Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03488-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03488-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03488-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
1 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., primero (1o.) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03488-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO,
TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA
SUBSIDIARIEDAD.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL MÍNIMO
VITAL.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, los MINISTERIOS DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y DEFENSA NACIONAL y el
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
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Actor: PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA
I.– ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicita la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la
buena fe y a los principios de confianza legítima y seguridad jurídica,
los cuales estima vulnerados por el PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA, los MINISTERIOS DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO y DEFENSA NACIONAL y el DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA al haber expedido
el Decreto núm. 0305 de 5 de marzo de 20241, en el que se incluyó
la expresión “sin carácter salarial” en algunos apartes.
I.2.- Hechos
Señaló que el Departamento Administrativo de la Función
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“Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares; Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional; Personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional; Patrulleros de Policía de la Policía Nacional, y Empleados Públicos del Ministerio de
Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; se establecen bonificaciones para Alféreces,
Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados, se modifican las comisiones y se dictan otras
disposiciones en materia salarial”.
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Pública promulgó el Decreto núm. 0305 de 2024, que en su artículo
2° estableció que la prima de alto mando no tiene carácter salarial
para ningún efecto legal, lo cual es contrario a lo dispuesto en la Ley
4ª de 18 de mayo de 19922.
Indicó que la expresión "sin carácter salarial" se declaró inexequible
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-681 de 2003.
Aseguró que según el artículo 243 de la Constitución Política, las
decisiones de la Corte Constitucional tienen fuerza de cosa juzgada
constitucional y ninguna autoridad puede reproducir normas
declaradas inexequibles por razones de fondo.
Manifestó que en la Sentencia C-832 de 2001, la Corte Constitucional
señaló que conforme lo establecen los artículos 2, 58 y 90 de la
Constitución Política, la responsabilidad patrimonial del Estado se
basa en el principio de garantía integral del patrimonio de los
ciudadanos y la misma se configura a través de tres elementos, esto
es, el daño antijurídico, la actuación imputable al Estado y la relación
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“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”.
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de causalidad.
Resaltó que el artículo 10° de la Ley 4ª de 1992 establece que
cualquier régimen salarial o prestacional que contravenga esa norma
o los Decretos del Gobierno Nacional no tendrá efectos y tampoco
dará lugar a crear derechos adquiridos.
Sostuvo que de conformidad con la sentencia T-526 de 18 de
septiembre de 1992, la acción de tutela debe garantizar una
protección efectiva de los derechos constitucionales que debe ser
equivalente a la de otros medios judiciales, para evitar una aplicación
meramente formal de la Ley en contravención de los principios de
efectividad y protección de los derechos constitucionales.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Afirmó que el acto cuestionado vulnera las garantías constitucionales
deprecadas, toda vez que mediante el Decreto núm. 0305 de 2024
se estableció que la prima de alto mando no tiene carácter salarial,
lo cual, no se encuentra en consonancia con lo dispuesto en la Ley
4ª de 1992, que regula el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, miembros del Congreso y de la fuerza pública y
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que exige el cumplimiento de ciertas normas y criterios para la
fijación de salarios.
Señaló que la inclusión de la expresión "sin carácter salarial" podría
constituir una desviación de poder y causar daño a los miembros de
la fuerza pública, quienes podrían estar en desventaja,
especialmente los más vulnerables, esto es, mayores, agentes y
soldados.
Argumentó que la Constitución Política garantiza el derecho al
patrimonio de los ciudadanos y, en consecuencia, cualquier norma
que contravenga esa garantía resulta inconstitucional.
Igualmente, aseguró que la acción de tutela es procedente para
anular la expresión "sin carácter salarial" conforme lo establece el
Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913 y los principios de
protección de derechos constitucionales.
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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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I.4.- Pretensiones
El actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1. Que se declare a la nación departamento administrativo de
la función pública que se encuentra vulnerando el artículo 167 ley
1564 de 2012 de la constitución respecto a la dignidad humana art
2 protección a todas las personas residentes en Colombia el art 29
debido proceso, derecho al mínimo legal y móvil, irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales a los
principios de garantía del patrimonio de los asociados. Confianza
legítima – buena fe – seguridad jurídica art 48 adicionado art
primero que dice por ningún motivo podrá dejarse de pagar
congelarse o reducirse del valor de las mesadas reconocidas
conforme a derecho el bloque constitucional. Radicación 954 de la
sala de consulta y servicio civil que dijo de conformidad con la ley
constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable,
sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como
contraprestación directa del servicio (…)
2.Que como consecuencia de lo anterior señalado en el numeral
primero se declare la nulidad del inciso 2do del parágrafo único del
art 2 que DICE LA PRIMA DE DIRECCIÓN NO SERÁ FACTOR
SALARIAL PARA NINGÚN EFECTO LEGAL […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La PRESIDENCIA manifestó oposición a los cargos
formulados en la acción de tutela, al considerar que la solicitud de
amparo resulta improcedente por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
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Aseguró que el actor cuenta con el medio de control de nulidad, el
cual, a su juicio, constituye el mecanismo judicial idóneo para
establecer la legalidad del Decreto núm. 305 de 2024.
Finalmente, resaltó que el actor no alegó la implementación del
presente mecanismo constitucional de manera transitoria y tampoco
probó la existencia de un perjuicio irremediable, circunstancia que se
encontraba a su cargo.
