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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03546-00

Fecha
8 de agosto de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03546-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela que interpuso la señora Astrid Jhoana Malua Toro, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03546-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

8 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03546-00
Accionante: Astrid Jhoana Malua Toro
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y otro

Tema: Acción de tutela contra los actos administrativos por medio de los cuales
el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño dio concepto desfavorable a la
solicitud de traslado presentada por la señora Astrid Jhoana Malua Toro.

Decisión: Rechazar por improcedente la acción de tutela porque no cumple con
el requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela interpuesta por la señora Astrid Jhoana Malua Toro, quien actúa en
nombre propio, en contra Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y del Consejo Seccional de la Judicatura de
Nariño, al proferir los actos administrativos por medio de los cuales dio concepto
desfavorable a la solicitud de traslado, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, buena fe y de carrera.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

La accionante señaló que el 30 de junio de 2022 se posesionó en el cargo de
oficial mayor en el juzgado Segundo de Familia del Circuito de Pasto.

Manifestó que en el mes de enero de 2024 se publicó la vacante para el cargo de
oficial mayor en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pasto. Por lo tanto, el
17 de enero de 2024 solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño el
traslado a dicha dependencia judicial.

Sin embargo, el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño emitió un concepto
desfavorable mediante Oficio CSJNAOP24-56 del 21 de febrero de 2024, al
considerar que los cargos no tenían afinidad de conformidad con lo establecido

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03546-00
Accionante: Astrid Jhoana Malua Toro

en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996 y en los artículos 1.° y 12 del Acuerdo
PCSJA17-10754 de 2017. Inconforme, presentó recurso de reposición y en
subsidio el de apelación.

Así las cosas, el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño por medio de la
Resolución CSJNAR24-137 del 11 de abril de 2024 resolvió no reponer la
decisión.

En sede de apelación el Consejo superior de la Judicatura, a través de la
Resolución CJR24-0239 del 4 de julio de 2024 confirmó el concepto
desfavorable.

2.2. Fundamentos jurídicos

La parte accionante manifestó que las entidades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados porque el traslado procede cuando la
experiencia del solicitante coincide con la especialidad del juzgado al que
pretende trasladarse, tal como ocurrió en el asunto bajo estudio, «sin que la
especialidad del Juzgado en que se encuentra posesionada en propiedad sea un
motivo suficiente y definitivo» para negar la solicitud.

Por otra parte, señaló que agotó todos los mecanismos ordinarios que tenía a su
disposición, razón por la que acudió a la acción de tutela para salvaguardar sus
derechos fundamentales.

Finalmente, indicó que si bien, existe el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, además de las medidas cautelares, lo cierto es que
no son mecanismos efectivos porque mientras se deciden se puede ocasionar un
perjuicio irremediable cuando se provea de manera definitiva la vacante en el
cargo al cual aspira trasladarse.

2.3. Pretensiones

La parte accionante solicitó:

«PRIMERA: AMPARAR mis derechos fundamentales a la,
IGUALDAD, CONFIANZA LEGÍTIMA, DEBIDO PROCESO, BUENA
FE y de CARRERA. SEGUNDA: DEJAR sin efectos los actos
administrativos por medio de los cuales se me denegó el concepto
favorable de traslado. TERCERA: ORDENAR al H. CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NARIÑO, emitir un nuevo acto
administrativo en el que se me brindé concepto favorable de traslado
en razón a la afinidad de mi experiencia profesional con la
especialidad del Despacho Judicial al que solicité traslado. CUARTO:
ORDENAR al JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE
PASTO y al H. CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
NARIÑO, según sus competencias, suspender el trámite
administrativo para proveer en forma definitiva los 2 cargos de
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Acción de Tutela
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Accionante: Astrid Jhoana Malua Toro

OFICIAL MAYOR O SUSTANCIADOR del JUZGADO CUARTO
LABORAL DEL CIRCUITO DE PASTO, hasta que se emita un nuevo
acto administrativo que se pronuncie sobre mi concepto de traslado.

