Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03616-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03616-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03616-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
4 de septiembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03616-00
Demandante: Adriana Rivera Palacio
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03616-00
Demandante: ADRIANA RIVERA PALACIO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SALA CUARTA ESPECIAL DE DECISIÓN
Temas: Contra providencia judicial. Requisito general de procedencia de
inmediatez
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Adriana Rivera Palacio contra Consejo
de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 11 julio de 2024, en ejercicio de la acción de tutela, Adriana Rivera Palacio, por conducto
de apoderado, pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de los autos del 29 de
junio y 30 de noviembre de 2023 dictados por el Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial
de Decisión, por medio de los cual se rechazó un recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra un auto que resolvió el incidente de liquidación de perjuicios y se decidió
un recurso de súplica contra esa decisión, respectivamente, en el proceso con radicado
nº 11001-03-15-000-2023-02512-00.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de la señora ADRIANA RIVERA PALACIO al interior del proceso identificado con el número de
radicado 11001031500020230251200.
SEGUNDA: DECLARAR que la SALA CUARTA ESPECIAL DE DECISIÓN DE LA SALA PLENA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO incurrió en un defecto procedimental
absoluto y que, en consecuencia, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia al interior del proceso identificado con el número de radicado
11001031500020230251200.
TERCERA: REVOCAR la Providencia Judicial proferida el 30 de noviembre de 2023 al interior del
proceso con número de radicado 11001031500020230251200 por SALA CUARTA ESPECIAL DE
DECISIÓN DE LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE
ESTADO
Y, en consecuencia,
QUINTA: ORDENAR a la SALA CUARTA ESPECIAL DE DECISIÓN DE LA SALA PLENA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO dar trámite al RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN interpuesto en contra de la providencia proferida el 19 de octubre de
2020 al interior del proceso con el número de radicado 05001233100019900086100.
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Demandante: Adriana Rivera Palacio
SEXTA: ADOPTAR cualquier otra medida adicional que el juez considere pertinente para la efectiva
tutela de los derechos fundamentales de la señora ADRIANA RIVERA PALACIO al interior del proceso
identificado con el número de radicado 11001031500020230251200.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El señor Luis Fernando Rivera Cardona y el consorcio ICSA presentaron demanda de
reparación directa en contra de las empresas Ecopetrol y Hixcol Energy INC, por los daños
causados con ocasión del tránsito de vehículos pesados y maquinaria industrial, en una
carretera que estaba siendo construida por el consorcio en el marco de un contrato de
obra.
La demanda se adelantó bajo el radicado 05001-2331-000-1990-00861-00 y correspondió
al Tribunal Administrativo de Antioquia, que, por sentencia del 25 de marzo de 2004,
denegó las pretensiones, al considerar que no se probó el daño.
Inconforme con esa decisión los demandantes interpusieron recurso de apelación y el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, el 24 de octubre de 2013, la revocó
y, en su lugar, declaró patrimonialmente responsables a las entidades demandadas y las
condenó en abstracto al pago de daños materiales.
El 5 de diciembre de 2014, el consorcio ICSA presentó incidente de liquidación de
perjuicios.
El 29 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo de Antioquia desestimó la liquidación
de perjuicios, al estimar que no se acreditó la cuantía del perjuicio que se halló probado
en la sentencia del 24 de octubre de 2013.
Inconforme, el consorcio ICSA presentó recurso de apelación. Luego, el 19 de octubre de
2020, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, confirmó el auto del 29 de
agosto de 2019.
El 15 de mayo de 2023, la señora Adriana Rivera Palacio, actuando como sucesora
procesal del señor Luis Fernando Rivera Cardona, y otro, presentaron recurso
extraordinario de revisión en contra de la providencia del 19 de octubre de 2020, que, se
adelantó bajo el radicado nº 11001-03-15-000-2023-02512-00 y correspondió al Consejo
de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, que, por auto del 28 de junio de 2023, lo
rechazó por improcedente.
Explicó que el auto cuestionado no es susceptible de ser controvertido a través del recurso
extraordinario de revisión y porque, en todo caso, fue interpuesto de manera
extemporánea.
