Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03510-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03510-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03510-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
25 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 25 de octubre de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03510-01
Accionante: Marina de Jesús Baena Blandón
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Legitimación en la causa por
activa| Relevancia constitucional |Subsidiariedad
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de segunda instancia que confirmó
la decisión de primera instancia en la que se negaron las pretensiones y se condenó en
costas a la parte demandante dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 13 de
agosto de 2024, por la cual la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 8 de julio de 2024, María de Jesús Baena Blandón, a través de
apoderada judicial, presentó una acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por la presunta vulneración de sus derechos al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, así como al
“principio de gratuidad”, con ocasión de la Sentencia de 15 de marzo de
2024 proferida en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 05001-33-33-015-2022-00069-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y el
Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03510-01
Accionante: Marina de Jesús Baena Blandón
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modificar
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“Solicito que se protejan los derechos al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO DE GRATUIDAD, y conforme a esto de
REVOQUE DE MANERA PARCIAL la sentencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA MAGISTRADO PONENTE BEATRIZ
ELENA JARAMILLO MUÑOZ radicado: 05001333301520220006901 el numeral
segundo donde no condena en costas en esta instancia.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) María de Jesús Baena Blandón trabaja como docente oficial y se
vinculó al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) después
de 1990, por lo que, a su juicio, le debían reconocer y pagar las cesantías
bajo el régimen anualizado.
5. 2) El 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación Nacional no
consignó al FOMAG las cesantías por los servicios que prestó la señora Baena
Blandón en 2020.
6. 3) El 17 de agosto de 2021, la parte actora solicitó el reconocimiento
y pago de la sanción moratoria, prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990, por la no consignación oportuna de las cesantías, así como la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías.
7. 4) Con Acto administrativo No. ANT2021EE036669 de 7 de septiembre
de 2021, el departamento de Antioquia negó la solicitud.
8. 5) Por lo anterior, la señora Baena Blandón presentó demanda, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
para obtener la nulidad del aludido acto administrativo, tras considerar que
se desconoció la norma aplicable al caso en concreto: el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, junto con el principio de favorabilidad.
9. 6) Mediante Sentencia de 15 de junio de 2023, el Juzgado 15
Administrativo de Medellín negó las pretensiones de la demanda y condenó
en costas a la parte demandante. Como fundamento de su decisión, adujo
que, al encontrarse la señora Baena Blandón afiliada al FOMAG estaba
sujeta a las previsiones del régimen especial contenido en la Ley 91 de 1989,
en consecuencia, no le era exigible a la entidad cumplir con la obligación
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, toda vez que, la naturaleza y
los principios del fondo son incompatibles con la posibilidad de consignar el
valor correspondiente al auxilio de cesantías en una cuenta individual. A su
vez, indicó que conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional3, el
3 Sentencias C-995 de 2000, C-313 de 2003, C-369 de 2004 y C-928 de 2006.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modificar
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hecho de que en el régimen de los docentes no se encuentre contemplada
la sanción por moral por el pago extemporáneo del auxilio de cesantías, ni
la indemnización por el pago tardío de sus intereses, no daba lugar a una
vulneración del derecho a la igualdad, ni al desconocimiento del principio
de favorabilidad. Finalmente, condenó a costas a la parte actora a favor
del Ministerio de Educación – FOMAG y el departamento de Antioquia
10. 7) La anterior decisión fue apelada por la parte demandante quien
consideró que no sólo la ley sino la jurisprudencia constitucional y del
Consejo de Estado, tanto de 2021 como de 2022, contemplaron la
aplicación, de manera pacífica, de la Ley 50 de 1990 a los docentes
oficiales, en igualdad de condiciones al resto de empleados públicos.
