Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03566-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03566-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03566-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
7 de noviembre de 2024
Demandante: Octavio Giraldo Henao
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03566-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03566-01
Demandante: OCTAVIO GIRALDO HENAO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma improcedencia por
no superar los requisitos de relevancia constitucional y de
agotamiento de los medios de defensa judicial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 12 de septiembre de 2024, por medio de la cual la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Octavio Giraldo Henao, en nombre propio, presentó acción de tutela1
contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con el fin de
que se proteja su derecho fundamental al debido proceso.
La mencionada garantía constitucional la estimó vulnerada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A que, en providencia de 6 de mayo de
2024, revocó la sentencia del 6 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, que había accedido parcialmente a las súplicas de la
demanda y, en su lugar, negó las pretensiones del medio de control que ejerció el
actor contra el municipio de Manizales y la Empresa de Renovación Urbana de
Manizales Limitada (ERUM); asunto que se identificó con el radicado 17001-23-
33-000-2013-00031-00/01/02.
1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó lo siguiente:
1 Mediante escrito radicado el 10 de julio de 2024, a través del correo electrónico
tutelaenlinea2@deaj.ramajudicial.gov.co y remitido en la misma fecha a la Secretaría General del
Consejo de Estado.
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Demandante: Octavio Giraldo Henao
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03566-01
PRIMERA: Declarar que la sentencia dictada por la accionada el seis de mayo de
2024 incurrió en los defectos procedimental y fáctico, como causales de
procedibilidad específicas de la acción de tutela, al igual que en todas las causales
generales de procedibilidad.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, declarar la vulneración de mi
derecho al debido proceso y, dejar sin efecto la sentencia atacada, para que, en su
lugar, se dicte la que en derecho corresponda, analizando el caso bajo la óptica y
parámetros de la reparación directa y bajo los límites que los recursos de apelación
presentados le imponen.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
El señor Octavio Giraldo Henao presentó una demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra el municipio de Manizales y la Empresa de
Renovación Urbana de Manizales Limitada (en adelante ERUM), con el fin de
obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios derivados de la declaratoria de
utilidad pública del inmueble en el que funcionaba un establecimiento de comercio
de su propiedad.
El proceso le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Caldas que,
en providencia de 28 de enero de 20142, resolvió declarar infundadas las
excepciones previas propuestas por la parte demandada, entre otras, las que
denominó «improcedencia de la acción de reparación directa para el pago de
perjuicios demandables en nulidad y restablecimiento de derecho» y «indebida
elección de la pretensión».
Esa decisión fue apelada por las autoridades demandadas y el trámite del recurso
correspondió al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A3 que en
proveído de 1. ° de agosto de 2014 confirmó el auto de primer grado, al considerar
que el medio de control pertinente para invocar la protección de los derechos del
actor era el de reparación directa4.
Posteriormente, mediante sentencia de 6 de agosto de 2018 el Tribunal
Administrativo de Caldas5 resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES propuestas por el
municipio de Manizales: ‘Actuación administrativa conforme a la ley’ y ‘falta de
legitimación en la causa por pasiva’; las formuladas por el Instituto de
2 Providencia proferida por el magistrado William Hernández Gómez. En esta se determinó que el
origen del daño invocado por el actor no se concretó a través de un acto administrativo y que el
Oficio ERUM 2375 de 12 de diciembre de 011 no creó, modificó ni extinguió una relación jurídica
particular y concreta. Por lo tanto, se determinó que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no era el adecuado.
3 Magistrado ponente Hernán Andrade Rincón.
4 Ello, con fundamento en que «[…] el supuesto daño proviene de la venta por enajenación
voluntaria, con ocasión de la afectación que una obra de utilidad pública le generó al derecho de
propiedad, y consecuentemente, al establecimiento de comercio que funcionaba en el mismo,
también de propiedad del actor, lo que aparentemente le generó el derecho a una compensación
por afectación económica».
