Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03592-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03592-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03592-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
8 de agosto de 2024
Demandante: Isabel Cristina Mira Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03592-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03592-00
Demandante: ISABEL CRISTINA MIRA RODRÍGUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
PRIMERA DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial – Improcedencia por no
superar el requisito de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela presentada por la señora
Isabel Cristina Mira Rodríguez contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Decisión de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El 10 de julio de 20241, la señora Isabel Cristina Mira Rodríguez actuando a través
de apoderada judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Decisión en la que pretende el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en
conexidad con el principio de gratuidad.
La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia del 9 de noviembre de 2023, proferida por la autoridad
judicial accionada, que confirmó la providencia del 22 de noviembre de 2022,
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Acción de tutela promovida a través de la ventanilla virtual del Consejo de Estado, a la cual se le
asignó el número de solicitud 12655.
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Demandante: Isabel Cristina Mira Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03592-00
dictada por el Juzgado 25 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, en
el curso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, iniciado
por la actora contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y el municipio de Medellín, que se
identificó con el radicado 05001-33-33-025-2022-00185-00/01.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo del derecho fundamental
invocado y, en consecuencia, pidió:
[…] se REVOQUE DE MANERA PARCIAL la sentencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA MAGISTRADO PONENTE
SUSANA NELLY ACOSTA PRADA radicado: 05001333302520220018501 el
numeral segundo donde condena en costas en esta instancia2.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
La señora Isabel Cristina Mira Rodríguez interpuso demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
y el municipio de Medellín.
En esta solicitó que se declarara la nulidad del acto administrativo 202130511457
del 17 de noviembre de 2021, a través del cual le fue negado el reconocimiento y
pago de la sanción por mora pretendida por la consignación no oportuna de las
cesantías, así como la negativa a la indemnización por el pago tardío de éstas.
Por lo tanto, a título de restablecimiento del derecho solicitó que se le reconociera
y pagara la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990 y la indemnización
por el pago tardío de los intereses a cesantías establecidos en el artículo 1º de la
Ley 52 de 1975, Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.
En primera instancia, el Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
en providencia del 22 de noviembre de 2022, negó las pretensiones de la
demanda.
En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
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Transcripción literal que puede contener errores.
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Demandante: Isabel Cristina Mira Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Decisión
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Decisión mediante sentencia del 9 de noviembre de 2024, confirmó la decisión del
a quo y, condenó en costas a la parte demandante a favor de la demandada.
Dicha providencia fue notificada personalmente el 16 de abril de 2024.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La accionante argumentó que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera
de Decisión debió realizar un análisis ponderado de la conducta procesal de las
partes, previa imposición de la condena en costas contra el extremo activo del
proceso ordinario. Esto dado que no se actuó con temeridad ni se constituyó una
conducta de mala fe que permitiera sustentar dicha sanción, pues se trató de un
asunto de puro derecho.
Resaltó que si bien la sentencia de unificación utilizada como fundamento a lo
largo de la decisión del 7 de junio de 2024, no resultaba favorable a sus intereses,
en ese caso no se condenó en costas a la parte demandante. Además, adujo que
de acuerdo con el artículo 188 del CPACA, no se impuso una obligación perentoria
de imponer la condena en costas y agencias en derecho.
Asimismo, explicó que el Consejo de Estado tiene una posición unánime sobre el
tema de las costas cuando el asunto discutido en la demanda verse sobre
derechos laborales, ya que el juez debe revisar la posición de los sujetos
procesales. En su caso, mencionó que se trataba de una docente adscrita al
magisterio, parte débil dentro de la relación laboral, que pretendía una mejora en
sus condiciones laborales.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por medio de auto del 22 de julio de 2024, la magistrada ponente admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante3 y, como parte
demandada, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Decisión4.
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, del Juzgado 25 Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Medellín5, de la Nación, Ministerio de Educación Nacional6, Fondo
3
Índice 8 de Samai. La notificación fue realizada al buzón web:
tutelasmedellinlopezquintero@gmail.com.
4
Índice 8 de Samai. La notificación fue remitida a: sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co.
5
Índice 8 de Samai. La notificación fue remitida a: adm25med@cendoj.ramajudicial.gov.co.
6
Índice 8 de Samai. La notificación fue realizada en el siguiente buzón web:
notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co.
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Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio7 y del municipio de Medellín8.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia
En documento allegado el 24 de julio del presente año, la magistrada ponente de
la sentencia enjuiciada mencionó que los fundamentos facticos y jurídicos que se
analizaron para proferir la decisión dentro del proceso ordinario, estaban
contenidos en el texto de la providencia.
Igualmente, expuso que la decisión adoptada se encontraba conforme a derecho,
razón por la cual, no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la
accionante; ni se acreditaron los requisitos exigidos para la procedencia de la
acción constitucional, «entre los cuales se encuentran la inmediatez y subsidiariedad».
