Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03462-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03462-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03462-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
21 de agosto de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03462-00
Demandante: Eco Termales San Vicente S. A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03462-00
Demandante: Eco Termales San Vicente S. A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Temas: Tutela contra providencia judicial. Incumplimiento de requisito de
procedibilidad. Subsidiariedad de la acción.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por Eco Termales San Vicente S. A. en
contra del Tribunal Administrativo de Risaralda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 constitucional, Eco
Termales San Vicente S. A., a través de su representante legal, promovió demanda en
orden a que se tutele su derecho fundamental al debido proceso.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos el auto del 27 de
junio de 2024, emitido por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de
Decisión, dentro del proceso de reparación directa con radicación 66001-33-33-003-
2022-00220-01 y, en su lugar, que se ordene a la corporación confirmar la decisión
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Demandante: Eco Termales San Vicente S. A.
del a quo —que declaró probada la excepción de falta de jurisdicción en relación con
Eco Termales San Vicente S. A.—, señalando que las controversias de naturaleza
contractual entre Eco Termales San Vicente S. A. y los demandantes deben ser
resueltas por la jurisdicción ordinaria, respetando la separación de responsabilidades
civiles y administrativas.
Asimismo, solicitó como medida provisional que se suspendan los efectos del auto
del 27 de junio de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Primera de Decisión, hasta tanto se resuelva de fondo la acción de tutela.
1.1.2. Los hechos
La accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) Los señores Joan Manuel Ríos Bedoya y Daniela Garcés González presentaron
demanda de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional, el municipio de Santa Rosa de Cabal y Eco Termales San Vicente S. A., como
consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados por la prestación del servicio de
alojamiento los días 10, 11 y 12 de julio de 2020, cuando estaba en vigencia el Decreto
749 del 28 de mayo de 2020, respecto del aislamiento preventivo obligatorio en todo
el territorio colombiano en el marco de la Emergencia Sanitaria por causa del
coronavirus covid-19, y el posterior levantamiento de un comparendo y denuncia
pública en su contra.
ii) Mediante auto del 2 de abril de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Pereira declaró probadas las excepciones de falta de competencia y falta
de jurisdicción propuestas por la Sociedad Eco Termales San Vicente S. A. y dio por
terminado el proceso en relación con la sociedad, al argumentar que la relación entre
los demandantes y la empresa es de naturaleza contractual y, por tanto, correspondía
resolverla a la jurisdicción ordinaria.
iii) A través de auto del 27 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Risaralda,
Sala Primera de Decisión, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar,
ordenó proveer lo correspondiente para continuar con el trámite procesal frente al
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codemandado Eco Termales San Vicente S. A., bajo el sustento de que el fuero de
atracción permitía a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de la
demanda en su totalidad.
1.1.3. Los defectos invocados
En sentir del apoderado de la sociedad accionante, la decisión del Tribunal vulneró su
derecho fundamental al debido proceso dadas las siguientes circunstancias:
i) El Tribunal incurrió en un defecto sustantivo al interpretar de manera errónea las
normas aplicables en torno del fuero de atracción, pues forzó la participación de Eco
Termales San Vicente S. A. en una jurisdicción que no es competente para conocer de
asuntos de naturaleza contractual.
ii) La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha establecido
claramente que el fuero de atracción no opera automáticamente, sino que debe estar
justificado por la coincidencia de los hechos y de la naturaleza de las
responsabilidades, esto es, que se aplica cuando existe una conexión directa y
necesaria entre las acciones de los particulares y de las entidades públicas.
iii) En el caso, no se tuvo en cuenta que los hechos y las causas que fundamentaron
la eventual responsabilidad de los sujetos de derecho privado y las entidades estatales
no guardan una relación directa, pues no tienen igual causa ni naturaleza. Ello, por
cuanto lo concerniente con la prestación de servicios por parte de Eco Termales San
Vicente S. A. y la actuación de las autoridades públicas en torno del comparendo y la
denuncia son independientes.
iv) De igual forma, incurrió en un defecto fáctico al valorar de manera arbitraria y
caprichosa la relación contractual entre Eco Termales San Vicente S. A. y los
demandantes, señores José Manuel Ríos Bedoya y Daniela Garcés González, ya que
esta estuvo limitada solamente a la prestación del servicio de hospedaje.
1.2. Actuación procesal
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1.2.1. Mediante auto del 16 de julio de 2024, el consejero Rafael Francisco Suárez
Vargas admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar al Tribunal
Administrativo de Risaralda, como demandados, a la Nación-Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional, al municipio de Santa Rosa de Cabal y a los señores José
Manuel Ríos Bedoya y Daniela Garcés González, en calidad de terceros con interés
en las resultas del proceso, remitiéndoles copia de la solicitud de tutela para que,
dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia, procedieran a
ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y a rendir el respectivo informe.
