RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-03488-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03488-00

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03488-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03488-00 Actor: PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03488-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

1 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., primero (1o.) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03488-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO,
TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA
SUBSIDIARIEDAD.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL MÍNIMO
VITAL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, los MINISTERIOS DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y DEFENSA NACIONAL y el

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03488-00
Actor: PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA

I.– ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicita la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la

buena fe y a los principios de confianza legítima y seguridad jurídica,

los cuales estima vulnerados por el PRESIDENTE DE LA

REPÚBLICA, los MINISTERIOS DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO y DEFENSA NACIONAL y el DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA al haber expedido

el Decreto núm. 0305 de 5 de marzo de 20241, en el que se incluyó

la expresión “sin carácter salarial” en algunos apartes.

I.2.- Hechos

Señaló que el Departamento Administrativo de la Función

1
“Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares; Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional; Personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional; Patrulleros de Policía de la Policía Nacional, y Empleados Públicos del Ministerio de
Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; se establecen bonificaciones para Alféreces,
Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados, se modifican las comisiones y se dictan otras
disposiciones en materia salarial”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03488-00
Actor: PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA

Pública promulgó el Decreto núm. 0305 de 2024, que en su artículo

2° estableció que la prima de alto mando no tiene carácter salarial

para ningún efecto legal, lo cual es contrario a lo dispuesto en la Ley

4ª de 18 de mayo de 19922.

Indicó que la expresión "sin carácter salarial" se declaró inexequible

por la Corte Constitucional en la Sentencia C-681 de 2003.

Aseguró que según el artículo 243 de la Constitución Política, las

decisiones de la Corte Constitucional tienen fuerza de cosa juzgada

constitucional y ninguna autoridad puede reproducir normas

declaradas inexequibles por razones de fondo.

Manifestó que en la Sentencia C-832 de 2001, la Corte Constitucional

señaló que conforme lo establecen los artículos 2, 58 y 90 de la

Constitución Política, la responsabilidad patrimonial del Estado se

basa en el principio de garantía integral del patrimonio de los

ciudadanos y la misma se configura a través de tres elementos, esto

es, el daño antijurídico, la actuación imputable al Estado y la relación

2
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03488-00
Actor: PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA

de causalidad.

Resaltó que el artículo 10° de la Ley 4ª de 1992 establece que

cualquier régimen salarial o prestacional que contravenga esa norma

o los Decretos del Gobierno Nacional no tendrá efectos y tampoco

dará lugar a crear derechos adquiridos.

Sostuvo que de conformidad con la sentencia T-526 de 18 de

septiembre de 1992, la acción de tutela debe garantizar una

protección efectiva de los derechos constitucionales que debe ser

equivalente a la de otros medios judiciales, para evitar una aplicación

meramente formal de la Ley en contravención de los principios de

efectividad y protección de los derechos constitucionales.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que el acto cuestionado vulnera las garantías constitucionales

deprecadas, toda vez que mediante el Decreto núm. 0305 de 2024

se estableció que la prima de alto mando no tiene carácter salarial,

lo cual, no se encuentra en consonancia con lo dispuesto en la Ley

4ª de 1992, que regula el régimen salarial y prestacional de los

empleados públicos, miembros del Congreso y de la fuerza pública y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03488-00
Actor: PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA

que exige el cumplimiento de ciertas normas y criterios para la

fijación de salarios.

Señaló que la inclusión de la expresión "sin carácter salarial" podría

constituir una desviación de poder y causar daño a los miembros de

la fuerza pública, quienes podrían estar en desventaja,

especialmente los más vulnerables, esto es, mayores, agentes y

soldados.

Argumentó que la Constitución Política garantiza el derecho al

patrimonio de los ciudadanos y, en consecuencia, cualquier norma

que contravenga esa garantía resulta inconstitucional.

Igualmente, aseguró que la acción de tutela es procedente para

anular la expresión "sin carácter salarial" conforme lo establece el

Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913 y los principios de

protección de derechos constitucionales.

3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03488-00
Actor: PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA

I.4.- Pretensiones

El actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1. Que se declare a la nación departamento administrativo de
la función pública que se encuentra vulnerando el artículo 167 ley
1564 de 2012 de la constitución respecto a la dignidad humana art
2 protección a todas las personas residentes en Colombia el art 29
debido proceso, derecho al mínimo legal y móvil, irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales a los
principios de garantía del patrimonio de los asociados. Confianza
legítima – buena fe – seguridad jurídica art 48 adicionado art
primero que dice por ningún motivo podrá dejarse de pagar
congelarse o reducirse del valor de las mesadas reconocidas
conforme a derecho el bloque constitucional. Radicación 954 de la
sala de consulta y servicio civil que dijo de conformidad con la ley
constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable,
sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como
contraprestación directa del servicio (…)

2.Que como consecuencia de lo anterior señalado en el numeral
primero se declare la nulidad del inciso 2do del parágrafo único del
art 2 que DICE LA PRIMA DE DIRECCIÓN NO SERÁ FACTOR
SALARIAL PARA NINGÚN EFECTO LEGAL […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La PRESIDENCIA manifestó oposición a los cargos

formulados en la acción de tutela, al considerar que la solicitud de

amparo resulta improcedente por incumplimiento del requisito de

subsidiariedad.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03488-00
Actor: PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA

Aseguró que el actor cuenta con el medio de control de nulidad, el

cual, a su juicio, constituye el mecanismo judicial idóneo para

establecer la legalidad del Decreto núm. 305 de 2024.

Finalmente, resaltó que el actor no alegó la implementación del

presente mecanismo constitucional de manera transitoria y tampoco

probó la existencia de un perjuicio irremediable, circunstancia que se

encontraba a su cargo.

