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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03600-00

Fecha
22 de agosto de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03600-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por el actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03600-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

22 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202403600-00
Actor: Luis Emilio Burbano Escobar
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) administración de
justicia, iii) igualdad y iv) reparación integral

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Luis Emilio Burbano Escobar
contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, porque, a su juicio, al proferir la

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Núm. único de radicación: 110010315000202403600-00
Actor: Luis Emilio Burbano Escobar

sentencia de 9 de febrero de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de reparación directa identificado con el número único de radicación
520013333005202000118-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, junto con Nivia Amelia Burbano Guerrero, Yolanda del Carmen
Burbano Leitón, Laureano Armero Cifuentes, Edith Andrea y Liliam Cruz Burbano
Burbano, Yamid Fernando, Anyelith Sarita y David Santiago Armero Burbano,
Camila Yeraldine, Andrés Felipe y Leiner Johan Saavedra Burbano presentaron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación
– Rama Judicial, con el fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente
responsable de los perjuicios materiales e inmateriales causados a los
demandantes por la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor
Luis Emilio Burbano Escobar.

4. Manifestó que, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto,
mediante sentencia de 13 de diciembre de 2021, resolvió acceder a las
pretensiones de la demanda.

5. Indicó que, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del
Nariño, mediante sentencia de 9 de febrero de 2024, resolvió:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2021, por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto, conforme la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones invocadas en la
parte motiva de esta providencia […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Ahora bien, la parte libelista no alega como injusta la privación de la libertad
durante todo el tiempo en que aquel permaneció detenido en un centro de reclusión,

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Núm. único de radicación: 110010315000202403600-00
Actor: Luis Emilio Burbano Escobar

esto es, durante el lapso comprendido entre el 23 de abril del año 2017 al 28 de junio
de 2018, sino únicamente por el periodo que va desde el 07 de febrero de 2018 —día
siguiente a la providencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Túquerres
que negó el subrogado penal—, al 28 de junio de 2018 —fecha en que recobró su
libertad—, ello, por cuanto considera que la decisión adoptada por el Juzgado Penal
del Circuito de Túquerres el 6 de febrero de 2018, fue injusta y contraria al
ordenamiento jurídico, pues se fundamentó en una norma que no resultaba aplicable
a la situación particular del accionante, por lo que, posteriormente, fue revocada por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto; no obstante, le impidió recobrar su
libertad, dicho de otro modo, la fuente o el origen del daño cuyo resarcimiento
pretenden los demandantes es la decisión del Juzgado Penal del Circuito de
Túquerres de negar al actor el subrogado de suspensión condicional de la ejecución
de la pena fundamentada en una norma derogada, situación que obliga a esta
Corporación a estudiar la responsabilidad extracontractual del Estado a la luz del error
judicial y no bajo los presupuestos de la privación injusta de la libertad. […]”.

[…]

“[…] En ese orden de ideas, esta Corporación no encuentra una actuación irregular o
reprochable por parte de las entidades demandadas que amerite responsabilizarlas
patrimonialmente por la privación de la libertad que soportó la demandante principal.

Ahora bien, como se ha reiterado, la decisión proferida por el Juzgado Penal del
Circuito de Túquerres no quedó en firme, pues fue revocada cuando se profirió la
decisión de segunda instancia, por lo que pretender que el imputado hubiese
recuperado su libertad con anterioridad a ello, no era procedente, habida cuenta que
su detención en establecimiento carcelario, hasta ese momento, cumplía con los
requisitos de ser necesaria, adecuada y proporcional, pues se repite, para imponerla,
se acreditó que se cumplían los requisitos fácticos, legales y constitucionales para
limitar el derecho a la libertad de Luis Emilio Burbano.

En ese orden de ideas, se establece que el daño no le es imputable a la entidad
accionada, pues la privación de la libertad del señor Luis Emilio Burbano fue
auspiciada por su comportamiento (flagrancia) y la misma conservó su procedencia
mientras la decisión sobre la condena final quedaba en firme, lo que da cuenta que
se le respetaron sus garantías constitucionales y procesales, como la de controvertir
[…]”.

[…]

“[…] De esta manera, acatando el nuevo precedente vertical obligatorio adoptado por
la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, y, bajo el análisis realizado, no se
avizora que el demandante no estuviera en el deber jurídico de atravesar por un
proceso penal y todo lo que este pudiera acarrear, dado que la parte actora no cumplió
con la carga probatoria que le correspondía para acreditar una conducta negligente o
descuidada que se erigiera como una falla en el servicio atribuible a las entidades
demandadas; por lo tanto, no hay lugar a endilgarles responsabilidad […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

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Núm. único de radicación: 110010315000202403600-00
Actor: Luis Emilio Burbano Escobar

“[…] 1. CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, acceso a la justicia y reparación integral.

