Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-03575-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-03575-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-03575-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
7 de noviembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03575-01
Demandante: Alejandro Mario Palacio Valencia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03575-01
Demandante: ALEJANDRO MARIO PALACIO VALENCIA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA, Y OTRO
Tema: Acción de tutela contra providencias dictadas en procesos de
reparación directa y en el trámite de incidente de desacato.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia del 8
de agosto de 2024, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, dispuso:
Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Alejandro Mario Palacio Valencia en la
solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Quinta y el Tribunal Administrativo
del Magdalena, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 10 de julio de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
el señor Alejandro Mario Palacio Valencia pidió la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta
con ocasión de la sentencia del 28 de febrero de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo del Magdalena en el proceso de reparación directa 47001-33-33-001-
2013-00558-00/01 y del auto del 14 de mayo de 2024, dictado por el Consejo de Estado,
Sección Quinta que resolvió el incidente de desacato 11001-03-15-000-2023-04295-02.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Se ampare el derecho al acceso a la administración de Justicia del Accionante, debido proceso y
demás derechos conculcados, dejando sin efecto ni valor jurídico la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena en el proceso con Rad No. 47-001-3333-001-2013-00588-01, en
aparente cumplimiento a lo ordenado en sentencia de tutela de Rad. 11001-03-15-000-2023-04295-
00 del Consejo de Estado, por incurrir en vías de hecho por defectos sustantivos y procedimentales,
según lo esbozado en la parte fáctica y jurídica del presente escrito.
1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2024-03575-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03575-01
Demandante: Alejandro Mario Palacio Valencia
2. Dejar sin efecto ni valor jurídico el Auto de fecha del 14 de mayo de 2024 con ponencia de la
Magistrada Gloria María Gómez Montoya del Consejo de Estado, al interior de la Acción de Tutela con
Rad No. 11001-03-15-000-2023-04295-02, a través del que se negó apertura del incidente de
desacato al Tribunal Accionado, a pesar de que no se cumplió de manera efectiva con el amparo
ordenado por la sentencia de tutela de segunda instancia en aquel trámite de tutela.
3. En su lugar, se ordene al Tribunal Administrativo del Magdalena que profiera sentencia de
reemplazo en segunda instancia al interior Demanda en ejercicio del Medio de Control de Reparación
Directa con Rad No. 47-001- 3333-001-2013-00588-01, valorando de manera objetiva el material del
acervo probatorio con el que se demuestra la actuación dolosa de las demandadas en el trámite del
proceso electoral censurado como se corrobora con el Expediente obrante del Proceso de Nulidad
Electoral, y que se declare la responsabilidad administrativa de la Organización Electoral por los
perjuicios irrogados al Señor Alejandro Palacio Valencia con ocasión a los hechos fraudulentos que
tuvieron lugar en las elecciones para el concejo distrital de santa marta en el año 2003 y que impidieron
su posesión para el periodo 2004 – 2007, en violación al principio de oportunidad y violando su derecho
fundamental a ser elegido para cargo de elección popular, y consecuencialmente, se ordene las
reparaciones patrimoniales y extrapatrimoniales al demandante, aquí accionante, y su núcleo familiar
por el daño padecido.
4. De manera subsidiaria, se ordene al Tribunal del Magdalena que confirme la sentencia en primera
instancia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión.
3. Hechos
Del expediente y de la información que reposa en el aplicativo Samai, la Sala destaca
los siguientes hechos relevantes:
Proceso de nulidad electoral 47001-23-31-000-2004-02331-00/01
El 26 de octubre de 2003 el tutelante participó como candidato en las elecciones de
concejales de Santa Marta, pero no alcanzó el número de votos requerido para ser
electo.
Los actos administrativos que declararon electos a los cabildantes en ese ente territorial
fueron demandados por el señor José Gregorio Collante y otros a través de la acción
de nulidad electoral 47001-23-31-000-2004-02331-00/01, en la que pidieron anular esas
decisiones administrativas y ordenar que se realizara un nuevo escrutinio, toda vez que
se recibieron sufragios «de manera extemporánea» y se presentaron irregularidades en
el diligenciamiento de los documentos electorales.
