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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03506-01

Fecha
3 de octubre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03506-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Fiduprevisora S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 2 de agosto de 2024 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-03506-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

3 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202403506-01
Actora: Luz Mila Mosquera Moreno
Demandada: Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela
de 2 de agosto de 2024 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

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Núm. único de radicación: 11001031500020240003506-01
Actora: Luz Mila Mosquera Moreno

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderada, presentó acción de tutela contra la Sala Tercera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 19 de marzo de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 050013333029202200384-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento de
Antioquia, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio
núm. ANT2022EE003955 del 10 de febrero de 2022, por medio del cual se negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías
correspondientes a las cesantías al año 2020, establecida en el artículo 99 de la Ley
50 de 28 de diciembre de 19901, y la indemnización por el pago tardío de los intereses
a las cesantías prevista en el artículo 1° de la Ley 52 de 18 de diciembre de 19752 y
el Decreto 1176 de 19913.

4. El Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín profirió sentencia,
en primera instancia, el 21 de septiembre de 2023, mediante la cual resolvió negar las
pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia, en segunda instancia,
el 19 de marzo de 2024, mediante la cual resolvió lo siguiente:

1 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”
2 “Por la cual se reconocen los intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares”.
3 por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 98 y el artículo 99 de la Ley 50 de 1990

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Núm. único de radicación: 11001031500020240003506-01
Actora: Luz Mila Mosquera Moreno

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia n.° 300 del 21 de septiembre de 2023,
proferida por el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín, de
conformidad con lo expuesto en las consideraciones.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia […]”.

6. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia consideró lo
siguiente:

“[…] En aplicación a lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 1395 de 2010, que faculta
al operador judicial cuando existen precedentes jurisprudenciales para decidir casos
similares que se encuentren a despacho para fallo sin tener que respetar el turno de
entrada o de ingreso a despacho, así como lo establecido en el artículo 18 de la Ley 446
de 1998, que permite modificar el orden para proferir sentencias en atención a la
naturaleza de los asuntos, la Sala procede en consecuencia, toda vez que se trata de
un asunto que versa sobre el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en la
Ley 50 de 1990 en favor de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, tema frente al cual ya existe la sentencia de
unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023 proferida por la Sala Plena
de la Sección Segunda del Consejo de Estado […]”.

[…]

“[…] al igual que el a quo, que, de acuerdo con la regla jurisprudencial fijada por el
Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de
octubre de 2023, la demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de la
sanción por mora en la consignación de las cesantías, establecida en el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990, ni al reconocimiento y pago de la indemnización, por el pago tardío
de los intereses a las cesantías que se encuentra establecida en el artículo 1° de la Ley
52 de 1975”.

Los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio cuentan con un régimen especial para el reconocimiento, liquidación y pago
de sus cesantías e intereses a las cesantías, consagrado en el artículo 15 de la Ley 91
de 1989 y el Acuerdo n.° 39 de 1998.

En el régimen especial de la Ley 91 de 1989, no se encuentra la obligación de consignar
las cesantías a más tardar el 14 de febrero de cada año, tampoco se consagra la sanción
por mora en la consignación de las cesantías (artículo 99 de la Ley 50 de 1990) o la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías (artículo 1° de la Ley
52 de 1975).

Los fondos privados de cesantías creados a través de la Ley 50 de 1990 y el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio creado por la Ley 91de 1989, tienen
naturaleza y finalidades distintas, pues los recursos de este último son manejados bajo
el concepto de unidad de caja, sin que sea procedente consignarle a cada docente, en
una cuenta individual, sus cesantías, ya que todos los recursos que ingresan al Fondo
del Magisterio son destinados a cubrir las prestaciones económicas cuando estas sean
exigibles.

La liquidación de los intereses a las cesantías en el FOMAG se realiza sobre el
acumulado total de las existentes al 31 de diciembre de cada año; mientras que, en los
fondos privados, los intereses se calculan respecto a la suma causada en el año anterior
o en la fracción que se liquida. v.

