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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03574-01

Fecha
10 de octubre de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03574-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 22 de agosto de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente la acción de tutela, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03574-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

10 de octubre de 2024

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03574-01
Demandante: Luis Carlos Gómez Gómez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03574-01
Demandante: Luis Carlos Gómez Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial. Incumplimiento de requisito de
procedibilidad. Subsidiariedad de la acción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por el accionante en contra de la sentencia
del 22 de agosto de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que
declaró improcedente la acción de tutela.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Luis Carlos Gómez Gómez, por intermedio de apoderado, promovió demanda
en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, en conexidad con el principio de gratuidad.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos parciales la
sentencia del 19 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03574-01
Demandante: Luis Carlos Gómez Gómez

Sala Sexta de Decisión, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 05001-33-33-024-2023-00018-01 y, en su lugar, que se ordene al Tribunal
emitir una nueva decisión, en la que se revoque la condene en costas impuesta en
primera instancia.

1.1.2. Los hechos

La apoderada del accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) El señor Luis Carlos Gómez Gómez presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de la Nación-Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y la Alcaldía de Medellín con el fin
de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto mediante el cual se negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990.

ii) La demanda tuvo como fundamento jurisprudencial las sentencias de unificación de
la Corte Constitucional SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, como
diferentes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, en sus subsecciones,1
en las que en aplicación de los principios de igualdad e in dubio pro operario se señaló
que no se debía excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990,
pues al tener también el carácter de servidores públicos eran igualmente beneficiarios
de la sanción moratoria.

1 Sobre el particular, revisar las sentencias del 24 de enero de 2019, expediente 76001-23-31-000-2009-

00867-01, del 29 de julio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-03499-01 y del 6 de agosto de
2020, expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01, del 2 de diciembre de 2019, expediente 08001-23-
33-000-2014-00173-01; del 10 de junio de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00208-01; del 22
de octubre de 2020, expediente 08001-23-31-000-2014-00254-01; 12 de noviembre de 2020,
expediente 08001-23-33-000-2014-00132-01; 17 de junio de 2021, expedientes 08001-23-31-000-2014-
00815-01 y 08001-23-33-000-2015-00331-01; 4 de noviembre de 2021, expediente 19001-23-33-000-
2015-00445-02; 11 de noviembre de 2021, expedientes 08001-23-40-000-2015-90008-01 y 08001-23-
40-000-2014-90022-01; 25 de noviembre de 2021, expedientes 08001-23-33-000-2014-01127-01 y
40001-23-40-000-2017-00134-01; 20 de enero de 2022, expediente 08001-23-33-000-2017-00931- 01;
3 de marzo de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-00075-01; 28 de abril de 2022, expediente
76001-23-33-000-2013-00756-01; 9 de mayo de 2022, expediente 08001-23-40-000-2017-00795-01; 19
de mayo de 2022, expediente 47001-23-33-000-2019-00359-01; 1.° de julio de 2022, expediente 47001-
23-33-000-2019-00376-01; 22 de agosto de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-00509-01; 22 de
septiembre de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-90124-01, 19 de enero de 2023, expediente
76001-23-31-000-2012-00212-02 y 26 de enero de 2023, expediente 47001-23-33-000-2018-00231-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03574-01
Demandante: Luis Carlos Gómez Gómez

iii) El 12 de septiembre de 2023, el Juzgado 24 Administrativo Oral de Medellín negó
las pretensiones de la demanda y condenó en costas de primera instancia a la parte
demandante, fijando como agencias en derecho la suma equivalente a un 1 SMLMV.

iv) El 11 de octubre de 2023, mediante sentencia SUJ-032-CE-S2-2023, el Consejo de
Estado, Sala Plena, en el expediente 5746-2022, emitió sentencia de unificación en
materia de reconocimiento, a docentes oficiales, de la sanción por mora en el pago de
sus cesantías.

v) El 19 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Decisión, confirmó la decisión de primera instancia y no condenó en costas de segunda
instancia, en aplicación de lo resuelto en la sentencia de unificación.

vi) Comoquiera que para la fecha de presentación de la demanda y de notificación del
fallo de primera instancia no existía un criterio definido en torno al reconocimiento de
la sanción moratoria a docentes oficiales, actúo bajo el principio de buena fe y
confianza legítima.

