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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03581-01

Fecha
24 de octubre de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03581-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la presente providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03581-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

24 de octubre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03581-01
Demandante: Edilberto Macana Rodríguez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03581-01
Demandante: EDILBERTO MACANA RODRÍGUEZ
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO

Temas: Contra providencia en proceso disciplinario contra abogado. Falta de
relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 29
de agosto de 2024, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo

El 11 de julio de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, Edilberto
Macana Rodríguez pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y al mínimo vital.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de las sentencias del
11 de junio de 2021 y 30 de abril de 2024, dictadas, respectivamente, por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Huila y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en
el proceso disciplinario con radicado No. 41001-11-02-000-2015-00662-00/01

2. Pretensiones

La parte actora formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:
4.1. AMPARAR, como mecanismo transitorio para prevenir un perjuicio irremediable (Decreto 2591 de
1991, art. 8) mis derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, al acceso a la administración
de justicia, en conexidad con la dignidad humana a través de esta tutela.

4.2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 30 de abril de 2024 y notificada el 2 de julio de
2024, Magistrada Ponente MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS de la COMISIÓN NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL, radicación No. 41001110200020150066201, aprobado según Acta N. 27 de la
fecha.

4.3. ORDENAR a la COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA profiera nueva sentencia en la cual se
haga una adecuada valoración probatoria de acuerdo a los precedentes jurisprudenciales, principio de
integración y los tratados de derechos humanos que trata la Convención Interamericana de Derechos

1 Índice 1 de Samai en el radicado No. 11001-03-15-000-2024-03581-00

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Demandante: Edilberto Macana Rodríguez

Humanos de San José de Costa rica (sic) que hace parte el bloque de constitucionalidad art. 93, del
principio de contradicción artículo 29 de la Constitución Política.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El señor Nelson Perdomo Puentes contrató en el año 2011, al abogado Edilberto Macana
Rodríguez para que lo representara como apoderado de víctimas, en el proceso penal
que se adelantó contra el señor Rodrigo Trujillo Ramírez por el delito de hurto agravado.

El señor Perdomo Puentes indicó que, en octubre de 2015, durante audiencia de
preclusión, conoció que el abogado había celebrado conciliación y aceptado un monto
por reparación integral, pero no le había entregado el dinero correspondiente, que creía
ascendía a $ 700.000.

El señor Perdomo Puentes presentó queja en contra del abogado Edilberto Macana
Rodríguez por no entregar los dineros obtenidos en diligencia de conciliación a título de
reparación integral dentro del proceso penal.

Además, en el proceso penal adelantado en contra el señor Trujillo Ramírez, el Tribunal
Superior de Neiva dictó sentencia el 4 de septiembre de 2019 y, entre otros asuntos,
ordenó compulsar copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura
y a la Fiscalía General de la Nación, contra el abogado Edilberto Macana Rodríguez por
los hechos en mención.

El proceso disciplinario lo conoció en primera instancia la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Huila que, por sentencia del 11 de junio de 2021, declaró
disciplinariamente responsable al abogado Edilberto Macana Rodríguez, por incurrir en
la falta prevista en el numeral 4º del artículo 352 de la Ley 1123 de 2007. En
consecuencia, lo sancionó con la suspensión en el ejercicio de la profesión por el término
de 4 meses.

En concreto, el a quo consideró que estaba probado que el abogado disciplinado recibió
del señor Rodrigo Trujillo la suma total de $5.500.000 como producto de la conciliación
por el delito de hurto agravado, no $700.000 como manifestó el quejoso; qué acorde al
contrato de mandato celebrado con el señor Perdomo Puentes, se debía descontar el
30% ($1.650.000) por concepto de honorarios, pero que del remanente de $3.800.000
no hubo evidencia alguna de entrega de dinero al señor Perdomo Puentes.

Que la no asistencia del quejoso a los llamados de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial para ratificar su denuncia no configuraba un eximente de responsabilidad, pues
existía material probatorio que daba cuenta del actuar deshonroso del disciplinado.
En cuanto al archivo de la investigación penal por estos mismos hechos, realizado por la
Fiscalía Doce de Neiva, dijo que no era imperativo fallar en el mismo sentido, ya que las
dos jurisdicciones son independientes.

