Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03517-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Acción de tutela contra providencias judiciales: debe reunir los
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03517-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03517-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
13 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03517-01
Demandante: E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA – SALA SEXTA
DE DECISIÓN
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los
requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su
estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La
demanda carece de una carga argumentativa suficiente y en perspectiva constitucional,
para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada.
La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 1° de agosto de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
que declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 8 de julio de 2024, la E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva interpuso acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y «al orden justo»2, con
ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida el 7 de noviembre de
2023, que, a su vez, revocó el fallo de primer grado y, en su lugar, accedió a las
pretensiones de la demanda. Formuló las siguientes pretensiones:
Ruego señores magistrados, MODIFICAR
1.La parte considerativa de la sentencia judicial, más exactamente la parte
que está en negrilla y subrayada “Para el restablecimiento del derecho, se
condenará a la E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva a pagar a la señora
Piedad Joven Aroca, a título de indemnización, las prestaciones sociales
que devengaba un funcionario de planta en un cargo equivalente
(Negrilla y subrayado fuera de texto) y que se causaron durante el periodo
laborado, teniendo como base salarial para liquidar las prestaciones, lo que
devengaba un funcionario de planta en un cargo equivalente y a falta del
1 Se advierte que, el 29 de agosto de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 También consideró desconocido el principio de seguridad jurídica.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03517-01
Demandante: E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Sentencia de tutela de segunda instancia
mismo, el monto de lo pactado por honorarios en cada uno de los contratos
de prestación de servicios”.
En su lugar, señalar que a título indemnizatorio se deben liquidar las
prestaciones sociales ordinarias que devenga un empleado de planta, en
donde su parámetro de liquidación son los honorarios pactados en los
contratos de prestación de servicios.
2.Modificar el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia judicial
atacada, más exactamente la que está en negrilla y subrayada, el cual señala:
Como restablecimiento del derecho, CONDENAR a la E.S.E. Carmen Emilia
Ospina a RECONOCER y PAGAR a favor de la demandante PIEDAD JOVEN
AROCA, a título de indemnización la suma de $897.925, por concepto de los
salarios dejados de pagar por el periodo comprendido entre el 16 al 30 de
enero de 2015 y las prestaciones sociales a que tiene derecho y que
devengan los demás empleados de planta, como primas de servicios,
navidad, vacaciones, cesantías etc. (negrilla y subrayado fuera de texto),
que correspondan de manera proporcional al tiempo comprendido entre el 19
de junio de 2014 al 31 de agosto de 2016, las que se deberán tener en cuenta
para liquidar las otras prestaciones y demás retenciones y descuentos de ley.
En su lugar señalar que a título de restablecimiento del derecho liquidar y
pagar las prestaciones sociales ordinarias que devenga un empleado de
planta, de acuerdo a los honorarios pactados en los contratos de prestación
de servicio.
1.2. Hechos
Del escrito de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos
jurídicamente relevantes:
La señora Piedad Joven Aroca estuvo vinculada desde el 19 de junio de 2014
hasta el 31 de agosto de 2016, como auxiliar administrativa en imagenología y
ecografías de la E.S.E Carmen Emilia Ospina de Neiva, por contratos de
prestación de servicios.
Por lo anterior, la señora Joven Aroca presentó reclamación administrativa el 10
de mayo de 2018, en la que solicitó el pago de las prestaciones sociales, salarios,
primas, indemnizaciones y demás acreencias de carácter laboral. La anterior
petición fue negada el 29 de mayo de 2018, mediante Oficio 01-GER-002196-E-
2018. Contra dicho acto administrativo, se interpuso recurso de reposición, el cual
fue resuelto a través de Oficio 01-GER-004767-E-2018.
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Piedad Joven Aroca demandó a la E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva,
con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos que le
negaron el reconocimiento y pago de las acreencias laborales.