El 11 de enero de 2005, el Tribunal Administrativo del Magdalena accedió a las
precitadas pretensiones, al considerar que al momento de contabilizar los votos y
diligenciar los correspondientes formularios hubo anomalías en varias mesas de
votación, por lo que debieron ser excluidas al momento del conteo y ello no ocurrió,
anomalía por la que ordenó efectuar un nuevo escrutinio.
Contra la anterior decisión judicial, los cabildantes interpusieron recursos de apelación,
con el argumento de que no ocurrieron irregularidades graves que justificaran la
anulación de su elección.
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 17 de noviembre de 2005
confirmó parcialmente2 la decisión de primera instancia, pues encontró probado que las
mesas escrutadoras modificaron oficiosamente los registros obtenidos y algunos de
ellos no fueron firmados por los jurados de votación.
En cumplimiento de las precitadas sentencias, se realizó un nuevo conteo de los votos
2 Señaló que no debían excluirse mesas de votación en el nuevo escrutinio.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03575-01
Demandante: Alejandro Mario Palacio Valencia
en el que el señor Alejandro Mario Palacio Valencia alcanzó el número requerido para
ser concejal de Santa Marta, por lo que fue designado como tal el 2 de febrero de 2006.
Proceso de reparación directa 47001-33-33-001-2013-00558-00/01
El 24 de enero de 2008 el señor Alejandro Mario Palacio Valencia promovió demanda
de reparación directa contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional
del Estado Civil (a la que en el 2013 se le asignó el número de radicación 47001-33-33-
001-2013-00558-00/013), con el propósito de que se les declarara administrativamente
responsables de los perjuicios que le produjo no poder desempeñarse como concejal
de Santa Marta desde el 1º de enero de 2004, pues solo ocupó esa dignidad desde el
2 de febrero de 2006.
Mediante sentencia del 30 de mayo de 2014, el Juzgado Primero Administrativo de
Santa Marta accedió a las anteriores pretensiones, al considerar que las irregularidades
en la contabilización de los votos le impidieron al accionante ser concejal durante todo
el período constitucional, lo que involucraba un daño antijurídico que no estaba en la
obligación de soportar y que, por ende, comprometía la responsabilidad extracontractual
del Estado.
La parte actora y la Registraduría Nacional del Estado Civil apelaron. El demandante
adujo que el monto de la indemnización debió ser mayor y el ente estatal señaló que en
las providencias que decidieron la acción de nulidad electoral 47001-23-31-000-2024-
02331/01 no se indicó que las irregularidades en el conteo de votos fueren atribuibles a
la administración, lo que impedía imputarle los perjuicios.
Por sentencia del 26 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó
el fallo de primera instancia, para en su lugar, declarar probada la excepción de
caducidad porque la demanda no se promovió dentro de los 2 años siguientes a la
ejecutoria del fallo que decidió en segunda instancia el proceso de nulidad electoral
47001-23-31-000-2024-02331/01, pues ese pronunciamiento quedó en firme el 5 de
diciembre de 2005 y aquella se promovió hasta el 24 de enero de 2008.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04295-00/01
Contra la decisión que declaró la caducidad de la acción en el proceso de reparación
directa, el señor Alejandro Mario Palacio Valencia promovió acción de tutela 11001-03-
15-000-2023-04295-00/01 bajo el argumento de que la providencia adolecía de defecto
sustantivo pues aplicó de manera indebida la norma que regula la caducidad de la
acción de reparación directa.
El asunto fue decidido por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que por sentencia del
26 de octubre de 2023, amparó el derecho fundamental al debido proceso del actor y
ordenó dejar sin efectos la providencia atacada para que el Tribunal Administrativo del
Magdalena dictara un nuevo fallo, en el que contabilizara los 2 años de que trata el
artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (CCA) desde la fecha del segundo
escrutinio, porque fue allí donde surgió la prerrogativa del demandante de
desempeñarse como concejal.
