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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03564-00

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03564-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Guillermina Betancourt Moreno, de conformidad con la parte motiva de este proveído. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicado: 11001-03-15-000-2024-03564-00 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03564-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

1 de agosto de 2024

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03564-00

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., primero (1o) de agosto dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03564-00
Accionante: Guillermina Betancourt Moreno
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión

Temas: Acción de Tutela contra providencia de segunda instancia que confirmó
decisión de primera, de terminar proceso ejecutivo por pago total de la
obligación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Guillermina Betancourt
Moreno, mediante apoderado, en contra del Tribunal Administrativo del Chocó, Sala
Primera de Decisión.

ANTECEDENTES

La señora Guillermina Betancourt Moreno instauró acción de tutela, en aras de que
se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la dignidad humana, al mínimo vital y a la seguridad
social, que considera vulnerados con la expedición de la providencia de 30 de mayo
de 2019, proferida dentro del proceso ejecutivo con radicado 27001-33-33-001-
2014-00628-00 [02].

HECHOS

Que la señora Guillermina Betancourt Moreno presentó demanda ejecutiva para el
cobro de la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho que le concedió

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reliquidación de la pensión de jubilación a cargo de CAJANAL, hoy Unidad de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP y
la decisión de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó
del 5 de septiembre de 2013, que la modificó concediendo la indexación de la
primera mesada.

Que el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Quibdó en Auto núm. 911 del 8 de
septiembre de 2015 libró mandamiento de pago y posteriormente, mediante
providencia núm. 065 del 21 de mayo de 2018 el ordenó seguir adelante con la
ejecución.

Que la accionante el 4 de septiembre del mismo año presentó liquidación de la
condena por la suma de $341. 067.627, hasta el 30 del mismo mes y año. La UGPP
liquidó el capital en valor de $55,03 e intereses en $3, 00. El 19 de enero de 2019
la demandante radicó nuevamente liquidación por valor de $393.023.987, hasta el
31 de diciembre de 2018.

Señaló que mediante Auto núm. 1036 del 2 de julio de 2019 se terminó el proceso
por pago total de la obligación; que contra éste interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación, que el primero fue rechazado por improcedente y el segundo
lo resolvió de manera desfavorable el Tribunal Administrativo del Chocó el 30 de
mayo de 2024.

La señora Betancourt considera que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos: orgánico, porque excedió la competencia que le corresponde como juez
de la acción ejecutiva, ya que omitió indexar la primera mesada pensional, tal y
como lo determinó la sentencia constitutiva del título ejecutivo; violación directa de
la Constitución, pues en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar los
artículos 46 , 48, 53, 58, 230 y 366 de la Carta; sustantivo, ya que se apartó del
alcance del artículo 422 del CGP y “justificó de manera lacónica e insuficiente su
actuación” y, desconocimiento del precedente para lo cual mencionó las sentencias
SU 120 de 2003, C 862 de 2006, C 397 de 2011, SU 1073 del 2012, SU 131 del
2013, SU 415 del 2015 y SU 637 del 2016, que tratan sobre el derecho a mantener
el valor adquisitivo de la primera mesada pensional.

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Relacionó los procesos 05001-23-31-000-2003-00710-01, 27001-23-31-000-2011-
00141-01, 25000-23-42-000-2014-00132-01 y 05001-23-33-000-2013-01630-01,
indicando que tienen identidad de supuestos fácticos y jurídicos.

Agregó que se constituye una vía de hecho, en la medida que la motivación del
Tribunal para sustentar la decisión de dar por terminado el proceso es caprichosa y
arbitraria.

PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos invocados, dejar sin efectos el Auto núm. 740
del 30 de mayo de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó y, en
consecuencia, ordenar a la autoridad judicial accionada que emita una nueva
decisión conforme a la sentencia núm. 050 del 5 de septiembre de 2013.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente y
el 11 de julio de 2024 se dispuso su admisión, se ordenó la notificación de la
autoridad judicial accionada, se vinculó a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional – UGPP, como tercero interesado y se requirió a la parte
accionante para que allegara poder especial para presentar la acción constitucional.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Chocó allegó informe donde expuso que la tutela
es improcedente, por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, dado que no se
agotó el recurso extraordinario de revisión. Adicionalmente, indicó que el actor
pretende constituir una tercera instancia, lo que desnaturaliza la finalidad de la
acción constitucional.

POSICIÓN DE LA VINCULADA

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP rindió informe donde adujo que la

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tutela es improcedente, toda vez que a través de ésta se pretende un tema
netamente económico, como lo es que se aumente el valor de la mesada pensional,
la cual ya se canceló.