2. LEVANTAR los términos en el expediente de la referencia para fallar de fondo.

3. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia del 9 de febrero de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala primera de decisión.

4. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Nariño – Sala primera de decisión, que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de la
respectiva sentencia, profiera sentencia de fondo. […]”.

6.1. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente1:

“[…] 14. La Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que los subrogados
penales son derechos del condenado y no gracias o favores que dependan de la
liberalidad del juez, por ende, la revocatoria del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Pasto a la negativa de conceder el subrogado por parte del Juzgado Penal del
Circuito de Túquerres generó un daño antijurídico que debe ser reparado por el
Estado, pues es evidente que el operador judicial no agotó el trámite legal en debida
forma y omitió verificar el incumplimiento de las exigencias establecidas en la
normativa

15. pues en casos similares a través de los cuales el hecho relevante es la privación
injusta de la libertad, se toma este como título de imputación para el juzgamiento,
pero para mi caso en particular consideraron que el título de imputación era el error
jurisdiccional, cambiando por completo el precedente jurisprudencial, para los casos
de privación injusta.

16. La jurisprudencia señala que el juez puede elegir el título de imputación que más
se ajuste al caso y es claro para el asunto que fui privado de la libertad por una
providencia que estaba sustentada en una norma derogada, por lo que considero que
el Tribunal Administrativo de Nariño ha vulnerado mis derechos fundamentales.
Téngase en cuenta que en un proceso penal la privación injusta por regla general
proviene de una providencia, que por distintas circunstancias termina siendo
revocada y da paso a la reparación. […]”.

[…]

“[…] Explicó en su momento mi defensa que, la pena acordada es de 48 meses de
prisión y el delito por el cual se lo condena no se encuentra en la lista de conductas
excluidas en el artículo 68A del Código Penal, y como con la verificación del
preacuerdo se emite tácitamente un sentido del fallo de carácter condenatorio, es
procedente realizar las solicitudes de qué trata el capítulo 5, del título cuarto, del
Código De Procedimiento Penal, es decir, la posibilidad de hacer solicitudes a favor
de los procesados privados de libertad como lo dispone el artículo 451 de la ley 906
del 2004. El referido artículo 451, dispone respecto del acusado privado de libertad,
que el juez podrá ordenar su excarcelación siempre y cuando los cargos por los
cuales fu encontrado culpable fueran susceptibles al momento de dictar la sentencia
del otorgamiento del subrogado penal.

En suma, mi apoderada le expuso al fallador que el suscrito era acreedor a la
concesión del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por

1 Transcripción literal del texto.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403600-00
Actor: Luis Emilio Burbano Escobar

cuanto: (i) la pena era de 48 meses; (ii) el delito no estaba excluido de beneficios
según el artículo 68 68A del Código Penal; (iii) el arraigo estaba demostrado con los
EMP presentados por el Fiscal; y, (iv) carecía de antecedentes penales.

Entonces, la normativa legal vigente, el acervo probatorio y la sustentación de la
defensa para ese entonces, eran objetivamente suficientes para que se ordene la
libertad del suscrito. Sin embargo, el Juzgado Penal del Circuito de Túquerres
consideró que no había lugar a conceder en favor del sentenciado los mecanismos
sustitutivos de la pena, por cuanto no existía una reparación integral de las víctimas
y tampoco estaba acreditado el pago de la multa, olvidando que no es posible
supeditar el subrogado penal al pago de la multa, ni a la reparación integral de las
víctimas, como oportunamente lo concluyó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pasto, Sala Penal, al revocar la decisión. […]”.

[…]

“[…] En el sub examine, resulta evidente la incursión en: el Defecto sustantivo,
Decisión sin motivación - Defecto fáctico, Desconocimiento del precedente
constitucional y Violación directa de la Constitución […]”.

Actuación

7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 12 de julio de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño; y iii) vinculó, como terceros con
interés legítimo, al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto, a la Nación
– Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a Nivia Amelia
Burbano Guerrero, a Yolanda del Carmen Burbano Leitón, a Laureano Armero
Cifuentes, a Edith Andrea Burbano Burbano, a Liliam Cruz Burbano Burbano, a
Yamid Fernando Armero Burbano, a Anyelith Sarita Armero Burbano, a David
Santiago Armero Burbano, a Camila Yeraldine Saavedra Burbano, a Andrés Felipe
Saavedra Burbano y a Leiner Johan Saavedra Burbano, concediéndoles el término
de tres (3) días para rendir informe.