3 Radicado que se le otorgó cuando el expediente arribó a los juzgados administrativos de Santa Marta, proveniente
del Tribunal Administrativo del Magdalena, que se declaró carente de competencia para conocerlo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03575-01
Demandante: Alejandro Mario Palacio Valencia
La anterior providencia fue impugnada por el Tribunal Administrativo del Magdalena al
estimar que la posibilidad de que el actor fuera cabildante se originó con la sentencia
de segunda instancia emitida en el proceso de nulidad electoral 47001-23-31-000-2024-
02331/01. Sin embargo, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
mediante sentencia del 13 de diciembre de 2023, la confirmó con fundamento en las
mismas consideraciones expuestas por el a quo.
En cumplimiento de las órdenes de tutela, el 28 de febrero de 2024 el Tribunal
Administrativo del Magdalena dictó sentencia de reemplazo con la que revocó la
decisión de primera instancia dictada en el proceso de reparación directa y, en su lugar,
denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que el tutelante tenía una mera
expectativa de ser concejal de Santa Marta en las elecciones celebradas el 26 de
octubre de 2003 y no un derecho adquirido, el cual solo surgió con los segundos
escrutinios, por tanto, el hecho de que no hubiere podido fungir como cabildante desde
el 1º de enero de 2004 no comportaba un daño antijurídico pasible de resarcimiento.
Incidente de desacato 11001-03-15-000-2023-04295-02
El actor promovió incidente de desacato contra el Tribunal Administrativo del
Magdalena, con el argumento de que en la sentencia del 28 de febrero de 2024 no se
dio cumplimiento a las providencias que desataron la acción de tutela 11001-03-15-000-
2023-04295-00/01 porque en virtud de ellas debió accederse a las pretensiones de la
demanda de reparación directa 47001-33-33-001-2013-00558-00/01.
Del trámite incidental conoció el Consejo de Estado, Sección Quinta, que el 14 de mayo
de 2024 se abstuvo de abrirlo y ordenó archivarlo, en razón a que en los fallos de tutela
de 26 de octubre y 13 de diciembre de 2023 no se ordenó que el mencionado proceso
debiera decidirse de determinada manera, sino que se limitó a indicar que no se
configuraba el fenómeno de la caducidad, en consecuencia, no se evidenciaba
desatención alguna por parte del Tribunal Administrativo del Magdalena.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte demandante adujo que la sentencia censurada incurre en los siguientes
defectos:
Defectos procedimental y sustantivo por cuanto no advirtió que sí ocurrió un daño
antijurídico atribuible al Estado en los hechos debatidos en el proceso de reparación
directa 47001-33-33-001-2013-00558-00/01, tal como se concluyó en los fallos a través
de los cuales el Consejo de Estado decidió en primera y segunda instancia la acción de
tutela 11001-03-15-000-2023-04295-00/01, ya que le asistía la prerrogativa de
desempeñarse como concejal de Santa Marta desde el 1º de enero de 2004 y ello no
aconteció por cuestiones atribuibles a las autoridades electorales, lo que comportaba
una pérdida de oportunidad.
Frente al auto del 14 de mayo de 2024, con el que el Consejo de Estado, Sección Quinta,
se abstuvo de abrir el incidente de desacato 11001-03-15-000-2023-04295-02, el actor
adujo que «contrar[í]a la constitución Colombiana», por cuanto no advirtió que los fallos de
tutela emitidos el 26 de octubre y 13 de diciembre de 2023 no fueron acatados por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, pues a pesar de que en ellos se estableció que
sufrió un daño antijurídico porque debió desempeñarse como cabildante desde el 1º de
enero de 2004, la autoridad accionada concluyó que no aconteció perjuicio alguno.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03575-01
Demandante: Alejandro Mario Palacio Valencia
5. Intervenciones
El Consejo Nacional Electoral pidió que se declarara improcedente la solicitud de
amparo por no cumplir el requisito general de subsidiariedad. Dijo que el actor contaba
con el recurso extraordinario de revisión para cuestionar el fallo aquí censurado.
Que carecía de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la presunta vulneración
de los derechos fundamentales invocados solo le es atribuible a pronunciamientos
judiciales que no profirió.