5 Providencia suscrita por los magistrados Liliana del Rocío Ojeda Insuasty y Patricia Varela
Cifuentes.
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Demandante: Octavio Giraldo Henao
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
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Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales – INFIMANIZALES-
‘Actuación administrativa conforme a la ley’ y ‘Falta de legitimación en la causa por
pasiva’; las elevadas por La Previsora S.A. Compañía de Seguros como llamado en
garantía frente a los hechos de demanda por parte del Municipio de Manizales:
‘Falta de legitimación en la causa por pasiva’; ‘Ausencia de elementos generadores
de responsabilidad civil’; ‘Ausencia o indebida acumulación de pretensiones’ y
‘Carga de la prueba’.
“SEGUNDO: DECLARAR PROBADAS LAS EXCEPCIONES de ‘falta de
legitimación en la causa por pasiva’ formulada por la Empresa de Renovación
Urbana de Manizales – ERUM – y las propuestas por la previsora S.A. Compañía
de Seguros denominadas ‘irreal tasación de compensación por actuación
económica’ e ‘inexistencia de póliza de responsabilidad civil, para los hechos origen
de la demanda’ esta última frente al llamamiento en garantía del municipio de
Manizales; por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
“TERCERO: DECLARAR al MUNICIPIO DE MANIZALES administrativamente y
patrimonialmente responsable por los perjuicios generados al demandante, señor
OCTAVIO GIRALDO HENAO.
“CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR al
MUNICIPIO DE MANIZALES a pagar las siguientes sumas de dinero: […]
Tal decisión fue apelada por las partes, por lo que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A en sentencia de 6 de mayo de 20246 revocó la providencia
de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas al demandante. Particularmente, sobre el medio de control
ejercido, señaló lo siguiente:
82. Bajo este escenario, estima la Sala que con independencia de la forma como se
estructuró la demanda, de la descripción del petitum, el fundamento fáctico en que
se apoyan dichas pretensiones y, en desarrollo del principio iura novit curia, en el
sub lite resulta viable adecuar el derecho a los hechos que se traen al juicio y por
ello es pertinente abocar el estudio de la legalidad del acto administrativo
reprochado y los conceptos de determinación del perjuicio que fue demandado,
bajo el cauce del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
83. Esta interpretación del asunto litigioso resulta viable aunque en la demanda no
se planteara en forma explícita la pretensión de declaratoria de nulidad del oficio
ERUM 2375 de 2011, en la medida en que en el análisis de los hechos y su
adecuación al derecho se respetarán los límites de la causa petendi y el debido
proceso de ambas partes.
84. Al verificar el asunto que se reformula desde la óptica de un nuevo medio de
control, no entra en conflicto con el principio del debido proceso y el derecho de
defensa, toda vez que el hecho litigioso sobre el cual versa la discusión fue objeto
del debate probatorio y argumentativo en el proceso, por manera que su resolución
no excede el marco legal de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ni
afecta el derecho de contradicción. De hecho, la controversia planteada por el actor
tanto en la demanda como en el recurso de apelación se limitó a cuestionar la
manera en que la ERUM -en el trámite administrativo- y luego el Tribunal a quo al
decidir el caso, aplicaron la fórmula contenida en el artículo 6, literal f) del Decreto
Municipal 533 de 2009, pues, a su juicio, la variable “Y” correspondiente a utilidades
netas debía incluir los ingresos no operacionales, tales como jubilación,
rendimientos financieros, arriendos y recuperación, los cuales fueron expresamente
excluidos mediante el oficio ERUM 2375 de 2011.
6 Suscrita por los consejeros María Adriana Marín, Fernando Alexei Pardo Flórez y José Roberto
Sáchica Méndez.
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1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho
fundamental al debido proceso, toda vez que con la expedición de la sentencia de
6 de mayo de 2024 incurrió en los defectos fáctico y procedimental.
