Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-03501-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-03501-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-03501-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03501-01
Accionante: Tarcisio Rafael Pérez Mercado
Accionados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Tema: Acción de tutela contra los autos que declararon probada la
excepción de inepta demanda por indebida individualización de
los actos administrativos acusados en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Análisis de la causal
específica de procedibilidad de defecto procedimental.
Decisión: Modificar la sentencia de primera instancia, en el sentido de
confirmar la improcedencia de la acción de tutela para
cuestionar el auto de 15 de marzo de 2023, y negar las
pretensiones relativas a las providencias del 30 de enero de
2024 y de 9 de abril de 2024.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante en contra de la sentencia del 30
de agosto de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a
través de la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela presentada
por el señor Tarcisio Rafael Pérez Mercado en contra de los autos del 15 de
marzo de 2023, 30 de enero de 2024 y 9 de abril de 2024, proferidos por el
Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre,
respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que se siguió bajo el radicado 70001-33-33-004-2022-00051-00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
El señor Tarcisio Rafael Pérez Mercado, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, demandó al Municipio de Corozal con la
finalidad de que se declarara la nulidad del Decreto 090 del 1° de septiembre de
2021 y del oficio del 10 de septiembre de 2021, mediante los cuales se suprimió
el cargo técnico administrativo de la planta personal, en donde el accionante
desempeñaba sus labores. Asimismo, solicitó como restablecimiento del derecho
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Acción De Tutela
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Accionante: Tarcisio Rafael Pérez Mercado
el reintegro a su cargo y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas
de percibir desde su retiro.
El proceso correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo de
Sincelejo, despacho judicial que declaró probada la excepción de inepta
demanda por indebida individualización de los actos administrativos acusados,
mediante auto del 15 marzo de 2023.
Por lo expuesto, la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la
decisión judicial anterior.
Sin embargo, el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo rechazó por
extemporáneo el recurso presentado, a través del auto del 13 de julio de 2023.
En vista de ello, la parte demandante presentó recurso de reposición y en
subsidio queja contra el auto anterior.
En consecuencia, el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo dispuso no
reponer el auto que rechazó por extemporáneo el recurso de apelación y remitió
al Tribunal Administrativo de Sucre para resolver el recurso de queja interpuesto,
mediante auto del 30 de enero de 2024.
Al resolver el recurso interpuesto, el Tribunal Administrativo de Sucre encontró
bien denegada la apelación, a través del auto del 9 de abril de 2024.
2.2. Fundamento jurídico
El accionante sostuvo que el auto del 15 de marzo de 2023 incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, pues al declarar probada la excepción
de inepta demanda se fundamentó en el artículo 175. ° y 182° A de la Ley 1437
de 2011, el cual hace referencia a la figura jurídica de sentencia anticipada. Por
lo tanto, consideró que, contra la decisión, procedía recurso de apelación, y en
ese sentido, este podía interponerse durante los diez días siguientes a su
notificación.
Adicionalmente, manifestó su inconformidad al declarar probada la excepción de
inepta demanda, pues, según su criterio el oficio aportado del 10 de septiembre
de 2021 contenía la información requerida de acuerdo con el artículo 163. ° de la
Ley 1437 de 2011.
En la misma línea, la parte accionante advirtió que el Juzgado no se pronunció
acerca de la corrección de la demanda. Por ende, operó el fenómeno de la
caducidad, imposibilitando la presentación del medio de control en una nueva
oportunidad.
Por último, el accionante destacó su condición de sujeto especial de protección
estatal, debido a su disminución visual del 90 %, por lo que solicitó un análisis
flexible de la acción de tutela en relación con la causal específica de
subsidiariedad.
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Acción De Tutela
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Accionante: Tarcisio Rafael Pérez Mercado
2.3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«PRIMERO. Declarar que las accionadas Tribunal Administrativo de Sucre,
y juzgado cuarto administrativo de Sincelejo, con las decisiones contenidas
en los auto de fecha 15 de marzo de 2023, 30 de enero de 2024 y 19 de abril
de 2024, a través de los cuales se ordenó dar por terminado el medio de
control de acción de nulidad y restablecimiento del derecho de Referencia:
TARCISIO PEREZ MERCADO C.C. 92.552.329 contra MUNICIPIO DE
COROZAL-SUCRE, NIT: 892.280.032-2, correo electrónico:
alcaldia/@)corozal-sucte.gov.co jurídica@@corozal-sucre.gov.co.
RADICACIÓN: 70001333300420220005100, incurrió en vías de hechos por
haberse vulnerado mis derechos al debido proceso, y a la defensa,
consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Al
acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva por exceso
de ritual manifiesto.