La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó que se declarara la falta de
legitimación en la causa por pasiva porque las pretensiones del accionante no estaban
relacionadas con las funciones que le otorga el ordenamiento jurídico. Que no tenía la
potestad de adoptar decisiones jurisdiccionales, como lo es la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado en procesos de reparación directa.
Que el actor emplea la tutela de la referencia como una instancia adicional al proceso
de reparación directa 47001-33-33-001-2013-00558-00/01, ya que pretende reabrir una
discusión decidida por la autoridad judicial competente, lo que trasgredía la naturaleza
excepcional del mecanismo constitucional.
El Tribunal Administrativo del Magdalena y el Consejo de Estado, Sección Quinta,
guardaron silencio, pese a que se les notificó el auto admisorio de la tutela.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 8 de
agosto de 2024, denegó el amparo de los derechos fundamentales del accionante, al
considerar que en la sentencia cuestionada se hizo una interpretación razonable de las
pruebas que reposaban en el proceso de reparación directa 47001-33-33-001-2013-00558-
00/01 y de las normas que regulaban la controversia, lo que impedía atribuirle a dicha
providencia los defectos sustantivo y procedimental invocados, máxime cuando durante la
contienda electoral el actor solo tenía una expectativa de ser concejal de Santa Marta.
Que el auto del 14 de mayo de 2024, dictado por el Consejo de Estado, Sección Quinta,
que se abstuvo de abrir el incidente de desacato 11001-03-15-000-2023-04295-02, se
ajustaba el ordenamiento jurídico, pues la sentencia de reemplazo dictada por el
Tribunal Administrativo del Magdalena dio cumplimiento a las sentencias que decidieron
la tutela 11001-03-15-000-2023-04295-00/01, en las cuales, contrario a lo aseverado
por el accionante, no se indicó que el Estado comprometió su responsabilidad en los
hechos debatidos en el expediente 47001-33-33-001-2013-00558-00/01, sino que se
limitaron a indicar que no aconteció el fenómeno de la caducidad.
7. Impugnación
El demandante impugnó el fallo de primera instancia. Argumentó que las falencias
acontecidas durante el conteo de votos en las elecciones del 26 de octubre de 2003
configuraban un daño antijurídico que comprometía la responsabilidad extracontractual del
Estado, situación por la que la autoridad accionada debió acceder a las pretensiones de la
demanda de reparación directa 47001-33-33-001-2013-00558-00/01.
Que no tenía una mera expectativa de desempeñarse como concejal de San Marta, sino
que la voluntad popular le otorgó el derecho de desempeñarse como tal desde el 1º de
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Demandante: Alejandro Mario Palacio Valencia
enero de 2004, pero como ello no aconteció, debió indemnizarse la pérdida de la
oportunidad.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación, se debe
confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia, mediante la cual el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, denegó las pretensiones
formuladas en la acción de tutela de la referencia, al estimar que el fallo censurado no
incurría en defectos sustantivo y procedimental.
La Sala se limitará a estudiar la sentencia censurada, comoquiera que en la impugnación
que se decide el demandante no formuló reproche alguno contra el auto del 14 de mayo
de 2024, dictado por el Consejo de Estado, Sección Quinta, dentro del incidente de
desacato 11001-03-15-000-2023-04295-02.
Siendo así, confirmará el fallo impugnado toda vez que la sentencia cuestionada no
adolece de las causales específicas de procedibilidad que el tutelante le atribuyó.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra decisiones judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.
2. De la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando
se han superado los requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por Alejandro Mario
Palacio Valencia cumple los requisitos generales de procedencia contra providencia
judicial, en relación con el fallo censurado.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que de
encontrarse demostrados los defectos alegados por la parte actora se estaría afectando
el derecho fundamental a la reparación integral, que constituye una « obligación del
Estado, cuya finalidad es devolver a la víctima al estado en el que se encontraba con
anterioridad al hecho que originó tal condición»4, el cual se materializa, entre otras formas,
mediante el reconocimiento de una indemnización acorde con los daños sufridos.
