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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03538-01

Fecha
22 de octubre de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03538-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la improcedencia del amparo por las razones expuestas en este proveído. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03538-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

22 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03538-01
Accionante: María Ofelia Moreno Lombana
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisito general
de relevancia constitucional. Decisión: Confirma la decisión de primera instancia que
declaró improcedente el amparo.

La Sala decide la impugnación presentada por María Ofelia Moreno Lombana en contra
del fallo de tutela del 1 de agosto de 2024, mediante el cual la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. De la tutela

María Ofelia Moreno Lombana, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela1
en contra del Tribunal Administrativo del Tolima, en la que solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a
la igualdad, a la vida y al mínimo vital que consideró vulnerados con la providencia del 27
de junio de 2024 proferida por el accionado dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación No. 73001-33-33-012-2018-00076-01.

2. Hechos

2.1. Carlos Yobany Navarro Moreno prestó el servicio militar obligatorio en el Batallón de
Infantería No. 22 “Batalla de Ayacucho” y fue vinculado legalmente como soldado
campesino.

1 Obra en certificado BDBBC31C37CD101F 66148FBBEEEDFBD2 CC8742307E3684D3 8EEA2EDB569E12F3,
índice 2, en el expediente de tutela digital.

2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03538-01
Accionante: María Ofelia Moreno Lombana
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

2.2. El 26 de febrero de 2010, mientras estaba en servicio activo, falleció y la Institución
Militar calificó su deceso como ocurrido en simple actividad.

2.3. Mediante la resolución No. 103515 del 24 de junio de 2010 y en ausencia de
descendientes del occiso, el Ejercito Nacional ordenó y reconoció el pago de la
compensación por muerte consolidada a sus padres.

2.4. El 22 de septiembre de 2017, María Ofelia Moreno Lombana, en su calidad de madre
de Carlos Yobany Navarro Moreno, elevó petición ante el Ejercito Nacional con el fin de
que se le reconociera, liquidara y pagara el retroactivo de la pensión de sobrevivientes a
partir del día siguiente al fallecimiento de su hijo. El mentado pedimento le fue
despachado de manera desfavorable mediante la resolución 3988 del 30 de octubre de
2017.

2.5. En razón a lo anteriormente citado, la señora Moreno Lombana presentó demanda2
en uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en la cual solicitó declarar la nulidad
de la resolución 3988 del 30 de octubre de 2017. A título de restablecimiento del derecho
pidió ordenar a la demandada reconocer y pagar la sustitución pensional reclamada en
calidad de madre y única dependiente económica de Navarro Moreno.

2.6. El asunto correspondió al Juzgado Doce Administrativo Mixto de Ibagué, bajo el
radicado No. 73001333301220180007600 que, el 14 de mayo de 20213, resolvió negar
las pretensiones de la demanda tras no encontrar acreditada la dependencia económica
de la demandante.

2.7. Inconforme con el fallo, la demandante interpuso recurso de apelación4 que fue
desatado por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 27 de junio de 20245, en el sentido
de confirmar la decisión del a quo bajo el mismo argumento.

3. Fundamentos de la solicitud de amparo

La accionante advirtió que la providencia atacada incurrió en:

2 Obra en certificado 5EF96D57B07EE2AC 120FFFD1D8D09B17 3219F21B003F05F0 C33AD09B7966BE77, índice

12, cuaderno principal, archivo 003Ed_Expediente Digital, folios 23 a 50.
3 Ibidem, folios 187 y ss.
4 Ibidem, folios 223 y ss.
5 Obra en certificado 179D2391FD5F3B06 348C30AD358837D3 BB67033FD2549ACD A6ED095616F6E0F, índice 2.

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Accionante: María Ofelia Moreno Lombana
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

i) Defecto fáctico:

“En síntesis, consideró el Ad quem, que lo señalado por la accionante en su
declaración extrajuicio, no tuvo respaldo en ningún otro elemento de prueba y siendo
su carga, no allegó o solicitó la práctica de otros medios de prueba que acreditaran
que dependía económicamente de su hijo fallecido Carlos Yobany Navarro Moreno.