Inconforme, la señora Rivera Palacio y otros presentaron recurso de súplica. Luego, el 30
de noviembre de 2023, el Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión confirmó
el fallo, básicamente por las mismas razones.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que la decisión acusada incurrió en los siguientes
vicios de fondo:
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Defecto sustantivo por indebida aplicación del artículo 308 del CPACA, puesto que,
considera que el término para interponer el recurso extraordinario de revisión debe ser
contabilizado de acuerdo con el Código Contencioso Administrativo, que fue la norma que
se aplicó en todo el proceso de reparación directa.
Defecto procedimental absoluto debido a que la autoridad judicial demandada se apartó
del procedimiento legalmente establecido para tramitar el recurso extraordinario de
revisión, al aplicar erróneamente lo dispuesto en el artículo 251 del CPACA e inaplicar el
artículo 187 del Código Contencioso Administrativo.
Que incurrió en exceso ritual manifiesto al aplicar de manera irreflexiva las normas sobre
la procedibilidad del recurso extraordinario de revisión, porque, a juicio de la parte actora,
la decisión contra la que se interpuso el recurso extraordinario se constituye
(materialmente) una sentencia, al ser una prolongación de esta y resolver asuntos
reservados a las sentencias, adicionalmente, porque dio por terminado el proceso y
produce efectos de cosa juzgada.
Dijo que cuando se condena en abstracto, la sentencia se dividía en dos, por un lado, la
decisión sobre las condenas y, por otro lado, la liquidación que se haga de la condena.
5. Trámite procesal
Por auto del 16 de julio de 2024, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados a los magistrados del Consejo
de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, y en calidad de terceros con interés, a
Mariana y Juan Sebastián Rivera Palacio; Luz Victoria, Andrea y Ángela María Cardona
Jaramillo y Hugo La Roche Largo.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 19 de julio y el 2 de
agosto de 2024.
El 2 de septiembre de 2024, la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto manifestó su
impedimento para decidir el asunto, porque integró la Sala de decisión que dictó la
providencia del 30 de noviembre de 202, objeto de la presente acción de tutela.
6. Intervenciones
El magistrado del Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, ponente de la
decisión cuestionada, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela porque
no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
Sostuvo que la parte actora no presentó argumentos suficientes para demostrar que el
asunto debe trascender a la órbita el juez constitucional. Que los argumentos propuestos
por la demandante se limitan a reiterar una discusión que ya fue resuelta en el proceso
ordinario.
Que en la decisión cuestionada se expusieron los argumentos que la parte actora pretende
desestimar con la presente acción de tutela, que, además, explicó que el trámite del
recurso extraordinario debía someterse a las normas que se encontraban vigentes al
momento de su formulación y no en las disposiciones que rigieron el proceso ordinario.
Que el régimen jurídico aplicable al trámite y admisión del recurso extraordinario era el
previsto en el CPACA, puesto que ese cuerpo normativo entro en vigor el 2 de julio de
2012 y todos los procesos iniciados con posterioridad a esa fecha debían ser tramitados
de conformidad con esa norma.
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Que, de acuerdo con el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, el recurso extraordinario de
revisión solo procede contra sentencias ejecutoriadas y dado que la parte actora
controvertía un auto que resolvió un incidente de liquidación de perjuicios, no se acreditaba
esa prerrogativa.
Que, adicionalmente, se incumplió el término previsto en el artículo 251 de la Ley 1437 de
201, que ordena que el recurso extraordinario de revisión debe interponerse dentro del
año siguiente a la ejecutoria de la sentencia judicial.
Finalmente, señaló que la parte actora pretende convertir la acción de tutela en una tercera
instancia. Que plantea un debate legal que no demuestra cómo la decisión cuestionada
afectó el núcleo esencial de los derechos fundamentales invocados y que los cargos
propuestos ya fueron resueltos en el recurso de súplica.
Mariana y Juan Sebastián Rivera Palacio; Luz Victoria, Andrea y Ángela María
Cardona Jaramillo y Hugo La Roche Largo no se pronunciaron pese a que, como se
vio, fueron debidamente notificados.
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa. Manifestación de impedimento.
Los impedimentos son instrumentos procesales que permiten garantizar la protección de
los principios de independencia e imparcialidad del juez, los cuales, a su vez, hacen parte
del derecho fundamental al debido proceso y constituyen pilares esenciales de la
administración de justicia.
La independencia hace alusión a que los funcionarios encargados de administrar justicia
no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones o exigencias que
interfieran en su juicio. La imparcialidad, por su parte, se predica del derecho a la igualdad
de todas las personas ante la ley. De ahí que se trate de un asunto de índole moral y ética,
así como de responsabilidad judicial1.