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Núm. único de radicación: 11001031500020240003506-01
Actora: Luz Mila Mosquera Moreno

Las conclusiones de la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional no resultan
aplicables al demandante, toda vez que esta decisión solo constituye precedente en el
evento en que se omita la afiliación del docente al FOMAG […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Solicito que se protejan los derechos al DEBIDO PROCESO, ACCESO LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO DE GRATUIDAD, y conforme a esto se
REVOQUE DE MANERA PARCIAL, la sentencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA MAGISTRADA PONENTE JAIRO
JIMENEZ ARISTIZABAL radicado 05001333302920220038401 el numeral segundo
donde no condena en costas en esta instancia. […]”.

8. La actora indicó lo siguiente4:

“[…] Cabe resaltar que no existía sentencia de unificación al momento de la presentación
de las(sic) demanda sobre el tema en estudio bajo los mismos fundamentos y
pretensiones y tampoco a la notificación de la sentencia en primera instancia que fue el
día 21 de septiembre de 2023, por lo cual siempre se actuó bajo el principio de buena fe
y confianza legítima.

CUARTO: El día 13 de octubre el consejo de estado notifica sentencia de unificación No.
SUJ032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023 Radicado Interno 5746-2022
Demandante: Julián David Quintero Agudelo, en la que ante las DOS (2) posturas
establecidas en la jurisdicción contenciosa administrativa en el país, donde las Tribunales
del Valle del Cauca y Antioquia y algunos juzgados del Valle del Cauca, Chocó, Norte de
Santander, Santander, Bogotá, Risaralda, Sucre y Antioquia accedían a las pretensiones
de la demanda; mientras que los juzgados y Tribunales de Santander, Huila, Quindío,
Sucre y Boyacá tenían una postura diferente, se decidió UNIFICAR el criterio en el
sentido de precisar que la Ley 50 de 1990.

QUINTO: Sin embargo, el día 19 de marzo de 2024 el tribunal administrativo de Antioquia
sala tercera de oralidad CONFIRMA la sentencia de primera instancia emitida por el
Juzgado 29 del Circuito de Medellín.

SEXTO: En este caso en concreto Donde en PRIMERA INSTANCIA NIEGA LAS
PRETENSIONES DE LA DEMANDA, y posterior a la misma confirma la totalidad de las
pretensiones, la sala manifiesta que respecto al numeral 4 del artículo 365 del CGP.
cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias, si bien es cierto lo
pretendido no es que se prevalezca la jurisprudencia por sobre el precepto normativo,
dicha sala si pudo realizar un análisis de ponderación subjetiva respecto de la conducta
procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio
judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma. Esa
ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias, dilatorias
que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento, que

4 Transcripción literal del texto.

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Actora: Luz Mila Mosquera Moreno

se pueden valorar según lo señalado por el artículo 79 del Código General del Proceso,
y así verificar si en el expediente aparece probado si se causaron dichas costas. Estimo
que la argumentación que debió sustentar la decisión de abstenerse de imponer condena
en costas debió sustentarse en que no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe y por consiguiente tampoco aparecen probados gastos judiciales
sufragados por la entidad demandada por tratarse este de un asunto de pleno derecho

OCTAVO (sic): Es claro que la entidad judicial omitió dar un DEBIDO PROCESO al curso
que tomo el tema de la sanción Ley 50 de 1990 y no se tuvo de presente el caso objeto
de revisión en dicha sentencia de unificación y donde no se condenó en costas a la parte
demandante, A SU VEZ EXISTIO UN DESCONOCIMIENTO DE ORDENAMIENTOS
JUDICIALES FRENTE AL TEMA DE LA CONDENA EN COSTAS POR PARTE DEL
CONSEJO DE ESTADO, Cabe resaltar que esta apoderada siempre ha actuado con
buena fe, y la entidad judicial desconoció que la transición jurisprudencial fue
desfavorable para la demanda en mención, en igual sentido la sentencia de unificación
si bien es cierto es negativa para nuestras pretensiones también menciona la NO
CONDENA EN COSTAS. […]”.