En este contexto, resulta claro que el Tribunal Administrativo del Tolima, no expuso
de manera justificada las razones por las cuales decidió restarle el alcance probatorio
a la declaración extrajuicio. De igual manera, desestimó su valor probatorio sin
individualizar o citar al menos vagamente alguna prueba que controvirtiera lo dicho
por la accionante en su declaración, incurriendo así en un defecto fáctico”6.

ii) Procedimental por exceso ritual manifiesto:

“(…) [S]e advierte que el Tribunal Administrativo del Tolima, a pesar de que no
contaba según sus argumentos con el total convencimiento de la dependencia
económica de la accionante respecto de su causante, se abstuvo de ejercer la
facultad oficiosa de decretar pruebas adicionales (las que reconoce que habrían sido
útiles) a fin de esclarecer si la demandante dependía o no de su hijo. Esto cobra mayor
relevancia si se tiene en cuenta que dicha demostración consistía en un requisito sine
qua non para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, y por tanto, se trataba
de un elemento fundamental y determinante para adoptar una decisión de fondo sobre
el asunto”7.

iii) Desconocimiento del precedente:

“En aras de desarrollar el derecho de igualdad ante la ley, principios como el
precedente jurisprudencial vinculante y el de la seguridad jurídica, ruego se revise
como apoyo para la expedición de la decisión de la presente acción de tutela, la
sentencia de tutela emanada del Consejo de Estado, el día 23 de enero del año 2020
cuyo Magistrado Ponente fue Gabriel Valbuena Hernández dentro del Rad. 11001-
03-15-000-2019- 04224-01(AC) en la que se ampararon los derechos de la
accionante. La misma se puede encontrar entre otros medios, en el siguiente enlace:
https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/228/11001-03-15-000-
2019-04224-01.pdf

Esto, porque estamos frente a un caso idéntico, ante iguales defectos facticos y
procedimentales, así como el mismo error al valorar indebidamente la declaración
extrajuicio y la omisión del decreto de pruebas de manera oficiosa”8.

4. Pretensiones

La acciónate solicitó: i) que sean amparados sus derechos fundamentales, ii) que se deje
sin efectos la providencia proferida por el convocado y iii) que se ordene dictar un nuevo

6 Folio 7 del escrito de tutela.
7 Ibidem folio 10.
8 Ibidem folios 12 y 13.

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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

fallo que valore integralmente las pruebas aportadas y se ajuste a la jurisprudencia del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

5. Trámite de primera instancia y contestaciones

5.1. Mediante auto9 del 11 de julio de 2024 la Sección Primera de esta Corporación
admitió la acción de tutela y ordenó su notificación.

5.2. El Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué10 pidió que se declare
la improcedencia de la acción de tutela, ya que no se observa la configuración de alguna
de las causales de procedibilidad de tutela en contra de providencia judicial ni la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales alegados y, además, porque se
evidencia que pretende utilizarse como si fuera una tercera instancia a fin de revisar las
decisiones adoptadas al interior del proceso ordinario.

5.3. La Nación – Ministerio de Defensa11 adujo que no existe la vulneración alegada y lo
que se evidencia es la inconformidad de la accionante con las actuaciones procesales
surtidas, lo cual no las hace ilegales, máxime porque en cada etapa surtida tanto en
primera como en segunda instancia se cumplió a cabalidad con lo establecido en la
norma, según la naturaleza del medio de control.

5.4. El Ejército Nacional12 solicitó ser desvinculado del trámite de tutela por ausencia de
legitimación en la causa por pasiva, en tanto el llamado a acceder a las pretensiones de
la accionante es el Tribunal convocado.

6. Fallo de tutela de primera instancia

El 1 de agosto de 2024 la Sección Primera de esta Corporación declaró la improcedencia
del amparo al no hallar satisfecho el requisito de relevancia constitucional. Indicó que:

“Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia que propone la
actora respecto de los defecto fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto
alegados implica la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede ordinaria y

9 Obra en certificado CDD665B90ACD70F0 C944E7865B3554C5 55A264443034544F 83E26F43DA08D7C5, índice

5.
10 Obra en certificado C87220265C6EEAE2 37CF9B158EAC386B 566CD9C17987E4A3 07E587A8DA75A3F6, índice

12.
11 Obra en certificado 899019C9BA774BEE 09E4AD4D9805D3B1 F3DB2C168CC24BA8 FA1A24DFC5499568, índice

17.
12 Obra en certificado 7988BEB7F746B53F 36DEAD3724437BCD 8793C8351F34ED27 6E3224BB47DCBA69, índice

20.

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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

del cual se pretende constituir una instancia adicional.

En efecto, la divergencia surge del hecho según el cual la autoridad judicial accionada
realizó una defectuosa valoración de las pruebas aportadas al plenario, pues restó
valor probatorio a la declaración extrajuicio aportada, además de que omitió ejercer
la facultad oficiosa de decretar pruebas adicionales para esclarecer la duda respecto
de la dependencia económica.

