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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03510-00

Fecha
13 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03510-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03510-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

13 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03510-00
Accionante: Diana Carolina Alzate Quintero en representación de María de
Jesús Baena Blandón
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia
– Falta de legitimación en la causa por activa – ejercicio de la acción de tutela a
través de apoderado judicial – falta de especificidad en el poder.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por la abogada Diana Carolina Alzate
Quintero -en representación de María de Jesús Baena Blandón- contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. La demanda y sus fundamentos

1.
El 8 de julio de 2024, la abogada Diana Carolina Alzate Quintero, quien manifestó
actuar como apoderada judicial de María de Jesús Baena Blandón instauró acción
de tutela, a fin de que se deje parcialmente sin efectos la sentencia del 15 de marzo
de 20242, proferida por el Tribunal accionado, al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho3 promovido por la señora Baena Blandón en contra del
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio4 y el departamento de Antioquia, con el propósito de que se declarara la
nulidad del acto administrativo mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Notificado el 20 de marzo de 2024.
3 Radicado Número: 05001-33-33-015-2022-00069-01.
4 Fomag.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03510-00
Accionante: Diana Alzate Quintero en representación de María Baena Blandón
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por la consignación tardía de
sus cesantías.

2.
El asunto le correspondió para su conocimiento al Juzgado 15 Administrativo del
Circuito de Medellín, el cual mediante sentencia de 15 de junio de 2023 resolvió
negar las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.
Decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través del
fallo del 15 de marzo de 2024.

3.
De la tutela se entiende que el reproche de la profesional del derecho se concreta
en que, al confirmar la condena en costas de primera instancia, la autoridad judicial
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia, así como el principio de gratuidad, pues omitió tener en cuenta que: (i) al
momento en que presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no
existía sentencia de unificación, por lo que la parte demandante actuó bajo el amparo
del principio de buena fe y confianza legítima; (ii) en el fallo de unificación SUJ-032-
CE-S2 del 2023 no se condenó en costas, y el precedente judicial sentado por el
Consejo de Estado sobre la materia, indica que el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011 no impuso una obligación perentoria de imponer la referida condena; y, (iii) la
autoridad accionada debió realizar un análisis de ponderación subjetivo respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, para dar una aplicación razonable de
la norma, teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias o dilatorias, y a partir
de ello establecer si se causaron dichas costas.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

4. Por auto de 15 de julio de 20245, se admitió la presente acción, se ordenó notificar
a la autoridad judicial accionada y, se vinculó al Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), al departamento
de Antioquia y a la Fiduprevisora S.A., en calidad de terceros interesados. También
se requirió a la abogada Diana Carolina Alzate Quintero para que allegara en debida
forma el poder.

5. En cumplimiento de la anterior orden, la mencionada profesional allegó de nuevo
el poder otorgado por la señora Baena Blandón.

(i) Tribunal Administrativo de Antioquia6
6.
Indicó que la tutela carece de sustento, pues no vulneró ninguno de los derechos
fundamentales invocados. Precisó que, en su apelación, la parte demandante no
presentó ningún argumento respecto a las costas reconocidas en primera instancia.
Adicional a ello, en segunda instancia no se condenó por ese concepto.

5 Notificado el 18 de julio de 2024.
6 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 4 folios.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03510-00
Accionante: Diana Alzate Quintero en representación de María Baena Blandón
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

(ii) Fiduprevisora S.A.7

7.
Sostuvo que no es dable afirmar que se haya presentado trasgresión alguna de las
garantías fundamentales invocadas. Las actuaciones judiciales se adelantaron con
apego a la normatividad procesal pertinente. En razón a lo anterior, solicitó que se
declare improcedente la solicitud de amparo.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Análisis del caso concreto

8.
La Sala declarará improcedente la presente acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por activa.

9.
Según el artículo 86 de la Constitución Política, cualquier persona puede acudir a
la acción de tutela, bien sea -por sí misma o a través de un representante-, para
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública y, excepcionalmente, de los particulares.

10.
En consonancia con el mandato superior, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991
previó la posibilidad de que el mecanismo constitucional sea interpuesto mediante
apoderado judicial, cuyo ejercicio se habilita siempre que: (i) el acto jurídico formal
se concrete en un escrito que se denomina poder; (ii) el referido poder sea especial,
es decir, que haya sido otorgado por una sola vez y con un objeto específico, y (iii)
el destinatario del acto de apoderamiento sea un profesional del derecho habilitado
con tarjeta profesional8.

11.
En punto a la especificidad, la jurisprudencia ha precisado que el poder debe
indicar de forma clara y expresa: (i) los nombres y datos de identificación del
poderdante y su apoderado; (ii) la autoridad pública o el particular contra la cual se
va dirigir la acción de tutela; (iii) el acto o documento que motiva la solicitud de
amparo, y (iv) los derechos fundamentales cuya protección se busca reclamar.

