Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03573-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03573-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03573-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
29 de agosto de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03573-00
Demandante: Luis Hernando Serquera López
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03573-00
Demandante: Luis Hernando Serquera López
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Temas: Tutela contra providencia judicial. Incumplimiento del requisito de
procedibilidad. Falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Hernando Serquera
López en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 constitucional, el señor
Luis Hernando Serquera López, por intermedio de apoderada, promovió demanda en
orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, en conexidad con el principio de gratuidad.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos parciales la
sentencia del 14 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Luis Hernando Serquera López
con radicación 05001-33-33-009-2022-00455-01 y, en su lugar, que se ordene al
Tribunal emitir una nueva decisión en la que no se condene en costas.
1.1.2. Los hechos
La apoderada del accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) El señor Luis Hernando Serquera López presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación-Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento
de Antioquia con el fin de que se reconociera a su favor la sanción moratoria prevista
en la Ley 50 de 1990.
ii) La demanda tuvo como fundamento jurisprudencial las sentencias de unificación
de la Corte Constitucional SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, y
diferentes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, en sus
subsecciones,1 en las que en aplicación de los principios de igualdad e in dubio pro
operario se señaló que no debía excluirse al sector oficial docente de la aplicación de
la Ley 50 de 1990, pues al tener también el carácter de servidores públicos eran
igualmente beneficiarios de la sanción moratoria.
1 Sobre el particular, revisar las sentencias del 24 de enero de 2019, expediente 76001-23-31-000-
2009-00867-01, del 29 de julio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-03499-01 y del 6 de
agosto de 2020, expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01, del 2 de diciembre de 2019, expediente
08001-23-33-000-2014-00173-01; del 10 de junio de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00208-
01; del 22 de octubre de 2020, expediente 08001-23-31-000-2014-00254-01; 12 de noviembre de
2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00132-01; 17 de junio de 2021, expedientes 08001-23-31-
000-2014-00815-01 y 08001-23-33-000-2015-00331-01; 4 de noviembre de 2021, expediente 19001-
23-33-000-2015-00445-02; 11 de noviembre de 2021, expedientes 08001-23-40-000-2015-90008-01 y
08001-23-40-000-2014-90022-01; 25 de noviembre de 2021, expedientes 08001-23-33-000-2014-
01127-01 y 40001-23-40-000-2017-00134-01; 20 de enero de 2022, expediente 08001-23-33-000-
2017-00931- 01; 3 de marzo de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-00075-01; 28 de abril de
2022, expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01; 9 de mayo de 2022, expediente 08001-23-40-000-
2017-00795-01; 19 de mayo de 2022, expediente 47001-23-33-000-2019-00359-01; 1.° de julio de
2022, expediente 47001-23-33-000-2019-00376-01; 22 de agosto de 2022, expediente 08001-23-33-
000-2015-00509-01; 22 de septiembre de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-90124-01, 19 de
enero de 2023, expediente 76001-23-31-000-2012-00212-02 y 26 de enero de 2023, expediente
47001-23-33-000-2018-00231-01.
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iii) Mediante sentencia del 1° de septiembre de 2023, el Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín negó las pretensiones de la
demanda y no condenó en costas.
iv) A través de sentencia del 14 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta, confirmó la decisión de primera instancia y condenó en
costas de instancia a la parte demandante.
v) Dado que para la fecha de presentación de la demanda y de notificación del fallo
de primera instancia no existía un criterio definido en torno al reconocimiento de la
sanción moratoria a docentes oficiales, actúo bajo el principio de buena fe y
confianza legítima, ya que fue con la sentencia SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de
octubre de 2023, que el Consejo de Estado, Sala Plena, emitió sentencia de
unificación en la materia.
1.1.3. Los fundamentos jurídicos
La apoderada del accionante alega que el Tribunal incurrió en los siguientes vicios o
defectos:
i) Comoquiera que el artículo 188 del CPACA no impuso una obligación perentoria de
imponer condena en costas y agencias en derecho, pues lo que de allí se desprende
es que se debe emitir un pronunciamiento al respecto, resultaba válido prescindir de
su imposición conforme a la valoración del discurrir del debate procesal.
ii) Además, ha sido una posición unánime del Consejo de Estado que en materias en
las que se debaten derechos laborales se debe atender la posición de los sujetos
procesales y, en el caso, se trata de un docente adscrito al magisterio —parte débil
dentro de la relación laboral entre el Estado y el servidor público— que lo único que
pretendió fue una mejora de sus condiciones laborales, actuando siempre con la
confianza legítima de que se iban a acoger sus pretensiones.