Intervención de la demandada

8. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto rindió informe en los
siguientes términos:

“[…] Conforme ha sido expuesto en el acápite precedente, este Despacho adelantó
el trámite del medio de control de reparación directa acorde a las disposiciones
vigentes para la época, mismas que se encuentran consagradas en el CPACA.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403600-00
Actor: Luis Emilio Burbano Escobar

En cada etapa se procuró respeto al debido proceso y derecho de defensa de las
partes, sin vulnerar ninguna garantía constitucional hasta la conclusión de instancia.

Ni de los hechos de la tutela ni de las actuaciones procesales se devela actuación
irregular que pusiera en riesgo los derechos fundamentales de la parte accionante,
razón por la cual se solicita la desvinculación del Despacho. A juicio de esta
Judicatura, se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
en la presente vinculación, teniendo en cuenta que el reproche ius-fundamental se
enfila frente a la decisión que tomara, el 09 de febrero de 2024, el Tribunal
Administrativo de Nariño. […]”.

9. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, solicitó
declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto, se nieguen las
pretensiones, al considerar que:

“[…] Así las cosas, de la lectura de la sentencia se desprende que el análisis realizado
se remitió a los motivos de inconformidad expuestos por el apelante y aspectos
inherentes a los mismos, en ejercicio de los principios de autonomía funcional e
independencia, interpretando razonablemente la normativa y los criterios
jurisprudenciales aplicables al caso concreto que, a pesar de no resultar satisfactorios
a la parte demandante, hoy tutelante, permitieron concluir que la sentencia apelada
debía ser confirmada en el sentido de negar las pretensiones formuladas con el libelo
genitor.

Sea lo primero advertir que el trámite del recurso de apelación limita el
pronunciamiento de la segunda instancia exclusivamente a lo que es materia de
impugnación, tal como lo dispone el artículo 328 del C.G.P., aplicable por expresa
remisión del artículo 306 del CPACA.

En ese orden, el pronunciamiento de este Tribunal, —en calidad de segunda
instancia— se circunscribió a analizar los argumentos esbozados por la parte
demandada, quien se constituyó como apelante único, delimitando el problema
jurídico a determinar si la Rama Judicial era responsable administrativa y
extracontractualmente de los de perjuicios causados a los demandantes por la
privación de la libertad de la que fue sujeto el señor Luis Emilio Burbano Escobar
entre el 7 de febrero de 2018 hasta el 27 de junio del mismo año.

Ahora bien, como se observa, la argumentación que fundamenta la acción de tutela
está encaminada a reabrir el debate jurídico y probatorio con miras a anular lo
decidido por este tribunal en segunda instancia […]”

[…]

“[…] Con todo, se destaca que el trámite de segunda instancia se efectuó en garantía
de los derechos que les corresponden a las partes, sin vulneración alguna al debido
proceso o al acceso a la administración de justicia, de acuerdo con las actuaciones
que constan en el expediente.

Por todo lo anterior, de la manera más respetuosa, manifiesto la oposición al amparo
invocado, por cuanto considera el suscrito Magistrado, que no se han quebrantado
los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, solicito se declare
improcedente la acción o, en su defecto, se denieguen las pretensiones de la tutela.
[…]”

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Núm. único de radicación: 110010315000202403600-00
Actor: Luis Emilio Burbano Escobar

10. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto –
Mocoa solicitó declarar improcedente la solicitud de tutela, al considerar que:

“[…] Al descender el caso objeto de análisis a los requisitos ya esbozados, se
encuentra que los hechos y pretensiones de la parte actora, no están llamadas
prosperar, en tanto, existen otros medios de defensa judicial que el legislador fundó,
justamente para asegurar que sentencias judiciales expedidas por los Tribunales
Administrativos guarden una unidad de interpretación del derecho y en general un
medio de defensa ante aquellas sentencias que contraríen o se opongan al criterio de
unificación del Consejo de Estado.

En ese sentido, es el artículo 6o del Decreto 2591 de 1991, el que describe las
causales de improcedencia de la tutela, entre las cuales, se encuentra la existencia
de otros recursos o medios de defensa judiciales y, es que la intención de la
accionante, más allá de lograr dejar sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño del pasado 9 de febrero de 2024, se enmarca en obtener un
nuevo fallo en su reemplazo, esto precisamente la función axiomática del Recurso
Extraordinarios de Revisión.