I.5.2.- El Departamento Administrativo de la Función Pública

solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia,

por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos admisibles.

Afirmó que el actor cuenta con otros mecanismos ordinarios de

defensa judicial para atender sus pretensiones ante el juez

contencioso administrativo y cuestionar la legalidad del Decreto núm.

0305 de 2024, expedido por el Presidente de la República, por lo cual

la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda

vez que no concurren los presupuestos de procedencia, ni siquiera

de forma excepcional, pues no se vislumbra la ocurrencia de un

perjuicio irremediable.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03488-00
Actor: PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA

I.5.3.- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó

declarar improcedente la solicitud de amparo de la referencia, toda

vez que no existe vulneración o incumplimiento de los principios y

normas constitucionales y legales, por lo cual no puede derivarse

amenaza alguna de los derechos fundamentales del accionante.

I.5.4.- El Ministerio de Defensa solicitó denegar el amparo

deprecado, ya que el mismo resulta improcedente, en razón a que,

por parte de esa entidad, no se han vulnerado los derechos

fundamentales invocados por el accionante.

Manifestó que el amparo solicitado no se efectúa como medida

transitoria y el accionante tampoco probó la inminencia de

consumación de un perjuicio irremediable o que se esté vulnerando

su derecho al debido proceso, al mínimo legal y móvil, buena fe,

seguridad jurídica entre otros.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03488-00
Actor: PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA

abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

4
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03488-00
Actor: PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA

deje sin efecto el Decreto núm. 0305 de 2024, acto administrativo

expedido por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, los

MINISTERIOS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y DEFENSA

NACIONAL y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA

FUNCIÓN PÚBLICA, por medio del cual se fijan los sueldos básicos

para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares;

Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional; Personal del

Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional; Patrulleros de Policía de la

Policía Nacional, y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las

Fuerzas Militares y la Policía Nacional; se establecen bonificaciones

para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados, se

modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en materia

salarial.

Al citado acto se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales deprecados, habida cuenta que estableció que la

prima de alto mando no tiene carácter salarial, lo cual, a juicio del

actor, no se encuentra en consonancia con lo dispuesto en la Ley 4ª

de 1992, que regula el régimen salarial y prestacional de los

empleados públicos, miembros del Congreso y de la fuerza pública y

que exige el cumplimiento de ciertas normas y criterios para la

fijación de salarios.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03488-00
Actor: PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA

Igualmente, el actor aseguró que la acción de tutela es procedente

para anular la expresión "sin carácter salarial" conforme lo establece

el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915 y los principios de

protección de derechos constitucionales.

Por lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que debe

resolver consiste en determinar si en el presente caso se cumple con

los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

y, de ser así, analizar si la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, los

MINISTERIOS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y DEFENSA

NACIONAL y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA

FUNCIÓN PÚBLICA vulneraron los derechos fundamentales

invocados.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, según

la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la

Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

subsidiariedad.

5
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03488-00
Actor: PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991

prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos

o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en

cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se

encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03488-00
Actor: PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que

se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe

conocer del fondo del asunto.»6 (Subrayas y negrillas fuera del

texto).

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la presente

acción de tutela es improcedente por carencia del requisito de

subsidiariedad, por los siguientes motivos:

La solicitud de amparo tiene por objeto suspender los efectos del

Decreto núm. 0305 de 2024, acto administrativo expedido por la

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, los MINISTERIOS DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y DEFENSA NACIONAL y el

6 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03488-00
Actor: PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,

y por el cual se decreta que la prima de alto mando no tiene carácter

salarial para ningún efecto legal.

En esa medida, la Sala advierte que la acción de tutela no es el

mecanismo judicial idóneo para obtener la nulidad o la suspensión de

los efectos del acto administrativo aludido, esto, en razón a que el

actor cuenta con el medio de control de nulidad previsto en el

artículo 137 del CPACA7, como medio de defensa ordinario para

cuestionar la legalidad y solicitar la suspensión provisional de sus

efectos.

Asimismo, la Sala advierte que el acto administrativo cuestionado es

de carácter general, por lo tanto, el actor puede hacer uso de este

mecanismo de defensa en cualquier tiempo, de conformidad con los

requisitos de oportunidad señalados en el literal a) del numeral 1 del

artículo 1648 ibidem.

7
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

8
“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
a) Se pretenda la nulidad en los términos del artículo 137 de este Código […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03488-00
Actor: PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA

Aunado a lo anterior, no se puede desatender en manera alguna el

carácter excepcional y subsidiario de la acción de tutela, habida

cuenta que su desconocimiento afectaría el ordenamiento jurídico en

el sentido de que la garantía de los derechos fundamentales no sería

examinada por el juez natural para resolver las controversias

jurídicas de acuerdo con las competencias establecidas por el

legislador.

Finalmente, con el fin de analizar si en el presente caso se configura

la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la

acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala se remite a lo

dispuesto por la Corte Constitucional9:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha
precisado que éste debe reunir las siguientes
características: “debe ser inminente o próximo a suceder. Este
exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la
causa del daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que
suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo
para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la
inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de
protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar
la consumación de un daño antijurídico irreparable. […]”

9
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03488-00
Actor: PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA

En esa medida, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio

irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia

como mecanismo transitorio, porque si bien el actor afirmó que los

derechos fundamentales invocados se encuentran en un riesgo

extraordinario o extremo ante la ejecución del acto administrativo en

comento, tal situación no se encuentra debidamente demostrada,

pues de los elementos de juicio obrantes en el expediente no es

posible establecer dicha circunstancia.

Consecuente con lo anterior, se declarará improcedente la acción de

tutela de la referencia por no concurrir el requisito general de la

subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03488-00
Actor: PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de agosto de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.