En sentencia del 15 de enero de 2020, el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva
negó las pretensiones de la demanda. Inconforme con la anterior decisión, la parte
demandante la apeló.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03517-01
Demandante: E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Sentencia de tutela de segunda instancia
En providencia del 7 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila
revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, accedió a las pretensiones
de la demanda, por considerar que las actividades para las cuales fue contratada
la señora Joven Aroca no se prestaron en forma autónoma e independiente, sino
subordinada, por cuanto las necesidades del servicio así lo exigían.
Asimismo, porque esas actividades estaban estrechamente relacionadas con la
función misional de la entidad en la preservación de los servicios de salud, aunado
al hecho de que la entidad empleadora en todo momento tenía la posibilidad de
disponer de sus servicios y la empleada tenía la obligación correlativa de obedecer
y cumplir las funciones en las condiciones tiempo, modo y lugar que la E.S.E. le
impuso, inclusive con sus propios elementos e instrumentos, sin que le asistiera
algún tipo de independencia en el desarrollo de las labores. La anterior decisión
fue notificada el 1° de diciembre de 2023.
El 5 de diciembre siguiente, la parte demandada presentó solicitud de aclaración,
la cual fue negada mediante auto del 6 de febrero de 2024, por cuanto no existían
conceptos o frases que ofrecieran verdadero motivo de duda, contenidos en la
parte resolutiva del fallo o que incidieran en ella. Todo esto, «respecto de las
prestaciones sociales que a título de indemnización se deben pagar a la
accionante, lo cual torna inviable la pretendida aclaración».
1.3. Argumentos de la tutela
Afirmó que la providencia cuestionada incurrió en violación directa de la
Constitución, al concederle a la señora Piedad Joven Aroca derechos
prestacionales propios de los empleados de planta de la E.S.E. Carmen Emilia
Ospina, desconociendo que esos emolumentos únicamente los devengan quienes
ostentan la calidad de empleados públicos.
Expuso que los artículos 122 y siguientes de la Constitución establecen quiénes
son funcionarios o empleados públicos, y la Ley 909 y el Decreto 1083 de 2015 se
encargan de regular todo lo concerniente a los empleados y funcionarios públicos,
nombramientos, carrera administrativa, posesión, entre otros.
Indicó que, al reconocer esos derechos prestacionales que sólo pueden ser
reconocidos a empleados públicos, la sentencia transgredió la Constitución y la
ley.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03517-01
Demandante: E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Sentencia de tutela de segunda instancia
Señaló que se incurrió en desconocimiento del precedente fijado en la sentencia
del 13 de mayo de 2015, proferida por el Consejo de Estado, en el expediente con
radicado 68001-23-31-000-2009-00636-01.
Concluyó que el tribunal demandado no señaló las razones o motivos por los
cuales se apartaría del precedente del Consejo de Estado, y de esa manera
concederle derechos prestacionales que ostenta un empleado de planta a una
contratista.
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 9 de julio de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó
que se notificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del
Huila, como parte demandada, y al Juzgado Sexto Administrativo de Neiva y a la
señora Piedad Joven Aroca, como terceros con interés.
2.1. Los sujetos vinculados guardaron silencio, a pesar de haber sido notificados
del auto admisorio de la demanda.
3. Fallo impugnado
En sentencia del 1° de agosto de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró improcedente el amparo solicitado por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
Expuso que los argumentos de la parte actora buscan una instancia adicional con
el fin de revisar la condena que le fue impuesta.
Respecto del defecto de violación directa de la Constitución, señaló que la parte
actora se limitó a señalar las leyes que regulan el empleo público y la carrera
administrativa sin establecer las razones por las cuales consideró que fueron
desconocidas.
En cuanto al desconocimiento del precedente, precisó que si bien del extracto que
citó se podía determinar la existencia de una regla jurídica, no expuso las razones
por las cuales considera que esa regla se desconoció, en consideración a las
particularidades del caso concreto.