iii) Asimismo, no se tomó en cuenta lo resuelto en la sentencia de unificación en la
que no se condenó en costas a la parte demandante, pese a que la decisión le fue
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desfavorable. Sobre el particular, puede consultarse la sentencia de tutela del 23 de
enero de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
dentro del proceso 11001-03-15-000-2019-04677-00.
iv) Con todo, se tiene que el juez colegiado, previa imposición de la condena en
costas —en términos de lo dispuesto en el artículo 365 del CGP— no realizó un
análisis de ponderación subjetiva de la conducta procesal asumida por las partes,
toda vez que no valoró si en el asunto existieron acciones temerarias y/o dilatorias
que obstruyeran o dificultaran el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y si en el expediente aparecía probada su causación.
v) El operador judicial debió abstenerse de imponer condena en costas, pues en el
proceso no había evidencia de que la parte vencida actuara con temeridad o mala fe
y, porque tampoco aparecían probados gastos judiciales sufragados por la entidad
demandada, por tratarse de un asunto de pleno derecho. Sobre el asunto pueden
verse las sentencias del 16 de abril de 2015, radicado 25000-23-24-000-2012-00446-
01, y del 5 de abril de 2018, expediente 76001-23-33-000-2012-00430-01 (21873).
1.2. Actuación procesal
1.2.1. El 18 de julio de 2024, el consejero de Estado Rafael Francisco Suárez Vargas
admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar a los magistrados
del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, en calidad de demandados, y a
la Nación-Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y al departamento de Antioquia, como terceros
interesados en las resultas del proceso, remitiéndoles copia de la solicitud de tutela
para que, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia
ejercieran su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y rindieran el respectivo
informe. De igual forma, requirió al Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín para que enviara copia digital del expediente del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-009-
2022-00455-01; y reconoció personería jurídica para actuar dentro del proceso a la
abogada Diana Carolina Alzate Quintero, de acuerdo con el poder otorgado por la
parte actora, contenido en el expediente de la referencia.
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1.2.2. El 31 de julio de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído al señor Luis Hernando Serquera López, al Tribunal Administrativo de
Antioquia, al Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, al
Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y al departamento de Antioquia.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta. El magistrado Daniel
Montero Betancur remitió el enlace para consulta del expediente ordinario y solicitó
declarar improcedente la acción de tutela. Señaló que la solicitud de amparo no tiene
una clara y marcada importancia constitucional que haga procedente la intervención
del juez de tutela, puesto que las manifestaciones del tutelante obedecen a meras
divergencias interpretativas en torno a los casos en que es procedente la condena en
costas, por lo que lo pretendido es reabrir un debate meramente legal que ya fue
debatido y resuelto por el juez natural.
1.3.2. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Medellín. El
secretario del despacho remitió el enlace para consulta del expediente requerido.
1.3.3. El Ministerio de Educación Nacional. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica,
Walter Epifanio Asprilla Cáceres, solicitó declarar improcedente la acción. Expuso
que el asunto carece de relevancia constitucional, ya que lo que se presenta como
debate procesal es una controversia de naturaleza estrictamente económica que
involucra intereses privados, lo cual excede la competencia del juez de tutela.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones
de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
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conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad
jurisdiccional accionada», en concordancia con los artículos 86 Constitucional y 25
del Acuerdo 080 de 2019, según el cual «[l]as tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente acción de tutela.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir la sentencia del 14 de junio de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 05001-33-33-009-2022-
00455-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de
la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el
accionante.
2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,3 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
2 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de
que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una
de las anteriores causales o defectos.
2.4. Hechos probados
Del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 05001-33-
33-009-2022-00455-01, la Sala establece lo siguiente:
i) El 13 de septiembre de 2022, el señor Luis Hernando Serquera López, por
intermedio de apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Nación-Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Antioquia, en la que
solicitó la declaración de existencia y la nulidad del acto administrativo que negó el
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reconocimiento y pago de la sanción por mora contenida en el artículo 99 de la ley 50
de 1990 y la condena al pago del equivalente a un día de salario por cada día de
retardo, contados desde el 15 de febrero de 2021, fecha en que debió efectuarse el
pago de las cesantías del año 2020, en el respectivo fondo prestacional y hasta el
momento en que se acredite el pago de los valores correspondientes en la cuenta
individual del docente y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las
cesantías contemplada en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el
Decreto nacional 1176 de 1991. Asimismo, condenar a la Nación–Ministerio de
Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al
departamento de Antioquia a reconocer y pagar los ajustes de valor a que haya lugar
con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la suma correspondiente a la
sanción moratoria e indemnización por pago extemporáneo de los intereses, de
conformidad con el artículo 187 del CPACA.
ii) El 4 de septiembre de 2023, el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.
iii) El 14 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Oralidad, confirmó la sentencia de primera instancia y condenó en costas de
instancia a la parte demandante.