Actuación

9. El Despacho sustanciador de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, mediante auto de 10 de julio de 2024: i) admitió la acción de tutela; ii)
ordenó notificar a las partes; y iii) vinculó como terceros con interés legítimo, al
Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del Circuito de Medellín, a la Nación –
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
al Departamento de Antioquia; concediéndoles el término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia consideró
que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, y señaló que:

“[…] (i) Al respecto, en la sentencia SU-573 de 2019 de la Corte Constitucional, se
indicó que la discusión sobre la aplicabilidad de la sanción moratoria de la Ley 50 de
1990 versa sobre una cuestión meramente legal, con una connotación de contenido
patrimonial que no involucra la protección de derechos fundamentales, lo que impide
que el análisis del caso se realice bajo los principios de favorabilidad e igualdad, en la
medida en que el asunto no trasciende la esfera de lo constitucional; criterio que,
además, ha sido acogido por el Consejo de Estado, declarando la improcedencia de
las tutelas por no superarse el requisito de relevancia constitucional. […]”.
[…]

“[…] la Sala solo se circunscribió a los reparos que la parte demandante planteó en el
recurso, excluyendo aspectos diferentes a los señalados, por lo que no abordó el
estudio de la condena en costas, pues sería contrario al principio de congruencia y al

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Actora: Luz Mila Mosquera Moreno

derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política. […]”.

[…]

“[…] la parte accionante está utilizando la acción de tutela como una tercera instancia,
lo que refuerza la carencia de la relevancia constitucional desarrollada por la Sala
Plena del Consejo de Estado en la sentencia del 5 de agosto de 2014 (Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01), en donde se indica que la tutela no puede
constituir una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada. […]”.

11. El Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín señaló que la
acción de tutela no es una tercera instancia para definir situaciones consolidadas y
definidas en uso de mecanismos ordinarios establecidos para ello, y manifestó que:

“[…] Una vez impartido el respectivo trámite al proceso, el pasado 21 de septiembre
de 2023, se emitió sentencia de primera instancia negando las pretensiones de la
demanda, en tanto que, para el caso en concreto de la demandante, el régimen
aplicable en materia de prestaciones sociales (específicamente en materia de
cesantías) es el contenido en la Ley 91 de 1989 y no en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990. Adicionalmente, se dispuso condenar en costas y agencias en derecho a la parte
demandante de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1564 de 2012. […]”

12. La Fiduprevisora S.A. solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela,
toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva. Para tal
efecto, expuso que:

“[…] PRIMERO: Con fundamentos a lo anteriormente expuesto, y con el debido respeto
solicito al Honorable Despacho declarar IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia Y DESVINCULAR A LA FIDUPREVISORA S.A. por no estar legitimados en la
causa por pasiva, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Declarar la inexistencia de vulneración a los derechos fundamentales de la
accionante por parte de FIDUPREVISORA S.A., que actúa como vocera y administradora
de Patrimonio Autónomo – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. […]”

La sentencia impugnada

13. La Subsección C Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia de
tutela, en primera instancia, el 2 de agosto de 2024, por medio de la cual resolvió lo
siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
Luz Mila Mosquera Moreno, en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, por los
motivos expuestos en las consideraciones de esta providencia. […]”.

14. Como fundamento de su decisión consideró que:

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Actora: Luz Mila Mosquera Moreno

“[…] La Sala advierte la parte actora incumplió el requisito de subsidiariedad, ya que
contaba con otro mecanismo judicial para la protección de sus derechos fundamentales,
esto es, la interposición del recurso de apelación dirigido en forma concreta a atacar la
decisión del Juzgado Veintinueve Administrativo Oral de Medellín de imponer a su cargo
el pago de las costas y las agencias en derecho. Sin embargo, las piezas procesales
allegadas dan cuenta que esto no ocurrió.

Está demostrado que, pese a que interpuso el recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia del proceso ordinario, la inconformidad de la accionante solo
abarcó lo referente al reconocimiento de la sanción moratoria, y no cuestionó la condena
en costas, por lo que este aspecto en particular no fue objeto de estudio por el Tribunal
Administrativo de Antioquia al momento de proferir la sentencia de segunda instancia.