En primer lugar, estableció que en el presente asunto se presentan todas las
causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial. Particularmente, sobre la relevancia constitucional y el agotamiento de los
medios de defensa judicial explicó:
I) QUE LA CUESTIÓN SEA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. En este caso
se está vulnerando mi derecho al debido proceso, derecho consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política, así como el principio de la cosa juzgada y la
seguridad jurídica, toda vez que se desconoce que existía decisión ejecutoriada y
en firme proferida por el Consejo de Estado, en donde se determinaba que el objeto
de este proceso, según los hechos y pretensiones, era una reparación directa, toda
vez que se me causaron unos perjuicios por tener que movilizar mi establecimiento
de comercio a raíz de una orden de autoridad competente, como lo fue el Municipio
de Manizales. También, porque a pesar de que el objeto del litigio fue claro, la
sentencia de segunda instancia atacada hizo un análisis erróneo de los hechos y
pretensiones, al igual que de las pruebas, concluyendo que la vía era la de nulidad
y restablecimiento del derecho, sin darme oportunidad a contradecir esa decisión,
desconociendo mi derecho de defensa (contentivo del debido proceso), al igual que
decisiones ejecutoriadas y en firme dictadas tanto en primera como en segunda
instancia del trámite del proceso.
II) QUE SE HAYAN AGOTADO TODOS LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIAL
AL ALCANCE. Como la decisión atacada es una sentencia de segunda instancia
dictada en un proceso de reparación directa, modificado por la decisión atacada a
nulidad y restablecimiento del derecho, es claro que contra ella el ordenamiento
jurídico no establece ningún recurso en su contra, por lo cual no tengo otra forma
de exigir el cumplimiento de mis derechos, diferente a la acción de tutela.
Sobre el defecto procedimental, consideró que la sentencia de 6 de mayo de
2024 desconoció que ya existía una decisión ejecutoriada en los autos de 28 de
enero y 1. ° de agosto de 2014, en los que se negaron las excepciones previas
invocadas por las entidades demandadas y se determinó que la vía procesal para
analizar el caso era el de reparación directa y no el de nulidad y restablecimiento
del derecho.
En ese sentido, concluyó que la decisión reprochada vulneró su derecho al debido
proceso, así como el principio de la cosa juzgada, puesto que se dejó sin efectos
lo decidido hace más de 10 años.
De igual manera, expuso que la autoridad judicial accionada superó la
competencia que le fue otorgada para conocer del asunto, el cual está limitado por
el recurso de apelación de INFIMANIZALES. Por lo tanto, explicó que el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A «También vulneró el principio de la
congruencia, porque en ningún momento del recurso de apelación este tema fue
debatido, por lo cual no le era dable a la sentencia inmiscuirse en puntos que no
fueron atacados en sede de apelación».
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Y en relación con el defecto fáctico, precisó que la autoridad judicial omitió
analizar los hechos y las pruebas allegadas al expediente de las cuales se podía
deducir que el medio de control adecuado era el de la reparación directa y, por el
contrario, estudió su caso bajo la óptica del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, al considerar que el acto administrativo que
lesionaba sus derechos era el oficio ERUM 2375 del 12 de diciembre de 2011.
Además, agregó lo que se trascribe a continuación:
Luego, la sentencia hace el recuento de lo sucedido antes del proceso, de la
negociación que tuve con la ERUM, para posteriormente, desde el punto 40 hasta
el punto 57, realizar un análisis inocuo sobre la expropiación, pues en el proceso no
se debatió ese tema, la expropiación es la adquisición por parte del Estado de un
predio de un particular, sobre lo cual nunca se dirigió la discusión; el quid del asunto
fue que, además de haber sido propietario de un inmueble, también tuve un
establecimiento de comercio, bien mueble, que tenía que ser trasladado para
poderse realizar el macroproyecto San José. Ese traslado genera unos perjuicios y,
precisamente esa es la materia del proceso, el daño causado por el traslado del
establecimiento de comercio RETALES Y EXCEDENTES OG, de mi propiedad,
que, valga aclarar, no pudo ser trasladado, sino cancelado.
