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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03447-00

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03447-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 Número único de radicación: 110010315000-2024-03447-00 Actor: ÁNGEL OTALVARO NUÑEZ

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03447-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

1 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1o.) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2024-03447-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ÁNGEL OTALVARO NUÑEZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD.
EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA
PROVIDENCIA CUESTIONADA AÚN NO HA SIDO RESUELTO Y,
ADEMÁS, EL MEDIO DE CONTROL DENTRO EN EL QUE SE PROFIRIÓ
EL CITADO PROVEÍDO SE ENCUENTRA EN CURSO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y MÍNIMO VITAL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 110010315000-2024-03447-00
Actor: ÁNGEL OTALVARO NUÑEZ

El señor ÁNGEL OTALVARO NUÑEZ, actuando en nombre propio,

en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, los cuales estimó

vulnerados por el TRIBUNAL al proferir la providencia de 28 de

febrero de 2024, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 760012333000-2021-01004-00.

I.2. Hechos

Manifestó que el 1o. de septiembre de 1976 se vinculó como docente

al servicio del Estado.

Aseguró que la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL-

CAJANAL- mediante la Resolución núm.12320 de 4 de octubre de

1996, reconoció y ordenó el pago de su pensión gracia.

Señaló que la aludida prestación fue reliquidada por la UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -UGPP2- mediante las

resoluciones núms. 27267 del 21 de noviembre de 2000, 20999 de

2
En adelante UGPP.

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3

Número único de radicación: 110010315000-2024-03447-00
Actor: ÁNGEL OTALVARO NUÑEZ

7 de octubre de 2004 y RDP 013688 de 31 de mayo de 2021, en

cumplimiento del fallo proferido por el TRIBUNAL el 25 de enero de

2021, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación

760012333006-2016-00101-01, el cual promovió en contra la

referida entidad, con el propósito de obtener la reliquidación de la

pensión gracia con la inclusión de los factores salariales percibidos

durante el año inmediatamente anterior a la causación del derecho.

Afirmó que la UGPP radicó demanda en ejercicio del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de

lesividad, con el fin de solicitar la nulidad de los actos administrativos

proferidos en su favor y que se relacionan con el reconocimiento y

reliquidación de la pensión gracia.

Señaló que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 760012333000-2021-01004-00 y le correspondió por

reparto en primera instancia al TRIBUNAL que, mediante auto de

28 de febrero de 2024, resolvió la medida cautelar formulada por

la UGPP y, en consecuencia, decretó la suspensión provisional de la

Resolución núm.12320 de 4 de octubre de 1996, por medio de la cual

se le reconoció la pensión gracia computando tiempos de servicio con

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vinculación de carácter nacional. Asimismo, ordenó suspender los

actos posteriores de reliquidación pensional.

Advirtió que inconforme con lo anterior, interpuso los recursos de

reposición y, en subsidio apelación, ante el TRIBUNAL que,

mediante auto de 15 de julio de 2024, resolvió no reponer la

decisión y concedió en el efecto devolutivo el recurso de apelación.

I.3 Fundamentos de la solicitud

Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en vía de hecho,

toda vez que al proferir la providencia cuestionada atentó contra sus

derechos fundamentales, los cuales han sido afectados desde que le

fue suspendido el pago de su prestación pensional.

Resaltó que hace más de 20 años viene devengando la pensión

gracia, por lo que dicha prestación constituye un derecho adquirido

que hace parte de su patrimonio, pues con su ingreso económico

logra costear sus necesidades básicas.

Aseguró que “[…] al suspenderme este ingreso me ocasionan un

perjuicio irremediable, en virtud de que con la pensión gracia sufrago

muchos de mis gastos y al suspenderme me ocasionan un daño

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patrimonial muy grande […]”.

