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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03607-01

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03607-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de tutela proferida el 24 de octubre de 2024, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin12. 12 secgeneral@consejodeestado.gov.co. 10 de 11 Radicación: 11001-03-15-000- 2024-03607-01 Demandante: Yenmin Cuesta Valencia y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda Decisión: Improcedente y carencia actual de objeto – Confirma ______________________________________________________________________________________________________________ TERCERO: Por Secretaría General REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03607-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 7 de febrero de 2025

Radicación: 11001-03-15-000- 2024-03607-01
Demandante: Yenmin Cuesta Valencia y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL| Inmediatez | ACCIÓN DE
TUTELA CONTRA ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA | Mora judicial – Carencia
actual de objeto

Síntesis del caso: La parte actora solicitó la protección de sus derechos al debido proceso
y acceso a la administración de justicia con ocasión del auto por medio del cual la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó una solicitud de revisión eventual y por la presunta
mora judicial de esa autoridad en resolver una solicitud de insistencia.

De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver
la impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 24
de octubre de 2024, por medio de la cual la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de la presunta mora judicial en resolver la solicitud de insistencia presentada
dentro de la acción de grupo No. 27001-33-31-001-2009-00245-01 (2002-
02001, 2003-0148, 2003-0169 y 2004- 0401 acumulados) y declaró la
improcedencia de la acción de tutela frente a las pretensiones relacionadas
con el Auto de 21 de septiembre de 2023, mediante el cual la Sección
Segunda del Consejo de Estado decidió no seleccionar la Sentencia de
segunda instancia de 2 de mayo de 2019, Rad. 27001-33-31-001-2009-00245-
01, para revisión eventual.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 11 de julio de 2024, Yenmin Cuesta Valencia, Jhon Eduar Chaverra
Ramírez, Leison Romaña Palomeque, Carlos González, María Pía Perea

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000- 2024-03607-01
Demandante: Yenmin Cuesta Valencia y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda
Decisión: Improcedente y carencia actual de objeto – Confirma
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Cuesta y Herlin Perea Chala, a través de apoderado judicial, presentaron
una acción de tutela contra la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
la aparente vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia, con ocasión del Auto de 21 de
septiembre de 2023, mediante el cual la dicha autoridad judicial decidió no
seleccionar para revisión la Sentencia de 2 de mayo de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo de Chocó dentro del proceso de acción de grupo
No. 27001-33-31-001-2009-00245-01, y por la presunta demora de la
autoridad judicial accionada en resolver una solicitud de insistencia para
que tramitara la revisión eventual de la providencia dictada por el tribunal.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“1) Que ordene a la Sala Segunda del Consejo de Estado resolver la insistencia,
seleccionando la sentencia solicitada para revisión eventual.

2) Le ordene a la Sección Segunda del Consejo de Estado depreque condena
a favor de las personas contenidas en el cuaderno número 12 del expediente
2009-0245, en atención a que los autos interlocutorios 1400, 1401 y 1553 de
octubre de 2009, no han sido anulados, ni siquiera impugnados, para que se le
de aplicación a los artículos 132-136 del C.G.P., y a la Sentencia C-217/96 de la
Corte Constitucional, por cuanto esos autos están vigentes en el sentido de no
haberse anulado.

3) Le ordene a la Sala de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que
decrete provisión para la indemnización de todos los beneficiarios del
desplazamiento, teniendo en cuenta las 4 certificaciones referidas por el
Tribunal Administrativo del Chocó en la página 96 de su Sentencia, en cantidad
de 5.631 personas, de manera ponderada y no en abstracto, es decir, 100
salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno.

4) Que ordene a la Sala Segunda del Consejo de Estado, que con base en el
oficio No. 314 de la Fiscalía Tercera de Derechos Humano y D.I.CH. y los artículos
1.2 y 3 de la Ley 721 de 2001 y la Sentencia C-476/05 de la Corte Constitucional
depreque condena a favor de los familiares de los muertos que se dejaron sin
condena por falta de documento que probara el fallecimiento.