SEGUNDO: Se me amparen mis derechos al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva por exceso de ritual
manifiesto
TERCERO: Se ordene a las accionadas a que dentro del término de 48
profieran una nueva decisión dentro del medio de control de acción de
nulidad y restablecimiento del derecho de Referencia: TARCISIO PEREZ
MERCADO C.C. 92.552.329 contra MUNICIPIO DE COROZAL-SUCRE,
NIT: 892.280.032-2, correo electrónico: alcaldía @corozal-sucre-gov.co-
juridica/@.corozal-sucre.gov.co, RADICACIÓN:
70001333300420220005100, donde se ordene seguir con el trámite de la
audiencia de que trata el artículo 180 de la ley 1437 de 2011 y/o se corra
traslado para presentar alegatos de conclusión por mediar una nulidad a la
luz del numeral 6 del artículo 133 del C.G.P. » (Sic a toda la cita)
2.4. Intervenciones
La acción de tutela fue admitida mediante auto del 11 de julio de 2024, a través
del cual, se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Sucre y al Juzgado
Cuarto Administrativo de Sincelejo como accionados y al Municipio de Corozal
Sucre como tercero interesado en el resultado del proceso.
2.4.1. No se presentaron informes.
2.5. Sentencia impugnada
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante providencia del 30 de agosto
de 2024 declaró la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, debido a que los cargos expuestos por la
parte accionante habían sido objeto de debate en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, y en ese sentido, determinó que se pretendía
acceder a una instancia adicional por medio del mecanismo de tutela.
2.6. Impugnación
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Acción De Tutela
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Accionante: Tarcisio Rafael Pérez Mercado
El señor Tarcisio Rafael Pérez Mercado luego de insistir en los argumentos
expuestos en la acción de referencia, mencionó que el principio de prevalencia
del derecho sustancial sobre las normas procedimentales cumplía con el requisito
de relevancia constitucional.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo y el Tribunal
Administrativo de Sucre incurrieron en el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto al proferir los autos del 15 de marzo de 2023, 30 de enero de 2024 y
9 de abril de 2024, respectivamente.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
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Accionante: Tarcisio Rafael Pérez Mercado
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
Para el caso concreto, la Sala considera pertinente poner de presente que se
cuestionan diferentes decisiones judiciales respecto de las cuales las
consideraciones difieren.
En ese sentido, es pertinente analizar en primer lugar la situación que se presenta
respecto del auto a través del cual se determinó que declaró probada la
excepción de inepta demanda.
En ese sentido, es necesario hacer referencia al requisito de la subsidiariedad de
la acción de tutela.
3.4. El requisito de subsidiariedad
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Respecto del requisito de agotamiento de recursos ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
«2. Igualmente, ha sostenido la Corte que el amparo no busca excluir a
la jurisdicción ordinaria del conocimiento de los asuntos que le son
propios. La tutela, por el contrario, se constituye en un mecanismo
que asegura en forma especial y excepcional la intangibilidad del
núcleo esencial de los derechos fundamentales vulnerados, cuando
no existan instrumentos ordinarios que permitan dicha protección. Por
ello, la acción de tutela resulta improcedente, en virtud de su
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Accionante: Tarcisio Rafael Pérez Mercado
naturaleza subsidiaria y residual, cuando el actor tiene o tuvo a su
disposición otros mecanismos judiciales de defensa.
Así las cosas, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta
Corporación “[q]uien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios
procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus
derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las
consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva
no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los
proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya
transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en
ocasión propicia. Es inútil, por lo tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara
de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los
daños causados por el propio descuido procesal”»1.
Como se puede evidenciar, uno de los requisitos generales de procedibilidad
consiste en que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance
de la persona afectada. En consecuencia, se debe hacer uso de los mismos o
señalar las razones por las cuales se renuncia a ello por la amenaza de que se
configure un perjuicio irremediable.
El argumento de improcedencia en comento tiene sustento en los deberes
jurídicos que tienen las partes en el trámite de los procesos judiciales para
impugnar o controvertir las decisiones con las que están en desacuerdo y cuya
oportunidad se establece en cada uno de los estatutos que rigen el proceso de
que se trate.
Así las cosas, dependiendo del caso que se estudie, el establecimiento de los
recursos y demás oportunidades procesales tienen por objeto que el mismo
funcionario judicial o su superior funcional reexaminen la actuación censurada y
la modifiquen o revoquen.
Visto lo anterior, el juez de tutela no podrá declarar procedente una solicitud de
amparo en donde la parte interesada en controvertir la decisión judicial no ejerció
su derecho en tiempo o simplemente dejó de cumplir con los formalismos
establecidos en la legislación procesal, por desconocimiento o falta de diligencia.