Asimismo, precisó que en la actualidad tiene 78 años y los únicos

ingresos con los que cuenta son sus pensiones, por lo que la

suspensión de la pensión gracia le ha generado afectaciones físicas y

emocionales.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados

como violados, en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO: Se ordene tutelar mis derechos fundamentales
AL DEBIDO PROCESO y AL MINIMO VITAL y demás derechos
fundamentales que usted señor Juez de Constitucionalidad
encuentre conculcados vulnerados por la EL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CALI Y LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y
PARAFISCAL – UGPP.
SEGUNDO: Que se ordene a la EL TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE CALI Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL – UGPP,
revocar el Auto Interlocutorio No. 0124 del 28 de febrero de 2024
y en consecuencia no acceder a la suspensión provisional de la
pensión gracia […]” (Negrilla y resaltado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó denegar la solicitud de amparo por

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improcedente, por cuanto el actor no cumplió con los requisitos de

procedibilidad para controvertir una providencia judicial.

Aseguró que el actor no ha agotado todos los medios de defensa que

tenía a su alcance, ya que contra la providencia cuestionada

interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación,

asunto que esta bajo estudio por la Sala de decisión que convocó su

estudio para el viernes 19 de julio del año en curso.

Afirmó que “[…] la providencia discutida fue proferida por el órgano

competente, no existieron vicios en el procedimiento de segunda

instancia, no existe defecto fáctico por cuanto en el fallo se analizaron

las pruebas, jurisprudencia y normas aplicables para concluir que el

actor no puede ser beneficiario de la pensión gracia al no haber

acreditado el tiempo mínimo como docente territorial […]”.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La UGPP, vinculada en calidad de tercera con interés directo

en las resultas del proceso, manifestó que la autoridad judicial

accionada no incurrió en ningún defecto y, por el contrario, se ajustó

al ordenamiento jurídico.

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Igualmente, recalcó que la entidad no tiene injerencia en la decisión

objeto de litigio, pues debido a los argumentos formulados por la

entidad dentro del medio de control, el TRIBUNAL decidió acceder

a la solicitud de medida cautelar en aras de proteger el patrimonio

público, dado que el actor no contaba con los requisitos para acceder

a la prestación pensional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la misma Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y

asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

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Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no

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puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable . De allí que sea un deber del actor
[5]

desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia

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es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos

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y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 28 de febrero de 2024, proferida

por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 76001- 23-33-000-

2021-01004-00.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, habida cuenta

que, a juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en vía

de hecho al suspender el pago de la pensión gracia.

Resaltó que hace más de 20 años viene devengando la pensión

gracia, razón por la que dicha prestación constituye un derecho

adquirido que hace parte de su patrimonio, pues con ese ingreso

económico logra costear sus necesidades básicas.

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Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si la autoridad

judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido

proceso y al mínimo vital, al proferir el auto de 28 de febrero de

2024 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 2021-01004-

00.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la subsidiariedad.

• De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como causal de

improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa

judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia

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de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,

atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante»

(Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

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dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»3 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Asimismo, esta Sección4 ha indicado que el requisito de

subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite

el proceso donde se profirió la decisión objeto de tutela. Al respecto,

señaló que:

“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el
proceso se encuentra en curso, la acción de tutela no es
procedente para cuestionar cualquier decisión adversa a las
partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas
proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de control
no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la
trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la
decisión que pone fin al proceso.

Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la
acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones que
no convienen a las partes en el trámite de los procesos, cuyos
efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además, no
generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.

En este sentido, solo en el evento en que las presuntas
irregularidades en el curso del proceso impidan el acceso a la
administración de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva
de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de
defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su
estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el
caso sub judice por cuanto, el medio de control aún está en
trámite […]”.

3 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-
03-15-000-2017-03006-00.

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Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que de

las actuaciones registradas en el aplicativo de consulta SAMAI se

logra evidenciar que el pasado 5 de marzo de 2024 el apoderado del

señor ÁNGEL OTALVARO NUÑEZ presentó recurso de reposición y

en subsidio el de apelación5 contra la providencia de 28 de

febrero de 2024, por medio de la cual se decretó la medida cautelar

de suspensión provisional del pago de la pensión gracia, proveído

que precisamente es el objeto de la presente acción constitucional.

