Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03586-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Improcedente el amparo: no cumple con los requisitos generales de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03586-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03586-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
1 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., primero (1.°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03586-00
Accionante: HERNÁN DARÍO COLLAZOS ORDÓÑEZ
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA
IMPROCEDENTE EL AMPARO – No cumple con los requisitos generales de
procedencia.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Hernán Darío Collazos
Ordóñez contra el Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Neiva.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Hernán Darío Collazos Ordóñez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de
justicia, cuya vulneración le atribuyó a las sentencias de 7 y 31 de mayo de 2024,
proferidas por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva y el Tribunal
Administrativo del Huila, respectivamente, dentro del medio de control de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos con
el número de radicación 41001-33-33-008-2024-00072-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
2.1. Relató que mediante derecho de petición radicado núm. 05-PQR-001486-E-2024
de 22 de enero de 2024, solicitó a la electrificadora del Huila “[…] el pago
acumulado derivado del descuento que debió realizar el comercializador por ser mi
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03586-00
Accionante: Hernán Darío Collazos Ordóñez
poderdante copropietario del transformador T01502, ubicado en la Carrera 7 No. 7-
82 de la ciudad de Neiva […]”.
2.2. Refirió que el 12 de febrero de 2024 fue requerido por la Electrificadora a fin de
que se indicara “[…] el código de cuenta de usuario sobre la cual se realizaba la
reclamación […]” y la cual se contestó mediante radicado núm. 05-PQR-003489-E-
2024 del 15 de febrero de 2024.
2.3. Manifestó que, con ocasión a la omisión de la respuesta a la petición núm. 05-
PQR-001486-E-2024, el 22 de febrero de 2024 mediante radicado núm. 05-PQR-
004271-E-2024 solicitó a la Electrificado del Huila, la aplicación de los efectos del
silencio administrativo positivo previsto en el artículo 158 de la Ley 142 de 11 de julio
19941 y en consecuencia “[…] se realice la liquidación y pago en efectivo
correspondiente a la siguiente cuenta: • Cuenta de Ahorros No. 662-851492-41 •
Bancolombia • Titular: William Javier Salazar Medina • C.C. 7.726.727 […]”.
2.4. Expuso que la Electrificadora del Huila, mediante oficio 05-PQR-005680-S-2024
de 14 de marzo de 2024, resolvió “[…] no reconocer los efectos del silencio
administrativo positivo respecto a lo peticionado […] mediante radicado No. 05-
PQR-004271-E-2024 del 22/02/2024 […]”.
2.5. Indicó que, con base en lo anterior, presentó el medio de control de cumplimiento
de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos núm. 41001-33-
33-008-2024-00072-00/01 contra la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., a fin de
que se ordenara el cumplimiento del “[…] acto ficto positivo que se configuró con
ocasión de la no respuesta a la petición presentada el 22 de enero de 2024 […]”.
2.6. Refirió que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva, a través de
sentencia de 7 de mayo de 2024, declaró la improcedencia del medio de control.
2.7. Adujó que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y que el
Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia de 31 de mayo de 2024,
revocó la providencia de primera instancia para en su lugar rechazar la demanda
presentada.
2.8. Manifestó
que la sentencia proferida por el Tribunal vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad al haber incurrido en un defecto sustantivo, un desconocimiento del
procedente y un defecto orgánico.
2.9. Expresó frente al defecto sustantivo, que el Tribunal realizó una indebida
interpretación del artículo 158 de la Ley 142 de 1994, en razón a que “[…] frente al
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“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”
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Accionante: Hernán Darío Collazos Ordóñez
acto ficto producto del silencio de la Electrificadora del Huila procede la acción de
cumplimiento pues éste es un verdadero acto administrativo […]”.
2.10. Comentó respecto al defecto por desconocimiento del precedente que, el
Tribunal desconoció la sentencia del Consejo de Estado de 28 de febrero de 20022.
2.11. Adujo que la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Neiva incurrió en un defecto orgánico, toda vez que de conformidad con
el numeral 14 del artículo 152 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113, la
Electrificadora del Huila es una empresa de servicios públicos domiciliarios del
orden nacional, por tanto, la competencia del proceso en primera instancia le
corresponde al Tribunal Administrativo del Huila.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO
PROCESO, A LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION [sic] DE
JUSTICIA Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez que en la sentencia del
7 de mayo de 2024 emanada por el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva
y, en la sentencia del 31 de mayo de 2024 emitida por la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, incurrieron en
defecto orgánico y sustantivo como se explica en el presente escrito.
SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS las sentencias del 7 de mayo de
2024 emanada por el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, y la del 31 de
mayo de 2024 emitida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Contencioso Administrativo del Huila.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Huila tramitar la acción
de cumplimiento en primera instancia, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 152-14 del CPACA.
CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Huila, que en el término
de esta providencia, profiera una nueva sentencia dentro de la acción de
cumplimiento promovida, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos
por la ley y la jurisprudencia que versa sobre la presente Litis […]”. [Negrilla y
mayúscula del texto original].
2
Consejo de Estado, expediente 25000-23-26-000-2001-0454-01, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.
3
Ley 1437 de 2011, “[…] ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA
INSTANCIA. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 14. De los
relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o
las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas […]”
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Accionante: Hernán Darío Collazos Ordóñez
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 15 de julio de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad
de tercero con interés en el resultado del proceso a la sociedad Electrificadora del
Huila S.A. E.S.P.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a la
vinculada, se allegó el siguiente informe:
6. La Electrificadora del Huila S.A. E.S.P a través de su profesional II solicitó se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que no le asiste
responsabilidad frente a la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados por el accionante.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
7. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20216, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20197.
VI.2. Cuestión previa
8. La Sala advierte que, previamente a la definición de los problemas jurídicos que
se habrán de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la sociedad Electrificadora del Huila S.A.
E.S.P.
9. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20068, señaló lo siguiente:
4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
8
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03586-00
Accionante: Hernán Darío Collazos Ordóñez
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
10. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la sociedad Electrificadora del Huila
S.A. E.S.P. fue parte dentro del medio de control de cumplimiento de normas con
fuerza material de ley o de actos administrativos, en el que se profirió la sentencia
que es objeto del presente mecanismo de amparo, la Sala considera que a esta
entidad sí le asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta acción
constitucional, razón por la cual se denegará la solicitud de desvinculación
elevada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
11. Previamente a la definición de los problemas jurídicos a resolver, se debe
precisar que el extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos
fundamentales a las sentencias de 7 y 31 de mayo de 2024, proferidas por el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva y el Tribunal Administrativo
del Huila, respectivamente. Sin embargo, la Sala solo analizará si la providencia
de 31 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal accionado, vulneró los derechos
fundamentales de la parte accionante porque esta decisión fue la que finiquitó la
litis e hizo tránsito a cosa juzgada.
12. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03586-00
Accionante: Hernán Darío Collazos Ordóñez
13. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
14. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
15. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.
17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03586-00
Accionante: Hernán Darío Collazos Ordóñez
18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en
dichos parámetros.
19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
20. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
21. El señor Hernán Darío Collazos Ordóñez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de
justicia, cuya vulneración le atribuyó a las sentencias de 7 y 31 de mayo de 2024,
proferidas por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva y el Tribunal
Administrativo del Huila, respectivamente, dentro del medio de control de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos con
el número de radicación 41001-33-33-008-2024-00072-00/01.
22. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en especial, el requisito de relevancia constitucional.
VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
23. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03586-00
Accionante: Hernán Darío Collazos Ordóñez
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental13 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones14.
24. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales15, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces16.
25. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada
por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional […]". [Negrilla fuera del texto].
26. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202218 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los
deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando
13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
15
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
16
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
17
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03586-00
Accionante: Hernán Darío Collazos Ordóñez
la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte,
se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional
del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está
dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la
discusión definida ante los jueces ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y
explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los
derechos fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera
del texto].
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03586-00
Accionante: Hernán Darío Collazos Ordóñez
27. Valgadestacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de
202319.
28. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la
mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales20.
29. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte actora invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o
varios derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho
atentado debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
30. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad por haber incurrido, presuntamente, en un defecto sustantivo, un
desconocimiento del procedente y un defecto orgánico.