5) Que le ordene a la Sala Segunda del Consejo de Estado, que revierta las
órdenes que el Tribunal Administrativo del Chocó, le dio a la Defensoría del
Pueblo en el ordinal 8º (8) en la Sentencia de Segunda Instancia que son
violatorios de la Constitución y la Ley, como se dejó establecido.

6) Que le ordene a la Sala Segunda del Consejo de Estado, que depreque
condena por concepto de perjuicio moral en favor de los familiares de los
muertos en cantidad de 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes y 400
por concepto de daño a la vida de relaciones

Como pretensión subsidiaria:

1) Que se decrete provisión para todas las 5.771 personas que el Tribunal
Administrativo del Chocó considera que son los desplazados, con tasación
ponderada, es decir, la sumatoria para cada uno de los afectados
considerados

2) Que se decrete provisión para el total que arroje la diferencia entre la
sumatoria de las 4 certificaciones que se mencionan en la página 96 de

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Demandante: Yenmin Cuesta Valencia y otros
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Decisión: Improcedente y carencia actual de objeto – Confirma
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Sentencia y las 5.771 que ha sido considerado, teniendo en cuenta los
cuadernos 12 y 13 del expediente 2009-245.”2

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) Cuatro grupos de personas3 interpusieron demandas, por conducto
de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de grupo, contra la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, Policía Nacional y
Armada Nacional con el fin de que se les declarara responsables por los
daños y perjuicios causados como consecuencia del enfrentamiento entre
2 grupos armados al margen de la ley, acaecido el 2 de mayo de 2002 en
el municipio de Bojayá (Chocó), en el cual murieron familiares de algunos
de los demandantes y que generó el desplazamiento forzado de los otros.

5. 2) El Juzgado 1 Administrativo de Quibdó acumuló los procesos
mencionados bajo el radicado No. 27001-33-31-001-2009-00245-00 (2002-
02001, 2003-0148, 2003-0169 y 2004-0401 acumulados).

6. 3) El Juzgado 1 Administrativo de Quibdó, mediante Sentencia de 28
de mayo de 2012, declaró solidariamente responsables a las autoridades
demandadas y, en consecuencia, las condenó a pagar en favor de la parte
demandante 89.990 SMLMV por concepto de indemnización por perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante, 449.950 SMLMV
correspondientes a la indemnización por perjuicios morales subjetivos y
269.970 SMLMV como indemnización por perjuicios inmateriales en la
modalidad de afectación a la vida de relación o alteración de las
condiciones de existencia.

7. 4) Dicha providencia fue apelada por el Ministerio Público, la Policía
Nacional, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la parte demandante,
por lo que el Tribunal Administrativo de Chocó, a través de Sentencia de 2
de mayo de 2019, confirmó la decisión de primer grado en el sentido de
declarar responsable a la parte demandada, pero modificó los términos de
la condena impuesta ya que declaró probada la excepción de falta de
legitimación activa en la causa de algunos integrantes del grupo
accionante. Por tal razón, el monto de los perjuicios pasó a corresponder a

2 El 17 de julio de 2024, la parte actora allegó un memorial en el que manifestó que corregía las pretensiones

subsidiarias de la acción de tutela para que quedaran así (se trascribe): “1) Que se le ordene a la Sección Segunda
para que decrete provisión para todas las 5.771 personas que el Tribunal Administrativo del Chocó considera que
son los desplazados, con tasación ponderada, es decir, la sumatoria para cada uno de los afectados
considerados. 2) Que se le ordene a la Sección Segunda, decrete provisión para el total que arroje la diferencia
entre la sumatoria de las 4 certificaciones que se mencionan e en la página 96 de Sentencia y las 5.771 que ha
sido considerado, teniendo en cuenta los cuadernos 12 y 13 del expediente 2009-245. 3) Que con fundamento en
el Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con la Sentencia SU-768/14, T-566/13 y SU-108/18, ejerza
el principio de oficiosidad del Juez de Tutela, decretando todas las pruebas que estime pertinente para el buen
devenir de la presente Acción de Tutela.
3 Los grupos de personas que integraban la parte demandante de los procesos que fueron agrupados se

encabezaban por expedientes así: 2002-1001: Yenmin Cuesta Valencia y otros, 2003-0148: Rodolfo Rivas y otros,
2003-0179: Zair González Palacios y otros; y 2004-0401: María Nuris Palacios Largacha y otros