11. 8) En Sentencia de 15 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de
Antioquia confirmó la sentencia apelada. Indicó que acorde con la regla
de unificación prevista en la SUJ-032-CE-S2-2023 proferida por el Consejo de
Estado, los docentes afiliados al FOMAG no tienen derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria indicada en el numeral 3 del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que, (se trascribe) “es
incompatible con el sistema de liquidación anualizado de cesantías, que
administra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al cual
se encuentra afiliada”.
12. Agregó que tampoco era procedente el reconocimiento de la
indemnización por el pago tardío de los intereses establecido en el artículo
1 de la Ley 52 de 1975, toda vez que dicho pago no está previsto en la Ley
91 de 1989. Se abstuvo de condenar a costas en atención de lo dispuesto
en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, que adicionó el artículo 188 del
CPACA, pues no se probaron en el proceso.
13. Como fundamento de la vulneración, la parte actora indicó que, al
momento de la presentación de la demanda, no existía un criterio unificado
respecto del reconocimiento de la sanción moratoria por la consignación
tardía de las cesantías y sus intereses para los docentes oficiales afiliados al
FOMAG. En esa medida, resaltó que actuó bajo el principio de confianza
legitima, pues en diversas sentencias proferidas por el Consejo de Estado se
reconoció el pago de la sanción moratoria.
14. Señaló que la Ley 1437 de 2011, al regular la condena en costas,
acogió el criterio objetivo que se aplica con independencia de la conducta
procesal de los litigantes, salvo cuando se trate de un proceso en el que se
ventile el interés público. En consecuencia, al tratarse el caso de un asunto
de puro derecho y tampoco aparecer probada la temeridad o la mala fe,
era posible aplicar la providencia de 16 de abril de 2015 del Consejo de
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Estado4, donde se determina que solo habrá lugar a condenar a costas
cuando sea probado que se causaron.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
15. Mediante Sentencia de 13 de agosto de 2024, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de
tutela por falta de legitimación activa en la causa. Para ello, sostuvo que el
poder aportado no cumplía con los requisitos que habilitaban al apoderado
judicial en materia de tutela, pues no cumplía con el principio de
especificidad.
16. Estableció que en el documento solo se determinó otorgarle la
facultad a la abogada Diana Carolina Álzate Quintero para que presentara
una acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia,
pero no se especificó la providencia enjuiciada, ni el radicado del proceso
dentro del cual se profirió. Destacó que del documento no se podía definir
que el motivo de ataque era lo relativo a la condena en costas, de tal forma,
la tutelante pretendía convertir la acción de tutela en una instancia
adicional.
17. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora presentó
escrito de impugnación en el que indicó que, el 19 de julio de 2024,
conforme al requerimiento, se allegó el poder especial que facultaba a su
apoderada judicial. Además (se trascribe):
“En el presente proceso, no aparecen probados gastos judiciales sufragados
por la entidad demandada por tratarse este de un asunto de puro derecho y
tampoco aparece probada la temeridad o la mala fe; al respecto en caso
similar frente a la condena en costas el Consejo de Estado en providencia del
16 de abril de 2015 estableció:
(…)
En este mismo sentido y conforme a la posición asumida por el Consejo de
Estado, queda absolutamente claro que el artículo 188 del CPACPA no impuso
una obligación perentoria de imponer condena en costas y agencias en
derecho, pues la obligación que de allí se desprende es la de emitir un
pronunciamiento al respecto, de manera que, conforme a la valoración del
discurrir del debate procesal resulta válido prescindir de la imposición de la
condena en costas acorde con los derechos fundamentales establecidos en
la carta política donde prevalece el acceso a la administración de justicia.”
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión.