De igual forma, requirió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Pereira para que enviara copia digital del proceso de reparación directa con radicado
66001-33-33-003-2022-00220-00 [01], en el que actuaron, en calidad de
demandantes, los señores José Manuel Ríos Bedoya y Daniela Garcés González, y
como demandados, el municipio de Santa Rosa de Cabal y otros; y no decretó la
medida provisional solicitada, al no encontrar evidencia que permitiera concluir que la
protección invocada no pudiera esperar al trámite expedito de la acción de tutela,
además de que la medida se encontraba íntimamente ligada con las pretensiones de
la solicitud de amparo, las cuales deben resolverse tras un juicioso estudio de todas
las piezas procesales.
1.2.2. El 19 de julio de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó a
Eco Termales San Vicente S. A., al Tribunal Administrativo de Risaralda, a los señores
José Manuel Ríos Bedoya y Daniela Garcés González, a la Nación-Ministerio de
Defensa Nacional, a la Policía Nacional y al municipio de Santa Rosa de Cabal.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. El Tribunal Administrativo de Risaralda. La magistrada Dufay Carvajal
Castañeda remitió el enlace para consulta del expediente requerido y solicitó declarar
improcedente la acción de tutela o, en su defecto, denegar el amparo, en atención a
los siguientes argumentos:
i) El mecanismo de amparo carece de relevancia constitucional al no tener una relación
directa con la vulneración invocada, pues además de que versa sobre un asunto
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meramente legal, de connotación patrimonial y privada, busca reabrir un debate
definido en segunda instancia en torno de la jurisdicción competente para conocer de
las pretensiones formuladas en contra Eco Termales San Vicente S. A., lo cual
comporta un abuso del mecanismo excepcional.
ii) Contrario a lo esgrimido por la accionante, el Tribunal estudió cada uno de los
elementos delimitados por la Corte Constitucional para activar el fuero de atracción de
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siendo estos: a) que los hechos y la
causa que fundamentan la eventual responsabilidad de los sujetos de derecho privado
y las entidades estatales sean los mismos; b) que los hechos, las pretensiones y las
pruebas que obran en el expediente permitan inferir razonablemente que existe una
probabilidad «mínimamente seria» de que las entidades estatales sean condenadas;
y c) que el demandante haya planteado fundamentos fácticos y jurídicos para imputar
el daño antijurídico a la entidad estatal.
iii) En el caso, se encontraron acreditados los elementos para que en el medio de
control operara la figura del fuero de atracción como factor de asignación de
competencia frente a las pretensiones dirigidas contra el particular codemandado, ante
lo cual se consideró que la sociedad Eco Termales estaba llamada a comparecer a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo a debatir el asunto de responsabilidad
extracontractual planteado en su contra.
1.3.2. La Policía Nacional, Secretaría General. La jefe del Área Jurídica, Luisa
Fernanda Aguirre Cardona, solicitó su desvinculación del trámite de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva. Argumentó que los hechos y pretensiones
alegadas por la accionante no son atribuibles ni tampoco de competencia de la entidad,
pues su misionalidad y funciones corresponden al mantenimiento de las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que
los habitantes de Colombia convivan en paz.
1.3.3. Los señores Joan Manuel Ríos Bedoya y Daniela Garcés González,
solicitaron declarar improcedente la acción de tutela, en atención de lo siguiente:
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i) La figura del fuero de atracción es aplicable cuando los hechos en los que se
sustentan las imputaciones contra la entidad pública y el particular tienen coincidencia.
Así se señaló en la Sentencia del 13 de diciembre de 2021, emitida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, radicación: 05001-23-31-000-2009-00165-01
(48926); en la sentencia del 18 de marzo de 2022, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, radicación 68001-23-31-000-2012-00131-01 (58316)
acumulado con el proceso 68001-23-31-000-2012-00179-01 (55528); y en el auto 646
de 2021 del 8 de septiembre de 2021 de la Corte Constitucional, expediente CJU-477,
conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Segundo Civil del Circuito
Judicial de Armenia y el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia.
ii) En el caso, el inicio del nexo de causalidad se establece con la reserva hecha en
Eco Hotel Termales San Vicente S. A. para los días 10 y 11 de julio de 2020, ya que,
luego de su estadía, el alcalde de Santa Rosa de Cabal, José Rodrigo Toro Montes,
los acusó de violar medidas sanitarias y les impuso un comparendo, fundamentado en
el artículo 35 de la Ley 1801 de 2016; sin embargo, el procedimiento policial carecía
de flagrancia y principio de inmediatez. Esto les causó daños emocionales y
financieros, pues tuvieron que contratar abogados para defenderse. De manera que
ambas partes contribuyeron a generar el resultado y son responsables solidarios de
los perjuicios causados.