V. PETICIONES SUBSIDIARIAS

De no acogerse las pretensiones principales, solicito se amparen mis
derechos fundamentales y como consecuencia de ello, se deje sin
efectos los actos administrativos por medio de los cuales se me
denegó el concepto favorable de traslado, para en su lugar,
ORDENAR al H. CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
NARIÑO, que en el término de cinco (5) días contados a partir de la
notificación de la presente providencia, emita un nuevo concepto, en
el que tenga en cuenta y haga un análisis del mi perfil profesional y
experiencia, sin que la especialidad del Juzgado en el que me
encuentro posesionada en propiedad, sea un motivo suficiente y
definitivo para la negativa del mismo. Advirtiendo que, mientras se
surte la aludida actuación, queda suspendido el trámite de la provisión
en propiedad del cargo del OFICIAL MAYOR O SUSTANCIADOR del
JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE PASTO.» (Sic a
toda la cita)

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 10 de julio de 2024, a través
del cual se ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y al Consejo Seccional de la Judicatura de
Nariño como accionados y al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Judicial de
Pasto como tercero interesado en el resultado del proceso.

2.4.1. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial solicitó que se rechace por improcedente la acción de tutela
porque no cumple con el requisito de subsidiariedad, puesto que lo que pretende
es utilizar el mecanismo constitucional para discutir un acto administrativo que es
susceptible de ser demandado a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Por otra parte, indicó que no era posible el traslado del cargo de oficial mayor del
Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Pasto – Nariño, que conoce la
especialidad familia al mismo cargo en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de
Pasto - Nariño, que pertenece a la especialidad laboral, dado que los cargos no
son afines, lo cual impide la viabilidad del concepto favorable de traslado.

2.4.2. El Consejo Superior de la Judicatura – Consejo Seccional de la
Judicatura de Nariño manifestó que no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados al interior del trámite del traslado, razón por la que
solicitó se niegue el amparo.

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Acción de Tutela
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Accionante: Astrid Jhoana Malua Toro

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, al proferir los actos
administrativos por medio de los cuales dio concepto desfavorable a la solicitud
de traslado vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso,
buena fe y de carrera administrativa de la señora Malua Toro.

Previo a ello, se deberá determinar si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos generales y específicos de procedencia cuando se reprochan
decisiones judiciales.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

3.4. Del requisito de subsidiariedad

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y

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Accionante: Astrid Jhoana Malua Toro

determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resultan
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia1.

No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual
se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.

De otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha hecho referencia al
tema de la procedibilidad de la tutela contra los actos administrativos, destacando
como regla general que no es la sede adecuada para controvertirlos, puesto que
son los procedimientos de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo los
escenarios naturales para la discusión sobre ellos2.

De esta manera entonces, la tutela es improcedente para debatir asuntos propios
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyo objeto se encuentra
plenamente definido en el artículo 104 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que le otorga la potestad de
conocer «además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originado en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén
involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función
administrativa…».

Así, dentro del amplio radio de acción otorgado en virtud de la ley a la jurisdicción,
se encuentra instituido en el artículo 138 ibidem, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, a través del cual, «Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir
que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y

1 En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic)

un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar
el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines
del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela,
que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de
protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».
2 Ver entre otras las sentencias T-600 de 2002, T- 771 de 2004 y T-199 de 2008.

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Accionante: Astrid Jhoana Malua Toro

se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
(…)».

Lo anterior, desde luego, con plena observancia del término de caducidad
dispuesto en el artículo 164 ibidem, que indica que «d) Cuando se pretenda la
nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro
del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la
comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según
el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales».

Adicionalmente, vale la pena poner de presente que en la Ley 1437 de2011 se
consagraron una serie de medidas cautelares dirigidas a garantizar el resultado
del proceso.

3.4.1. Análisis del presupuesto de subsidiariedad

Al respecto, esta Sala considera que en el presente asunto no se cumple con el
requisito de subsidiariedad, por lo que la acción de tutela se torna improcedente,
pues se pretende cuestionar los actos administrativos por medio de los cuales las
entidades accionadas dieron un concepto desfavorable a la solicitud de traslado
presentada por la señora Astrid Jhoana Malua Toro.