I.5.2.- El Departamento Administrativo de la Función Pública
solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia,
por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos admisibles.
Afirmó que el actor cuenta con otros mecanismos ordinarios de
defensa judicial para atender sus pretensiones ante el juez
contencioso administrativo y cuestionar la legalidad del Decreto núm.
0305 de 2024, expedido por el Presidente de la República, por lo cual
la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda
vez que no concurren los presupuestos de procedencia, ni siquiera
de forma excepcional, pues no se vislumbra la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.
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I.5.3.- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó
declarar improcedente la solicitud de amparo de la referencia, toda
vez que no existe vulneración o incumplimiento de los principios y
normas constitucionales y legales, por lo cual no puede derivarse
amenaza alguna de los derechos fundamentales del accionante.
I.5.4.- El Ministerio de Defensa solicitó denegar el amparo
deprecado, ya que el mismo resulta improcedente, en razón a que,
por parte de esa entidad, no se han vulnerado los derechos
fundamentales invocados por el accionante.
Manifestó que el amparo solicitado no se efectúa como medida
transitoria y el accionante tampoco probó la inminencia de
consumación de un perjuicio irremediable o que se esté vulnerando
su derecho al debido proceso, al mínimo legal y móvil, buena fe,
seguridad jurídica entre otros.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
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abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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deje sin efecto el Decreto núm. 0305 de 2024, acto administrativo
expedido por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, los
MINISTERIOS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y DEFENSA
NACIONAL y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA, por medio del cual se fijan los sueldos básicos
para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares;
Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional; Personal del
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional; Patrulleros de Policía de la
Policía Nacional, y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional; se establecen bonificaciones
para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados, se
modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en materia
salarial.
Al citado acto se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales deprecados, habida cuenta que estableció que la
prima de alto mando no tiene carácter salarial, lo cual, a juicio del
actor, no se encuentra en consonancia con lo dispuesto en la Ley 4ª
de 1992, que regula el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, miembros del Congreso y de la fuerza pública y
que exige el cumplimiento de ciertas normas y criterios para la
fijación de salarios.
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Igualmente, el actor aseguró que la acción de tutela es procedente
para anular la expresión "sin carácter salarial" conforme lo establece
el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915 y los principios de
protección de derechos constitucionales.
Por lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que debe
resolver consiste en determinar si en el presente caso se cumple con
los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
y, de ser así, analizar si la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, los
MINISTERIOS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y DEFENSA
NACIONAL y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA vulneraron los derechos fundamentales
invocados.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, según
la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la
Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
subsidiariedad.
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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad
Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991
prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos
o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
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competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que
se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe
conocer del fondo del asunto.»6 (Subrayas y negrillas fuera del
texto).
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la presente
acción de tutela es improcedente por carencia del requisito de
subsidiariedad, por los siguientes motivos:
La solicitud de amparo tiene por objeto suspender los efectos del
Decreto núm. 0305 de 2024, acto administrativo expedido por la
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, los MINISTERIOS DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y DEFENSA NACIONAL y el
6 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,
y por el cual se decreta que la prima de alto mando no tiene carácter
salarial para ningún efecto legal.
En esa medida, la Sala advierte que la acción de tutela no es el
mecanismo judicial idóneo para obtener la nulidad o la suspensión de
los efectos del acto administrativo aludido, esto, en razón a que el
actor cuenta con el medio de control de nulidad previsto en el
artículo 137 del CPACA7, como medio de defensa ordinario para
cuestionar la legalidad y solicitar la suspensión provisional de sus
efectos.
Asimismo, la Sala advierte que el acto administrativo cuestionado es
de carácter general, por lo tanto, el actor puede hacer uso de este
mecanismo de defensa en cualquier tiempo, de conformidad con los
requisitos de oportunidad señalados en el literal a) del numeral 1 del
artículo 1648 ibidem.
7
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
a) Se pretenda la nulidad en los términos del artículo 137 de este Código […]”.
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Aunado a lo anterior, no se puede desatender en manera alguna el
carácter excepcional y subsidiario de la acción de tutela, habida
cuenta que su desconocimiento afectaría el ordenamiento jurídico en
el sentido de que la garantía de los derechos fundamentales no sería
examinada por el juez natural para resolver las controversias
jurídicas de acuerdo con las competencias establecidas por el
legislador.
Finalmente, con el fin de analizar si en el presente caso se configura
la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la
acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala se remite a lo
dispuesto por la Corte Constitucional9:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha
precisado que éste debe reunir las siguientes
características: “debe ser inminente o próximo a suceder. Este
exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la
causa del daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que
suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo
para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la
inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de
protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar
la consumación de un daño antijurídico irreparable. […]”
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Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Actor: PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA
En esa medida, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia
como mecanismo transitorio, porque si bien el actor afirmó que los
derechos fundamentales invocados se encuentran en un riesgo
extraordinario o extremo ante la ejecución del acto administrativo en
comento, tal situación no se encuentra debidamente demostrada,
pues de los elementos de juicio obrantes en el expediente no es
posible establecer dicha circunstancia.
Consecuente con lo anterior, se declarará improcedente la acción de
tutela de la referencia por no concurrir el requisito general de la
subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Actor: PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de agosto de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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