Así entonces, existe en nuestro ordenamiento jurídico el recurso extraordinario de
revisión, al que bien la parte accionante pudo acudir, al configurarse alguna de las
causales previstas en el artículo 250 del CPACA y que habilitaba a interponer este
recurso extraordinario. […]”

[…]

“[…] Por lo anterior se insiste, la acción de amparo interpuesta, debe ser declarada
improcedente, ya que conforme los argumentos anteriormente expresados, el
accionante contaba con otros recursos o medios legales para ejercer su derecho de
defensa, de los cuales no hizo uso por inobservancia o incuria, pretendiendo a través
de esta excepcional vía constitucional apertura una nueva instancia judicial, para
obtener una decisión definitiva favorable a sus intereses sin haber acudido a los
recursos ordinarios a los cuales se encontraba facultado para acudir.[…]”

11. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto allegó copia digital
del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
520013333005202000118-01.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''

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Núm. único de radicación: 110010315000202403600-00
Actor: Luis Emilio Burbano Escobar

cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20213 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20194, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

14. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.

15. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403600-00
Actor: Luis Emilio Burbano Escobar

16. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20065, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[6].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.

17. La Sala advierte que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto
solicitó su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carece de legitimación en la causa
por pasiva.

18. Al respecto, es preciso indicar que dicha autoridad fue vinculada al proceso
de tutela de la referencia como tercero con interés legítimo, en la medida en que, el

5 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
6 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562

de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

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Actor: Luis Emilio Burbano Escobar

Juzgado fue la autoridad judicial que conoció en primera instancia el proceso
ordinario cuestionado.

19. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Pasto le asiste interés en la decisión de tutela que
esta Sala profiera.

20. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por el Juzgado Quinto Administrativo
del Circuito de Pasto.

Problema jurídico

21. Corresponde a la Sala establecer: si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

22. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se
dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; v) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia; vi) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a
la reparación integral; vii) análisis del caso concreto y finalmente las viii)
conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

23. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala

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Núm. único de radicación: 110010315000202403600-00
Actor: Luis Emilio Burbano Escobar

Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

24. Esta Sección adoptó8 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20059, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

25. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

26. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos parámetros.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
9 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403600-00
Actor: Luis Emilio Burbano Escobar

27. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

28. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

29. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional

30. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201412, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
12 Ut supra página 6.

13

Núm. único de radicación: 110010315000202403600-00
Actor: Luis Emilio Burbano Escobar

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [14].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [15].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [16].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa

[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

14

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Actor: Luis Emilio Burbano Escobar

al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [19]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

31. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado20:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”21

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes

[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
20 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
21 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

15

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Actor: Luis Emilio Burbano Escobar

pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”22

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

32. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.

33. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202223 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

22 Ibidem.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

16

Núm. único de radicación: 110010315000202403600-00
Actor: Luis Emilio Burbano Escobar

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).

17

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Actor: Luis Emilio Burbano Escobar

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

34. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

35. Atendiendo a que, la Corte Constitucional24 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

36. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

24 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

18

Núm. único de radicación: 110010315000202403600-00
Actor: Luis Emilio Burbano Escobar

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder
a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin
la representación de abogado. […]”.

37. Atendiendo a que, la Corte Constitucional25 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad

38. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 2
Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

39. Atendiendo a que la Corte Constitucional26 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad

25 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
26 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

19

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Actor: Luis Emilio Burbano Escobar

constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
reparación integral

40. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. […]”.

41. Atendiendo a que la Corte Constitucional27 ha entendido que el derecho a la
reparación integral “[…] se trata de un derecho fundamental en atención a que “1)
busca restablecer la dignidad de las víctimas a quienes se les han vulnerado sus
derechos constitucionales; y 2) por tratarse de un derecho complejo que se
interrelaciona con la verdad y la justicia, que se traduce en pretensiones concretas
de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y no
repetición […]”.

Análisis del caso concreto

42. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 9 de febrero de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de reparación directa identificado con el número único de radicación
520013333005202000118-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.

27 Corte Constitucional, Sentencia T-083 de 13 de febrero de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

20

Núm. único de radicación: 110010315000202403600-00
Actor: Luis Emilio Burbano Escobar

43. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

44. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

45. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

45.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de reparación directa identificado con el número único de radicación
520013333005202000118-01.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional

46. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente28:

“[…] 14. La Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que los subrogados
penales son derechos del condenado y no gracias o favores que dependan de la
liberalidad del juez, por ende, la revocatoria del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Pasto a la negativa de conceder el subrogado por parte del Juzgado Penal del
Circuito de Túquerres generó un daño antijurídico que debe ser reparado por el
Estado, pues es evidente que el operador judicial no agotó el trámite legal en debida
forma y omitió verificar el incumplimiento de las exigencias establecidas en la
normativa

28 Transcripción literal del texto.

21

Núm. único de radicación: 110010315000202403600-00
Actor: Luis Emilio Burbano Escobar

15. pues en casos similares a través de los cuales el hecho relevante es la privación
injusta de la libertad, se toma este como título de imputación para el juzgamiento,
pero para mi caso en particular consideraron que el título de imputación era el error
jurisdiccional, cambiando por completo el precedente jurisprudencial, para los casos
de privación injusta.