2 ARTÍCULO 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado:
Numeral 4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos
en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo.

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Demandante: Edilberto Macana Rodríguez

Inconforme, el señor Macana Rodríguez apeló y la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, en sentencia 30 de abril de 20243, la confirmó, básicamente, por las mismas
razones del a quo.

Por su parte, en el proceso penal iniciado contra el abogado Macana Rodríguez,
(producto de la compulsa de copias ordenada por la sentencia del 4 de septiembre de
2019, dictada por el Tribunal Superior de Neiva) en primera instancia se encontró
responsable y en segunda instancia fue absuelto.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

En cuanto al fondo del asunto, alegó que las sentencias del 11 de junio de 2021 y del 30
de abril de 2024, dictadas, en su orden, por el Consejo Seccional de Disciplina Judicial
del Huila, y por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrieron en:

Defecto procedimental absoluto, toda vez que, a su juicio, las autoridades demandadas
sin razón aparente dejaron de practicar la prueba solicitada por el disciplinado consistente
en el testimonio del denunciante. Que eso es contrario a lo dispuesto en los artículos 208
y 218 del Código General del Proceso; artículo 93 de la Constitución Política; artículos 6,
8, 10, 12 y 15 de la Ley 1123 de 2007 y el artículo 6 del Código Penal.

5. Intervenciones

La magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ponente de la decisión
cuestionada, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito de relevancia constitucional o en su defecto, se denegara la solicitud de amparo.

Frente al requisito general de relevancia constitucional, sostuvo que el actor busca revivir
las alegaciones propias de las instancias disciplinarias a modo de tercera instancia e
imponer su visión particular del asunto.

Que el demandante tuvo todas las garantías procesales, la decisión fue dictada en
término, no fue caprichosa ni arbitraria, sino fruto del ejercicio analítico y ponderativo, con
fundamento en las pruebas obrantes en el proceso.

Puso de presente que, en este caso concreto la jurisdicción disciplinaria no se activó
solamente por la queja del señor Perdomo Puentes, sino también por la orden del Tribunal
Superior del Distrito de Neiva, que el 4 de septiembre de 2019 ordenó compulsar copias
en contra del abogado Macana Rodríguez, por lo cual se ordenó la acumulación al
proceso iniciado por el quejoso Perdomo Puentes. Por lo que la decisión de esa Comisión
fue fundamentada, además, por la compulsa de copias hecha en el marco del proceso
penal con radicado No. 2010-6816.

El magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, titular del
despacho que dictó la sentencia de primera instancia, manifestó que se posesionó el 24
de octubre de 2022, por lo que no tramitó la investigación contra el abogado Macana

3 Notificada electrónicamente el 2 de julio de 2024

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Demandante: Edilberto Macana Rodríguez

Rodríguez. Indicó atenerse a lo resuelto en primera y segunda instancia del proceso
disciplinario.

El señor Nelson Perdomo Puentes no se pronunció pese a que, como se vio, fue
debidamente notificado.

6. Sentencia impugnada

Mediante sentencia del 29 de agosto de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela por incumplir con el requisito general de
relevancia constitucional.

Explicó que la parte actora pretendía utilizar este mecanismo como una tercera instancia
y reabrir la discusión que fue resuelta en la jurisdicción disciplinaria. Sostuvo que en la
sentencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial explicó que conforme al artículo
65 de la Ley 1123 de 2007, los intervinientes en el proceso disciplinario son el investigado,
el defensor, el defensor suplente y el ministerio público.

Explicó que la no comparecencia del quejoso en el proceso disciplinario no configuraba
una vulneración al debido proceso del investigado, pues dichos procesos no tienen un
carácter adversarial.

Indicó que la inconformidad del actor se centra en que se confirmó el fallo sancionatorio
en su contra y que no se observa que la decisión disciplinaria hubiese sido arbitraria o,
se hubiesen desconocido los derechos fundamentales alegados. También manifestó que
conforme a la sentencia SU-215 de 2022, la acción de tutela no supera el requisito de
relevancia constitucional, ya que los argumentos de la acción de amparo ya fueron
resueltos por el juez natural de la causa.