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez, porque de acuerdo
con la verificación del expediente de reparación directa 47001-33-33-001-2013-00558-
4 Corte Constitucional, sentencia T-083 de 2017, M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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00/01, el respectivo edicto se fijó el 20 de marzo de 2024 y la tutela fue presentada el
10 de julio siguiente (3 meses y 20 días), es decir, cuando no habían transcurrido los 6
meses jurisprudencialmente reconocidos como el lapso adecuado para formular la
acción de tutela contra determinaciones judiciales.
Asimismo, el demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, dado que promovió el medio de control de reparación directa y el fallo
cuestionado se emitió en segunda instancia, por ende, contra este no procedía recurso
ordinario alguno.
Ahora bien, aunque el Consejo Nacional Electoral señaló en la contestación de la tutela
que esta no cumple el requisito general de subsidiaridad, porque el actor contaba con
el recurso extraordinario de revisión para controvertir la sentencia censurada, lo cierto
es que los cargos formulados no configuran alguna de las causales de dicho recurso
previstas en el artículo 250 del CPACA.
También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto
es, expuso de manera clara en qué consistía la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, el actor ataca una
sentencia dictada en un proceso de reparación directa.
4. Análisis del caso concreto
El accionante aduce que la sentencia con la que el Tribunal Administrativo del
Magdalena decidió en segunda instancia la demanda de reparación directa 47001-33-
33-001-2013-00558-00/01, incurre en defectos procedimental y sustantivo, por cuanto
no tuvo en cuenta que padeció un daño antijurídico pasible de indemnización por no
desempeñarse como concejal de Santa Marta desde el 1º de enero de 2004, tal como,
a su juicio, se concluyó en los fallos del Consejo de Estado que decidieron en primera y
segunda instancia la acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04295-00/01.
Al analizar las pruebas que reposan en el expediente, la Sala evidencia que el actor
promovió demanda de reparación directa con la finalidad de que se declararan
administrativamente responsable al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, por no haberse posesionado el 1º de enero de 2004 como
concejal de Santa Marta, dadas las irregularidades acontecidas en el conteo de votos
durante la contienda electoral del 26 de octubre de 2003 y que conllevaron a que se
anularan las designaciones en el proceso de nulidad electoral 47001-23-31-000-2004-
02331-00/01 y se ordenara efectuar un nuevo escrutinio.
En la demanda de reparación directa, el tutelante afirmó que debía indemnizársele los
perjuicios que sufrió por no haberse desempeñado como concejal desde el 1º de enero
de 2004, lo cual aconteció por anomalías atribuibles a las autoridades electorales.
El 26 de abril de 2023 el Tribunal Administrativo del Magdalena declaró en segunda
instancia la excepción de caducidad, dado que la demanda se promovió más de 2 años
después de la ejecutoria del fallo que decidió la demanda de nulidad electoral 47001-
23-31-000-2004-02331-00/01, decisión que el 26 de octubre de 2023 dejó sin efectos el
Consejo de Estado, Sección Quinta, dentro de la acción de tutela 11001-03-15-000-
2023-04295-00/01, por cuanto no había acaecido ese fenómeno procesal,
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03575-01
Demandante: Alejandro Mario Palacio Valencia
determinación confirmada el 13 de diciembre siguiente por esta Corporación, Sección
Tercera, Subsección A.
En cumplimiento de los mencionados fallos de tutela, el 28 de febrero de 2024 el
Tribunal Administrativo del Magdalena emitió sentencia de reemplazo, en la que
desestimó las pretensiones de la demanda de reparación directa, con fundamento en
los siguientes argumentos:
[…] el presunto daño antijurídico se hizo consistir en el menoscabo patrimonial causado a la parte
demandante ante la imposibilidad de posesionarse y haber ejercido el cargo de concejal del Distrito
de Santa Marta desde su inicio, esto es, desde el 1 de enero de 2004 al 2 de febrero de 2006.
[…]
En ese estado de las cosas, se indica que los supuestos fácticos que dan origen al daño que se
pretenden imputar material y jurídicamente a la entidad demandada no son suficientes para darles la
connotación de antijurídico, por las siguientes razones.