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Decisión: Improcedente y carencia actual de objeto – Confirma
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378.354 SMLMV, como suma global ponderada para 1.195 integrantes del
grupo.

8. 5) Como consecuencia de la decisión tomada por el Tribunal
Administrativo de Chocó, distintas autoridades presentaron solicitudes de
revisión eventual ante el Consejo de Estado, a saber: a) el 20 de mayo de
2019, el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional, b) el 23 de
mayo de 2019, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el
Ministerio Público a través del Procurador 41 Judicial para Asuntos de
Conciliación Administrativa de Quibdó, y c) el 13 de agosto de 2019, Manuel
Leónidas Palacios Córdoba, en calidad de apoderado judicial de los
accionantes del proceso de acción de grupo.

9. 6) La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante Auto de 21
de septiembre de 2023, negó las solicitudes de revisión eventual de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Chocó, tras establecer
que estas se presentaron de manera extemporánea y sin el fundamento
suficiente para proceder con la selección.

10. 7) El 25 de octubre de 2023, la parte demandante presentó un
memorial denominado (se trascribe) “solicitud de insistencia” ante la
Sección Segunda del Consejo de Estado en el que pidió que se tramitara la
revisión eventual de la Sentencia de 2 de mayo de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Chocó.

11. 8) El 29 de mayo de 2024, allegó un memorial a la Sección Segunda
del Consejo de Estado en el que pidió que se le diera impulso procesal a su
solicitud de insistencia, por lo que presentó nuevos argumentos en relación
con la finalidad de la revisión eventual.

12. Como fundamento de la vulneración, la parte actora presentó
distintos argumentos encaminados a cuestionar, por un lado, el Auto de 21
de septiembre de 2023, mediante el cual la Sección Segunda del Consejo
de Estado decidió no seleccionar para revisión la Sentencia de 2 de mayo
de 2019 del Tribunal Administrativo de Chocó, y por el otro, la presunta mora
judicial en que incurrió la autoridad judicial accionada al no resolver la
solicitud de insistencia que presentó para que se procediera con la revisión
eventual.

13. En relación con el primer grupo de argumentos, precisó que la
autoridad judicial accionada incurrió en (se trascribe) “falsa motivación”
porque estableció erróneamente que, para el 13 de agosto de 2019, fecha
en que presentó la solicitud de revisión eventual, la Sentencia de 2 de mayo
de 2019 no estaba ejecutoriada, pero, a su juicio, era el momento preciso
para presentarla.

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14. Señaló que, de acuerdo con la Sentencia C-713 de 2008 de la Corte
Constitucional y el artículo 274 del CPACA, la presentación y trámite de la
solicitud de revisión eventual no suspendía la ejecutoria de la providencia
objeto de revisión, por lo que la Sala de Revisión erró al considerar que la
sentencia no estaba ejecutoriada, ya que los autos posteriores no alteraron
su ejecutoria.

15. Alegó que la providencia de 21 de septiembre de 2023 desconoció
los precedentes establecidos en las Sentencias C-668 de 2001, C-252 de
2001, C-713 de 2008, SU-695 de 2015, SU-108 de 2018, SU-018 de 2024 de la
Corte Constitucional, así como en la Sentencia de 25 de octubre de 2020,
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
dentro del proceso No. 11001-03-15-000-2020-04509-00, relacionadas con el
trámite de la revisión eventual.

16. En similar sentido, señaló que la autoridad judicial accionada había
desconocido los precedentes de las Sentencias C-217 de 1996 y C-537 de
2016 de la Corte Constitucional, que establecieron algunos criterios que
debían tenerse en consideración para la protección de los derechos
fundamentales en procesos colectivos.