Por lo anterior, la Subsección considera que la acción de tutela se torna improcedente,
pues aceptar lo contrario, implicaría reemplazar los mecanismos ordinarios previstos por
el legislador para la protección de los derechos, y suplir la inactividad de la parte que no
hizo uso de los mismos en la oportunidad pertinente. Además, la parte actora no acreditó
la ocurrencia de un perjuicio irremediable que permita una flexibilización de la regla de
subsidiariedad […]”

15. El Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Antioquia guardaron
silencio en esta oportunidad procesal.

La impugnación

16. La actora, a través de apoderada, impugnó la sentencia proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado por las siguientes razones:

“[…] Las sentencias que a continuación se relacionan, pueden claramente inferir que
antes de proferir la sentencia de unificación aquí señalada, el Consejo de Estado
reconocía la sanción moratoria prevista el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, a los docentes oficiales de manera genérica, es decir, indistintamente si se
encontraban afiliados o no al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
ya que los únicos principios que se tomaron en cuenta para efectos del reconocimiento
eran los de favorabilidad e igualdad, teniendo en cuenta que los docentes oficiales
ostentaban la calidad de servidores públicos.[…]”.

[…]

“[…] La Ley 1437 de 2011-CPACA al regular el instituto de las costas en materia
procesal modificó el criterio establecido por la Ley 446 de 1998 para acoger, de nuevo,
el objetivo que se aplica con independencia de la conducta procesal de los litigantes. El
nuevo precepto prevé: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil” […]”.

[…]

“[...] El artículo 47 de la Ley 2080 de 21 de enero de 2021 adicionó el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011-CPACA. El texto integrado de la norma es el siguiente: “Salvo en los
procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena

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Actora: Luz Mila Mosquera Moreno

en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil. Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal” […]”.

En el presente proceso, no aparecen probados gastos judiciales sufragados por la
entidad demandada por tratarse este de un asunto de puro derecho y tampoco aparece
probada la temeridad o la mala fe; al respecto en caso similar frente a la condena en
costas el Consejo de Estado en providencia del 16 de abril de 2015 estableció: “Al
respecto no puede perderse de vista que de conformidad con lo consagrado en el
numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso, ´Sólo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación´, condición que como ya se dio no se cumple en este caso.” En este
mismo sentido y conforme a la posición asumida por el Consejo de Estado, queda
absolutamente claro que el artículo 188 del CPACA no impuso una obligación perentoria
de imponer condena en costas y agencias en derecho, pues la obligación que de allí se
desprende es la de emitir un pronunciamiento al respecto, de manera que, conforme a
la valoración del discurrir del debate procesal resulta válido prescindir de la imposición
de la condena en costas acorde con los derechos fundamentales establecidos en la
carta política donde prevalece el acceso a la administración de justicia. […]”.

[…]

“[…] Adicionalmente, ha sido una posición unánime del Consejo de Estado que en
materias donde se debatan derechos laborales se tiene que atender la posición de los
sujetos procesales, que para el caso bajo examen se trata de un docente adscrito al
magisterio, parte débil dentro de la relación laboral entre el Estado y el servidor público,
que lo único que pretendió fue una mejora de sus condiciones laborales, actuando
siempre con la confianza legítima. […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 5, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política;
en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20216 y con
el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20197, que asigna a esta sección
el conocimiento de las acciones de tutela.

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Actora: Luz Mila Mosquera Moreno

Generalidades de la acción de tutela

18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata, los derechos constitucionales
fundamentales cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta
de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio,
para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

19. Advierte la Sala que, si bien la solicitud de desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva formulada por la Fiduprevisora S.A., no fue objeto de
pronunciamiento por parte del a quo en el trámite de la primera instancia, esta Sala
entrará a realizar el respectivo análisis.20. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591
frente a la legitimación en la causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con
su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

21. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20068, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los
siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia
T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el
proceso. (…).