iii) En caso de haber acudido por separado a las jurisdicciones civil y de lo contencioso
administrativo se hubiera incurrido en abuso del derecho y en enriquecimiento sin
causa, pues al considerarse que Eco Hotel Termales ofertó un servicio cuya
consecuencia final fue la falla del servicio alegada en contra de la Policía Nacional y
municipio de Santa Rosa de Cabal puede advertirse que la causa y el efecto son
conexos a los supuestos fácticos.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de
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tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento
en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional
accionada», en concordancia con los artículos 86 constitucional y 25 del Acuerdo 080
de 2019, según el cual «[l]as tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado
en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre
todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas
por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente
acción de tutela.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir el auto del 27 de junio de 2024, emitido
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, dentro del
proceso de reparación directa con radicación 66001-33-33-003-2022-00220-01. En
caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida
providencia se vulneraron los derechos fundamentales incoados por la parte actora.
2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
1 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que
para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
2.4. Hechos probados
Del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 66001-33-33-
003-2022-00220-01, la Sala establece lo siguiente:
i) El 24 de junio de 2022, los señores Daniela Garcés González y Joan Manuel Ríos
Bedoya, por intermedio de apoderado, promovieron demanda de reparación directa en
contra de la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, el municipio de Santa
Rosa de Cabal y el establecimiento de comercio Eco Hotel Serna Bedoya S. A., con el
fin de que se les declarara administrativamente responsables por falla en el servicio,
al ofertar el servicio turístico en tiempo de pandemia y emergencia sanitaria
haciéndolos incurrir en error, y consecuencia de lo cual el señor alcalde del municipio
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de Santa Rosa de Cabal, de manera extemporánea, los condujo a la Estación de
Policía de esa municipalidad, ordenando allí realizar comparendo, el cual fue
diligenciado de manera irregular por un servidor público de la Policía Nacional.
Situación ésta que causa impacto en los medios de comunicación y redes sociales
cuya consecuencia generó con ello investigación disciplinaria ante la Procuraduría;
percibiéndose tristeza, desasosiego, desesperación y desprestigio del buen nombre
de los demandantes.
ii) El 2 de abril de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Pereira declaró probadas las excepciones de falta de competencia y falta de
jurisdicción propuestas por la Sociedad Eco Termales San Vicente S. A. y dio por
terminado el proceso en relación con la sociedad.
iii) El 27 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de
Decisión, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, ordenó proveer lo
correspondiente para continuar con el trámite procesal frente al codemandado Eco
Termales San Vicente S. A.
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
Se controvierte en el caso el auto del 27 de junio de 2024, emitido por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, dentro del proceso de
reparación directa con radicación 66001-33-33-003-2022-00220-01, por configuración
de los defectos sustantivo y fáctico, al aplicarse incorrectamente el fuero de atracción
y, en consecuencia, forzar la competencia de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para conocer de un asunto de naturaleza contractual.
Pues bien, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que la acción
de tutela contra providencia judicial no cumple con el requisito de subsidiariedad en
casos en los que se verifica i) que el asunto está en trámite, ii) que no se han agotado
los medios de defensa judiciales ordinarios y extraordinarios, iii) que se utiliza como
un instrumento para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los
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recursos previstos en el ordenamiento jurídico, y iv) que el asunto que dio lugar al
defecto no fue previamente alegado.3
En el sub judice, se advierte que el proceso de reparación directa se encuentra
actualmente en trámite de primera instancia. Por tanto, lo que corresponde en el
asunto es preservar y dar estricto cumplimiento al carácter subsidiario de la acción de
tutela, pues, de no ser así: i) se asumiría la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, ii) se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, iii) se concentrarían en la jurisdicción constitucional
todas las decisiones inherentes a ella y iv) se propiciaría un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de la jurisdicción constitucional.4
Además, dentro de los alegatos presentados en la acción de tutela no se evidencia
algún perjuicio irremediable que justifique la flexibilización del requisito de
subsidiariedad, por lo que se colige que la presente acción de tutela no supera el
examen de procedencia requerido y que, por tanto, se impone su rechazo.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala rechazará la presente acción de tutela,
presentada por la Sociedad Eco Termales San Vicente S. A.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Rechazar la acción de tutela interpuesta por Eco Termales San Vicente S. A.
en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, de
acuerdo con lo expuesto en este proveído.
3 Ver entre otras, la sentencia SU-062 de 2018.
4 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
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Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Aclaración de voto
Firmado Electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Aclaración de voto
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
YASM
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