1.1.3. Los defectos invocados

La apoderada del accionante alega que el Tribunal incurrió en los siguientes vicios o
defectos:

i) El juez colegiado no realizó un análisis de ponderación subjetiva de la conducta
procesal asumida por las partes, previa confirmación de la condena en costas
impuesta en primera instancia, a fin de dar paso a una aplicación razonable de la
norma, esto es, valorando si en el caso existieron acciones temerarias y/o dilatorias
que obstruyeran o dificultaran el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento, según lo señalado en el artículo 79 del CGP, y si en el expediente
aparecía probada su causación.

ii) Asimismo, dejó de valorar lo resuelto en la sentencia de unificación en la que no se
condenó en costas a la parte demandante, pese a que la decisión le fue desfavorable.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03574-01
Demandante: Luis Carlos Gómez Gómez

Sobre el particular, puede consultarse la sentencia de tutela del 23 de enero de 2020,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, dentro del
proceso 11001-03-15-000-2019-04677-00.

iii) Comoquiera que el artículo 188 del CPACA no impuso una obligación perentoria de
imponer condena en costas y agencias en derecho, pues la obligación que de allí se
desprende es la de emitir un pronunciamiento al respecto, resulta válido prescindir de
su imposición, conforme a la valoración del discurrir del debate procesal.

iv) Además, ha sido una posición unánime del Consejo de Estado que en materias en
las que se debaten derechos laborales se debe atender la posición de los sujetos
procesales y, en el caso, se trata de un docente adscrito al magisterio —parte débil
dentro de la relación laboral entre el Estado y el servidor público— que lo único que
pretendió fue una mejora de sus condiciones laborales, actuando siempre con la
confianza legítima de que se iban a acoger sus pretensiones.

v) En tal sentido, se tiene que el operador judicial debió revocar la condena en costas
impuesta en primera instancia, sustentado en que no se evidenció que la parte vencida
actuase con temeridad o mala fe y, porque tampoco aparecían probados gastos
judiciales sufragados por la entidad demandada, por tratarse de un asunto de pleno
derecho. Sobre el asunto pueden verse las sentencias del 16 de abril de 2015, radicado
25000-23-24-000-2012-00446-01, y del 5 de abril de 2018, expediente 76001-23-33-
000-2012-00430-01 (21873).

1.2. Actuación procesal

Mediante auto del 12 de julio de 2024, la consejera Myriam Stella Gutiérrez Arguello
admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar al Tribunal
Administrativo de Antioquia, en calidad de demandados, y al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y al Distrito de Medellín, como terceros
interesados en las resultas del proceso, para que, dentro de los dos días siguientes a
la notificación de la providencia, ejercieran su derecho de defensa, si a bien lo tenían;
requirió al Tribunal Administrativo de Antioquia y al Juzgado 24 Administrativo de

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03574-01
Demandante: Luis Carlos Gómez Gómez

Medellín para que remitieran, en medio digital, copia del expediente del proceso con
radicado 05001-33-33-024-2023 00018-00 [01]; tuvo como pruebas, con el valor que
les asigna la ley, los documentos aportados con la demanda; y reconoció a la
abogada, doctora Diana Carolina Álzate Quintero, como apoderada judicial de la parte
demandante, en los términos del poder conferido.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia. La magistrada Vannesa Alejandra
Pérez Rosales manifestó acatar la decisión que adopte en tutela. En todo caso, señaló
que lo referente a la condena en costas impuesta en primera instancia no fue motivo
de inconformidad en el recurso de apelación, por lo que, teniendo en cuenta los
artículos 320 y 328 del CGP, no fue un asunto objeto de análisis en la sentencia de
segunda instancia y, asimismo, que la tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, pues se emplea como una instancia adicional improcedente.

1.3.2. El Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral de Medellín. La secretaria del
despacho, Sandra Tatiana Palacios Tapia, remitió el enlace para consulta del
expediente requerido.

1.3.3. La Alcaldía de Medellín. La apoderada, Laura Ramírez Sierra, solicitó negar
las pretensiones de la demanda. Señaló que la acción de tutela carece de relevancia
constitucional por tratarse de un asunto meramente legal y económico, como lo son
las costas procesales. Explicó que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 dispuso que
en la sentencia deberá decidirse sobre la condena en costas, a menos que se trate de
un asunto de interés público. Indicó que la adición que introdujo la Ley 2080 de 2021,
consistente en determinar si la demanda se presentó con manifiesta carencia de
fundamento legal, constituye una excepción para los casos en los cuales no aplica la
condena en costas, es decir, aquellos en los que se ventila un interés público. En otras
palabras, que la mencionada adición «no se trata de un requisito sine qua non para la
condena en costas, sino que esta es una excepción a la excepción prevista en el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011». Sostuvo que en el caso no hay lugar a aplicar la
excepción contemplada en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, pues no se trata de

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Demandante: Luis Carlos Gómez Gómez

un proceso en el cual se ventila un interés público. Por lo tanto, para la condena en
costas no era necesario establecer si la demanda carecía de fundamento legal.