17. Adicionalmente, agregó que la Sección Segunda del Consejo de
Estado incurrió en una violación directa de la Constitución porque en el Auto
de 21 de septiembre de 2023 indicó que, de seleccionarse la Sentencia de
2 de mayo de 2019 para revisión, se violaría el principio de igualdad, puesto
que solo algunos usuarios del sistema judicial tendrían la oportunidad de
acceder a una revisión en lo que podría constituir una tercera instancia,
mientras que la mayoría de los litigantes verían resueltas sus controversias en
procesos de doble instancia. Para la parte actora, dicha argumentación fue
errónea y constituyó un falso juicio de raciocinio porque el principio de
igualdad no se veía afectado por la selección de la sentencia para eventual
revisión, ya que en otros casos similares el Consejo de Estado había revisado
sentencias sin que eso afectara el acceso a la administración de justicia de
otros ciudadanos.

18. Respecto de la aparente mora judicial, manifestó que la autoridad
judicial accionada se había tardado más de lo previsto por el ordenamiento
jurídico en resolver la solicitud de insistencia frente a la negativa de revisión
eventual. En esa línea, puntualizó que, de acuerdo con la normatividad
vigente, desde la recepción del expediente hasta la sentencia de
reemplazo no podían trascurrir más de 9 meses y que, en el caso concreto,
el expediente fue remitido al Consejo de Estado en febrero de 2020 y hasta
el momento de radicar la acción de tutela habían transcurrido 52 meses sin
que se emitiera una decisión respecto de la solicitud de insistencia.

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1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación

19. Mediante Sentencia de 24 de octubre de 2024, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado determinó que no se cumplió con el requisito de
subsidiariedad frente a los cuestionamientos relacionados con el Auto de 21
de septiembre de 2023, mediante el cual dicha autoridad judicial decidió
no seleccionar la Sentencia de segunda instancia de 2 de mayo de 2019
para la revisión eventual. En consecuencia, declaró la improcedencia de la
acción de tutela frente a las pretensiones relacionadas con dicha decisión.

20. Frente a la mora judicial alegada, estableció que había carencia
actual de objeto por hecho superado, puesto que el 29 de agosto de 2024
se había proferido la providencia por medio de la cual se resolvió la solicitud
de insistencia presentada dentro del proceso de acción de grupo No. 27001-
33-31-001-2009-00245-01 (2002-02001, 2003-0148, 2003-0169 y 2004-0401
acumulados).

21. La parte actora impugnó la anterior providencia y solicitó que se
revocara puesto que los motivos que la impulsaron a presentar la acción de
tutela no habían desaparecido y la Sección Cuarta del Consejo de Estado
no había ordenado al Tribunal Administrativo de Chocó que cesara con la
vulneración a sus derechos fundamentales. Además, sostuvo que en el
presente caso la tutela era procedente como un mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable por lo que, de acudir a un mecanismo
judicial ordinario y esperar una solución a su situación en ese escenario, vería
seriamente afectados sus derechos fundamentales.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación del objeto de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción
de tutela. 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Actualidad del objeto. 2.5. Conclusión.

2.1. Identificación del objeto de la controversia

22. La Sala observa que, como se indicó en la Sentencia de primera
instancia, la acción de tutela persigue, por un lado, enjuiciar el Auto de 21
de septiembre de 2023, por medio del cual la Sección Segunda del Consejo
de Estado decidió no seleccionar para revisión eventual la Sentencia de
segunda instancia del 21 de septiembre de 2023, y por otra parte, alegar la
configuración de una mora judicial por el retardo injustificado de la
autoridad judicial accionada en resolver la “solicitud de insistencia”
presentada el 29 de mayo de 2024.