Dichos aspectos, además de que carecen de una perspectiva constitucional, en la
medida en que su solución deriva de la interpretación que la parte actora pretende
que se dé a las pruebas obrantes en el expediente, fueron puestos de presente en el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, tal como
se extrae de la sentencia cuestionada, así:

(…)

De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que el TRIBUNAL al
realizar un análisis de las pruebas aportadas al expediente logró determinar que no
se demostró que la actora dependiera económicamente de su hijo, el señor CARLOS
YOBANY NAVARRO MORENO Q.E.P.D, en la medida en que la única prueba
presentada fue una declaración extrajuicio de la accionante, donde manifestó que ella
y otros dos hijos dependían de este, de lo cual no era posible corroborar con cualquier
otro medio de prueba que la sola afirmación fuera cierta.

Así las cosas, aseveró que las pruebas arrimadas al proceso no eran suficientes para
acreditar la dependencia económica de la actora con su hijo, por lo que confirmó la
decisión del a quo que denegó las pretensiones de la demanda promovida dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Significa lo precedente que lo pretendido por la parte actora es que el juez de tutela
haga un nuevo examen integral de las pruebas que fueron allegadas al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, con la finalidad de que se haga una corrección
al análisis que hizo la autoridad judicial accionada y se acoja la interpretación que
propone, como si el mecanismo de amparo fuera una instancia o recurso adicional a
los previstos en el trámite ordinario.

Sumado a lo anterior, la Sala destaca que tampoco se cumple con la carga
argumentativa en lo que refiere al desconocimiento del precedente endilgado, habida
cuenta que la parte actora se limitó a mencionar la sentencia presuntamente
desconocida, sin mayor detalle ni argumentación que permitiera entrar a analizar
dichas inconformidades, pues no especificó de forma alguna la regla de decisión que
fue desatendida ni identificó la relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo
resuelto en esas oportunidades y la controversia del presente asunto”13.

7. Razones de la impugnación

Inconforme con la decisión tomada por la Sección Primera de esta Corporación, la
interesada impugnó e indicó:

“Se discrepa de lo previamente argumentado. Pues, en primer momento, el suscrito
hacía referencia a que se estudiara el precedente para la expedición del presente fallo

13 Obra en certificado 3B427CC2836E755C A35DFD9E80AADD92 5E4199A7177F0198 97461EA51A63F226, índice

24.

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de tutela hoy impugnado, no queriendo decir como al parecer lo entendió la sala, que
fuera el Tribunal quien desconociera el precedente al emitir su sentencia ordinaria.

Así las cosas, ruego a los consejeros que resuelvan la impugnación, se tenga
presente que el precedente citado fue llamado para fungir como criterio auxiliar para
resolver la presente acción de tutela, mas no se quiere expresar que se está alegando
por el suscrito una causal especial adicional de procedencia de tutela contra la
sentencia emitida por el tribunal Administrativo del Tolima.

Entendido esto y en pro de otorgar más claridad a la sala que funjan como juez
constitucional al expedir el fallo de impugnación, procede el suscrito a reiterar los
argumentos por los cuales la sentencia de tutela antes enunciada puede aplicarse
como criterio auxiliar al presente caso”14.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto
2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de Sala Plena del Consejo de Estado No. 080 de 2019
esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido el 1 de agosto de 2024 por la Sección Primera de esta Corporación.

2. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales para continuar con el estudio de los
defectos endilgados.

3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela
en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos
de procedibilidad15 y de procedencia16 con el fin de determinar si se vulneraron los
derechos de orden superior.

14 Obra en certificado 4A9778A50D95256E F02BB54CF8A251AF 7E244526638B6763 0D73DD9A4BD59225, índice

28.
15 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los

siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de
tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una
irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos
fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de
ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
16 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto

fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por
desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.

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Accionante: María Ofelia Moreno Lombana
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima
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4. El requisito general de relevancia constitucional en el caso concreto

4.1. Sobre este requisito la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela “no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones”17.

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha
considerado necesario examinar dos elementos, a saber18: (i) que el actor cumpla su
carga argumentativa, justifique suficientemente la relevancia constitucional por
vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión
de aquellos y (ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales mas no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

4.2. Por su parte, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-215 de 202219,
advirtió que para analizar si una acción de tutela cumplía con el requisito de relevancia
constitucional era necesario verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente
una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

Así mismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en contra de
una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio advertir,
además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales”.