16. La jurisprudencia señala que el juez puede elegir el título de imputación que más
se ajuste al caso y es claro para el asunto que fui privado de la libertad por una
providencia que estaba sustentada en una norma derogada, por lo que considero que
el Tribunal Administrativo de Nariño ha vulnerado mis derechos fundamentales.
Téngase en cuenta que en un proceso penal la privación injusta por regla general
proviene de una providencia, que por distintas circunstancias termina siendo
revocada y da paso a la reparación. […]”.
[…]

“[…] Explicó en su momento mi defensa que, la pena acordada es de 48 meses de
prisión y el delito por el cual se lo condena no se encuentra en la lista de conductas
excluidas en el artículo 68A del Código Penal, y como con la verificación del
preacuerdo se emite tácitamente un sentido del fallo de carácter condenatorio, es
procedente realizar las solicitudes de qué trata el capítulo 5, del título cuarto, del
Código De Procedimiento Penal, es decir, la posibilidad de hacer solicitudes a favor
de los procesados privados de libertad como lo dispone el artículo 451 de la ley 906
del 2004. El referido artículo 451, dispone respecto del acusado privado de libertad,
que el juez podrá ordenar su excarcelación siempre y cuando los cargos por los
cuales fu encontrado culpable fueran susceptibles al momento de dictar la sentencia
del otorgamiento del subrogado penal.

En suma, mi apoderada le expuso al fallador que el suscrito era acreedor a la
concesión del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por
cuanto: (i) la pena era de 48 meses; (ii) el delito no estaba excluido de beneficios
según el artículo 68 68A del Código Penal; (iii) el arraigo estaba demostrado con los
EMP presentados por el Fiscal; y, (iv) carecía de antecedentes penales.

Entonces, la normativa legal vigente, el acervo probatorio y la sustentación de la
defensa para ese entonces, eran objetivamente suficientes para que se ordene la
libertad del suscrito. Sin embargo, el Juzgado Penal del Circuito de Túquerres
consideró que no había lugar a conceder en favor del sentenciado los mecanismos
sustitutivos de la pena, por cuanto no existía una reparación integral de las víctimas
y tampoco estaba acreditado el pago de la multa, olvidando que no es posible
supeditar el subrogado penal al pago de la multa, ni a la reparación integral de las
víctimas, como oportunamente lo concluyó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pasto, Sala Penal, al revocar la decisión. […]”.

[…]

“[…] En el sub examine, resulta evidente la incursión en: el Defecto sustantivo,
Decisión sin motivación - Defecto fáctico, Desconocimiento del precedente
constitucional y Violación directa de la Constitución […]”.

47. Para la Sala el asunto controvertido por el actor ya fue objeto de estudio por la
autoridad judicial accionada, y la acción de tutela contra providencia judicial no
constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez
natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada incurrió en
la vulneración de los derechos fundamentales.

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Núm. único de radicación: 110010315000202403600-00
Actor: Luis Emilio Burbano Escobar

48. Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea la afectación de los
derechos fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un
debate estrictamente legal y probatorio el cual ya fue expuesto dentro del proceso
de reparación directa y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le
corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que
ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.

49. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.

50. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales cuya competencia se encuentran
en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

51. Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza puramente
legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales indicados supra.

52. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, el actor acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio

23

Núm. único de radicación: 110010315000202403600-00
Actor: Luis Emilio Burbano Escobar

jurídico del juez natural y reabrir un debate legal y probatorio concluido que escapa
de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, el actor alega
la vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la
relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante
la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración del
mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.

53. Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral
enunciados por el actor, no se evidencian en el caso sub examine, toda vez que el
proceso de reparación directa se adelantó ante el juez competente, en respeto de
las formas propias del proceso, y se respetó el derecho de presentar y controvertir
las pruebas allegadas. Además, no concurre una situación de amenaza o alguna
causal de vulnerabilidad que amerite la actuación del juez constitucional, no se trata
de amparar el derecho fundamental de un sujeto de especial protección
constitucional.

54. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.

55. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el actor
enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral esa
presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.

Conclusiones de la Sala

56. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.

24

Núm. único de radicación: 110010315000202403600-00
Actor: Luis Emilio Burbano Escobar

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
el actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado Ausente con permiso

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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