisora S.A. la competente para resolver su solicitud.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03433-00
Accionante: Marino Klinger Gómez Argumedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala deberá analizar si en el caso concreto la solicitud de amparo
cumplió con los requisitos generales de la tutela, en especial, el de relevancia
constitucional. Solo en el evento de cumplirse, la Sala descenderá al análisis de
fondo que corresponde, a fin de establecer si el Tribunal Administrativo de Córdoba
y el Juzgado Octavo Administrativo de Montería vulneraron o no los derechos
fundamentales del señor Marino Kingler Argumedo, secretario de Educación del
Municipio de Montería.

2. Análisis de la Sala

2.1. De la acción de tutela contra providencias dictadas en el marco de otra
acción de tutela, incluidas aquellas proferidas en el trámite del incidente de
desacato

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 del 1° de octubre 2015, unificó el
criterio en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
sentencias o actuaciones adelantadas en una acción de tutela. Al respecto, dijo lo
siguiente:

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de
un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra
la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a
ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude
(Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03433-00
Accionante: Marino Klinger Gómez Argumedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

4.6.3. Si la acción se (sic) de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de
tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional.

De lo anterior, se pueden puntualizar las tres excepciones en las que la acción de
tutela procede contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos de tutela:

1. Contra la sentencia de tutela proferida por un juez, diferente a la Corte
Constitucional, siempre y cuando se demuestre que la nueva tutela no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, que la decisión adoptada
fue producto de una situación de fraude, y que no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

2. Contra actuaciones del proceso de tutela anteriores a la sentencia, que puede
consistir, entre otros, en no haber informado, notificado o vinculado a los terceros
que serían afectados con la decisión.

3. Contra actuaciones posteriores a la sentencia de tutela, cuando se trate de
proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del
incidente de desacato.

Sin embargo, para la Corte, en cualquiera de los anteriores escenarios, sigue
siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Con respecto a la procedencia específica de la acción de tutela contra decisiones
proferidas en el trámite incidental de desacato, la Corte Constitucional, en sentencia
de unificación 034 del 3 de mayo de 2018, manifestó que:

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Accionante: Marino Klinger Gómez Argumedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene
que para enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un
incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone
antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es
del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la
configuración una de las causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser
consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de
manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de
expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía
que practicar de oficio.

3. Caso concreto y solución del problema jurídico

En el caso concreto, el señor Marino Klinger Gómez Argumedo, secretario de
Educación Municipal de Montería, manifestó que el Juzgado Octavo Administrativo
de Montería vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la «doble
instancia», por haberlo sancionado con multa de un (1) salario mínimo legal mensual
vigente, a pesar de que para esa fecha no se había resuelto la impugnación
presentada contra la sentencia de tutela de primera instancia, y por haber omitido
el envío al Tribunal Administrativo de Córdoba del «recurso de reconsideración» en
contra de la sanción, lo que, en su criterio, llevó al referido Tribunal a confirmar la
sanción por desacato.

Asimismo, porque se desconocieron «de manera errada las pruebas aportadas
durante el debate procesal, el precedente judicial, el Decreto 1272 de 2018, artículo
2.4.4.2.3.22, que refiere las competencias de las secretarías de educación».

De entrada, advierte la Sala que a pesar de que el accionante indicó en las
pretensiones de la demanda que el Juzgado Octavo Administrativo de Montería
incurrió en defecto sustantivo, lo cierto es que no cumplió con la carga
argumentativa mínima, pues no explicó con la claridad suficiente exigida por la
jurisprudencia constitucional en qué consistía la transgresión invocada.

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Accionante: Marino Klinger Gómez Argumedo
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En efecto, más allá de la inconformidad natural con una decisión que resultó
desfavorable a sus intereses, en tanto lo sancionó con multa por desacato a una
orden de tutela, la parte actora no ahondó en razones acerca de por qué las
autoridades judiciales demandadas incurrieron en un defecto al adoptarla, ni se
esmeró por elaborar una argumentación sólida para respaldar la afirmación de que
culminar el trámite incidental de desacato, sin que se haya resuelto la impugnación
interpuesta contra el fallo de tutela de primera instancia, vulnera el derecho
fundamental al debido proceso, máxime si la Constitución 2 y la ley 3 prevén que
dicha sentencia es de cumplimiento inmediato.

En cuanto a la supuesta valoración probatoria indebida, tampoco se preocupó por
aterrizar en el caso concreto cada una de las pruebas que supuestamente fueron
desconocidas por las autoridades judiciales demandadas, ni mucho menos la
incidencia que las mismas tenían en la decisión.