4.3. En el caso concreto la parte actora alega que no se tuvo en cuenta una declaración
juramentada allegada por ella, en la cual declaró que dependía económicamente de su

17 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 08 de junio de 2005.
18 Consejo de Estado, sentencia del 05 de agosto de 2014. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
19 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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hijo fallecido y, de otra parte, que no se aplicó el precedente jurisprudencial aportado al
plenario.

4.4. Ab initio, para la Sala se torna evidente que la solicitud de amparo no satisface el
requisito de relevancia constitucional, pues se advierte como un medio dirigido a revivir
el análisis jurídico efectuado por la colegiatura convocada dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho como si este mecanismo fuera una instancia
adicional al proceso ordinario, según se explicará.

4.5. Al verificar los argumentos del Tribunal Administrativo del Tolima, se dilucida el
siguiente análisis:

“En el proceso quedó demostrado que María Ofelia Moreno Lombana era la madre
de Carlos Yobany Navarro Moreno (Q.E.P.D.) y que él no tenía hijos ni cónyuge o
compañera permanente, razón por la cual su madre estaría legalmente habilitada para
solicitar pensión de sobrevivientes. Sin embargo, la norma también exige que se
demuestre la dependencia económica de los padres, presupuesto que, como
acertadamente señaló el Juez de primera instancia, no se logró acreditar en este
proceso, pues la actora no probó que ella dependiera económicamente de su hijo
fallecido.

La única prueba presentada en el proceso para demostrar la dependencia económica
fue una declaración extrajuicio que María Ofelia Moreno Lombana hizo el 09 de
noviembre de 2010, donde manifestó que ella y otros dos hijos dependían
económicamente de su hijo fallecido, Carlos Yobany Navarro Moreno (Q.E.P.D.). No
obstante, no hay forma de corroborar con cualquier otro medio de prueba que la sola
afirmación de la demandante sea cierta, pues fue todo lo que se trajo al proceso para
acreditar el referido presupuesto.

Ahora bien, aunque consta que la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército
Nacional reconoció y pagó a María Ofelia Moreno Lombana las prestaciones sociales
por causa de la muerte de su hijo Carlos Yobany Navarro Moreno, conforme al artículo
9° del Decreto 2728 de 1968, es importante destacar que este derecho no está
condicionado a la dependencia económica. Este beneficio se otorga en ausencia de
hijos legítimos, naturales o cónyuge, cuando el reclamante es alguno de los padres
del causante. A continuación se detalla la norma:

(…)

En orden a lo anterior, es claro para esta Sala que la demandante no probó
dependencia económica respecto del causante, y toda vez que este es un requisito
legal indispensable para conceder la pensión de sobrevivientes, se confirmará la
sentencia de primera instancia proferida el 14 de mayo de 2021 por el Juzgado Doce
Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda”20.

20 Obra en certificado 179D2391FD5F3B06 348C30AD358837D3 BB67033FD2549ACD A6ED095616F6E0F, folios 11

y 12, índice 2.

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4.6. Como se ve, no se cumple el segundo de los presupuestos propio del requisito de
relevancia constitucional, toda vez que, se insiste, pretende utilizarse la acción de tutela
como una tercera instancia, para editar la discusión dada en sede ordinaria, en donde se
debatió, puntualmente, la falta de medios probatorios que permitieran determinar que la
demandante dependía económicamente del causante.

4.7. Al respecto, debe recordarse que la procedencia de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales es de carácter excepcional y no pretende desconocer la vigencia
de la autonomía e independencia judicial ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio
de corrección” de la decisión cuestionada21, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria, de
interpretación del derecho o de aplicación o alcance normativo que dieron origen a la
controversia22.

4.8. Ahora bien, respecto a la alegación que trae la parte actora en el recurso de
impugnación de la tuitiva, relacionada con que “en primer momento, el suscrito hacía
referencia a que se estudiara el precedente para la expedición del presente fallo”,
refiriéndose a un link aportado en su escrito tutelar, esta Sala de Subsección coincide
con el a quo constitucional en el sentido de que esa explicación carece de suficiencia
argumentativa, en tanto, no se realizó el ejercicio hermenéutico propio de la demostración
del defecto de desconocimiento de un precedente judicial, exigido en estos eventos, más
aún cuando la persona que presenta este mecanismo de protección es un profesional del
derecho. Si en gracia de discusión se hubiera evaluado el fallo aportado, tampoco
aplicaría al defecto endilgado, en tanto no se trata de una sentencia de unificación, lo cual
no la hace, prima facie, vinculante.

5. Con base en lo antecedente, se confirmará la improcedencia el amparo por ausencia
del requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

21 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
22 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

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Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la improcedencia del amparo por las razones expuestas en
este proveído.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado

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