Igualmente, se observa que mediante auto de 15 de julio de 20246

el TRIBUNAL resolvió no reponer la decisión y, concedió en el efecto

devolutivo el recurso de apelación, ordenando la remisión de las

diligencias a la SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO

para lo de su competencia.

Por tanto, para la Sala resulta evidente que la acción de tutela de la

referencia no cumple con el requisito general de la

subsidiariedad, no solo porque el recurso de apelación

interpuesto contra el auto cuestionado aún no ha sido resuelto, sino

que, además, el medio de control de nulidad y restablecimiento del

5
https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/7600123/760012333000
20210100400/5CB92213A65D6C74601824D577BFC16E9176F6BC31B184DB0A81B1EA422AD33E/2

6
https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/7600123/760012333000
20210100400/5233B860FFB7F1FF4325C1AB31B78C40116B4260527CD07423E7F336EAC4FE87/2

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derecho dentro del que se profirió el citado proveído se encuentra en

curso7, pues hasta la fecha el TRIBUNAL no ha proferido el fallo de

primera instancia.

En efecto, el proceso que motivó la interposición de esta acción

constitucional aún se encuentra en trámite y, por ende, la

intervención del juez constitucional se encuentra vedada. Ello, por

cuanto, se reitera, es el mismo proceso ordinario el adecuado para

hacer valer los derechos que el actor estima vulnerados y mal haría

el juez de tutela en suplantar las competencias que le están dadas

al juez de conocimiento.

Aunado a lo anterior, en los argumentos de la solicitud de amparo el

actor puso de presente su edad y afirmó que se ha afectado su

mínimo vital, en tanto no ha logrado el pago de su pensión conforme

lo ordenó un juez de la república.

Al respecto, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio

irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia

como mecanismo transitorio, pues la edad del actor no es un hecho

que por sí solo configure un perjuicio irremediable que haga

7
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760012333000202101
004007600123

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Actor: ÁNGEL OTALVARO NUÑEZ

procedente el estudio del fondo del asunto, además, porque no se

acredita de manera alguna que, en efecto, no cuente con más

recursos que suplan su mínimo vital, señalando qué necesidades

básicas se encuentran insatisfechas, esto último sobre lo cual se ha

señalado:

“[…] Aunado a lo anterior, la parte actora sostuvo que la decisión
controvertida vulnera su derecho fundamental al mínimo vital;
sin embargo, no allegó ningún medio probatorio para corroborar
que ello es así y verificar que se encuentra en un estado de
vulnerabilidad, dado que, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, le corresponde al accionante demostrar la
vulneración de su mínimo vital, señalando qué necesidades
básicas están siendo insatisfechas, pues “no sólo basta hacer
una afirmación llana respecto de la afectación del mínimo vital,
sino que dicha aseveración debe venir acompañada de pruebas
fehacientes y contundentes de tal afectación, que le permitan al
juez de tutela tener la certeza de tal situación […]”8.

Cabe señalar que, frente al tema de la edad, la jurisprudencia

Constitucional9 ha sostenido que la condición de sujeto de la tercera

edad no constituye per se razón suficiente para admitir la

procedencia de la acción de tutela, pues si bien son sujetos de

especial protección constitucional, deben probar la existencia de un

perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez y, en el

caso bajo estudio, la Sala reitera que no advierte la existencia de un

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
noviembre de 2021, CP Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
04089-01(AC).
9
Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, sentencia T-169/17, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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perjuicio irremediable, dado que de los elementos de juicio obrantes

en el expediente no es posible establecer dicha circunstancia.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que la solicitud de

amparo de la referencia debe ser declarada improcedente por no

cumplirse el requisito general de la subsidiariedad, como en efecto

se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo,

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de agosto de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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