Al margen de lo anterior, en este caso no era obligación del comerciante demostrar
los perjuicios, que es la regla general, pues quien aduce la causación de perjuicios
debe demostrarlos; el decreto 533 de 2009 se encargó de establecer la fórmula
para tasar esos perjuicios, que es la discusión en este proceso, cómo se debe
interpretar la fórmula, hecho que la sentencia nunca definió.
En ese sentido, discutió que el ad quem se equivocó en la sentencia de 6 de mayo
de 2024 al señalar que en el oficio ERUM 2375 del 12 de diciembre de 2011 se
tomó una decisión autónoma y unilateral, comoquiera que ese documento solo
hace parte de una negociación.
Explicó que la autoridad judicial de segunda instancia omitió que en su caso lo que
originó el daño fue una operación administrativa, consistente en el traslado de su
establecimiento de comercio como consecuencia de una orden de autoridad
competente, mas no el hecho de que posteriormente se generara una
negociación, pues tal supuesto no generó, modificó ni extinguió un derecho. Para
tal efecto, citó la sentencia del 20 de mayo de 2013, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, dentro del radicado 05001-23-31-000-
2010-01270-017.
Comentó que si «se llegara a dejar sin efecto el oficio ERUM 2375, nada se
modifica, continúo en la misma situación, el daño permanece, precisamente
porque su origen no proviene de ese oficio, sino de la operación administrativa que
ordenó la renovación urbana, causándose el daño con el traslado del
establecimiento de comercio, que es cuando deja de operar y dejo de percibir el
ingreso que devengaba por su operación».
7 Sin embargo, revisado el mencionado proceso en el sistema de consulta Samai, no se advierte en
este proceso alguna providencia proferida el 20 de mayo de 2013, máxime cuando el proceso solo
fue radicado en el Consejo de Estado hasta el 21 de abril de 2015.
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Por último, informó que el Decreto 533 de 2009 estableció la forma en que debe
ser indemnizado el comerciante que debe retirar su establecimiento de comercio y
que es justamente esa la razón de la demanda.
1.5. Trámite de la acción
Por auto de 11 de julio de 2024, los magistrados Luis Eduardo Mesa Nieves y
Rafael Francisco Suárez Vargas declararon fundado el impedimento manifestado8
por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez9 para conocer del asunto de la
referencia10.
Mediante auto de 20 de agosto de 2024, el magistrado ponente11 de la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la tutela de la referencia y
ordenó la notificación de los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, en calidad de autoridades demandadas.
Así mismo, ordenó la notificación como terceros del Tribunal Administrativo de
Caldas, el Municipio de Manizales, el Instituto de Financiamiento, Promoción y
Desarrollo de Manizales (INFIMANIZALES), la Empresa de Renovación Urbana de
Manizales y la Previsora S.A Compañía de Seguros.
De otro lado, ofició al Tribunal Administrativo de Caldas para que remitiera copia
del expediente 17001-23-33-000-2013-00031-02.
Luego, el 12 de septiembre de 2024 el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez
nuevamente se declaró impedido para conocer la acción de tutela.
1.6. Contestaciones
Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentaron los
siguientes pronunciamientos:
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
El magistrado sustanciador12 de la sentencia reprochada pidió que se declare la
improcedencia de la acción de tutela por carecer de relevancia constitucional,
comoquiera que lo que pretende el tutelante es reabrir un debate ya concluido por
el juez ordinario y, además, porque el fallo cuestionado se fundó en las garantías
sustanciales y procesales que regulan el debido proceso, así como en las pruebas
aportadas y los lineamientos jurisprudenciales aplicables al caso.
