Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03447-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03447-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03447-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
1 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., primero (1o.) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2024-03447-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ÁNGEL OTALVARO NUÑEZ
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD.
EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA
PROVIDENCIA CUESTIONADA AÚN NO HA SIDO RESUELTO Y,
ADEMÁS, EL MEDIO DE CONTROL DENTRO EN EL QUE SE PROFIRIÓ
EL CITADO PROVEÍDO SE ENCUENTRA EN CURSO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y MÍNIMO VITAL.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
1
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 110010315000-2024-03447-00
Actor: ÁNGEL OTALVARO NUÑEZ
El señor ÁNGEL OTALVARO NUÑEZ, actuando en nombre propio,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, los cuales estimó
vulnerados por el TRIBUNAL al proferir la providencia de 28 de
febrero de 2024, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 760012333000-2021-01004-00.
I.2. Hechos
Manifestó que el 1o. de septiembre de 1976 se vinculó como docente
al servicio del Estado.
Aseguró que la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL-
CAJANAL- mediante la Resolución núm.12320 de 4 de octubre de
1996, reconoció y ordenó el pago de su pensión gracia.
Señaló que la aludida prestación fue reliquidada por la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -UGPP2- mediante las
resoluciones núms. 27267 del 21 de noviembre de 2000, 20999 de
2
En adelante UGPP.
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Número único de radicación: 110010315000-2024-03447-00
Actor: ÁNGEL OTALVARO NUÑEZ
7 de octubre de 2004 y RDP 013688 de 31 de mayo de 2021, en
cumplimiento del fallo proferido por el TRIBUNAL el 25 de enero de
2021, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación
760012333006-2016-00101-01, el cual promovió en contra la
referida entidad, con el propósito de obtener la reliquidación de la
pensión gracia con la inclusión de los factores salariales percibidos
durante el año inmediatamente anterior a la causación del derecho.
Afirmó que la UGPP radicó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de
lesividad, con el fin de solicitar la nulidad de los actos administrativos
proferidos en su favor y que se relacionan con el reconocimiento y
reliquidación de la pensión gracia.
Señaló que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 760012333000-2021-01004-00 y le correspondió por
reparto en primera instancia al TRIBUNAL que, mediante auto de
28 de febrero de 2024, resolvió la medida cautelar formulada por
la UGPP y, en consecuencia, decretó la suspensión provisional de la
Resolución núm.12320 de 4 de octubre de 1996, por medio de la cual
se le reconoció la pensión gracia computando tiempos de servicio con
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vinculación de carácter nacional. Asimismo, ordenó suspender los
actos posteriores de reliquidación pensional.
Advirtió que inconforme con lo anterior, interpuso los recursos de
reposición y, en subsidio apelación, ante el TRIBUNAL que,
mediante auto de 15 de julio de 2024, resolvió no reponer la
decisión y concedió en el efecto devolutivo el recurso de apelación.
I.3 Fundamentos de la solicitud
Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en vía de hecho,
toda vez que al proferir la providencia cuestionada atentó contra sus
derechos fundamentales, los cuales han sido afectados desde que le
fue suspendido el pago de su prestación pensional.
Resaltó que hace más de 20 años viene devengando la pensión
gracia, por lo que dicha prestación constituye un derecho adquirido
que hace parte de su patrimonio, pues con su ingreso económico
logra costear sus necesidades básicas.
Aseguró que “[…] al suspenderme este ingreso me ocasionan un
perjuicio irremediable, en virtud de que con la pensión gracia sufrago
muchos de mis gastos y al suspenderme me ocasionan un daño
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patrimonial muy grande […]”.
Asimismo, precisó que en la actualidad tiene 78 años y los únicos
ingresos con los que cuenta son sus pensiones, por lo que la
suspensión de la pensión gracia le ha generado afectaciones físicas y
emocionales.