1.3.4. La Fiduprevisora S. A., en calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. Por intermedio de la coordinadora de tutelas Aidee Johanna Galindo
solicitó su desvinculación del trámite de tutela y/o la declaratoria de improcedencia de
la acción de tutela. Sostuvo que la entidad carece de legitimación en la causa por
pasiva debido a que no tiene competencia para expedir, modificar o revocar sentencias
o autos judiciales, y manifestó que la parte actora no argumentó en qué causales de
las previstas por la jurisprudencia incurrió la autoridad judicial, pero que, en todo caso,
no existió vulneración a los derechos fundamentales, especialmente, del debido
proceso, pues la actuación fue adelantada en debida forma y atendiendo los
procedimientos legales pertinentes. Agregó que las autoridades judiciales actuaron
conforme a la normativa establecida y a los precedentes aplicables en la materia.

1.4. Sentencia impugnada

Mediante sentencia del 22 de agosto de 2024, el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
declaró improcedente la acción de tutela, en atención a los siguientes considerandos:

i) La inconformidad sobre la condena en costas no fue planteada por el tutelante en el
curso del medio de control, pese a que nada le impidió hacerlo en el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia desfavorable de primera instancia. La
totalidad de dicho recurso versó sobre la procedencia de la sanción moratoria para
docentes y se guardó silencio respecto a la condena en costas impuesta.

ii) Lo anterior denota que el accionante está empleando la tutela para adicionar los
argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de la causa y que, por tanto, no se
satisface el requisito de relevancia constitucional. El objeto de la procedencia de la
tutela contra providencias judiciales no es el de insistir en las inconformidades ya
resueltas en el proceso ordinario ni el de adicionar o completar los argumentos que
debieron exponerse ante el juez de la causa, a fin de convencerlo de la causa

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defendida. Debe existir una coherencia lógica de los planteamientos de las partes en
relación con los asuntos puestos a consideración del juez natural y la supuesta
vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido.

1.5. Impugnación

La apoderada de la accionante impugnó la sentencia de primera instancia en orden a
que se revoque y, en su lugar, se protejan los derechos deprecados. Para dichos
efectos, argumentó lo siguiente:

i) Es de tener en cuenta en el asunto que antes de ser proferida la sentencia de
unificación, el Consejo de Estado reconocía la sanción moratoria prevista el numeral 3
del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, a los docentes oficiales de manera genérica, es
decir, indistintamente si se encontraban afiliados o no al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, ya que los únicos principios que se tomaron en
cuenta para efectos del reconocimiento eran los de favorabilidad e igualdad, teniendo
en cuenta que los docentes oficiales ostentaban la calidad de servidores públicos.

ii) Ahora bien, en el caso, por tratarse este de un asunto de puro derecho, no aparecen
probados gastos judiciales sufragados por la entidad demandada ni tampoco la
existencia de temeridad o mala fe. Además, el artículo 188 del CPACA no impuso una
obligación perentoria de imponer condena en costas y agencias en derecho, ya que la
obligación que de allí se desprende es la de emitir un pronunciamiento al respecto, de
manera que, conforme a la valoración del discurrir del debate procesal, resulta válido
prescindir de la imposición de la condena en costas acorde con los derechos
fundamentales establecidos en la carta política en la que prevalece el acceso a la
administración de justicia.

iii) Adicionalmente, ha sido una posición unánime del Consejo de Estado que en
materias en las que se debaten derechos laborales se tiene que atender la posición de
los sujetos procesales, que para el caso bajo examen se trata de un docente adscrito
al magisterio, parte débil dentro de la relación laboral entre el Estado y el servidor

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público, que lo único que pretendió fue una mejora de sus condiciones laborales,
actuando siempre con la confianza legítima.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de
tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento
en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional
accionada», en concordancia con los artículos 86 Constitucional y 25 del Acuerdo 080
de 2019, según el cual «[l]as tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado
en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre
todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas
por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente
acción de tutela.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir la sentencia del 19 de junio de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión. En caso
afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida
providencia se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el accionante.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

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La jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,3 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que

2 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

Del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 05001-
33-33-024-202-00018-00, la Sala establece lo siguiente:

i) En el año 2023, el señor Luis Carlos Gómez Gómez presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
y la Alcaldía de Medellín, con el fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo ficto mediante el cual se negó la sanción moratoria por consignación
tardía de las cesantías.