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23. Por lo anterior, la Sala examinará, en primer lugar, si en el presente
caso se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial y contra autoridad pública y, luego, entrará a estudiar
si hay carencia actual de objeto por hecho superado en lo relativo a la
solicitud presentada por la parte actora ante la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

2.2. Procedencia de la acción de tutela

24. 1) En relación con los argumentos tendientes a cuestionar el Auto de
21 de septiembre de 2023, por medio del cual la Sección Segunda del
Consejo de Estado negó la revisión eventual, la Sala considera que la acción
de tutela es improcedente por no cumplir con el requisito de inmediatez.

25. La Corte Constitucional4 ha sostenido que, aunque la acción de tutela
no tiene un término de caducidad, la misma debe presentarse dentro de un
“término razonable y proporcionado”, contado a partir del hecho u omisión
generadora de la vulneración o amenaza de derechos fundamentales,
pues, de no ser así, se afectaría la seguridad jurídica, los derechos de
terceros, e incluso, se desnaturalizaría la acción misma. Aunado a ello, en
relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, se
comprometería la cosa juzgada y la firmeza de las decisiones judiciales, por
lo cual, según la Corte, aquí, el examen de inmediatez debe ser más estricto.

26. En ese orden, la Corte Constitucional ha señalado que el estudio y
análisis de la inmediatez se debe efectuar a partir del concepto de
razonabilidad, (se trascribe) “teniendo en cuenta las particularidades de
cada caso concreto”.

27. Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación, mediante Sentencia
de unificación de 5 de agosto de 20145, estableció, como regla general, que
el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de 6 meses
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la providencia objeto de
reproche constitucional. No obstante, al igual que la Corte Constitucional,
sostuvo que (se trascribe) “en cada caso concreto deberá evaluarse este
requisito a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la acción de tutela”.

28. Para estudiar o valorar la inmediatez en concreto y establecer si la
acción es procedente, se ha considerado que el plazo oportuno es de 6
meses, salvo que, según la Corte Constitucional, se configuren alguna de
estas circunstancias, que no son taxativas, en el caso sometido a revisión: (1)
el accionante presente razones válidas para su tardanza en presentar la

4 Sentencia SU-018 de 2018.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación por importancia

jurídica de 5 de agosto de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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acción constitucional, (2) que a pesar del paso del tiempo, la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual o (3) que la
exigencia de la interposición de la acción en un término razonable resulte
desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en la
que se encuentra el demandante.

29. En el presente caso, lo que busca esencialmente la parte actora es
que se deje sin efectos el Auto de 21 de septiembre de 2023, proferido por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, y se observa que entre la fecha
de notificación de esa providencia (19 de octubre de 2023)6 y la
presentación de la acción de tutela (11 de julio de 2024) transcurrieron más
de 8 meses, por lo que el plazo que dejó correr la parte actora para acudir
ante el juez tutela con el propósito de solicitar el amparo de sus derechos
fundamentales, de cara a la decisión de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, no resultó ser razonable.

30. Si fuera del caso considerar que la parte actora acreditó el
cumplimiento del requisito de inmediatez, la acción de tutela sería
igualmente improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad ya
que, como lo precisó la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la
Sentencia de primera instancia, para el momento en que se presentó la
solicitud de amparo, el medio de control continuaba en trámite. Por lo tanto,
los reparos sobre las decisiones judiciales allí adoptadas estaban llamados a
ser resueltos en el marco de ese proceso.

31. De otro lado, 2) en lo que corresponde a los argumentos encauzados
a justificar la configuración de una mora judicial por parte de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, la Sala estima que se cumplieron los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela porque esta se
orientó a obtener la protección de los derechos fundamentales7 al debido
proceso y acceso a la administración de justicia. Yenmin Cuesta Valencia,
Jhon Eduar Chaverra Ramírez, Leison Romaña Palomeque, Carlos González,
María Pía Perea Cuesta y Herlin Perea Chala son los titulares de los derechos
invocados como violados, por lo cual, se tiene por acreditada la
legitimación activa en la causa8.

32. De igual manera, la Sección Segunda del Consejo de Estado tiene
legitimación pasiva en la causa9, porque de este se predica la vulneración.