3.4.1. Análisis del caso concreto
En el caso concreto, se advierte que el señor Tarcisio Rafael Pérez pretende
discutir el auto del 15 de marzo de 2023 a través del cual se declaró configurada
la excepción de inepta demanda.
Pese a ello, es necesario poner de presente que no es posible realizar un análisis
respecto de la misma providencia en razón de lo dispuesto en el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, toda vez que no ejerció el recurso de apelación de manera
oportuna, por lo que no hay lugar a acudir a la acción de tutela en reemplazo de
los medios establecidos en el ordenamiento jurídico para el efecto.
1
Corte Constitucional, sentencia T – 874 de 11 de julio de 2000, magistrado ponente:
Eduardo Cifuentes Muñoz.
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Por tal razón se modificará parcialmente la sentencia de primera instancia en la
medida en que hay lugar a confirmar la improcedencia de la acción de tutela para
cuestionar dicha providencia.
Ahora bien, a continuación se entrará a hacer el análisis de procedencia de la
acción de tutela respecto de los autos del 30 de enero de 2024 y del 9 de abril de
2024
3.5. La procedencia de la acción de tutela para cuestionar las decisiones
de 30 de enero de 2024 y de 9 de abril de 2024
Corresponde entonces analizar si respecto de las referidas providencias se
cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
3.5.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.5.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados están plenamente identificados.
3.5.1.2. Así mismo, se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.5.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la ejecutoria de la última providencia cuestionada.
3.5.1.4. Contrario a lo señalado por la primera instancia el asunto a resolver
cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida que se centra
en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto que impidió el acceso del
señor Pérez a la administración de justicia.
En ese orden de ideas, se reitera que se analizará la providencia que puso fin a
la controversia para determinar si en la misma se incurrió en el defecto endilgado.
3.6. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
En relación con este requisito específico de procedibilidad de la acción de tutela,
la Corte Constitucional ha afirmado lo siguiente:
«EL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL
MANIFIESTO COMO CAUSAL ESPECÍFICA DE PROCEDIBILIDAD
DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES
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La causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales denominada defecto procedimental, encuentra
su sustento en los artículos 29 y 228 de la Constitución, que se refieren
a los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, y al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
procesal.
En principio, este defecto se materializa cuando se desconocen las
formas propias de cada juicio; pero también pude producirse por un
exceso ritual manifiesto, en virtud del cual se obstaculiza el goce
efectivo de los derechos de los individuos por motivos formales. Así,
existen dos tipos de defectos procedimentales: uno denominado
defecto procedimental absoluto, y el otro que es un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.
El defecto procedimental absoluto se configura cuando “el funcionario
judicial se aparta por completo del procedimiento establecido
legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i)
se ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente -desvía el
cauce del asunto-, o ii) omite etapas sustanciales del procedimiento
establecido legalmente afectando el derecho de defensa y
contradicción de una de las partes del proceso”.
Por su parte, el defecto procedimental puede estructurarse por exceso
ritual manifiesto cuando “(…) un funcionario utiliza o concibe los
procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho
sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una
denegación de justicia”; es decir:
“el funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal
es un medio para la realización efectiva de los derechos de los
ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva
pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicación
en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha
actuación devenga en el desconocimiento de derechos
fundamentales”»2.
Como se puede apreciar, el defecto procedimental por exceso ritual tiene como
requisitos cuando se concibe el derecho procesal como un obstáculo para la
eficacia del derecho sustancial, y con ello renuncia a la verdad jurídica objetiva.
3.3.1. Análisis del caso concreto
En el caso concreto, se advierte que el señor Tarcisio Rafael Pérez pretende
discutir las providencias del 15 de marzo de 2023, 30 de enero de 2024 y 9 de
abril de 2024 a través de las cuales respectivamente, se declaró la ineptitud de
la demanda, se determinó no reponer la providencia del 13 de julio de 2023 en la
que se rechazó por extemporánea la apelación, y se resolvió el recurso de queja.
Sin embargo, el estudio se centrará en el auto del 9 de abril de 2024, puesto que
es la providencia que puso fin a la controversia.
2
Corte Constitucional, sentencia T – 352 de 15 de mayo de 2012, magistrado ponente:
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Accionante: Tarcisio Rafael Pérez Mercado
Al respecto, es preciso poner de presente que en esta se señaló:
«Para estudiar si se configura o no la «ineptitud sustantiva de la demanda»,
el Juez deberá verificar el cumplimiento de los requisitos formales del escrito
introductorio de la contienda o establecer si existe una indebida acumulación
de pretensiones, de lo cual se infiere que el Juzgador, en dicha etapa, no
decidirá nada referente al fondo del asunto, pues, se limitará únicamente a
corroborar que la demanda satisfaga los requisitos relacionados con el
contenido y anexos de la misma regulados en los artículos 162, 163, 166 y
167 del CPACA.
