Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03538-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03538-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03538-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
1 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., primero (1o.) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03538-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARÍA OFELIA MORENO LOMBANA
TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA PARTE
ACTORA PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON OBJETO
DE ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA. TERCERA INSTANCIA Y FALTA
DE CARGA MÍNIMA ARGUMENTATIVA RESPECTO DEL DEFECTO POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE INVOCADO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA IGUALDAD, A LA VIDA Y
AL MÍNIMO VITAL.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA1.
1
En adelante el TRIBUNAL.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03538-00
Actora: MARÍA OFELIA MORENO LOMBANA
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora MARÍA OFELIA MORENO LOMBANA, actuando a través
de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a la vida y al mínimo vital,
los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la
providencia de 27 de junio de 2024, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 73001-33-33-012-2018-00076-01.
I.2.- Hechos
Indicó que el señor CARLOS YOBANY NAVARRO MORENO
Q.E.P.D. ingresó al Ejército Nacional el 22 de noviembre de 2008 a
prestar el servicio militar obligatorio, siendo vinculado legalmente
como soldado campesino.
Anotó que el señor CARLOS YOBANY NAVARRO MORENO
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03538-00
Actora: MARÍA OFELIA MORENO LOMBANA
Q.E.P.D. falleció el 26 de febrero de 2010, mientras estaba en
servicio activo y por causas inherentes al mismo, siendo calificado su
deceso como ocurrido en simple actividad.
Sostuvo que mediante Resolución núm. 103515 de 24 de junio de
2010, el Ejército Nacional reconoció el pago de la compensación por
muerte consolidada a los padres del señor CARLOS YOBANY
NAVARRO MORENO Q.E.P.D.
Manifestó que, como madre y única beneficiaria de la ayuda
económica que le proporcionaba el señor CARLOS YOBANY
NAVARRO MORENO Q.E.P.D., solicitó ante el Ejército Nacional el
reconocimiento, liquidación y pago retroactivo de la pensión de
sobrevivientes a partir del día siguiente al fallecimiento, petición
denegada mediante Resolución núm. 3988 de 30 de octubre de 2017.
Precisó que, por lo anterior, promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a la cual le fue
asignado el número único de radicación 2018-00076-00 y le
correspondió en primera instancia al Juzgado Doce Administrativo
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Actora: MARÍA OFELIA MORENO LOMBANA
Mixto del Circuito de Ibagué2 que, en sentencia de 14 de mayo de
2021, denegó las pretensiones de la demanda y la condenó en costas
procesales.
Indicó que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante
providencia de 27 de junio de 2024, confirmó la decisión del a quo,
al considerar que no se demostró la dependencia económica con su
hijo.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
fáctico al valorar las pruebas aportadas al proceso, pues consideró
erradamente que lo señalado en la declaración extrajuicio no tuvo
ningún otro elemento de prueba que acreditara que dependía
económicamente de su hijo.
Precisó que el TRIBUNAL no expuso de manera justificada las
razones por las cuales decidió restarle el alcance probatorio a la
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En adelante el JUZGADO.
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declaración extrajuicio, así como también desestimó su valor
probatorio sin individualizar o citar al menos vagamente alguna
prueba que controvirtiera lo dicho, incurriendo así en un defecto
fáctico.
Indicó que el TRIBUNAL realizó una valoración de las pruebas de
manera arbitraria, irracional y caprichosa.
Adujo que la autoridad judicial accionada, a pesar de que no contaba
con el total convencimiento de la dependencia económica respecto
del causante, se abstuvo de ejercer la facultad oficiosa de decretar
pruebas adicionales, lo que debió realizar con el fin de esclarecer la
dependencia, tal como lo ha expuesto la Corte Constitucional en su
jurisprudencia, so pena de incurrir en un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto.
Explicó que el TRIBUNAL incurrió en dicho defecto, pues excedió los
formalismos procesales sobre los sustanciales y restringió
conscientemente la búsqueda de la verdad jurídica objetiva pese a
los hechos que ya se encontraban probados en el caso concreto.
Finalmente, aseveró que también se incurrió en desconocimiento
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03538-00
Actora: MARÍA OFELIA MORENO LOMBANA
del precedente jurisprudencial, pues la sentencia de tutela
proferida el 23 de enero de 2020 por la Sección Segunda -Subsección
“A”- del Consejo de Estado3, comportaba un precedente vinculante
para el asunto.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] 6.1. Tutelar a favor de la señora María Ofelia Moreno
Lombana con el objeto de que se le protejan y garanticen los
derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a la vida digna y al
mínimo vital consagrados en nuestra Constitución Nacional, los
cuales se consideran vulnerados con la acción de la corporación
colegiada accionada.
6.2. Consecuencial a lo anterior, dejar sin efectos la sentencia
de segunda instancia emanada por el Honorable Tribunal
Administrativo Del Tolima Sala De Oralidad el día 27 de junio de
2024 la cual decidió confirmar la decisión de primera instancia.