12.
De manera que, en este tipo de asuntos, el contenido del acto de apoderamiento
es el que permite al juez constitucional verificar el cumplimiento del presupuesto de
procedibilidad atinente a la legitimación en la causa por activa.

13. En el presente asunto, la abogada Diana Carolina Alzate Quintero presentó la

demanda de tutela actuando como apoderada judicial de la señora María de Jesús
Baena Blandón. El poder allegado al proceso fue conferido en los siguientes
términos:

7 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 5 folios.
8 Al respecto, ver sentencia T-1025 de 2006, reiterada en la sentencia T-194 de 2012.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03510-00
Accionante: Diana Alzate Quintero en representación de María Baena Blandón
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

<<Señor
CONSEJO DE ESTADO (Reparto)
Ciudad

REFERENCIA: Poder. Acción de Tutela

MARÍA DE JESÚS BAENA BLANDÓN, identificado (a) como aparece al pie de mi
respectiva firma, de la manera más respetuosa manifiesto que confiero PODER especial,
amplio y suficiente a la Doctora DIANA CAROLINA ALZATE QUINTERO, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 41.960.817 de Armenia y acreditada con la Tarjeta
Profesional de abogada No. 165.819 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura,
para que en mi nombre y representación inicie y lleve hasta su terminación ACCION DE
TUTELA contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, por vulneración al
derecho fundamental del debido proceso, acceso a la administración de justicia, situación
más favorable al trabajador, al desconocimiento de precedente judicial vertical.

Mis apoderados quedan especialmente facultados para recibir notificaciones, conciliar,
transigir, desistir, además las de pedir copias, interponer todas las impugnaciones
necesarias tendientes a controvertir las decisiones que sean proferidas sin que pueda
decirse en momento alguno que actúa sin poder suficiente para la interposición de esta
tutela.>>.

14.
Para esta Sala de Subsección el poder aportado no cumple con los presupuestos
que habilitan el apoderamiento judicial en materia de tutela, pues no atiende al
principio de especificidad. El documento se limita a otorgar la facultad a la abogada
Diana Carolina Alzate Quintero para que instaure una acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, sin especificar la providencia objeto de
reproche constitucional, ni la referencia del proceso dentro de la cual fue proferida.
A lo cual se suma que, el alcance del referido documento tampoco permite entender
que el motivo de ataque era lo relativo a la condena en costas, aspecto que en este
caso se presenta ante el juez constitucional como una tercera instancia.

15.
Esa falencia incluso fue advertida desde la presentación de la demanda. En
aplicación del principio pro actione, se admitió la tutela y se le requirió a la profesional
en derecho para que allegara el poder en forma debida, incluso se le especificó que:
“Además de los nombres y datos de identificación de la poderdante y los suyos, la
autoridad que se pretende demandar y los derechos objeto de reclamo, el acto de
apoderamiento debe indicar específicamente la actuación que da origen a la
interposición de la acción constitucional”. Pese a ello, la profesional del derecho
envió de nuevo el mismo acto de apoderamiento antes reseñado9, lo cual, además
de poner en evidencia su falta de interés para probar su legitimación en la causa, se
proyecta como un obstáculo para dilucidar el verdadero interés del poderdante como
titular de los derechos fundamentales cuya protección se reclama.

16.
Ciertamente, la facultad otorgada en el poder es tan amplia que permite a la
profesional del derecho promover diferentes acciones de tutela, en nombre y

9 Documento visible en Samai índice 9.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03510-00
Accionante: Diana Alzate Quintero en representación de María Baena Blandón
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

representación del poderdante, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, pero
con objetos distintos, en un claro desconocimiento de principio de especificidad.

17.
Debe aclararse que aun cuando la informalidad es una de las notas
características de la acción de tutela, ello no implica que su ejercicio no pueda
someterse a unos requisitos mínimos para su procedencia, que surgen de su
naturaleza jurídica y de los elementos especiales que la componen.

18.
De modo que la exigencia en la especificidad del poder no resulta
desproporcionada ni caprichosa, sino que atiende a la jurisprudencia constitucional
que ha fijado una serie de requisitos para habilitar el apoderamiento judicial en los
procesos de tutela. Máxime si se tiene en cuenta que los profesionales del derecho
deben tener claridad sobre el alcance de las facultades que les son concedidas y,
por tanto, tienen la obligación de demostrar la especificidad de su encargo
profesional, pues justamente se trata de un poder especial. Admitir la omisión en su
delimitación, supondría considerar el mismo como un poder general y,
consecuentemente, exigir los requisitos que para el mismo impone la ley, como que
su otorgamiento se haga por escritura pública10.

19.
En tales condiciones, la abogada Diana Carolina Alzate Quintero no acreditó estar
legitimada para impetrar la acción de tutela de la referencia. De suerte que habrá de
declararse su improcedencia.

20. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11

10 Código General del Proceso, Artículo 74.
11 VF

5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03510-00
Accionante: Diana Alzate Quintero en representación de María Baena Blandón
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

6

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