2.1. Fijación de la controversia
4 Rad. No. 25000-23-24-000-2012-00446-01
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
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18. Establecer si la solicitud de amparo de la referencia cumplió, o no,
con el requisito de legitimación activa en la causa. En el evento en el que la
respuesta a este interrogante sea afirmativa, se determinará, una vez
verificados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial, si el Tribunal Administrativo de Antioquia, como
juez de segunda instancia de la nulidad y el restablecimiento del derecho,
incurrió en un defecto sustantivo por confirmar la condena impuesta por el
juez de primera instancia, en un proceso en el que resultó vencida la parte
demandante, hoy parte actora en la presente acción de tutela. En ese
orden, se revocará, modificará o confirmará la decisión de tutela de primer
grado, según sea el caso.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
19. La Sala modificará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, pero por las razones que pasan a
explicarse:
20. Sobre la legitimación activa en la causa, contrario a lo que sostuvo el
juez de tutela de primer grado, la Sala logró advertir que la solicitud de
amparo de la referencia se presentó en nombre y representación de Marina
de Jesús Baena Blandón, por quien adujo y demostró ser la apoderada
judicial, debidamente facultada para ello. Lo anterior con fundamento en
el poder especial que se aportó como anexo al escrito de tutela y,
posteriormente, como respuesta (19 de julio de 2024) al requerimiento hecho
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
Auto de 15 de julio de 2024.
21. El mencionado poder especial contenía lo siguiente (se trascribe):
“Señor
CONSEJO DE ESTADO (Reparto)
Ciudad
REFERENCIA: Poder. Acción de Tutela
MARINA DE JESÚS BAENA BLANDÓN, identificado (a) como aparece al pie de
mi respectiva firma, de la manera más respetuosa manifiesto que confiero
PODER especial, amplio y suficiente a la Doctora DIANA CAROLINA ALZATE
QUINTERO, identificada con la cédula de ciudadanía (…) y acreditada con la
Tarjeta Profesional de abogada (…) expedida por el Consejo Superior de la
Judicatura, para que en mi nombre y representación inicie y lleve hasta su
terminación ACCION DE TUTELA contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, por vulneración al derecho fundamental del debido proceso,
acceso a la administración de justicia, situación más favorable al trabajador, al
desconocimiento de precedente judicial vertical.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03510-01
Accionante: Marina de Jesús Baena Blandón
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modificar
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Mis apoderados quedan especialmente facultados para recibir notificaciones,
conciliar, transigir, desistir, además las de pedir copias, interponer todas las
impugnaciones necesarias tendientes a controvertir las decisiones que sean
proferidas sin que pueda decirse en momento alguno que actúa sin poder
suficiente para la interposición de esta tutela.”
22. Al respecto, la Sala observó que en el poder indicó de forma clara y
expresa que la representación judicial de la abogada Diana Carolina Álzate
Quintero tenía por único objetivo presentar y llevar hasta su terminación la
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, a
nombre y representación de Marina de Jesús Baena Blandón, en virtud de
la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia.
23. Pese a que en aquel no se identificó el número del radicado de la
providencia cuestionada, al realizar una revisión sistemática del escrito de
tutela y sus anexos, se evidencia que la providencia bajo reproche
constitucional fue la Sentencia de 15 de marzo de 2024 del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Rad. 05001-33-33-015-2022-00069-01, en el cual,
Marina de Jesús Baena Blandón fue la parte demandante.
24. En consecuencia, el análisis llevado a cabo por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado dio prevalencia a la forma sobre la
sustancia, en lo relativo al poder aportado en el trámite de tutela y, por lo
tanto, obstaculizó el acceso de Marina de Jesús Baena Blandón a la
administración de justicia. Así las cosas, existe mérito suficiente para tener
por satisfecha la legitimación activa en la causa como requisito adjetivo de
procedibilidad.
25. Sin embargo, la Sala encuentra que no se superaron los requisitos de
relevancia constitucional y subsidiariedad.
26. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional5.
5 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
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27. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental6.
28. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto7; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario8 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad9.
29. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202310,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.
30. Bajo este entendido, la Sala estima que en el presente caso no se
cumplió con el mencionado requisito porque la parte actora (1) no cumplió
con la carga argumentativa necesaria para determinar los motivos por los
cuales este asunto tenía trascendencia constitucional y (2) el debate que
pretende dilucidar en sede de tutela es de contenido económico y legal
propio del juez natural.