31. Expresó frente al defecto sustantivo, que el Tribunal realizó una indebida
interpretación del artículo 158 de la Ley 142 de 1994, en razón a que “[…] frente al
acto ficto producto del silencio de la Electrificadora del Huila procede la acción de
cumplimiento pues éste es un verdadero acto administrativo […]”.
32. Comentó respecto al defecto por desconocimiento del precedente que el Tribunal
desconoció la sentencia del Consejo de Estado de 28 de febrero de 200221.
33. Adujo que la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
de Neiva incurrió en un defecto orgánico, toda vez que de conformidad con el
numeral 14 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, la Electrificadora del Huila es
una empresa de servicios públicos domiciliarios del orden nacional, por tanto, la
competencia en primera instancia le corresponde al Tribunal Contencioso
Administrativo.
19
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
21
Consejo de Estado, expediente 25000-23-26-000-2001-0454-01, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.
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Accionante: Hernán Darío Collazos Ordóñez
34. Precisado el argumento que sustenta la presente acción de amparo, la Sala
estima que no se cumple con el requisito general de relevancia constitucional
porque el escrito de tutela carece de la carga mínima argumentativa y el
accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia y busca
reabrir la discusión que fue resuelta en la jurisdicción contenciosa.
35. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
36. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte actora aduce que le
fueron desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y a la igualdad, lo cierto es que no existe un
desarrollo argumentativo en el que se expliquen las razones por las que considera
que se afectó en forma desproporcionada el núcleo esencial de esos derechos,
con ocasión de la expedición de la providencia aquí enjuiciada.
37. Esta Sala considera que la parte accionante no está poniendo de presente que
en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino
que el motivo que fundamenta su inconformidad se sustenta, básicamente, en que
la decisión adoptada por el juez de segunda instancia rechazó de plano la
demanda.
38. El
Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia de 31 de mayo de
2024, señaló lo siguiente:
“[…] 7.3.2. Del fondo del asunto.
[…]
b. La renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del
deber.
[…]
[P]ara que la demanda de acción de cumplimiento pueda ser admitida, se
deben cumplir con los siguientes requisitos consagrados en el artículo 10
ídem:
[…]
5. Prueba de la renuencia, salvo lo contemplado en la excepción del
inciso segundo del artículo 8 de la presente Ley, y que consistirá en la
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03586-00
Accionante: Hernán Darío Collazos Ordóñez
demostración de haberle pedido directamente su cumplimiento a la
autoridad respectiva.
[…]
A su turno, en cuanto al requisito de "procedibilidad" de la acción
constitucional de cumplimiento, el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, así:
“Artículo 8º.- Procedibilidad. La Acción de Cumplimiento procederá contra
toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos
que permitan deducir inminente incumplimiento de normas con fuerza de Ley
o Actos Administrativos. También procederá contra acciones u omisiones de
los particulares, de conformidad con lo establecido en la presente Ley.
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción
requerirá que el accionante previamente haya reclamado el
cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya
ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10)
días siguientes a la presentación de la solicitud. Excepcionalmente se
podrá prescindir de este requisito, cuando el cumplirlo a cabalidad genere el
inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable para el accionante, caso
en el cual deberá ser sustentado en la demanda.
[…]
Requisito que también se encuentra establecido en el artículo 161 de la Ley
1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, al determinar como
requisito previo a la presentación de la demanda, entre otros el siguiente:
“ARTÍCULO 161. REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR. La
presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos
previos en los siguientes casos: (…)
3. Cuando se pretenda el cumplimiento de una norma con fuerza
material de ley o de un acto administrativo, se requiere la constitución
en renuencia de la demandada en los términos del artículo 8° de la
Ley 393 de 1997. (…)” (Negrilla y subraya de la Sala)
En ese orden de ideas, como requisito de procedibilidad de la acción de
cumplimiento el demandante debe presentar con la demanda la prueba de
haber constituido en renuencia a la parte demandada, esto es, haber
reclamado directamente a la autoridad el cumplimiento del deber legal o
administrativo.