8 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Núm. único de radicación: 11001031500020240003506-01
Actora: Luz Mila Mosquera Moreno

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al
demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el
actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa
para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en
dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se
surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución
como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se
promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales
de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[9]. (Negrilla fuera de
texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por
pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de
realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la
que inflige el daño […]”.

22. La Sala advierte que la Fiduprevisora S.A. solicitó su desvinculación de la acción
de tutela, toda vez que, en su criterio, carece de legitimación en la causa por pasiva.

23. Al respecto, es preciso indicar que dicha entidad es parte demandada dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 050013333029202200384-01, es decir que a dicha entidad le
asiste interés en el resultado del proceso de la referencia.

24. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que a la Fiduprevisora S.A. le asiste interés en
la decisión de tutela que esta Sala profiera.

25. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva formulada respecto de la Fiduprevisora S.A..

9 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de
2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

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Núm. único de radicación: 11001031500020240003506-01
Actora: Luz Mila Mosquera Moreno

Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

27. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias
judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho fundamental al debido proceso, procediendo posteriormente a v) resolver
el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se
satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

28. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena10, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de
providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros
fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley
y la propia doctrina judicial.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

12

Núm. único de radicación: 11001031500020240003506-01
Actora: Luz Mila Mosquera Moreno

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

29. Esta Sección adoptó11 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200512, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

30. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto;
ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio
irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una
irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad;
v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

31. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”13 que encaje en dichos parámetros.

32. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos
de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento
excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores
constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
12 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

13

Núm. único de radicación: 11001031500020240003506-01
Actora: Luz Mila Mosquera Moreno

33. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201414.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

34. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la
Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

35. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 2014 15,
al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional, consideró
lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [16]; por otro, evita que la acción
de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones” [17].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [18].

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge

Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
15 Ut supra página 6.
[16] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[17] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[18] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales,

contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

14

Núm. único de radicación: 11001031500020240003506-01
Actora: Luz Mila Mosquera Moreno

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que
el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar
improcedente el amparo constitucional [19].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de tutela
se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla
improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o
de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían
de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir
por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia
constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da
lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario
que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe
fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada
para discutir asuntos de mera legalidad [20]. Si bien no siempre es fácil delimitar los
asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta
Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de
diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en
la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos
ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución
y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor
legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [21].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la
Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [22]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a
la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio

[19] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la
especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del
recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de
la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[20] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[21] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[22] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

15

Núm. único de radicación: 11001031500020240003506-01
Actora: Luz Mila Mosquera Moreno

de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la
publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos.
[…]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos
caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y
contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el
equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

36. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró23:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto objeto
de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto puesto a
consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”24

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios, un
asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios
de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la misma,
retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aun
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto con
las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social) y
el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno y
reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que el
contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”25

23 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
24 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
25 Ibidem.

16

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En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

37. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii)
cuando la actora en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.

38. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202226
precisó, en relación con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política
o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del
caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el núcleo
esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la violación
de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso

26 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Núm. único de radicación: 11001031500020240003506-01
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efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo
está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente
en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así,
por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que
se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del
asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida
a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión
definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional […]”.
(Resaltado por la Sala).

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

39. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

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40. Atendiendo a que, la Corte Constitucional27 ha entendido el derecho de acceso a
la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las personas
de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones
de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra manera, en
la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para
propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o
restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los
procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías
sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso

41. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece
que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

42. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a
través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino
dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias
de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las
personas el ejercicio pleno de sus derechos […]”, de manera que ha resaltado que el
derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y preservación del
valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como

27 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Núm. único de radicación: 11001031500020240003506-01
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la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas
residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades
públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Análisis del caso concreto

43. La actora, a través de apoderada, presentó acción de tutela contra la Sala Tercera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 19 de marzo de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 050013333029202200384-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.

44. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

45. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en la acción de tutela
y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

46. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

46.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
050013333029202200384-00.