Sobre el debate principal del actor, indicó lo siguiente:
8 Documento suscrito el 11 de julio de 2024.
9 A quien inicialmente le correspondió por reparto en primera instancia el proceso de la referencia.
10 La manifestación se fundó en que «sostengo una relación de amistad íntima de muchos años
con la consejera María Adriana Marín, quien suscribió la sentencia que se discute en esta sede, y a
que fuimos compañeros de estudios en la Universidad de Antioquia, durante toda nuestra vida
universitaria, al igual que compañeros de trabajo en la misma Universidad, considero que me
encuentro inmerso en la causal de impedimento antes referida, lo que me impide conocer el asunto
de la referencia».
11 Doctor Luis Eduardo Mesa Nieves.
12 Consejero José Roberto Sáchica Méndez.
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4. En esta línea, aunque en providencia proferida para decidir preliminarmente las
excepciones, esta Corporación decidió declarar no probada la excepción de
caducidad por la indebida escogencia del medio de control, ello no impedía que la
Sala analizara nuevamente ese presupuesto, toda vez frente al mismo no opera
una suerte de cosa juzgada con base en un auto interlocutorio anterior, pues esa
decisión es adoptada en una etapa preliminar del proceso, en la cual no se ha
agotado el debate probatorio y, por tanto, no constituye un impedimento para que al
decidir de mérito el fallador pueda y deba volver sobre tales presupuestos. De
hecho, la adecuación de la demanda al cauce procesal correspondiente se hace
como expresión de la garantía del derecho de acceso a la administración de justicia
y la aplicación del principio iura novit curia, de manera que pueda el juez proceder a
resolver de fondo la controversia planteada, tal y como se hizo en el caso
concreto.13
1.6.2. La Previsora S.A. Compañía de Seguros
El apoderado de la entidad solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción
de tutela, toda vez que lo pretendido por el tutelante es reabrir un debate que ya
fue zanjado en primera instancia por el juez natural de la causa.
Así mismo, explicó que en el escrito de tutela no se mencionaron de manera clara
y precisa los yerros en los que incurrió el fallo, sino que simplemente el actor se
limitó a retomar cuestiones debatidas en primera y segunda instancia del proceso
ordinario. En consecuencia, consideró que se debe dejar incólume el fallo atacado
por el señor Octavio Giraldo Henao.
1.6.3. Tribunal Administrativo de Caldas
La Secretaría de esa Corporación allegó copia del expediente 17001-23-33-000-
2016-00269-00, que no corresponde al solicitado por el a quo constitucional14.
1.7. Sentencia de primera instancia
En providencia de 12 de septiembre de 2024, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró fundado el impedimento manifestado por
el doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez para conocer del asunto de la referencia, así
como la improcedencia la presente acción constitucional.
En primer lugar, puso de presente que el defecto fáctico dependía de la
configuración del yerro procedimental, dado que lo que se reprochó fue que la
autoridad judicial accionada haya realizado la valoración probatoria a partir de un
análisis de legalidad del oficio ERUM 2375, cuando lo que se debía analizar era el
daño antijurídico derivado de una operación administrativa.
Luego, al estudiar los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial, encontró que no estaba acreditado el de la subsidiariedad,
toda vez que el actor cuenta con el recurso extraordinario de revisión para
cuestionar la congruencia de la sentencia y el desconocimiento del principio de
cosa juzgada, de conformidad con el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011.
13 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
14 Sin embargo, el proceso digitalizado 17001-23-33-000-2013-00031-00 puede ser consultado en
el índice 81 de Samai o en el enlace https://samai.consejodeestado.gov.co
/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=170012333000201300031001700123.
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1.8. Impugnación
El 8 de octubre de 202415, a través del aplicativo Samai, el actor impugnó el fallo
de 12 de septiembre de 2024 y solicitó que se revoque para que, en su lugar, se
acceda a las pretensiones de la demanda.
Alegó que no se encuentra de acuerdo con la posición establecida en la sentencia
de primera instancia relacionada con que cuenta con el recurso extraordinario de
revisión, comoquiera que en ningún momento alegó alguna de las causales de
nulidad consagradas en el artículo 133 del Código General del Proceso y mucho
menos la establecida en el artículo 29 de la Constitución.