I.4. Pretensiones
El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados
como violados, en los siguientes términos:
“[…] PRIMERO: Se ordene tutelar mis derechos fundamentales
AL DEBIDO PROCESO y AL MINIMO VITAL y demás derechos
fundamentales que usted señor Juez de Constitucionalidad
encuentre conculcados vulnerados por la EL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CALI Y LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y
PARAFISCAL – UGPP.
SEGUNDO: Que se ordene a la EL TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE CALI Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL – UGPP,
revocar el Auto Interlocutorio No. 0124 del 28 de febrero de 2024
y en consecuencia no acceder a la suspensión provisional de la
pensión gracia […]” (Negrilla y resaltado pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó denegar la solicitud de amparo por
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improcedente, por cuanto el actor no cumplió con los requisitos de
procedibilidad para controvertir una providencia judicial.
Aseguró que el actor no ha agotado todos los medios de defensa que
tenía a su alcance, ya que contra la providencia cuestionada
interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación,
asunto que esta bajo estudio por la Sala de decisión que convocó su
estudio para el viernes 19 de julio del año en curso.
Afirmó que “[…] la providencia discutida fue proferida por el órgano
competente, no existieron vicios en el procedimiento de segunda
instancia, no existe defecto fáctico por cuanto en el fallo se analizaron
las pruebas, jurisprudencia y normas aplicables para concluir que el
actor no puede ser beneficiario de la pensión gracia al no haber
acreditado el tiempo mínimo como docente territorial […]”.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- La UGPP, vinculada en calidad de tercera con interés directo
en las resultas del proceso, manifestó que la autoridad judicial
accionada no incurrió en ningún defecto y, por el contrario, se ajustó
al ordenamiento jurídico.
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Igualmente, recalcó que la entidad no tiene injerencia en la decisión
objeto de litigio, pues debido a los argumentos formulados por la
entidad dentro del medio de control, el TRIBUNAL decidió acceder
a la solicitud de medida cautelar en aras de proteger el patrimonio
público, dado que el actor no contaba con los requisitos para acceder
a la prestación pensional.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la misma Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y
asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
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Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
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puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable . De allí que sea un deber del actor
[5]
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
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es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
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y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 28 de febrero de 2024, proferida
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 76001- 23-33-000-
2021-01004-00.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, habida cuenta
que, a juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en vía
de hecho al suspender el pago de la pensión gracia.
Resaltó que hace más de 20 años viene devengando la pensión
gracia, razón por la que dicha prestación constituye un derecho
adquirido que hace parte de su patrimonio, pues con ese ingreso
económico logra costear sus necesidades básicas.
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Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si la autoridad
judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y al mínimo vital, al proferir el auto de 28 de febrero de
2024 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 2021-01004-
00.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la subsidiariedad.
• De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad
El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como causal de
improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
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de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante»
(Subrayas y negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
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dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»3 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Asimismo, esta Sección4 ha indicado que el requisito de
subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite
el proceso donde se profirió la decisión objeto de tutela. Al respecto,
señaló que:
“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el
proceso se encuentra en curso, la acción de tutela no es
procedente para cuestionar cualquier decisión adversa a las
partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas
proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de control
no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la
trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la
decisión que pone fin al proceso.
Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la
acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones que
no convienen a las partes en el trámite de los procesos, cuyos
efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además, no
generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.
En este sentido, solo en el evento en que las presuntas
irregularidades en el curso del proceso impidan el acceso a la
administración de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva
de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de
defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su
estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el
caso sub judice por cuanto, el medio de control aún está en
trámite […]”.
3 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-
03-15-000-2017-03006-00.
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Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que de
las actuaciones registradas en el aplicativo de consulta SAMAI se
logra evidenciar que el pasado 5 de marzo de 2024 el apoderado del
señor ÁNGEL OTALVARO NUÑEZ presentó recurso de reposición y
en subsidio el de apelación5 contra la providencia de 28 de
febrero de 2024, por medio de la cual se decretó la medida cautelar
de suspensión provisional del pago de la pensión gracia, proveído
que precisamente es el objeto de la presente acción constitucional.