Sostuvo que la parte actora no controvierte el análisis que realizó el tribunal
accionado frente a la naturaleza de la relación laboral en cuestión, de ahí que se
trate de una mera inconformidad frente al pago de la indemnización a la que fue
condenada, lo que conlleva a que no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03517-01
Demandante: E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Sentencia de tutela de segunda instancia
4. Impugnación
Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante la impugnó y argumentó
que la sentencia desconoce el principio de «caridad, que no es otra cosa que ir
más allá del entendimiento señalado por la parte actora, sin que ello implique
hacer un análisis oficioso de la acción constitucional».
Indicó que al señalar lo dispuesto en el artículo 122 y siguientes de la Constitución
plasmó quién era funcionario y empleado público, y como la señora Piedad Joven
Aroca no ostenta la calidad de empleada pública aunado a que no cumple con los
requisitos establecidos en la ley para ostentar esa calidad. En esos términos, al
concederle emolumentos prestacionales que sólo pueden ser devengados por
empleados públicos, se está transgrediendo la Constitución.
Señaló que a partir del Decreto 2351 de 2014 se concede la prima de servicios de
que trata el Decreto Ley 1042 de 1978, así como la bonificación por servicios
prestados se estableció a partir del Decreto 2418 de 2015. Expuso que esos
argumentos son suficientes para demostrar la relevancia constitucional.
Sostuvo que no puede verse el debate como un derecho económico, puesto que
la Corte Constitucional ha señalado que los jueces se pueden apartar del
precedente de su superior jerárquico, predicando una alta argumentación acerca
del porqué ese caso es diferente a los demás.
Finalmente, en relación con el desconocimiento del precedente, luego de citar
nuevamente la jurisprudencia desconocida, indicó que se encuentran ante un
caso similar, puesto que se trata de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho de carácter laboral, en la que la jurisprudencia es de un órgano superior
de cierre que está siendo desconocida por el Tribunal demandado, «soslayando la
seguridad jurídica, el derecho a un orden justo, el derecho a la igualdad y no
simplemente un derecho económico como lo quiso ver el magistrado ponente».
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema Jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 1° de agosto de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado. Para tal efecto, se deberá examinar si está acreditado o no el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que
se reúna esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si la
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03517-01
Demandante: E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Sentencia de tutela de segunda instancia
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos endilgados y, por ende,
vulneró los derechos fundamentales invocados por la entidad accionante.
2. Análisis de la Sala
2.1. De la relevancia constitucional
En sentencia del 5 de agosto de 20143, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)
evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a
otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de
tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se
agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los
defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i)
una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como
tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente4 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
3
Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4
Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03517-01
Demandante: E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Sentencia de tutela de segunda instancia
● Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
De entrada, la Sala considera que la presente tutela deviene improcedente porque
se está ejerciendo para convertir este valioso mecanismo de protección de los
derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso ordinario.
Concretamente, la parte actora considera que, en su caso particular, la sentencia
del 7 de noviembre de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Huila,
incurrió en violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente.
En relación con la violación directa de la Constitución, sostuvo que la sentencia
judicial cuestionada le concedió a la señora Piedad Joven Aroca derechos
prestacionales que sólo pueden ser reconocidos a quienes ostentan la calidad de
empleados públicos. Para tal efecto, se limitó a señalar que «en los artículos 122
y siguientes de la Constitución Política señalan quiénes son funcionarios y
empleados públicos» y manifestó que la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de
2015 se encarga de regular todo lo concerniente a este tipo de funcionarios.
Concluyó que al reconocer esos derechos prestacionales se transgrede la
Constitución y la ley.
En cuanto al desconocimiento del precedente, citó la sentencia del 13 de mayo de
2015, dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en el expediente con radicado 68001-23-31-000-2009-00636-01.