Es pertinente advertir, que el solo hecho de inscribirse como candidato a una contienda electoral no
le garantiza al aspirante obtener una curul, pues previamente le corresponde someterse al
procedimiento electoral y luego de haberse efectuado el escrutinio de los comicios si se establece si
es merecedor o no de la respectiva curul, es decir su existencia está supeditada al cumplimiento de
estos requisitos, por ende se estructura una mera expectativa del candidato desde el momento en que
se inscribe hasta cuando se realice el correspondiente escrutinio.
[…]
En el caso en concreto, el demandante adquiere su derecho cierto como concejal del Distrito de Santa
Marta, desde el segundo escrutinio que realizó esta Corporación el día 2 de febrero de 2006, pues
hasta este momento no se había cumplido con todos los supuestos fácticos previstos para que se
diera la elección definitiva de los candidatos del Concejo Distrital de Santa Marta, toda vez, que fueron
excluidas unas mesas por presentarse alguna irregularidad por (i) diferencias injustificadas entre
registros de una misma votación, (ii) ausencia de firma de algunas actas de escrutinio de Jurados de
Votación y (iii) correcciones en el recuento de votos que no fueron plasmadas en el escrutinio definitivo,
tal como lo señaló la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia electoral de segunda
instancia antes citada.
Si bien es cierto que está demostrado que el hoy demandante no ejerció el cargo de concejal del
Distrito de Santa Marta entre el 1 de enero de 2004 y el 2 de febrero de 2006, con la consecuente
implicación en el pago de los emolumentos correspondientes, considera la Sala que no estructura un
daño antijurídico, toda vez que, si bien se declaró la nulidad de la elección antecedente y el señor
ALEJANDRO MARIO PALACIO VALENCIA fue reconocido como concejal del Distrito de Santa Marta,
también lo es que al participar en una contienda electoral el accionante tenía una mera expectativa
para obtener una curul en el concejo Distrital, tal y como lo señalo la Sección Quinta del Consejo de
Estado […].
Efectuadas las anteriores precisiones fácticas, la Sala estima que las consideraciones
en virtud de las cuales la autoridad accionada desestimó en segunda instancia las
pretensiones de la demanda de reparación directa 47001-33-33-001-2013-00558-00/01,
no comportan los defectos invocados por el demandante, pues obedecen a una
interpretación razonable de los presupuestos que establece el ordenamiento jurídico
para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado, dentro de los que se
encuentra la acreditación de un daño antijurídico causado por la administración, el cual,
se reitera, no aconteció, pues el derecho a desempeñarse como concejal solo surgió
con el segundo escrutinio y no con las elecciones del 26 de octubre de 2003, puesto
que ese día no había certeza de que alcanzó los votos necesarios.
Además, goza de respaldo jurisprudencial la aseveración consignada en el fallo
censurado, consistente en que el actor solo tenía una mera expectativa de ser
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03575-01
Demandante: Alejandro Mario Palacio Valencia
designado como concejal de Santa Marta cuando participó en los comicios del 26 de
octubre de 2003 y que su derecho a ser designado como tal se materializó con el
escrutinio ordenado en el expediente de nulidad electoral 47001-23-31-000-2004-
02331-00/01, pues el Consejo de Estado5, en un caso similar al aquí debatido, precisó
lo siguiente:
[…] observa la Sala que no existe certeza de la causación del daño reclamado. Si bien la Sección
Quinta de esta Corporación declaró la nulidad del acto de elección y de los actos de contenido electoral
que excluyeron parte de la votación obtenida por la aquí demandante durante la etapa poselectoral, lo
cierto es que el derecho subjetivo de la candidata de acceder a la curul y percibir los salarios y demás
emolumentos propios de dicho cargo, solo surgió con la declaración de su elección y posesión, puesto
que antes de ello solo tenía una expectativa de acceder al cargo.
Al respecto, no puede perderse de vista que, la contienda democrática lo que persigue es el
exaltamiento del interés general exteriorizado en las urnas y la prevalencia de los derechos del
electorado, por sobre el eventual derecho de acceso a un cargo por parte del candidato, de ahí que el
surgimiento de este último solo se produzca con la culminación del proceso electoral, incluidos sus
mecanismos de control administrativo y judicial, motivo por el cual, en dicho escenario no hay lugar a
indemnizar una oportunidad frustrada de acceder a un cargo de elección popular.