6.3. Ordenarle al Juez Colegiado, que en un término no mayor
de veinte (20) días contados a partir de la ejecutoria de la
sentencia tuitiva proceda a dictar otra sentencia, atendiendo la
decisión de tutela, la prueba obrante, la normatividad aplicable
y la Jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional conforme a los presupuestos facticos y de
derecho obrante en el proceso […]”.
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Número único de Radicación 11001-03-15-000-2019-04224-01. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Actora: MARÍA OFELIA MORENO LOMBANA
I.5.- Defensa
I.5.1- EL JUZGADO, luego de hacer una descripción de las
actuaciones surtidas en el proceso ordinario origen de la
controversia, solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la
referencia, no solo porque no se observa la configuración de alguna
de las causales de procedibilidad, ni la amenaza invocada, sino
porque se evidencia que lo pretendido es utilizar este mecanismo de
amparo excepcional como si fuera una tercera instancia a fin de
revisar las decisiones adoptadas al interior de dicho proceso.
I.5.2.- El MINISTERIO DE DEFENSA, vinculado en calidad de
tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó
denegar el amparo deprecado, toda vez que, a su juicio, no es de
recibo de esta instancia constitucional traer los argumentos
esbozados por la accionante frente a la presunta vulneración de
derechos fundamentales, cuando lo cierto es que la misma incumplió
con la carga de la prueba que procesalmente estaba a su cargo
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Afirmó que la acción de tutela de la referencia no cumple con los
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requisitos para habilitar el estudio de la misma, pues la actora no
realizó un estudio de los requisitos específicos de procedencia ni
acreditó la presunta vulneración de los derechos fundamentales, de
tal forma que lo pretendido es subsanar los errores y la carencia de
material probatorio que debió allegar al proceso.
I.5.4.- El EJÉRCITO NACIONAL, vinculado en calidad de tercero
con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se le
desvincule del presente trámite constitucional, por carecer de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no existe nexo de
causalidad entre la presunta vulneración de los derechos de la
accionante y las actuaciones surtidas por la institución.
I.5.5.- El TRIBUNAL pese a ser notificado en debida forma del
presente trámite constitucional, guardó silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
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abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que el EJÉRCITO NACIONAL solicitó su
desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
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“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
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Comoquiera que el EJÉRCITO NACIONAL fue parte demandada
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2018-00076-01,
objeto de controversia, le asiste interés directo en las resultas de la
presente acción constitucional, razón por la cual la Sala denegará su
solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
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afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
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tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto la
providencia de 27 de junio de 2024 proferida por el TRIBUNAL,
mediante la cual confirmó la decisión del a quo que denegó las
pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2018-00076-01.
La presente controversia tiene origen en el hecho de que la actora,
en calidad de madre del señor CARLOS YOBANY NAVARRO
MORENO Q.E.P.D., solicitó ante el Ejército Nacional el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente, petición que fue
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denegada y contra la cual se promovió el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho objeto de debate.
El disenso de la actora radica en que, en su sentir, la autoridad
judicial accionada incurrió en los defectos fáctico, procedimental por
exceso ritual manifiesto y desconocimiento del precedente
jurisprudencial, toda vez que se debió acceder a las pretensiones de
la demanda, pues sí estaba acreditada la dependía económicamente
respecto de su hijo.
Por lo anterior, la Sala debe estudiar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL
vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos fáctico,
procedimental por exceso ritual manifiesto y desconocimiento del
precedente jurisprudencial, al haber proferido la providencia de 27
de junio de 2024.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
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especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».5
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de
4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Actora: MARÍA OFELIA MORENO LOMBANA
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU- 215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
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desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia
que propone la actora respecto de los defecto fáctico y procedimental
por exceso ritual manifiesto alegados implica la reapertura de un
asunto que ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende
constituir una instancia adicional.
En efecto, la divergencia surge del hecho según el cual la autoridad
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judicial accionada realizó una defectuosa valoración de las pruebas
aportadas al plenario, pues restó valor probatorio a la declaración
extrajuicio aportada, además de que omitió ejercer la facultad
oficiosa de decretar pruebas adicionales para esclarecer la duda
respecto de la dependencia económica.
Dichos aspectos, además de que carecen de una perspectiva
constitucional, en la medida en que su solución deriva de la
interpretación que la parte actora pretende que se dé a las pruebas
obrantes en el expediente, fueron puestos de presente en el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, tal
como se extrae de la sentencia cuestionada, así:
“[…] Señaló que su discrepancia con la decisión de primera
instancia se centra en la evaluación de la dependencia
económica de María Ofelia Moreno Lombana respecto de su hijo
Carlos Yobany Navarro (Q.E.P.D), según lo establecido en el
literal d) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Afirmó que, a
diferencia de lo concluido en el fallo impugnado, las pruebas
presentadas durante la actuación administrativa, como la
declaración extrajuicio aportada por la demandante, demuestran
que el causante proporcionaba apoyo económico a su madre
mientras vivía con ella y sus hermanos menores bajo el mismo
techo.