6 De acuerdo con la información que reposa en el índice 35 del aplicativo SAMAI del expediente No. 27001-33-31-

001-2009- 00245-01.
7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
8 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
9 Ídem.

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33. En lo que respecta a la subsidiariedad10, se entiende superado dicho
requisito al no existir un recurso idóneo y eficaz que le permitiera realizar los
reparos planteados vía acción de tutela y procurar la defensa de los
derechos presuntamente vulnerados.

34. En relación con el requisito de inmediatez11, este se satisface, en razón
a que la irregularidad que la parte actora cuestiona de la Sección Segunda
del Consejo de Estado constituye una situación actual y continua, como lo
es la presunta configuración de una mora judicial.

2.3. Fijación de la controversia

35. Corresponde a la Sala definir si hay, o no, carencia actual de objeto
por hecho superado, tal como lo estableció la decisión de primera instancia,
en consideración a que la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante Auto de 29 de agosto de 2024, respondió la “solicitud de
insistencia” presentada por la parte actora el 25 de octubre de 2023. En
consecuencia, se confirmará, modificará o revocará la decición de primer
grado.

2.4. Actualidad del objeto

36. La Sala confirmará la decisión de primer grado, al encontrar que en el
presente caso se configuró un hecho superado.

37. La parte actora manifestó que, al momento de radicar la acción de
tutela, esto es, el 11 de julio de 2024, la Sección Segunda del Consejo de
Estado no había resuelto la solicitud de insistencia sobre la revisión eventual
de la Sentencia de segunda instancia del proceso de acción de grupo. No
obstante, la Sala estima que la solicitud de amparo carece de objeto frente
a ese reparo porque la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
Auto de 29 de agosto de 2024, notificado el 19 de septiembre de 2024,
resolvió la comentada solicitud en el sentido de negar la revisión eventual
de la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Chocó.

38. La autoridad judicial accionada argumentó que había determinado
no seleccionar la Sentencia de 2 de mayo de 2019 para la revisión eventual,
toda vez que los argumentos expuestos por la parte demandante no se
orientaron a sustentar la necesidad de unificar la jurisprudencia sobre
materias o aspectos puntuales en los que pudiera haber divergencias
interpretativas entre los Tribunales o entre las Secciones y Subsecciones del
Consejo de Estado, sino a que se generara una tercera instancia a fin de
examinar la legalidad del trámite procesal y de la providencia.

10 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1).
11 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4).

9 de 11

Radicación: 11001-03-15-000- 2024-03607-01
Demandante: Yenmin Cuesta Valencia y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda
Decisión: Improcedente y carencia actual de objeto – Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

39. En ese sentido, es preciso mencionar que la carencia actual de objeto
por hecho superado se configura en los casos en que, en el lapso trascurrido
entre la radicación de la acción de tutela y la expedición de la sentencia,
la parte accionada adelanta las acciones tendientes a cesar la vulneración
de los derechos fundamentales, por lo que resulta ser innecesario un
pronunciamiento del juez de tutela sobre el particular.

40. Así las cosas, la Sala corrobora que hay carencia actual de objeto por
hecho superado en la medida en que los motivos que llevaron a la parte
actora a reclamar la protección de sus derechos fundamentales
desaparecieron en el trámite de la acción de tutela, por lo que no se
evidencia un retardo injustificado que pueda ser atribuido a la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

2.5. Conclusión

41. Así las cosas, la Sala confirmará la decisión de primer grado proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual determinó
que la acción de tutela era improcedente frente a los reparos relacionados
con el Auto de 21 de septiembre de 2023 y declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado respecto de la mora judicial alegada en la
solicitud de amparo.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de tutela proferida el 24 de octubre
de 2024, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, pero por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin12.

12 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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Radicación: 11001-03-15-000- 2024-03607-01
Demandante: Yenmin Cuesta Valencia y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda
Decisión: Improcedente y carencia actual de objeto – Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

TERCERO: Por Secretaría General REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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