Iteró que las razones por las cuales atacó la providencia dictada en el proceso
ordinario están sustentadas en su escrito de tutela y estas se centran en invocar la
existencia de los defectos procedimental y fáctico, los cuales, por demás, son
independientes.
En relación con el defecto procedimental, consideró que este no corresponde a
alguna de las causales de nulidad del mencionado artículo 133. Sobre el error
fáctico, insistió en que este se dio como consecuencia de una indebida valoración
probatoria realizada por la autoridad judicial accionada, que tampoco se encuadra
en la nulidad mencionada en el fallo impugnado.
Determinó que se le está obligando a tramitar un recurso que a todas luces es
improcedente, lo cual le generaría un desgaste por continuar con un litigio en el
que lleva más de 10 años y le generaría un perjuicio irremediable, dado que es
una persona de 80 años con enfermedades graves como cáncer y que no podría
«tener una decisión definitiva en este asunto antes de fallecer o, al menos, antes
de perder la lucidez por efecto de los años y de los fuertes tratamientos y
medicamentos a los que tengo que someterme, manifestación que realizado bajo
la gravedad de juramento».
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el
fallo de tutela de 12 de septiembre de 2024, proferido por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con los artículos 32 del
Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.
15 La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley
2591 de 1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el 3 de octubre de
2024 y el recurso se interpuso en 8 de octubre del mismo año.
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2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 12 de septiembre de 2024, dictada por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la cual se declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Octavio Giraldo Henao.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de
procedibilidad adjetiva y de superarse; (iii) las generalidades de los defectos
invocados; y (iv) el caso concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 16
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema17.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales18.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201419, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:
16 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
17 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
18 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
19 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].
Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional
en la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta Corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201420, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de
aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por
ende, no debe ser un debate exclusivamente legal.
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia21.
Sobre el particular, se considera que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.
Sobre el punto, se itera, que en materia de tutelas contra providencias judiciales le
está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de
los jueces naturales de la causa.
Por lo tanto, el estudio en sede de tutela debe basarse exclusivamente en los
argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro del
trámite constitucional, toda vez que si se analizaran solo los fundamentos del
accionante frente a la apreciación de las pruebas del proceso contencioso, sin el
debido contraste de un irracional estudio por parte de la autoridad judicial; se
atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas, se convertiría
el mecanismo constitucional en una tercera instancia.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
21 Énfasis de la Sala.
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De manera que, para esta Sala, la tesis del actor que se refiere a la indebida
valoración probatoria, no cuenta con la carga argumentativa para ser estudiada,
en el marco de la trasgresión de derechos fundamentales, en primer lugar, porque
el actor ni siquiera indicó cuáles fueron las pruebas que se dejaron de valorar y,
por otro lado, toda vez que tampoco desvirtuó el análisis realizado por el ad quem
frente a los medios probatorio, más allá de una inconformidad frente a su
determinación o alcance.
En efecto, si bien se planteó la configuración de los defectos procedimental y
fáctico, lo cierto es que el tutelante no satisfizo la carga desde la perspectiva
constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de unificación SU-215
de 2022, pues el debate planteado en esta instancia tiene como objeto refutar las
consideraciones de la autoridad judicial accionada sobre el medio de control que
eligió para tramitar la demanda, más allá de exponer cómo se materializó la
presunta trasgresión de sus garantías fundamentales.
En segundo lugar, la parte accionante busca en esta instancia judicial que el juez
constitucional desplace al juez natural del asunto, para obtener la interpretación de
las normas y la valoración de las pruebas arrimadas al proceso, en la forma que a
él le parece «correcta». Es decir, en otros términos, pretende a través del
mecanismo constitucional crear una instancia adicional, en la que se estudie
nuevamente un asunto que ya fue zanjado por los operadores judiciales ordinarios
y, además obtener una decisión favorable.