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Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional

47. Para la Sala, el presente asunto tampoco se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional, toda vez que, según lo expuesto en el escrito de tutela, lo que la actora
controvierte es que la autoridad judicial no debió condenar en costas, en la medida en
que, “[…] no se evidenció que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe y por
consiguiente tampoco aparecen probados gastos judiciales sufragados por la entidad
demandada por tratarse este de un asunto de pleno derecho […]”.

48. La actora impugnó la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado por las siguientes razones28:

“[…] Las sentencias que a continuación se relacionan, pueden claramente inferir que
antes de proferir la sentencia de unificación aquí señalada, el Consejo de Estado
reconocía la sanción moratoria prevista el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, a los docentes oficiales de manera genérica, es decir, indistintamente si se
encontraban afiliados o no al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
ya que los únicos principios que se tomaron en cuenta para efectos del reconocimiento
eran los de favorabilidad e igualdad, teniendo en cuenta que los docentes oficiales
ostentaban la calidad de servidores públicos.

El artículo 47 de la Ley 2080 de 21 de enero de 2021 adicionó el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011-CPACA. El texto integrado de la norma es el siguiente: “Salvo en los
procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil. Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal”.

En el presente proceso, no aparecen probados gastos judiciales sufragados por la
entidad demandada por tratarse este de un asunto de puro derecho y tampoco aparece
probada la temeridad o la mala fe; al respecto en caso similar frente a la condena en
costas el Consejo de Estado en providencia del 16 de abril de 20151 estableció: “Al
respecto no puede perderse de vista que de conformidad con lo consagrado en el
numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso, ´Sólo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación´, condición que como ya se dio no se cumple en este caso.”

En este mismo sentido y conforme a la posición asumida por el Consejo de Estado,
queda absolutamente claro que el artículo 188 del CPACPA no impuso una obligación
perentoria de imponer condena en costas y agencias en derecho, pues la obligación que
28 Transcripción literal del texto.

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de allí se desprende es la de emitir un pronunciamiento al respecto, de manera que,
conforme a la valoración del discurrir del debate procesal resulta válido prescindir de la
imposición de la condena en costas acorde con los derechos fundamentales
establecidos en la carta política donde prevalece el acceso a la administración de justicia
[…]”.

49. Para la Sala, la actora plantea una afectación de derechos fundamentales que
tiene su origen en un asunto de contenido económico, como lo es la condena en
costas, el cual ya fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le
corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que
ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.

50. Al respecto, es preciso indicar que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo
para plantear una discusión sobre la aplicación de los artículos 361, 365 y 366 de la
Ley 1564 de 12 de julio de 201229, que regulan el tema de las costas procesales, por
cuanto se trata de un asunto de carácter legal y económico que no le corresponde
decidir al juez de tutela, sino al juez natural del proceso.

51. Asimismo, se resalta que, en ese mismo sentido, la Sección Primera de esta
Corporación, en reiterados pronunciamientos30, y en especial, en la sentencia proferida
el 11 de diciembre de 202031 consideró lo siguiente:

“[…] Del anterior recuento, se advierte que la providencia que pretende cuestionarse
resolvió condenar en costas al actor teniendo en cuenta la referida normativa , por cuanto
si bien se revocó parcialmente la decisión de primer grado, la parte accionada dentro del
proceso ordinario actuó en el trámite de la segunda instancia, por lo que para la Sala no
es viable que el señor ECHEVARRÍA PARRA pretenda usar este mecanismo
constitucional para controvertir un asunto de contenido económico, como lo es la
condena en costas procesales, en el que no se vislumbra una vulneración que
amerite la intervención del juez constitucional, en los términos del artículo 86
Superior.

29 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de diciembre de
2018, Exp. núm. 11001-03-15-000-2018-03770-00 (AC). Actor: Ariel Ramiro Novoa Vargas.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de noviembre de
2018, Exp. núm. 11001-03-15-000-2018-03772-00 (AC). Actor: María Eugenia García Chaparro y otro.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de 2018,
Exp. núm. 11001-03-15-000-2018-00808-00 (AC). Actor: Jaime Alfonso Castro Martínez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 15 de junio de 2018,
Exp. núm. 11001-03-15-000-2018-01143-00 (AC). Actor: E.S.E. Hospital María Inmaculada.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de diciembre de
2020, Exp. núm. 11001-03-15-000-2020-04214-01 (AC). Actor: Carlos Enrique Echevarría Parra. C.P. Dra. Nubia
Margoth Peña Garzón.