Sostuvo que era evidente que Carlos Yobany Navarro (Q.E.P.D)
contribuía económicamente al sostenimiento de su hogar
materno junto y de su hermano menor. Aseguró que la
dependencia económica de María Ofelia Moreno Lombana
respecto de su hijo está debidamente acreditada mediante la
prueba documental mencionada, la cual fue incorporada
correctamente al proceso administrativo por la demandante y no
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fue desconocida por la demandada, quien también la incluyó en
el expediente administrativo […]”.
Sumado a lo anterior, se advierte que tales inconformidades fueron
resueltas de forma admisible por el TRIBUNAL en la sentencia
acusada, así:
“[…] La parte actora apeló la decisión anterior argumentando
que sí probó el requisito de dependencia económica con la
declaración extrajuicio que rindió María Ofelia Moreno Lombana,
en la que depuso que su hijo Carlos Yobany Navarro Moreno
(Q.E.P.D.) proporcionaba sustento económico tanto para ella
como para sus otros dos hijos menores de edad.
[…]
En el proceso quedó demostrado que María Ofelia Moreno
Lombana era la madre de Carlos Yobany Navarro Moreno
(Q.E.P.D.) y que él no tenía hijos ni cónyuge o compañera
permanente, razón por la cual su madre estaría legalmente
habilitada para solicitar pensión de sobrevivientes. Sin embargo,
la norma también exige que se demuestre la dependencia
económica de los padres, presupuesto que, como
acertadamente señaló el Juez de primera instancia, no se logró
acreditar en este proceso, pues la actora no probó que ella
dependiera económicamente de su hijo fallecido.
La única prueba presentada en el proceso para demostrar la
dependencia económica fue una declaración extrajuicio que
María Ofelia Moreno Lombana hizo el 09 de noviembre de 2010,
donde manifestó que ella y otros dos hijos dependían
económicamente de su hijo fallecido, Carlos Yobany Navarro
Moreno (Q.E.P.D.). No obstante, no hay forma de corroborar con
cualquier otro medio de prueba que la sola afirmación de la
demandante sea cierta, pues fue todo lo que se trajo al proceso
para acreditar el referido presupuesto […]”.
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De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que
el TRIBUNAL al realizar un análisis de las pruebas aportadas al
expediente logró determinar que no se demostró que la actora
dependiera económicamente de su hijo, el señor CARLOS YOBANY
NAVARRO MORENO Q.E.P.D, en la medida en que la única prueba
presentada fue una declaración extrajuicio de la accionante, donde
manifestó que ella y otros dos hijos dependían de este, de lo cual no
era posible corroborar con cualquier otro medio de prueba que la sola
afirmación fuera cierta.
Así las cosas, aseveró que las pruebas arrimadas al proceso no eran
suficientes para acreditar la dependencia económica de la actora con
su hijo, por lo que confirmó la decisión del a quo que denegó las
pretensiones de la demanda promovida dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.
Significa lo precedente que lo pretendido por la parte actora es que
el juez de tutela haga un nuevo examen integral de las pruebas que
fueron allegadas al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, con la finalidad de que se haga una corrección al análisis
que hizo la autoridad judicial accionada y se acoja la interpretación
que propone, como si el mecanismo de amparo fuera una instancia
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o recurso adicional a los previstos en el trámite ordinario.
Sumado a lo anterior, la Sala destaca que tampoco se cumple con la
carga argumentativa en lo que refiere al desconocimiento del
precedente endilgado, habida cuenta que la parte actora se limitó a
mencionar la sentencia presuntamente desconocida, sin mayor
detalle ni argumentación que permitiera entrar a analizar dichas
inconformidades, pues no especificó de forma alguna la regla de
decisión que fue desatendida ni identificó la relación fáctica y jurídica
que pudiese existir entre lo resuelto en esa oportunidades y la
controversia del presente asunto.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del
defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sala14 ha indicado:
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.
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y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]” (Destacado fuera de texto).
En ese orden de ideas, la Sala advierte que no se cumple con el
requisito general de la relevancia constitucional, no solo porque la
parte actora no cumplió con el mínimo de carga argumentativa, sino
en particular, porque pretende que en sede de tutela se estudien las
razones y fundamentos de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho que dio lugar a la providencia cuestionada, lo que torna
la acción de tutela improcedente, pues este mecanismo no está
instituido para ser ejercido como una instancia adicional a las
establecidas por el legislador en los procesos ordinarios.
Así las cosas, para la Sala ni el análisis, ni la decisión contenida en la
providencia controvertida resultan caprichosos o arbitrarios, sino que
fueron adoptados a partir del alcance dado a las pruebas aportadas
al plenario y a un análisis de las particularidades fácticas del mismo.
Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí
dispuesta, al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la
decisión sea arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía
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judicial de la que goza el juez de conocimiento, el TRIBUNAL decidió
el asunto sometido a su consideración.
Esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado improcedentes
acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta ser de
verdadera relevancia constitucional, debido a que se centra en
reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue el caso de
la providencia de 9 de febrero de 201715, en la que se indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201816, en la que se
sostuvo:
15
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
16
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
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“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión
judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma
admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no
puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de
tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
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invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la
solicitud de amparo de la referencia por falta del requisito general de
la relevancia constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el EJÉRCITO
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NACIONAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de
relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de agosto de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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