ii) El 12 de septiembre de 2023, el Juzgado 24 Administrativo Oral de Medellín negó
las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante, fijando
como agencias en derecho la suma de un salario mínimo mensual legal vigente.

iii) El 19 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Decisión, confirmó la sentencia de primera instancia y no condenó en costas de
segunda instancia.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

Se controvierte en el caso la decisión del Tribunal en cuanto confirmó lo relacionado
con la condena en costas impuesta por el juez de primera instancia sin que realizara
un análisis de ponderación subjetiva de la conducta procesal asumida por las partes,
esto es, si existieron acciones temerarias y/o dilatorias que obstruyeran o dificultaran
el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento, según lo señalado en el
artículo 79 del CGP; y sin que tuviera en cuenta que en el proceso no aparecían
probados los gastos judiciales sufragados por la entidad demandada, por tratarse de
un asunto de pleno derecho. A más de que dejó de valorar lo resuelto en la sentencia

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de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, proferida por el Consejo
de Estado, Sala Plena, en el expediente 5746-2022, en la que no se condenó en costas
a la parte demandante, pese a que la decisión le fue desfavorable.

Pues bien, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que la acción
de tutela contra providencia judicial no cumple con el requisito de subsidiariedad
cuando se verifica i) que el proceso está en trámite, ii) que no se han agotado los
medios de defensa judiciales ordinarios y extraordinarios, iii) que se utiliza como
un instrumento para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los
recursos previstos en el ordenamiento jurídico, y iv) que el asunto que dio lugar al
defecto no fue previamente alegado.4

En el caso, se advierte que lo cuestionado en tutela no fue planteado en el recurso de
apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, pese a ser la
oportunidad procesal pertinente para ello, y en tal sentido, lo que se aprecia es que lo
pretendido por la apoderada del accionante es revivir oportunidades procesales
dejadas de utilizar en el medio judicial ordinario, convirtiendo la sede constitucional en
una instancia adicional para debatir el asunto.

Y si bien se señala como argumento para pretermitir tal omisión que para la fecha en
que se presentó la demanda y de notificación del fallo de primera instancia aún no se
había proferido la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de
2023, por parte del Consejo de Estado, Sala Plena —en la que se definió el criterio en
torno al reconocimiento de la sanción moratoria a docentes oficiales y, con fundamento
en lo allí resuelto, no se condenó en costas a la parte demandante pese a que la
decisión le fue desfavorable—, no lo es menos que el juez de la segunda instancia
está sujeto a los reparos expuestos en el recurso de alzada, según lo dispuesto en el
artículo 320 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306 de CPACA, y en tal
sentido, al no haber sido la condena en costas de primera instancia un asunto sometido
a consideración, no le estaba permitido al ad quem pronunciarse sobre el particular.

4 Ver entre otras, la sentencia SU-062 de 2018.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03574-01
Demandante: Luis Carlos Gómez Gómez

La Sala no puede validar el hecho de que ante la desidia de quien pudo acudir a los
mecanismos ordinarios de defensa y no lo hizo se estudie la causa petendi, so pretexto
de la vulneración de derechos ius fundamentales, porque la acción de tutela fue
concebida constitucionalmente como un mecanismo preferente y sumario de
protección en el evento de no contarse con otro medio de defensa judicial.
Consiguientemente, no se evidencia que se cumpla con alguno de los criterios
establecidos en la jurisprudencia para que se configure un perjuicio irremediable,5 que
pretermita la subsidiariedad de la acción y, por contera, dé vía libre para analizar la
providencia enjuiciada.

Por tanto, lo que corresponde en el asunto es preservar y dar estricto cumplimiento al
carácter subsidiario de la acción de tutela, pues de no ser así: i) se asumiría la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo, ii) se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, iii) se concentrarían en
la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ella y iv) se propiciaría
un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de la jurisdicción
constitucional.6

Así las cosas, se encuentra que la presente acción de tutela no supera el examen de
subsidiariedad requerido, en tanto los alegatos de la parte actora lo que avizoran es
que se utiliza el mecanismo de amparo como una instancia adicional para plantear un
debate que no fue propuesto en el medio judicial ordinario y que, por contera, no le
corresponde definir al juez constitucional.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela, al no cumplir con el requisito de
procedibilidad relacionado con la subsidiariedad de la acción.

5 Los requisitos establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional

para que proceda la tutela como mecanismo judicial para evitar un perjuicio irremediable son: su
inminencia, su urgencia, su gravedad y su impostergabilidad.
6 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03574-01
Demandante: Luis Carlos Gómez Gómez

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 22 de agosto de 2024, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente la acción de tutela, de acuerdo
con lo expuesto en este proveído.

Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

ANGH

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