De otra parte, no obra en el escrito de tutela argumento alguno en el que se precise
cuál fue la jurisprudencia desconocida por parte de las autoridades demandadas, al
momento de adoptar la decisión sancionatoria, ni tampoco cuál o cuáles reglas de
derecho estimaba la parte actora que debían ser aplicadas para la resolución del
proceso de tutela y del incidente de desacato. Escuetamente se limitó a expresar su

2 «ARTÍCULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela,
actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse
ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de
la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o
respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión». (Énfasis de la
Sala).
3 DECRETO 2591 DE 1991. «ARTÍCULO 31. IMPUGNACION DEL FALLO. Dentro de los tres días

siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante,
la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento
inmediato.

Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su
revisión». (Se destaca).

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inconformidad por un supuesto desconocimiento del precedente judicial y por la falta
de aplicación o aplicación errada de la normativa que establece las competencias
de la Secretaría de Educación.

Por consiguiente, lo manifestado por el solicitante no basta para considerar que se
cumpla con el primer elemento del requisito de relevancia constitucional, puesto que
resulta necesario que los señalamientos que se hagan en la demanda de tutela se
sustenten razonablemente a fin de que el juez cuente con los parámetros suficientes
para decidir si una providencia judicial vulnera o no derechos fundamentales.

Conviene recordar que esta Corporación ha señalado que en la demanda de tutela
el actor no puede conformarse con identificar de manera escueta alguna de las
causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, sino
que es necesario que tal señalamiento se sustente amplia y razonablemente, que
sea producto de un discernimiento y, por supuesto, que se aterrice al caso concreto.
Como se sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que ha fijado la
Corte Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y
desmesurado de la acción de tutela contra las providencias judiciales4.

Es pertinente señalar que la Corte Constitucional ha sostenido que para que
prospere el amparo por la ocurrencia de un defecto debe existir un error, el cual
debe ser cualificado porque debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y tener una
incidencia directa en la decisión. Sin el cumplimiento de estos requisitos esta acción
constitucional se convertiría en una instancia adicional al otro proceso porque «(...)
el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»5.

Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que la parte actora no cumplió con la
carga argumentativa mínima que se requiere para cuestionar providencias
judiciales a través de la acción de tutela, y menos respecto de providencias dictadas
en el trámite de otra tutela o de un incidente de desacato, toda vez que, si bien
alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en una indebida valoración de
las pruebas que obraban en el expediente, y con fundamento en ello lo sancionó,

4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-00380-

00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
5 Sentencia T-871 de 2008, reiterada en la sentencia T-162 de 2009.

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lo cierto es que no precisó cuál fue el error ostensible, flagrante y manifiesto en el
que incurrió el Juzgado Octavo Administrativo de Montería o el Tribunal
Administrativo de Córdoba.

En otras palabras, es necesario que los señalamientos que se hagan se sustenten
razonablemente en alguno de los requisitos específicos que la Corte Constitucional
ha identificado para la prosperidad del amparo, a fin de que el juez cuente con los
parámetros suficientes para decidir si una providencia judicial vulnera o no derechos
fundamentales y, bajo este contexto, se observa que no se cumple, en su totalidad,
con el segundo requisito de procedibilidad de la tutela contra decisiones proferidas
durante el trámite de un incidente de desacato, al no acreditarse el cumplimiento del
requisito de la relevancia constitucional.

Ahora, aun cuando el accionante pretenda demostrar que no amenazó ni violó el
derecho fundamental de la señora Muñoz Agámez, resulta evidente que dichos
argumentos dan cuenta de que la discusión sobre la vulneración a la garantía
constitucional de petición ya fue zanjada en el proceso de tutela y el trámite
incidental de desacato adelantados ante el Juzgado Octavo Administrativo de
Montería y el Tribunal Administrativo de Córdoba.

De ahí que diáfanamente se observa que lo que pretende la accionante es revivir
ese debate por medio de una nueva acción de tutela, sin que ello guarde relación
con la presunta vulneración que se le atribuye a dicha autoridad judicial con la
petición de amparo que es objeto de este pronunciamiento.

Finalmente, la Sala advierte que, si bien se pueden cuestionar decisiones proferidas
en otra acción de tutela o durante el trámite del incidente de desacato, en el presente
caso la solicitud de amparo no cumple con el requisito de procedibilidad establecido
en la sentencia SU-627 de 2010, esto es, que se demuestre de manera clara y
suficiente que la decisión adoptada fue producto de una situación de fraude (fraus
omnia corrumpit).

De conformidad con lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor
Marino Klinger Gómez Argumedo, secretario de educación municipal de Montería,
por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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