Por último, sostuvo que el argumento del accionante respecto a que el fallo acusado no
había sido firmado por la totalidad de los magistrados que integran la Sala, también era
improcedente ya que la sentencia fue firmada de forma electrónica, acorde a lo dispuesto
por la Ley 527 de 1999 y el Decreto Reglamentario 2364 de 2012.

7. Impugnación

La parte demandante impugnó, dijo que fueron desconocidos los fundamentos fácticos y
jurídicos planteados en la demanda de tutela.

Reiteró que con las sentencias acusadas se desconoció su derecho fundamental al
debido proceso. Que, si bien la comparecencia del quejoso no es determinante en el
proceso disciplinario, si lo es cuando se solicita el decreto de la prueba como testigo.

Que el decreto de la prueba testimonial al señor Nelson Perdomo Puentes y su posterior
ausencia dentro del proceso disciplinario, generó la vulneración al principio de
contradicción.

Que, en el proceso penal, producto de la compulsa de copias, en primera instancia fue
declarado penalmente responsable, pero en segunda instancia fue absuelto de los
cargos, por lo cual se afirmaba su presunción de inocencia.

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Demandante: Edilberto Macana Rodríguez

Que al tener en cuenta que esa segunda instancia fue resuelta durante el trámite de la
presente acción de tutela (27 de agosto de 2024), existía un hecho sobreviniente que
justificaba la modificación de la decisión adoptada en el proceso disciplinario.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

De manera preliminar, la Sala precisa que, aunque el abogado Macana Rodríguez
cuestiona las sentencias dictadas en primera y segunda instancia en el proceso
disciplinario con radicado No. 41001-11-02-000-2015-00662-00/01; el análisis se limitará
a la sentencia del 30 de abril de 2024, dictada por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, por ser la providencia que da fin al proceso.

Siendo así, corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada
por el señor Edilberto Macana Rodríguez contra la sentencia del 30 de abril de 2024,
dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el proceso disciplinario con
radicado No. 41001-11-02-000-2015-00662-00/01 que confirmó la decisión de primera
instancia.

La Sala anticipa que confirmará la decisión de declarar improcedente la acción de tutela
por no cumplir el requisito general de relevancia constitucional. El demandante insiste en
los argumentos propuestos en el proceso disciplinario.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, y finalmente, (iii)
análisis del caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-006, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de

4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
6 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

En los términos de la impugnación, la Sala considera que la tutela de la referencia no
cumple el requisito de relevancia constitucional, toda vez que el señor Edilberto Macana
Rodríguez propone la misma discusión del proceso disciplinario, relativa a que la no
comparecencia del señor Nelson Perdomo Puentes generó una vulneración al debido
proceso.

En efecto, en el recurso de apelación que presentó el actor contra la sentencia de primera
instancia del 11 de junio de 2021, dictada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
del Huila, sostuvo, lo siguiente:

(…) En mi defensa material siguiendo la línea jurisprudencia no es de recibo que la queja per se
constituya un medio de prueba, habida consideración que se daría libertad al quejoso de denunciar
hechos contra persona determinada y luego sin justificación alguna desobedezca la orden de
comparecencia al proceso, si bien es cierto NELSON PERDOMO en este proceso disciplinario no es
parte, menos cierto es que desconozcan que todo ciudadano tiene derechos y obligaciones con la
administración de justicia, su reiterada reticencia injustificada debió darse un valor negativo a su
pretensión, toda vez que, el principio de contradicción se me ha negado desde la ampliación de la queja
para este segundo cargo habida consideración que al disciplinado se le debe garantizar desde ese acto
procesal a participar de esa diligencia y de registros no se observa acto de comunicación por el a quo,
al disciplinable y defensa de oficio (…).

(…) afectando el debido proceso pilar fundamental de un Estado Democrático Social de Derecho, como
se demuestra en la reiterada omisión de práctica de la prueba solicitada para ejercer el principio de
contradicción, al juicio como se solicitó con la conducencia y pertinencia de la prueba por defensa
técnica y material, habida razón que como se ha destacado el quejoso no es parte en este asunto no
quiere significar erróneamente que este relevado en igualdad de armas jurídicas para dar solo valor a
la queja propuesta, basta destacar que la norma constitucional obliga al operador judicial someterse a
ese presupuesto supralegal a las voces del artículo 29 de la Carta, que ordena “nadie puede ser juzgado
sino conforme a las leyes preexistentes al acto imputado, ante el juez competente y CON
OBSERVANCIA DE LA PLENITUD DE LAS FORMAS DEL JUICIO (…).