Esta Colegiatura advierte que la inconformidad del actor se centra en refutar el
medio de control que eligió el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
para resolver su caso, comoquiera que, a su juicio, desconoció que mediante los
autos de 28 de enero y 1. ° de agosto de 2014 se determinó que la vía procesal
para analizar el caso era el de reparación directa y no el de nulidad y
restablecimiento del derecho.
De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la
controversia planteada por el tutelante, la Sala concluye que esta no se encuentra
ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional, máxime
cuando de una revisión somera de las providencias dictadas al interior del proceso
ordinario, se advierte que el magistrado de la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado que profirió el auto de 1. ° de agosto de 2014 no conformó
la Sala de decisión que dictó la sentencia de 6 de mayo de 2024.
En este sentido, para esta sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad del demandante, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»22 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-
573 de 2017 y C-590 de 2005.
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2.4.2. Agotamiento de los medios de defensa judicial
2.4.2.1. La Sala considera necesario indicar en este punto que, el inciso 3º del
artículo 86 de la Constitución consagra este requisito como presupuesto de
procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial», precepto
reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y
no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia23.
Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige
que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son de la
esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2° del
artículo 2° de la Constitución, de ahí que la garantía de los derechos
fundamentales de las personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que
es vinculante para cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado
y en cualquiera de los ámbitos funcionales del mismo.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-735 de 2013, manifestó que la
«exigencia constitucional responde al principio de subsidiariedad del amparo, que
pretende asegurar que no sea considerado en sí mismo una instancia más en el
trámite jurisdiccional, un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros
diseñados por el legislador y mucho menos, como se pretende en este caso, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes para
corregir oportunidades vencidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios»24.
23 En sentencia T-313 de 2005, M.P .Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.
Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es
contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los
derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
24 Corte Constitucional, Sentencia T-735 del 17.1.2013. M.P. Alberto Rojas Ríos
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Aunado a lo anterior, la referida alta corporación manifestó que, junto con los
demás requisitos de procedibilidad, se exige que el actor «haya ejercido los
recursos previstos en el respectivo proceso judicial, pues no se trata de sustituir a
través de ella los mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia,
descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a
su debido tiempo»25.
2.4.2.2. En el sub examine el actor alegó que la sentencia del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A de 6 de mayo de 2024, incurrió en el defecto
procedimental por vulnerar «el principio de la congruencia», toda vez que en el
recurso de apelación que interpusieron las partes no se debatió lo relacionado con
la indebida escogencia del medio de control y, en ese sentido, no le era dable a la
autoridad accionada «inmiscuirse en puntos que no fueron atacados en sede de
apelación».
Ahora bien, al margen de la razonabilidad de esta tesis, lo cierto es que esta Sala,
investida como juez constitucional, no es competente para determinar si la
sentencia de 6 de mayo de 2024 adolece de incongruencia, circunstancia que,
como lo determinó el a quo constitucional, se enmarca en la causal quinta (5º) del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, ya que tal análisis le corresponde al juez
natural del recurso extraordinario de revisión.
Frente al punto, se advierte que, contrario a lo afirmado por el actor en su escrito
de impugnación, de acuerdo con la postura de la Sala Veintidós Especial de
Decisión de esta Corporación26, la falta de motivación y la incongruencia dan lugar
a la nulidad originada en la sentencia, que es una de las causales que hacen
procedente el recurso extraordinario de revisión, en los términos del numeral 5°
del artículo 250 de la Ley 1437 de 201127.
La tesis de la referida Sala Especial fue expuesta en los siguientes términos:
[…] 2.5. Nulidad originada en la sentencia
El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de
procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”.
[…]
2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de
la sentencia
Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala
Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo
188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la
sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le
25 Corte Constitucional, Sentencia T-107 del 20.2.2012. M.P. María Victoria Calle Correa
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de
Decisión. Providencia de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-
03-15-000-2015-02342-00(REV). Magistrado ponente: Alberto Yepes Barreiro.