[…]
[L]a constitución en renuencia de la entidad consiste en el reclamo previo y
por escrito que debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato
legal o consagrado en acto administrativo con citación precisa de este y
que esta se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de
diez días siguientes a la presentación de la solicitud22. Así mismo, ha
señalado que “el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de
22
“Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 30 de junio de 2016.
radicación número: 25000-23-41-000-2015-02309-01(acu). Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez”
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Accionante: Hernán Darío Collazos Ordóñez
petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de
cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento”23
Por lo tanto, dicho reclamo no puede ser un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el
requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento, de
tal manera que el requerimiento previo y la demanda deben guardar identidad
en lo que respecta a la indicación concreta del objeto de la petición y la
citación de la norma incumplida, así como la entidad a la cual va dirigida a la
petición, de suerte que si ello no se llegare a cumplir, la acción se tornará
improcedente por falta de cumplimiento del requisito de procedibilidad.
[…]
[D]e la lectura de la referida petición que se transcribió en el acápite “7.3.1.
De lo probado” no se puede concluir que tuviera como fin el cumplimiento del
requisito de procedibilidad de constitución en renuencia para el ejercicio de la
acción de cumplimiento, pues ni siquiera manifestó en el contenido de la
referida petición que consideraba incumplido el artículo 158 de la Ley 142 de
1994, ni explicó el sustento en el que se funda el incumplimiento, el deber que
dicha norma consagra en cabeza de la entidad accionada y que considera
incumplida.
Requisitos que, para el Consejo de Estado, resultan necesarios para acreditar
la constitución en renuncia en los siguientes términos:
“De acuerdo con esta posición y analizado el contenido del escrito que la
parte demandante acompañó con el propósito de acreditar el requisito de
procedibilidad, se advierte que no fue inequívoco al cumplimiento de
las normas que estima inobservadas ni a la manifestación del
ejercicio de esta acción.
En efecto, lo que solicitó la accionante de CORANTIOQUIA fue que
iniciara las investigaciones administrativas que tiene a su cargo por la
disposición final de residuos y desechos de plaguicidas, frente a algunas
personas y empresas, que informa, realizan presuntamente dichos
manejos fuera de los límites sanitarios que se han fijado.
De ninguna manera pidió o reclamó de la autoridad el cumplimiento de
un deber objetivo a su cargo como el que plantea en el escrito de la
demanda; tampoco invocó como inobservadas las disposiciones
que considera incumplidas, como sí se hizo en el escrito de demanda.
En conclusión, no logra la Sala inferir que esa petición, tuviera por
fin el ejercicio de la acción de cumplimiento, aspecto necesario para
considerarla como prueba constitutiva del requisito de
procedibilidad de esta acción, la que debía, además, guardar
relación con lo reclamado en este trámite.”24 (Negrillas de la Sala)
23
“Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp.
2011-01063, C.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo”
24
“Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejera ponente: Rocío Araujo Oñate.
Providencia del siete (7) de abril de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 25000-23-41-000-2015-02429-01(ACU)
Actor: Corporación Campo Limpio. Demandado: Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia –
CORANTIOQUIA”
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Accionante: Hernán Darío Collazos Ordóñez
Así las cosas, no supera la presente demanda el primer requisito de
procedibilidad.
c. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento
judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o
administrativo omitido.
[…]
se evidencia que la entidad accionada a través del Oficio No. 05-PQR-
005680-S-2024 del 13 de marzo de 2024, negó el reconocimiento de los
efectos del silencio administrativo positivo respecto a lo peticionado por el
accionante, argumentando por un lado que la propiedad del activo no estaba
acreditada y no allegó unos documentos que le fueron requeridos y por otra,
que no es un asunto al cual le resulta aplicable la referida figura de
conformidad con lo manifestado por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios mediante concepto No. 498 de 2014.
Por tanto, corresponde al accionante controvertir los argumentos expuestos
por la entidad accionada a través del oficio No. 05-PQR-005680-S-2024 del
13 de marzo de 2024, acto administrativo que goza de presunción de
legalidad, debiendo acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, a través del medio de control de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho.