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Núm. único de radicación: 11001031500020240003506-01
Actora: Luz Mila Mosquera Moreno

Bajo esas premisas, se concluye que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo
para cuestionar asuntos ya resueltos por el juez de conocimiento o plantear una
discusión sobre la aplicación de los artículos 365 y 366 del CGP, que regulan el tema
de costas procesales, pues constituyen un asunto de carácter legal que no le
compete al juez de tutela, sino al operador natural, ello, en aras de evitar que se
convierta en una tercera instancia, conforme lo manifestó el a quo.

Cabe señalar que en el mismo sentido la Sala se pronunció en sentencia de 5 de
diciembre de 2019, en la que el demandante pretendía a través del mecanismo de amparo
controvertir una decisión proferida dentro de una acción popular en la que no se condenó
en costas a la parte vencida. En dicha oportunidad se dijo:

“[…] Para resolver es necesario realizar un análisis de los requisitos generales y especiales
de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, con el fin de verificar si se
cumplieron a cabalidad, en especial con el de relevancia constitucional.

Cumplimiento del requisito de relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2015, definió los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en particular, al referirse
al de relevancia constitucional, señaló lo siguiente […]”.

[…]

“[…] Luego de revisar la jurisprudencia en torno a la relevancia constitucional como
requisito de procedencia, es menester recordar que las costas procesales constituyen
aquella erogación económica que debe asumir la parte que resulte vencida en un
proceso judicial, conformada por las expensas, que corresponden a los gastos
necesarios para tramitar el proceso y las agencias en derecho que obedecen a la
suma que el juez debe condenar en beneficio de la parte favorecida con la condena
en costas, con el fin de reconocerle los costos afrontados por la representación de
un abogado o, si actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y el
esfuerzo dedicados a la causa […]”.

[…]

“[…] Del anterior recuento, se advierte que la providencia que pretende cuestionarse
resolvió no condenar en costas o agencias en derecho, al no evidenciarse temeridad
en la actuación procesal, por lo que, para la Sala, no es viable que el actor pretenda
usar este mecanismo constitucional para controvertir un asunto de contenido
económico, como lo es la no condena en costas procesales, en el que no se
vislumbra una vulneración que amerite la intervención del juez constitucional, en los
términos del artículo 86 Superior […]”.

De lo precedente, la Sala concluye que en el caso bajo examen no se cumple con el
requisito de procedencia de la acción de tutela, cuando se erige contra providencias
judiciales, como lo es el de relevancia constitucional, lo que da lugar a confirmar la
decisión adoptada por la Sección Quinta en el fallo de 5 de noviembre de 2020,
mediante el cual declaró improcedente el trámite constitucional, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. […]”. (Resaltado por la Sala)

52. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración de
un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración de
un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito

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Núm. único de radicación: 11001031500020240003506-01
Actora: Luz Mila Mosquera Moreno

general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de
un derecho fundamental […]”; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

53. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita, no
tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se encuentra
limitado a asuntos meramente legales y económicos cuya competencia se encuentran
en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

54. Para la Sala, la controversia planteada por la actora es de naturaleza puramente
legal y económica; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales indicados supra.

55. De conformidad con lo expuesto, para la Sala no se cumple con el requisito general
de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la actora enuncia la
trasgresión de derechos fundamentales, esa presunta afectación tiene su origen en
un asunto de contenido económico que tiene como fundamento para su
reconocimiento un debate estrictamente normativo y de interpretación judicial.

Conclusiones de la Sala

56. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 2 de
agosto de 2024 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.

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Núm. único de radicación: 11001031500020240003506-01
Actora: Luz Mila Mosquera Moreno

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Fiduprevisora S.A., por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 2 de agosto de 2024 proferida
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

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Núm. único de radicación: 11001031500020240003506-01
Actora: Luz Mila Mosquera Moreno

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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