La Sala advierte que la accionante cuenta con otro mecanismo para hacer valer
sus derechos como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, demanda que puede ser acompañada de la solicitud de diversas
medidas cautelares (incluso anticipatorias), lo que constituye el escenario
propicio para evaluar a profundidad si los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones CSJNAR24-137 del 11 de abril de 2024 y CJR24-0239 del 4 de
julio del mismo año, por medio de los cuales las entidades accionadas rindieron
concepto desfavorable a la solicitud de traslado porque los cargos no tenían
afinidad, adolecen de alguna causal de nulidad o si, por el contrario, conservan
la presunción de legalidad.

En el caso concreto no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable que
haga necesaria la intervención del juez constitucional, ni se argumentó que este
haya existido por lo que no hay lugar a dar por cumplido el requisito de la
subsidiariedad.

La parte accionante tampoco argumentó por qué razón las medidas cautelares
no se pueden considerar un mecanismo efectivo para la tutela de los derechos
invocados, cuando es el juez de lo contencioso administrativo el que debe hacer
el análisis de juridicidad de los actos administrativos.

Por otra parte, es de advertir que la accionante no señaló en el escrito de la
demanda, que dentro del término de caducidad haya ejercido el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho respecto del acto administrativo en
cuestión, lo que tornaría improcedente la acción de tutela, incluso como
mecanismo transitorio, pues ello implicaría permitir que se pretendan revivir

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términos vencidos, lo que desnaturalizaría el propósito de la acción
constitucional. Así lo ha señalado la Corte Constitucional:

«No procedía pues una protección transitoria de los derechos del
actor para evitar un perjuicio irremediable, en tanto la decisión judicial
ya se había producido, y mucho menos podía pretenderse que se
tramitara la acción de tutela como mecanismo principal, teniendo en
cuenta que habría sido por causa de la demora del accionante al
interponer la acción ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
que se habría hecho inoperante la vía judicial ordinaria. Cabe reiterar
lo expuesto en precedencia frente al incumplimiento del requisito de
subsidiariedad que se presenta cuando quien acude a la acción de
tutela ha dejado vencer términos procesales o ha dejado de utilizar los
mecanismos a su disposición, sin que exista una justa causa para
hacerlo, situación que aparece probada en el presente caso, teniendo
como base para afirmar lo anterior la naturaleza de la acción intentada
ante el contencioso administrativo, de acuerdo al cual la acción sería
de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que indica que el actor
pretendería con la acción de tutela revivir términos vencidos,
desnaturalizando el propósito protector de los derechos
fundamentales que tiene la acción de tutela3: “La anterior exigencia
guarda relación directa con la naturaleza cautelar de la tutela
transitoria, pues de caducar o prescribir las posibilidades de acceso a
la administración de justicia por causas imputables al demandante,
mal puede la tutela fungir como mecanismo para revivir los términos
ordinarios”»4.

Así las cosas, la Sala declarará improcedente la presente acción, por las razones
expuestas en el proveído, pues, se reitera, dentro de las facultades del juez
constitucional no se encuentra la de sustituir las herramientas judiciales idóneas
para obtener la protección iusfundamental quebrantada, porque de lo contrario,
la acción de tutela se convertiría irremediablemente en un medio de protección
alternativo que lejos de amparar un derecho vulnerado, propiciaría un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones que le encomendó la carta a los
jueces constitucionales, y modificaría una decisión que ha hecho tránsito a cosa
juzgada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

3 No sobra anotar que en el presente caso la Sala se ha pronunciado única y exclusivamente sobre la

improcedencia de la acción de tutela contra las resoluciones dictadas por la Contraloría, no así por las
cuestiones definidas al interior del proceso judicial, y que, eventualmente, podrían ser objeto de acción de
tutela. Igualmente, para controvertir el fondo de las decisiones emanadas de la autoridad aquí demandada
subsisten para el accionante mecanismo judiciales ante el juez contencioso administrativo como podría ser
la nulidad simple de los actos atacados.
4 Sentencia T-871 de 2011.

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Accionante: Astrid Jhoana Malua Toro

FALLA

Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela que interpuso la señora
Astrid Jhoana Malua Toro, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
la presente providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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