27 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión: (…) 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación. (…).
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condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.
[…]
En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede
identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del
C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la
parte demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la congruencia
interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte
resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia.
[…]
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la
causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -
antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia,
se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la
congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre
en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que
la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de
cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos
frente a los cuales no se podía pronunciar.
[…]
Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando
falta al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la
coherencia externa o interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión,
porque el fallador excede su competencia, la que se repite está determinada por los
cargos y pretensiones de la demanda […]. (Destacado por la Sala)
En consideración a la anterior tesis, la inobservancia del principio de congruencia
da lugar a que se configure la causal de revisión prevista en el numeral 5° del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, «[…] Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación
[…]».
En razón de lo expuesto, la presente demanda de tutela fundada en la
incongruencia de la sentencia tampoco supera el requisito de agotamiento de
todos los medios de defensa judicial, comoquiera que en tal caso procede el
recurso extraordinario de revisión y, por lo tanto, la Sala se abstendrá de su
estudio y declarará improcedente la solicitud de amparo.
Ahora bien, se tiene que la Corte Constitucional ha explicado que la acción de
tutela procede sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección
de los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible
ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que invoca, se
acrediten al menos sumariamente.
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Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la
acción de tutela, cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la
protección de los derechos invocados, o ya se agotaron, es la existencia de un
perjuicio irremediable, el cual se configura a voces de la Corte Constitucional «[…]
cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud
que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por
tanto de medidas impostergables que lo neutralicen […]»28.
De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables29.
Entonces, corresponde a esta Corporación estudiar si, en el caso concreto, la
acción de tutela procede de forma transitoria ante la configuración de un perjuicio
irremediable que afecte de manera directa los derechos fundamentales de la parte
actora.
Al respecto se tiene que, en su escrito de impugnación, el actor alegó que es una
persona de 80 años que padece cáncer, razón por la cual consideró que someterlo
a interponer el mencionado recurso le generaría un perjuicio irremediable
consistente en «no poder tener una decisión definitiva en este asunto antes de
fallecer o, al menos, antes de perder la lucidez por efecto de los años y de los
fuertes tratamientos y medicamentos a los que tengo que someterme».
No obstante, para la Sala este perjuicio no se evidencia en este asunto porque del
análisis del acervo probatorio allegado al plenario, no es posible establecer que el
demandante padezca tal enfermedad ni que se encuentre en una situación de
debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes, impostergables e
inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.
En consecuencia, los hechos y los fundamentos que motivaron la solicitud de
amparo, frente al defecto procedimental alegado, debe ser cuestionado a través
del aludido recurso extraordinario, con ocasión a que la acción de tutela no puede
sustituir el mecanismo de defensa con el que cuenta la parte demandante para la
protección de sus garantías superiores.
Se itera entonces que conforme lo señaló la Corte Constitucional, el recurso
extraordinario de revisión permite el ejercicio de una verdadera acción contra
decisiones injustas, a fin de restablecer la justicia material del caso concreto30.
28 Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas
Hernández
29 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación se reseña, en síntesis lo pertinente: «[…] son elementales para la comprensión de la
figura del perjuicio irremediable, […] A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por
suceder prontamente"[…] || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable han de ser urgentes, […] || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea
grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona […] || D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea
impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna
[…] Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia
de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos
y garantías básicos para el equilibrio social».
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2.5. Conclusión
Así las cosas, es claro para esta colegiatura que en el sub examine, se confirmará
la sentencia de 12 de septiembre de 2023, comoquiera que no puede el juez
constitucional pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo, toda vez que no
se superan los requisitos de relevancia constitucional y agotamiento de los
medios de defensa judicial.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de septiembre de 2024, por medio de
la cual la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Octavio Giraldo Henao.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
30 Sentencia C - 418 de 1994.
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