Al respecto, el Consejo de Estado, para un caso semejante donde se debatía
la configuración del silencio administrativo positivos, manifestó:
“[…] La señora Elvira Patricia Sossa Morelo pretende desvirtuar
la legalidad de los actos administrativos que decidieron, a su
juicio, erróneamente las petición elevada, y en los cuales se han
ratificado tanto la empresa prestadora del servicio público
domiciliario como la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, y frente a los cuales la accionante contaba con el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
dentro de la cual podía cuestionar las decisiones adoptadas, y
solicitar el respectivo restablecimiento, reconocimiento del
silencio administrativo positivo, la exoneración del pago de los
consumos que considera no debe cancelar y el cobro a la tarifa
que indica le es aplicable, y aún más, hacer uso de las medidas
cautelares que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo dispone.
Así mismo, el hecho de que la señora Sossa Morelo hubiera
dejado vencer los términos para ejercer el medio de control
respectivo o no hubiera advertido la posibilidad de hacer uso de
esa defensa judicial, no es razón para considerar procedente el
ejercicio de la presente acción de cumplimiento, pues el artículo
9 de la Ley 393 de 1997 consagra como única excepción a esta
regla, el hecho que de no admitirse por el juez se siga un
perjuicio grave e inminente para la accionante, situación que no
fue mencionada ni acreditada en el proceso; además, los
supuestos fácticos en que se fundamenta la presente acción se
están discutiendo desde hace más de dos años, término que
desvirtúa la posibilidad de que, aun existiendo otra vía judicial, el
ejercicio de la acción de cumplimiento fuera inaplazable.
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Así las cosas, como no se presenta el presupuesto que permite
excepcionalmente la procedencia de la acción de cumplimiento
cuando existe otro instrumento judicial para lograr el efectivo
cumplimiento de una norma, la Sala modificará la decisión del
Tribunal que negó la presente acción, para en su lugar declarar
su improcedencia, efectivamente, porque hay otros medios de
defensa judicial.”25
[…]
Así las cosas, la presente demanda resulta ser también improcedente al no
superar el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, al existir una
controversia en relación con la configuración del silencio administrativo
positivo, por cuanto la entidad accionada a través del acto administrativo
contenido en el oficio No. 05-PQR-005680-S-2024 del 13 de marzo de 2024,
acto administrativo, respecto el cual, la parte actora cuenta con la existencia
de otro mecanismo judicial, como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, para controvertir los argumentos que
fundamentan la negativa de la entidad accionada para reconocer la
configuración del silencio administrativo negativo a través del oficio No. 05-
PQR-005680-S-2024 del 13 de marzo de 2024.
Sin embargo, al evidenciar la Sala que la parte actora no acreditó el requisito
de constitución en renuncia de la entidad accionada en el cumplimiento del
artículo 158 de la Ley 142 de 1994, el fallo de primera instancia que declaró
improcedente la acción por no cumplir con el requisito de procedibilidad será
revocado, y en su lugar, la Sala procederá al rechazo de plano de la demanda
de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 393 de 1997
[…]”. [Negrilla del texto original].
39. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta
sede constitucional fue analizado por el juez y no se observa que la decisión
proferida en sede contenciosa administrativa hubiese sido arbitraria o, se
hubiesen desconocidos los derechos fundamentales de la parte accionante en el
trámite del proceso contencioso.
40. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado […]”26.
lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
41. Significa
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los
25
“Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro,
Sentencia del seis (6) de noviembre de dos mil trece (2013). Radicación número: 88001 23 33 000 2013 00004 01.
Demandante: Elvira Patricia Sossa Morelo. Demandados: Proactiva Aguas del Archipiélago S.A. E.S.P. – Superintendencia
de servicios públicos domiciliarios”
26
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Accionante: Hernán Darío Collazos Ordóñez
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para
combatir las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con
sus derechos […]”27. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos
persiste una clara arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada
la tutela contra providencias judiciales […]”28.
42. Finalmente, frente al defecto orgánico alegado por el accionante, esta Sección
observa que este argumento no fue planteado dentro del medio de control de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos,
motivo por el cual tampoco se satisface el requisito general de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial, previsto en el literal e29 de la sentencia
C-590 de 200530.
43. Conforme a lo anotado, la Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con los requisitos generales de procedencia, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la sociedad
Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
27
Ibidem.
28
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
29
“[…] e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como
los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto
al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos […]”. [Negrilla fuera del
texto].
30
Corte Constitucional, expediente D-5428, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Accionante: Hernán Darío Collazos Ordóñez
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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