Ahora bien, la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto manifestó su impedimento para
decidir el asunto, porque integró la Sala de decisión que dictó una de las providencias
cuestionadas. En el caso concreto, está probado que la magistrada firmó el auto del 30 de
noviembre de 2023, por medio del cual se resolvió un recurso de súplica presentado contra
del auto, que rechazó por improcedente y extemporáneo el recurso extraordinario de
revisión.
En ese orden, se advierte que la magistrada participó de manera trascendente dentro del
proceso en el que se expidió la decisión objeto de la presente acción constitucional. En
consecuencia, se declarará fundado el impedimento en aplicación de lo previsto el artículo
56, numeral 6 del Código de Procedimiento Penal.
2. Problema jurídico y solución
La Sala empieza por precisar que, si bien la parte demandante cuestiona los autos del 29
de junio y 30 de noviembre de 2023 dictado por el Consejo de Estado, Sala Cuarta
Especial de Decisión, el análisis de los cargos propuestos se centrará en la última
providencia por ser la que decidió de manera definitiva sobre la procedencia del recurso
extraordinario de revisión.
1 Sentencia C-365 de 2000.
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Siendo así, corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada
por Adriana Rivera Palacio para dejar sin efectos el auto de 30 de noviembre de 2023
dictado por el Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, que confirmó el
rechazo de recurso extraordinario de revisión con radicado nº 11001-03-15-000-2023-
02512-00, interpuesto contra un auto que resolvió un incidente de liquidación de perjuicios.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela, porque no se cumple el
requisito general de inmediatez. En efecto, la solicitud de amparo fue presentada luego de
6 meses y 22 día de haber sido notificada la providencia de 30 de noviembre de 2023.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: (i) la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) a la inmediatez y, finalmente, (iii) analizará el caso concreto.
3. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4. La inmediatez
La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes de pasar
al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con el fin de
determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.
La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la
acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un
término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente, la
exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera que el
interesado la ejerza en un tiempo razonable, prudencial, sin demora.
Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha señalado
que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de la demanda4,
en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no solo tiene
que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los
derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.
Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir de
la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para ejercer
la acción de tutela, en consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos
previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las
mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas
resueltas logren certeza y estabilidad»5.
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la
decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración
del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4 Sentencia T- 123 de 2007.
5 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Ex. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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5. Análisis del caso concreto
Para la Sala la acción de tutela no cumple el requisito general de inmediatez. En efecto,
consultado el expediente 11001-03-15-000-2023-02512-00 en el aplicativo Sistema para
la gestión Judicial SAMAI, se advierte que la providencia del 30 de noviembre de 2023
(que puso fin al recurso extraordinario de revisión) fue enviada por correo electrónico a las
partes el 14 de diciembre de 2023, de modo que fue efectivamente notificada el 19 de
diciembre de 2023, en atención al numeral del artículo 2056 del CPACA. Así puede
verificarse:
Por su parte, la demanda de tutela fue presentada el 11 julio de 20247, esto es, luego 6
meses y 22 días de haberse notificado la providencia objeto de tutela, término que supera
el plazo límite previsto para la Sala Plena de esta Corporación.
La Sala no desconoce que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez
a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión que
vulnera los derechos fundamentales sean permanentes, persisten en el tiempo y hacen
que la violación sea siempre actual.
En este caso, sin embargo, no se advierte alguna circunstancia de modo, tiempo o lugar
que justifique la demora en presentar la acción de tutela y la apoderada del demandante
tampoco la expone.
Si la parte demandante estimaba que la providencia 30 de noviembre de 2023 vulneró
derechos fundamentales, lo propio era que presentara la acción de tutela tan pronto como
fue notificada. Cuando se cuestionan providencias judiciales, la oportunidad de la solicitud
6 La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:[…] 2. La notificación de la
providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los
términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
7 Índice 1 de Samai.
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de amparo se determina a partir del momento en que se notifica la providencia acusada,
pues la notificación supone que las partes tienen conocimiento de las decisiones
judiciales.
Lo anterior es suficiente para que la Sala declare improcedente la acción de tutela, porque
no cumple el requisito de inmediatez.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Declarar fundado el impedimento manifestado por la magistrada Stella Jeannette
Carvajal Basto.
2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO MILTON CHAVES GARCÍA
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