31. La presente solicitud de amparo carece de la carga argumentativa
necesaria para su estudio, toda vez que los argumentos propuestos por la
parte actora no definen la manera en que la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró o amenazó las garantías
fundamentales de la señora Baena Blandón. En particular, no se establece
6 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
7 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
8 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
9 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales.
No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
10 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
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una conexión clara entre los planteamientos del escrito de tutela y la
decisión judicial cuestionada, toda vez que, se debate la aplicación de los
artículos 188 del CPACA y 365 del CGP en lo relativo a la fijación de costas
en segunda instancia, sin embargo, como se evidenció tanto en la parte
considerativa11 como en el resuelve12 de la sentencia de segunda instancia,
no se condenó en costas a la parte demandante.
32. Por lo tanto, dicha decisión en nada afectó los derechos
fundamentales de la parte actora y, en consecuencia, no es clara su
solicitud de revocar, a través de la acción de tutela, el numeral 2 de la
Sentencia de 15 de marzo de 2024 del Tribunal Administrativo de Antioquia
cuando no se le condenó a costas.
33. Aunado a ello, para la Sala la imposición de la condena en costas, en
el caso concreto, constituye un debate o controversia eminentemente
económica, pues aunque la parte actora alegó la trasgresión de los
derechos al debido proceso y de acceso a la justicia, ello no es suficiente
para dar por cumplido ese requisito, pues se requiere demostrar de manera
razonable su restricción desproporcionada.
34. Si llegara a entenderse que el reparo va contra la condena en costas
de primera instancia, es preciso señalar que dicho reparo tampoco se
cumplió con el requisito de subsidiariedad. El numeral 1 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 199113, que desarrolló el artículo 8614 constitucional, señaló
que la tutela resulta improcedente cuando existan otros recursos o medios
de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
35. La Corte Constitucional15 ha sostenido que es un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales que el sistema jurídico le otorga
para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales.
11 “Conforme al artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, no se condenará en costas, dado que no se encuentran
probadas.”
12 “SEGUNDO: No se condena en costas en esta instancia.”
13 “Artículo 6. causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”
14 “Artículo 86—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden
para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión. Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”.
15 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
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36. En ese orden de ideas, en el presente caso, no se cumplió con el
requisito de subsidiariedad porque la parte actora 1) no alegó sus reparos
en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, 2) ni acreditó un
perjuicio irremediable.
37. Revisado el escrito de apelación que la parte demandante presentó
contra la Sentencia de 15 de junio de 2023 del Juzgado 15 Administrativo de
Medellín, logró advertirse que los reparos de inconformidad contra esa
providencia se centraron en la aplicación de las normas y la jurisprudencia
al caso concreto, en relación con el reconocimiento de la sanción moratoria
de que trata la Ley 50 de 1990 a docentes vinculados al FOMAG, pero omitió
cualquier consideración respecto de la condena en costas impuesta por
aquella autoridad judicial.
38. Asimismo, la Sala observa que la parte actora no argumentó de forma
clara y concreta, y mucho menos probó, un perjuicio irremediable que diera
lugar a la protección excepcional de sus derechos fundamentales a través
de la acción de tutela.
2.3. Conclusión
39. Por las consideraciones expuestas, la Sala revocará la decisión de
primer grado que declaró la improcedencia de la acción de tutela por la
falta de legitimación activa en la causa, y declarará la improcedencia de
la acción de tutela por no cumplir con los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 13 de agosto de 2024, por la cual la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró
improcedente la acción de tutela por falta de legitimación activa en la
causa y, entender, que los motivos de la improcedencia de la acción fue la
falta de relevancia constitucional y subsidiariedad del mecanismo.
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Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modificar
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin16.
TERCERO: Por secretaria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
16 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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