[…]
Es más, aún en el caso de considerarse que la nulidad del acto electoral produjo efectos desde el
momento mismo de su expedición, o ex tunc, su consecuencia jurídica sería volver al estado en que
se encontraba antes de haberse proferido el acto anulado, lo cual ubica la contienda electoral en la
etapa poselectoral, previo a la declaración de la elección, por lo que, con aquella decisión tampoco
surge de manera automática un derecho subjetivo para el candidato que pueda ser indemnizable en
sede del mecanismo de control de reparación directa.
En esa medida, no es factible que se ordene el pago de los emolumentos dejados de percibir por la
hoy demandante desde el 20 de julio de 2010, hasta la fecha en que tomó posesión del cargo, pues
es claro que en dicho interregno solo tenía una mera expectativa de acceder a la curul, lo que sólo se
posibilitó con el control judicial del acto electoral y la realización de un nuevo escrutinio.
Así las cosas, como el derecho del actor a desempeñarse como concejal de San Marta
se materializó el 2 de febrero de 2006, lo acontecido antes de esa fecha no compromete
la responsabilidad extracontractual del Estado por no versar sobre afectación de un
derecho cierto e indiscutible.
Ahora, debe advertirse que si bien en un asunto con similares contornos fácticos al aquí
debatido el Consejo de Estado6 declaró responsable al Estado en virtud de la pérdida
de la oportunidad (pronunciamiento que no fue advertido por el actor), ello no le imponía
a la autoridad accionada decidir el expediente 47001-33-33-001-2013-00558-00/01 en
el mismo sentido, dado que ante la disparidad de criterios jurisprudenciales, podía
acoger el que considerara ajustado al ordenamiento jurídico, que en ese caso fue el del
fallo de 20 de junio de 2023, aspecto que está amparado por el principio de autonomía
judicial.
Por otra parte, la Sala evidencia que, contrario a lo señalado por el tutelante, en los
fallos que decidieron la acción de tutela 11001-03-15-000-2023-04295-00/01 no se
estableció que haya sufrido un daño antijurídico por no ejercer como concejal de Santa
Marta desde el 1º de enero de 2004, pues el estudio allí abordado consistió en
establecer si acaeció o no el fenómeno de la caducidad en el proceso de reparación
5 Sección tercera, Subsección A, sentencia del 20 de junio de 2023, M. P. María Adriana Marín, expediente 25000-
23-36-000-2015-01917-02.
6 Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 19 de octubre de 2023, M. P. Fredy Ibarra Martínez, expediente
25000-23-26-000-2011-01208-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03575-01
Demandante: Alejandro Mario Palacio Valencia
directa 47001-33-33-001-2013-00558-00/01, de manera que la autoridad accionada no
desconoció esos pronunciamientos al concluir que al accionante no le asistía un derecho
cierto a fungir como concejal desde el 1º de enero de 2004.
Cabe advertir que la postura del demandante conllevaría a la equivocada inferencia de
que cada vez que se determine a partir de qué momento debe contabilizarse el plazo
para demandar en sede contencioso-administrativa, se acredita per se un daño
antijurídico atribuible al Estado, pues ese análisis está orientado a establecer si
aconteció o no el fenómeno procesal de la caducidad (aspecto formal) y no a determinar
si acontecen los presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado
(aspecto sustancial).
Así las cosas, la Sala concluye que la sentencia reprochada no incurre en las causales
específicas de procedibilidad invocadas en la solicitud de amparo, por lo que debe
negarse el amparo deprecado sobre el particular, tal como se concluyó en la sentencia
impugnada.
En virtud de lo expuesto, la Sala evidencia que la sentencia cuestionada en el trámite
constitucional de la referencia no incurre en alguna causal específica de procedibilidad,
motivo por el cual se confirmará la sentencia impugnada, con la que el a quo denegó el
amparo de los derechos fundamentales de Alejandro Mario Palacio Valencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, conforme a la parte motiva.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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