Por su parte, en la demanda de tutela, el señor Edilberto Macana Rodríguez alegó, lo
siguiente:

(…) El derecho fundamental del principio de contradicción está consagrado en los artículos 28 y , 29 de
la Constitución Política, el cual sorpresivamente la COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA y la primera

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instancia han desconocido, con el argumento que en materia disciplinaria no es adversarial y que el
quejoso no es sujeto procesal interviniente. Sin embargo, se advierte que el suscrito en ejercicio de mi
defensa material que hace parte integral del núcleo del debido proceso como de presunción de
inocencia, en mi versión en la etapa de calificación de pruebas como en el de juzgamiento, a efecto de
esclarecer la verdad, solicitó expresamente hacer comparecer al quejoso NELSON PERDOMO
PUENTES, con el objeto único y exclusivo de ejercer el derecho de contradicción a través de
interrogatorio, destacándose que, a pesar de haber sido decretada esta prueba, el mencionado
ciudadano nunca compareció. De haberse ejercido el poder coercitivo que la Ley otorga a los
funcionarios, se hubiese logrado el cumplimiento de lo decretado.

El principio constitucional del derecho a la contradicción El derecho de defensa como una garantía
procesal se encuentra íntimamente ligado con la noción de debido proceso, tanto en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH) artículo 8 como en la Jurisprudencia de la
Corte. Se presenta en este artículo una selección de pronunciamientos relevantes de la Corte IDH por
medio de los cuales se han perfilado no solo el contenido del artículo 8 ut supra indicado, sino además
de las nociones básicas que se contemplan como constitutivas de ese derecho de defensa (…).

(…)Un aspecto bien importante y que los funcionarios tanto de primera como de segunda instancia han
desconocido, es el hecho de que el quejoso NELSON PERDOMO PUENTES, a partir del momento
mismo en que disciplinado solicitó su comparecencia al proceso, para ejercer el derecho de
contradicción a través del interrogatorio, a cuya petición accedió el funcionario de primera instancia al
decretar tal prueba, se convirtió en testigo (numeral 1 art. 218 del CGP) y, en consecuencia, el
tratamiento para su comparecencia debió ser el consagrado en la normatividad aplicable a todos los
testigos (…).

Además, en el escrito de impugnación, el señor demandante alegó, lo siguiente:

(…) Con la mayor consideración y respeto al a quo, yerra, en el estudio al problema jurídico del actor
en la pretensión de la acción de tutela, que si bien el Estatuto de la Abogacía Ley 1123 de 2007, indica
que el quejoso no es parte, menos cierto es que al decreto de la prueba como testigo, por esa condición
era fundamental su comparecencia la cual no se logró, indiferencia del testigo para con la administración
de justicia por lo tanto el comportamiento de NELSON PUENTES, indica la inexistencia del hecho (…).

Como se ve, el demandante formuló inconformidades que coinciden con las que fueron
expuestas en el proceso disciplinario, esto es, insiste en que la no comparecencia del
quejoso como testigo le vulneró su derecho al debido proceso.

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, en providencia del 30 de abril de 2024, que, en lo que interesa, consideró:

(…) En el primer punto de la apelación, el inculpado reiteró que se vulneró su derecho a la contradicción
basado en las mismas afirmaciones que presentó en la solicitud de nulidad. En consideración a que
dichos argumentos ya fueron despachados en el fundamento jurídico 2 de la parte considerativa de esta
decisión, se reiterará lo señalado en el aparte mencionado, pues se insiste que, el hecho de que el
quejoso no comparezca al proceso disciplinario no constituye una causal de nulidad de la actuación,
pues no es sujeto procesal y el trámite disciplinario no es de naturaleza adversarial (…).