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
Se controvierte en el caso la decisión del Tribunal en lo referente a la condena en
costas de instancia, al no haberse realizado un análisis de ponderación subjetiva de
la conducta procesal asumida por las partes, esto es, si existieron acciones
temerarias y/o dilatorias que obstruyeran o dificultaran el curso normal de las
diferentes etapas del procedimiento; y no tenerse en cuenta que en el proceso no
aparecían probados los gastos judiciales sufragados por la entidad demandada, por
tratarse de un asunto de pleno derecho.
Asimismo, por dejarse de valorar lo resuelto en la sentencia de unificación SUJ-032-
CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sala
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Plena, en el expediente 5746-2022, en la que no se condenó en costas a la parte
demandante, pese a que la decisión le fue desfavorable.
Pues bien, la Sala advierte prima facie que el asunto no reúne el requisito de
procedibilidad de relevancia constitucional, según se pasa a explicar:
La Corte Constitucional ha decantado una sólida línea jurisprudencial en torno a
dicha causal,4 en la que ha señalado que solo la evidencia prima facie de una
afectación o vulneración de facetas constitucionales de los derechos fundamentales
permite superar el requisito de relevancia constitucional de la tutela en contra de
providencias judiciales.5 Así, en aras de verificar su cumplimiento, el juez de tutela
debe concluir i) que el asunto tiene trascendencia para interpretar, aplicar y/o
desarrollar la Constitución Política o para determinar el contenido y alcance de un
derecho fundamental; ii) que la controversia no se limita a una discusión meramente
legal, como la correcta interpretación o aplicación de una norma de rango legal o
reglamentario —salvo que se explique con suficiencia el por qué la interpretación o
aplicación de una norma legal afectó garantías constitucionales—,6 o de contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general —salvo
que se comprometa algún derecho fundamental—,7 y iii) que existe justificación
4 La cual puede consultarse, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022.
5 Todo derecho fundamental tiene facetas constitucionales, legales y reglamentarias. Los debates
acerca de las facetas legales y reglamentarias de los derechos carecen, por tanto, de la relevancia
constitucional necesaria para habilitar la excepcional intervención del juez de tutela en aras de
controlar las decisiones proferidas en los procesos de las jurisdicciones diferentes de la constitucional.
6 No significa que en todos los casos en los que se cuestione la definición y aplicación judicial de
normas de rango legal se incumple el requisito de relevancia constitucional […] en la labor judicial la
indebida aplicación de normas de rango legal puede derivar en una violación de derechos
fundamentales. Justamente esa situación es la que sustenta la existencia, caracterización y definición
del defecto sustantivo. En todo caso, la relevancia constitucional exige que el accionante vincule la
discusión legal con la violación de una garantía fundamental o, en otros términos, que explique con
suficiencia el por qué la interpretación o aplicación de una norma de rango legal afectó garantías
constitucionales. SU-215 de 2022.
7 Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de
naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales y las sentencias de anulación; (iv) procesos ejecutivos, entre
otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a
obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios. SU-215 de 2022.
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razonable de una afectación grave y/o desproporcionada de derechos
fundamentales, producto de una actuación arbitraria.8
Ello, en aras de procurar «i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y iv) la prevención del uso indebido
de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal o con un marcado contenido económico».9
En el caso, la discusión planteada en torno a la imposición de la condena en costas
es una controversia de tipo legal, relacionada con la interpretación y consecuente
aplicación de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP; y en tal sentido, al
involucrarse el juez de tutela en el asunto estaría permitiendo que el mecanismo de
amparo se convirtiera en una instancia o recurso adicional, en tanto entraría a
discernir asuntos de mera legalidad como si se tratara del juez natural de la causa, lo
cual desnaturaliza la vía de amparo.
Además, lo puesto en discusión en la acción de tutela no involucra de manera
esencial la afectación de derechos fundamentales, toda vez que el pago de una
condena por costas judiciales versa —en estricto sentido— en reconocimientos que
sin lugar a equívocos quedan envueltos en conceptos exclusivamente de carácter
económico, con connotaciones particulares.
Visto lo anterior, es evidente por la Sala que en el caso no está demostrada la
relevancia constitucional del presente asunto, en tanto el apoderado de los
accionantes no propuso una discusión alrededor de las garantías superiores de la
carta política de 1991, sino una controversia de tipo legal y, además, de contenido
estrictamente económico, y en tal sentido, corresponde el rechazo de la acción.
3. Conclusión
8 Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
9 Sentencia SU-573 de 2019.
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Con los anteriores argumentos, la Sala rechazará por improcedente la acción de
tutela, al no cumplir con el requisito de procedibilidad de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor
Luis Hernando Serquera López en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta, de acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
YASM
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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