Igualmente, se observa que mediante auto de 15 de julio de 20246
el TRIBUNAL resolvió no reponer la decisión y, concedió en el efecto
devolutivo el recurso de apelación, ordenando la remisión de las
diligencias a la SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO
para lo de su competencia.
Por tanto, para la Sala resulta evidente que la acción de tutela de la
referencia no cumple con el requisito general de la
subsidiariedad, no solo porque el recurso de apelación
interpuesto contra el auto cuestionado aún no ha sido resuelto, sino
que, además, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
5
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20210100400/5CB92213A65D6C74601824D577BFC16E9176F6BC31B184DB0A81B1EA422AD33E/2
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20210100400/5233B860FFB7F1FF4325C1AB31B78C40116B4260527CD07423E7F336EAC4FE87/2
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derecho dentro del que se profirió el citado proveído se encuentra en
curso7, pues hasta la fecha el TRIBUNAL no ha proferido el fallo de
primera instancia.
En efecto, el proceso que motivó la interposición de esta acción
constitucional aún se encuentra en trámite y, por ende, la
intervención del juez constitucional se encuentra vedada. Ello, por
cuanto, se reitera, es el mismo proceso ordinario el adecuado para
hacer valer los derechos que el actor estima vulnerados y mal haría
el juez de tutela en suplantar las competencias que le están dadas
al juez de conocimiento.
Aunado a lo anterior, en los argumentos de la solicitud de amparo el
actor puso de presente su edad y afirmó que se ha afectado su
mínimo vital, en tanto no ha logrado el pago de su pensión conforme
lo ordenó un juez de la república.
Al respecto, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia
como mecanismo transitorio, pues la edad del actor no es un hecho
que por sí solo configure un perjuicio irremediable que haga
7
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760012333000202101
004007600123
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procedente el estudio del fondo del asunto, además, porque no se
acredita de manera alguna que, en efecto, no cuente con más
recursos que suplan su mínimo vital, señalando qué necesidades
básicas se encuentran insatisfechas, esto último sobre lo cual se ha
señalado:
“[…] Aunado a lo anterior, la parte actora sostuvo que la decisión
controvertida vulnera su derecho fundamental al mínimo vital;
sin embargo, no allegó ningún medio probatorio para corroborar
que ello es así y verificar que se encuentra en un estado de
vulnerabilidad, dado que, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, le corresponde al accionante demostrar la
vulneración de su mínimo vital, señalando qué necesidades
básicas están siendo insatisfechas, pues “no sólo basta hacer
una afirmación llana respecto de la afectación del mínimo vital,
sino que dicha aseveración debe venir acompañada de pruebas
fehacientes y contundentes de tal afectación, que le permitan al
juez de tutela tener la certeza de tal situación […]”8.
Cabe señalar que, frente al tema de la edad, la jurisprudencia
Constitucional9 ha sostenido que la condición de sujeto de la tercera
edad no constituye per se razón suficiente para admitir la
procedencia de la acción de tutela, pues si bien son sujetos de
especial protección constitucional, deben probar la existencia de un
perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez y, en el
caso bajo estudio, la Sala reitera que no advierte la existencia de un
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
noviembre de 2021, CP Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
04089-01(AC).
9
Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, sentencia T-169/17, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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18
Número único de radicación: 110010315000-2024-03447-00
Actor: ÁNGEL OTALVARO NUÑEZ
perjuicio irremediable, dado que de los elementos de juicio obrantes
en el expediente no es posible establecer dicha circunstancia.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que la solicitud de
amparo de la referencia debe ser declarada improcedente por no
cumplirse el requisito general de la subsidiariedad, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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Número único de radicación: 110010315000-2024-03447-00
Actor: ÁNGEL OTALVARO NUÑEZ
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de agosto de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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