1.6.2. Municipio de Medellín
El 24 de julio del año en curso, el jefe de la oficina asesora jurídica de la entidad
sostuvo que era evidente que la accionante pretendía que el juez constitucional
realizara una nueva revisión del problema jurídico que se sometió a la jurisdicción
contenciosa administrativa, el cual ya había sido resuelto con el debido
cumplimiento de las formas propias del procedimiento y con decisiones que
ostentaban fuerza de cosa juzgada y presunción de acierto y legalidad, proferidas
por el respectivo juez natural del asunto.
Por lo tanto, la actora pretendía revivir por la vía de la acción de tutela un debate
jurídico zanjado en la jurisdicción correspondiente, para que el juez constitucional
en un procedimiento excepcional, preferente y sumario actuara como una tercera
instancia ante su descontento con la decisión adoptada.
En consecuencia, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción
constitucional.
7
Índice 8 de Samai. La notificación fue realizada al buzón web:
tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co.
8
Índice 8 de Samai. La notificación fue realizada en el siguiente buzón web:
notimedellin.oralidad@medellin.gov.co.
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1.6.3. Fiduprevisora S.A.
En memorial enviado el 28 de julio de 2024, la Fiduprevisora S.A. actuando en
calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio adujo que, la acción de tutela resultaba
improcedente, toda vez que las autoridades judiciales que conocieron el proceso,
actuaron conforme a la normativa establecida y jurisprudencia aplicable al caso
concreto.
Asimismo, puso de presente que no se encontraba legitimada en la causa por
pasiva y, por tanto, solicitó su desvinculación.
Pese a que el Juzgado 25 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
Medellín y el municipio de Medellín fueron notificados en debida forma,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
la señora Isabel Cristina Mira Rodríguez de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1. º del Decreto 333 de 2021, por cuanto esta se dirige contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión.
2.2. Solicitud de desvinculación
La Fiduprevisora S.A. actuando en calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
solicitó su desvinculación, a su juicio, por carecer de legitimación en la causa por
pasiva, sin embargo, esta petición será negada, en tanto, la vinculación al proceso
se realizó en calidad de tercero, y no como la autoridad contra la cual se encuentra
dirigido el reparo señalado por la parte actora, en atención al interés que le asiste
en las resultas del presente trámite.
2.3. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
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• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, en conexidad con el principio de gratuidad, en la
sentencia del 9 de noviembre de 2023?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es
procedente; (iii) el estudio del caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20129
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10 y declaró su
procedencia11.
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
11
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional puesto que no
cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
215 de 202212.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces
de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
12
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal13 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico14; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional15.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal16”. En este
orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales17”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto18, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
13
Sentencia SU-573 de 2019.
14
Sentencia SU-103 de 2022.
15
Sentencia SU-103 de 2022.
16
Sentencia SU-103 de 2022.
17
Sentencia SU-128 de 2021.
18
Sentencia SU-573 de 2019.
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o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal19. (Resaltado de la Sala)
Tras analizar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la
Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S.
no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de
un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii)
planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la
carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave
violación de los derechos fundamentales invocados.
2.6. Caso concreto
La señora Isabel Cristina Mira Rodríguez alegó la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en
conexidad con el principio de gratuidad, con ocasión de la sentencia del 9 de
noviembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Decisión, al condenarla al pago de costas en segunda instancia.
La parte actora explicó que la condena fue impuesta sin observar que no se
causaron gastos en el proceso, pues se trató de un asunto de puro derecho, que
fue presentado de buena fe buscando una mejoría en sus condiciones laborales,
en el que ella actuaba como la parte débil de la relación laboral.
En la providencia en mención fue señalado que de acuerdo con el artículo 188 del
CPACA, siempre procede la condena en costas de manera objetiva, salvo en
procesos que versen sobre un interés público
Apoyado en la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta20 el tribunal
explicó que, sobre el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 «[L]a anterior disposición no
modificó el sistema de imposición de condena en costas objetivo, pues, como se ve, se
trató de una adición consistente en que también se debe disponer sobre la condena en
costas cuando la demanda carezca de fundamento legal».
Resulta claro que la actora pretende a través de este mecanismo de protección
que se retome una discusión que ya fue abordada por los jueces naturales en el
19
Ibid.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta M.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez, Sentencia 28.10.21, Rad. 11001-03-15-000-2021-06539-00.
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marco del proceso ordinario, escenario natural del debate, y que culminó con la
decisión adoptada en segunda instancia.
Es decir que, la controversia propuesta por la accionante versa sobre la aplicación
de una norma de orden legal y con contenido netamente económico, por lo que
dista del fin de la acción de tutela, que no es otro que el de proteger garantías
fundamentales cuando se vean vulneradas o amenazadas, lo que no sucede en
este caso.
En conclusión, la petición tutelar no supera el examen de procedencia general en
los términos de los lineamientos trazados por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, por referirse a una disputa que tiene su origen en una
controversia de orden económica, y no en el alcance de un derecho fundamental
ni la interpretación, aplicación o desarrollo de la Constitución Política.
Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia
constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiduprevisora S.A.
actuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida
por la señora Isabel Cristina Mira Rodríguez, conforme a la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
10
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
11
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