Respecto de la falta de motivación por apartarse del precedente jurisprudencial,
en lo relacionado con el reconocimiento de las prestaciones sociales reconocidas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
persigue la existencia de una verdadera relación laboral, citó las consideraciones
de la sentencia SU-113 de 2018.
Finalmente, afirmó que era evidente el desconocimiento del precedente del
Consejo de Estado, pues el Tribunal tampoco señaló las razones por las cuales
se apartaría del mismo «y de esa manera concederle derechos prestacionales
que ostenta un empleado de planta, a un contratista que no lleva consigo la
calidad de empleado público».
De entrada, advierte la Sala que, a pesar de que el accionante indicó en las
pretensiones de la demanda que el Tribunal Administrativo del Huila incurrió en
violación directa de la Constitución y en desconocimiento del precedente, lo cierto
es que no cumplió con la carga argumentativa mínima, pues no explicó con la
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03517-01
Demandante: E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva
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claridad suficiente exigida por la jurisprudencia constitucional en qué consistía la
transgresión invocada.
En efecto, más allá de la inconformidad natural con una decisión que resultó
desfavorable a sus intereses, por cuanto declaró la nulidad de los oficios mediante
los cuales se negó el reconocimiento y pago de los salarios de la señora Piedad
Joven Aroca, y como consecuencia condenó a esa entidad a reconocer y pagar
los emolumentos dejados de percibir, «como primas de servicios, navidad,
vacaciones, cesantías, etc.», la parte actora no ahondó en razones acerca de por
qué el Tribunal Administrativo del Huila incurrió en los defectos alegados, ni se
esmeró por elaborar una argumentación sólida para respaldar las afirmaciones
según las cuales no resultaba posible reconocer y pagar las prestaciones sociales
por las cuales resultó condenada.
De hecho, se observa que, en relación con el defecto de violación directa de la
Constitución, la parte actora se limitó a señalar que la condena impuesta en su
contra desconoció la Constitución Política y la ley, y señaló, sin profundizar, que la
sentencia cuestionada desconocía lo previsto en los artículos 122 y siguientes de
la Constitución, la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015. La parte actora no
precisó las razones por las cuales en su caso particular: (i) se dejó de interpretar y
aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (ii)
no se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución, o
(iii) se aplicó la ley al margen de los preceptos consagrados en la Constitución5.
En cuanto al desconocimiento del precedente alegado, al igual que el a quo, la
Sala considera que tampoco se cumplió con la carga argumentativa mínima
exigida para que proceda la tutela en contra de una providencia judicial, puesto
que, en primer lugar, si bien la parte demandante identificó la sentencia que
supuestamente desconoció el Tribunal Administrativo del Huila, lo cierto es que no
explicó por qué esa decisión resultaba vinculante en el caso particular, ni mucho
menos expuso los motivos por los que considera que la regla jurídica que citó fue
desconocida o por qué debió aplicarse para resolver el caso concreto.
Por consiguiente, lo manifestado por la entidad solicitante no basta para
considerar que se cumpla con el primer elemento del requisito de relevancia
constitucional, puesto que resulta necesario que los señalamientos que se hagan
en la demanda de tutela se sustenten razonablemente a fin de que el juez cuente
con los parámetros suficientes para decidir si una providencia judicial vulnera o no
derechos fundamentales.
5 Sentencia SU-069 de 2018.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03517-01
Demandante: E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Sentencia de tutela de segunda instancia
Conviene recordar que esta Corporación ha señalado que en la demanda de
tutela el actor no puede conformarse con identificar de manera escueta alguna de
las causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, sino que es necesario que tal señalamiento se sustente amplia y
razonablemente, que sea producto de un discernimiento y, por supuesto, que se
aterrice al caso concreto. Como se sabe, detrás de las causales específicas de
prosperidad que ha fijado la Corte Constitucional existen fuertes razones para
limitar el uso abusivo y desmesurado de la acción de tutela contra las
providencias judiciales6.