Agregó que la parte accionante no acreditó un daño o perjuicio irremediable, ni la
afectación al mínimo vital y a la salud, pues se encuentra activa en nómina de
pensionados, devengando una mesada pensional de $3.521.811 MCTE.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales alegados por la accionante, para lo cual se abordarán los siguientes
temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y III) el caso concreto.

I) Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

II) Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en controversias
cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carga
de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional,
por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero,
de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave
lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se genera
independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la
anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa
humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

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“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedencia de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

III) Caso concreto

La señora Guillermina Betancourt Moreno solicitó la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
dignidad humana, al mínimo vital y a la seguridad social, los cuales considera
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Chocó, con ocasión del Auto núm. 740
de 30 de mayo de 2024, que confirmó decisión de terminar el proceso ejecutivo con
radicado 27001-33-33-001-2014-00628-00 [02], por pago total de la obligación.

Sea del caso mencionar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional3 señala
que el presupuesto de la relevancia constitucional se encuentra satisfecho, cuando:
1) el asunto tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; 2) la controversia no
se limita a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, 3) se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.

3 Corte Constitucional, SU 215 de 2022.

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Encuentra la Sala que la argumentación de la acción de tutela se centra en la
consideración de que no había lugar a terminar el proceso ejecutivo por pago total
de la obligación, bajo el entendido que la indexación de la primera mesada
pensional, a criterio de la accionante, corresponde a una cifra superior a la que
confirmó el Tribunal Administrativo del Chocó, la cual ya fue reconocida y cancelada
por la UGPP mediante las resoluciones RDP 046049 del 03 de 2013 y RDP 011865
del 23 de marzo de 2017.

En criterio de la parte accionante la primera mesada pensional se debió indexar con
la suma de $ 1.566.456 a partir de la fecha en que adquirió el status pensional, es
decir, el 10 de julio del 2000 y no desde la fecha en que se decretó la prescripción
de las mesadas, esto es, el 16 de junio de 2008; conforme a los parámetros que
estableció el Tribunal en la sentencia del 5 de septiembre de 2013, que constituyó
el título ejecutivo. En este sentido, afirma que se desconoce su derecho a mantener
el poder adquisitivo de la pensión.

En lo que respecta a la fundamentación de los requisitos específicos de la tutela
contra la providencia, esto es; los defectos: orgánico, violación directa de la
constitución, sustantivo y el desconocimiento del precedente, citó de manera
genérica las disposiciones tanto constitucionales como legales que debía tener en
cuenta el Tribunal al momento de decidir y, por último, señaló diferentes
pronunciamientos proferidos tanto por la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado.

Teniendo en cuenta lo anterior, para la Subsección es claro que la controversia se
limita a la inconformidad que tiene la accionante con la cuantía reconocida y
cancelada, sin sustentar de manera alguna el porqué de ello se deriva una
afectación de sus garantías fundamentales, en especial al mínimo vital.

Sobre el particular, se observa que los argumentos que trae a colación la accionante
fueron objeto de análisis por parte del Tribunal Administrativo del Chocó, quien
resolvió confirmar la decisión del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
de Quibdó, al considerar que no le asiste razón a la demandante cuando señala
que la pensión de jubilación, al año 2024 equivaldría a la suma de $5.422.178,35,
cifra superior en un 53.96% a la que hoy percibe una persona que se jubiló en

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idénticas condiciones que ésta, es decir, con iguales factores salariales y fecha de
adquisición del status, y que percibe una pensión por la suma de $3.521.808,72.

De esta manera, en criterio del Tribunal no hay depreciación monetaria de la
mesada pensional de la accionante, pues los valores cancelados por la UGPP
resultaron ser superiores a la mesada indexada y, por lo tanto, no hay saldo a favor
de la demandante; razón por la cual consideró procedente declarar terminado el
proceso, por pago total de la obligación.

En estas circunstancias, encuentra esta Subsección que el debate planteado se
circunscribe a una cuestión netamente económica y que en modo alguno involucra
una discusión sobre derechos fundamentales. Así planteado el asunto, no puede el
juez constitucional intervenir en él, pues ello atentaría contra el principio de la
autonomía judicial y convertiría el mecanismo constitucional en una tercera
instancia; uso que no se corresponde con el sentido teleología propio de este
instrumento.

En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela, por no satisfacer
el requisito de la relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora
Guillermina Betancourt Moreno, de conformidad con la parte motiva de este
proveído.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto

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2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
Con salvamento de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

HAPC

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