Asimismo, con relación al momento para resolver dicha exceptiva, el
parágrafo 2° del artículo 175 del CPACA, modificado por el artículo 38 de la
Ley 2080 de 2021, dispuso que al ser previa, debe resolverse conforme los
parámetros de los artículos 100 a 102 del Código General del Proceso, en
virtud de los cuales: (i) las excepciones que no requieran práctica de pruebas
deben resolverse antes de citar a la audiencia inicial -como en el presente
caso-; y (ii) si para su resolución se requiere de estas, se decretarán en el
auto que cita a la referida diligencia y se practicarán en ella.
Efectuado el anterior análisis, para el presente caso no puede considerarse
que el auto que resuelve la excepción previa de «inepta demanda» tiene el
carácter sentencia, máxime cuando el artículo 278 del Código General del
Proceso establece que «[…] Son sentencias las que deciden sobre las
pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que
fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de
liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y
revisión. Son autos todas las demás providencias. […]», situaciones que no
ocurren para el caso que compete, teniendo en cuenta que en el auto
impugnado el a quo solo se pronunció con relación al cumplimiento de
requisitos formales y no, frente a las pretensiones de la demanda y/o
excepciones de mérito.
De la norma referida se puede evidenciar, que el auto que por cualquier
causa ponga fin al proceso es objeto del recurso de apelación, en ese
sentido, para contabilizar el término de interposición del medio impugnatorio,
es necesario dar aplicación a lo establecido en el artículo 244 de la Ley 1437
de 2011, modificado por el artículo 64 de la Ley 2080 de 2021 (…)
Bajo tales supuestos, debe entenderse, que si el auto es notificado por
estado, resulta de obligatorio cumplimiento que se interponga el recurso de
apelación dentro de los tres días siguientes a dicha diligencia, de lo
contrario, habrá de negarse la concesión del recurso por ser extemporánea.
Ahora bien, para el caso concreto se tiene lo siguiente:
• El auto del 15 de marzo de 2023, que declaró probada la inepta demanda
y dio por terminado el proceso fue notificado por estado el día 16 del mes de
marzo de la misma anualidad.
• El recurso de apelación fue presentado ante el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Sincelejo el 28 de marzo de 2023.
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Accionante: Tarcisio Rafael Pérez Mercado
En ese orden de ideas, es claro para este Despacho que el recurso de
apelación interpuesto por el señor Tarcisio Pérez Mercado se presentó por
fuera del término que la ley consagra, pues, desde el 17 de marzo de 2023
(día siguiente de la notificación por estado), hasta el 28 de marzo de 2023
(día en que se presentó la impugnación) transcurrieron siete (7) días, lo cual
demuestra la extemporaneidad de este.
Por todos los argumentos anteriormente expuestos, este Despacho
concluye, que la concesión del recurso de apelación, interpuesto por la parte
demandante, contra el auto del 15 de marzo de 2023 estuvo bien
denegado».
Como se puede apreciar, la razón por la cual se rechazó la apelación, consistió
en la presentación extemporánea del referido recurso, y ello derivó en la
imposibilidad de analizar si efectivamente existió una indebida identificación de
los actos demandados.
La Sala considera que no se presentó un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto porque no se advierte una interpretación de las normas arbitraria que
imponga una traba al acceso a la administración de justicia.
Por el contrario, la razón que tuvo el Tribunal Administrativo de Sucre para
declarar bien denegado el recurso de apelación resulta coherente con las normas
procesales y no supone un sacrificio de la verdad en favor de un excesivo
rigorismo, sino el cumplimiento de la normativa procesal, que es de orden público.
En efecto, el Tribunal Administrativo de Sucre estableció que la decisión que puso
fin al proceso tiene la naturaleza de auto y no de sentencia, y por tal razón la
parte accionante debía interponer el recurso pertinente dentro del término
establecido en el artículo 244 de la Ley 1437 de 2011.
En la acción de tutela se afirmó que toda decisión que pone fin a un proceso tiene
la naturaleza de sentencia lo cual no es cierto. Para el efecto, basta pensar en el
auto que rechaza la demanda por no subsanarla.
En ese orden de ideas, la sala considera que no se presentó un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto en el auto del 9 de abril de 2024, por
lo que se revocará la sentencia del 30 de agosto de 2024 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, y en su lugar se negarán las pretensiones de la
acción de tutela por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Modificar la sentencia de primera instancia en el sentido de confirmar
la improcedencia de la acción para cuestionar el auto del 15 de marzo de 2023
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03501-01
Accionante: Tarcisio Rafael Pérez Mercado
por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad y negar las pretensiones
relativas a las providencias de 30 de enero de 2024 y 9 de abril de 2024 por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30. ° del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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