Es pertinente señalar que la Corte Constitucional ha sostenido que para que
prospere el amparo por la ocurrencia de un defecto debe existir un error, el cual
debe ser cualificado porque debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y tener
una incidencia directa en la decisión. Sin el cumplimiento de estos requisitos esta
acción constitucional se convertiría en una instancia adicional al otro proceso
porque «(...) el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la
actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia»7.
Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que la parte actora no cumplió con la
carga argumentativa mínima que se requiere para cuestionar providencias
judiciales a través de la acción de tutela, sin indicar cuál fue el error ostensible,
flagrante y manifiesto en el que incurrió el Tribunal Administrativo del Huila que
amerite la intervención del juez constitucional.
De otra parte, la Sala advierte que, en el escrito de impugnación, el actor
reformuló los cargos de la tutela, así:
• Que al concederle emolumentos a la señora Piedad Joven Aroca que sólo
pueden ser devengados por empleados de planta, debidamente nombrados y
posesionados, se transgrede la Constitución. Asimismo, precisó que el Decreto
2351 de 2014 estableció la prima de servicios en los términos del Decreto Ley
1042 de 1978. En relación con la bonificación por servicios prestados prevista
en el Decreto 2418 de 2015, manifestó que es aplicable a partir del año 2016.
Según expuso, con la anterior argumentación se debe tener por satisfecho el
requisito de relevancia constitucional.
6 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-
00380-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
7 Sentencia T-871 de 2008, reiterada en la sentencia T-162 de 2009.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03517-01
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• En cuanto al desconocimiento del precedente, volvió a citar el contenido de la
sentencia de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y
precisó que «nos encontramos ante un caso similar, como quiera que se trata
de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral,
en donde la jurisprudencia aquí anotada, es de un órgano superior de cierre
que está siendo desconocida por el Tribunal Contencioso Administrativo del
Huila Sala Sexta de Decisión, soslayando la seguridad jurídica, el derecho a
un orden justo, el derecho a la igualdad y no simplemente un derecho
económico como lo quiso ver el magistrado ponente».
En relación con estos argumentos nuevos, la Sala no se pronunciará, toda vez
que, de hacerlo, vulneraría las garantías de defensa y contradicción de la
autoridad judicial accionada y de los demás sujetos procesales vinculados al
presente trámite, quienes fundamentaron sus intervenciones en los hechos
alegados en la solicitud de amparo, la cual les fue entregada al momento de
practicarse la notificación de la demanda. Cabe agregar que la impugnación es el
mecanismo por medio del cual se expresan las inconformidades con el fallo de
tutela de primera instancia, mas no una oportunidad para presentar nuevos
hechos, ni mucho menos para subsanar las irregularidades del escrito de tutela.
Con todo, conviene señalar que el análisis fáctico, jurídico y probatorio efectuado
por el Tribunal Administrativo del Huila no luce irrazonable, arbitrario o caprichoso.
Todo lo contrario, se observa que dicha autoridad judicial halló probados los
elementos de la relación laboral, y especialmente el de la subordinación, a partir
de un estudio juicioso de los elementos de convicción, entre otros, los testimonios,
los contratos de prestación de servicios y las cláusulas allí contenidas,
comunicaciones internas e informes de actividades, así como de la jurisprudencia
y normativa aplicables, lo cual le permitió concluir razonablemente que:
[L]a E.S.E Carmen Emilia Ospina recurrió a los contratos de prestación de
servicios para ocultar la realidad de su relación laboral, desvirtuándose así el
fin de dichos contratos, por lo que en aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formalidades consagrado en el artículo 53 de la Carta
Política y haciendo una interpretación pro operario de la situación fáctica, se
deben acoger las pretensiones de la demanda
En conclusión, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, toda vez que
no se acreditó el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03517-01
Demandante: E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Sentencia de tutela de segunda instancia
F A L L A:
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 1° de agosto de 2024, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas
en esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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