(…) En el segundo ítem del recurso, el letrado indicó que el a quo incurrió en un yerro, al indicar que el
escrito de queja no era el soporte principal de la decisión sancionatoria, sino que esta se había basado
en otras pruebas allegadas al proceso. Sin embargo, consideró que tal afirmación era omitir que la queja
era la génesis del proceso disciplinario y aceptar la afirmación de la primera instancia era desconocer
la importancia de dicho escrito en el proceso disciplinario.

Desde ya se advierte que dicho argumentó se despachará de forma negativa, pues no se evidencia que
la afirmación alegada por el apelante constituya un yerro procesal. Lo anterior, en la medida en que la
queja constituye una de las formas de iniciar el proceso disciplinario, y no una prueba en la que se deba
basar el operador judicial para tomar una decisión, tal y como lo afirmó la primera instancia en el fallo
apelado.

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En efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 1123 de 2007 7, el escrito de queja
constituye una de las formas de iniciar el proceso disciplinario. En este sentido, la Seccional de instancia
lo que único que mencionó fue, que no se basó únicamente en la queja para tomar su decisión, sino
que tuvo en cuenta otros elementos del acervo probatorio que le permitieron llegar a la conclusión que
el letrado cometió la falta endilgada.

Lo anterior, se encuentra relacionado con el punto 3 de la alzada, respecto de la indebida valoración de
las pruebas. En particular, el recurrente argumentó que en este caso hubo una indebida valoración
probatoria, porque no se podía calificar la decisión de compulsa de copias proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Huila como prueba dentro del proceso; y en particular se refirió a lo
establecido en la sentencia T-249 de 1995 en la que se estableció que la competencia del juez
disciplinario no le permitía analizar o calificar el contenido de decisiones de jueces y magistrados.

De lo anterior, debe advertirse que el a quo no calificó el contenido de la decisión mencionada como lo
quiere hacer ver el investigado. En efecto, lo que valoró la primera instancia fue la sentencia en firme,
proferida el 4 de septiembre de 2019, por la Sala Cuarta Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, en la que confirmó la condena impuesta por el Juzgado 6o Penal Municipal de la misma
ciudad, en contra del señor Nelson Trujillo Ramírez, la cual fue aportada como prueba dentro del
presente proceso disciplinario (…).

(…) Ahora bien, se insiste en que la primera instancia no calificó la decisión mencionada, sino que fue
uno de los medios de prueba a través del cual se demostró que el inculpado efectivamente retuvo la
suma de $5.500.000, lo que demuestra la adecuación en la falta endilgada por el a quo, al punto que el
Tribunal consideró necesario compulsar copias no solamente a esta jurisdicción, sino que también
remitió el asunto a la Fiscalía General de la Nación.

En esta media también se despachará de forma negativa el argumento presentado con el recurrente,
en la medida en que no se demostró una indebida valoración de la prueba mencionada (...).

Como se ve, se trata de argumentos con los que la parte accionante pretende continuar
el debate jurídico que planteó en el proceso ordinario, lo cierto es que su inconformidad
se traduce, en que la no comparecencia del quejoso generó la vulneración por impedirle
ejercer el principio de contradicción y afectarle su derecho a la defensa. La simple
inconformidad del actor respecto a esa circunstancia no dota de relevancia constitucional
la presenta acción de tutela.

En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el
proceso disciplinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo
constitucional. La acción de tutela tiene como fin la protección de derechos
fundamentales, y no puede utilizarse como instancia adicional de los procesos ordinarios.
En cuanto al hecho sobreviniente que manifestó el demandante en la impugnación,
respecto a la sentencia del 27 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Superior de
Neiva, la Sala refiere que este es un argumento nuevo que no hizo parte de la acción de
tutela y si se estudiara se vulneraría el derecho al debido proceso de la parte demandada
y, en todo caso, no guarda relación con el objeto de debate en sede de tutela, ya que
aquí se controvierte una sanción disciplinaria.

Siendo así, como se anunció, la tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional.

7 ARTÍCULO 67. FORMAS DE INICIAR LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio,

por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también mediante queja
presentada por cualquier persona. No procederá en caso de anónimos, salvo cuando estos suministren datos o medios
de prueba que permitan encausar la investigación y cumplan con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 38
de la Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03581-01
Demandante: Edilberto Macana Rodríguez

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la presente
providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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