Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03618-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03618-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03618-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
5 de septiembre de 2024
Demandante: Gustavo Molina Sanceno
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03618-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., cinco [5] de septiembre de dos mil veinticuatro [2024]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03618-00
Demandante: GUSTAVO MOLINA SANCENO
Demandado: JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE ARMENIA
Temas: Tutela contra providencia judicial – acción popular – incidente
de desacato – sanciona – declara la improcedencia por falta
de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el Acuerdo
080 de 2019, de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
El 11 de julio de 2024, el señor Gustavo Molina Sanceno, en nombre propio,
presentó acción de tutela1 con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la igualdad.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión del
auto de 25 de abril de 2024, proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Armenia, por medio de la cual lo sancionó dentro del incidente
de desacato de la orden impartida en sentencia dictada en el proceso de
protección de derechos e interés colectivos, el cual se identificó con el radicado
número 63001-33-33-004-2017-00087-00.
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
El Conjunto Cerrado Reserva de la Sabana formuló el medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos contra el municipio de Armenia y el
señor Gustavo Molina Sanceno, cuyo proceso culminó, en segunda instancia el 11
de marzo de 2021, con el amparo de los derechos colectivos a la defensa de los
1 La solicitud de amparo se radicó en la ciudad de Armenia, fecha en la cual fue remitida por el
Tribunal Administrativo del Quindío a esta Corporación.
1
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bienes de uso público, la realización de construcciones edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, que consideró
vulnerados por los accionados.
La resolutiva del fallo de segundo grado proferido por el Tribunal Administrativo
del Quindío, fue así:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral TERCERO de la Sentencia 267 de 11 de
diciembre de 2019, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Armenia el cual quedará así:
TERCERO: De conformidad con lo anterior:
a) Declarar para todos los efectos legales, que la vía de acceso a los
condominios involucrados, Calle 24 N, es una vía pública.
b) ORDENAR al Municipio de Armenia, el inicio y culminación del proceso
policivo a que haya lugar por la construcción del muro de contención por fuera
de las medidas establecidas en el plano de urbanismo aportado para la
licencia de construcción Lu 2013-116 y LC 2013-1680 de 27 de junio de 2013,
incluyendo si es del caso el tema del cerramiento, otorgada a favor del señor
GUSTAVO MOLINA SANCENO.
c) ORDENAR al señor GUSTAVO MOLINA SANCENO, que en el término de
tres (3) meses, contados a partir de la notificación de la presente sentencia,
proceda con la construcción y culminación del andén al costado izquierdo de
la vía de acceso al conjunto Reserva Campestre, es decir la calle 24 Norte,
desde el inicio de la misma, desde donde se conecta con la avenida
centenario y hasta la entrada del conjunto Reserva Campestre, guardando la
medida de 1.50mts de ancho, como se estipuló en el plano de urbanismo ya
mencionado.
d) Constituir un comité de verificación para el cumplimiento del fallo, presidido
por el juez a quo, con la participación de las partes y los vinculados,
incluyendo la Defensoría del Pueblo2.
En atención al incumplimiento de la decisión en mención, la parte interesada
formuló incidente de desacato, el cual finalizó el 25 de abril de 2024 con sanción al
señor Gustavo Molina Sanceno, correspondiente a multa equivalente a 10
SMLMV, en atención a que no ha implementado medida alguna que le permita
satisfacer la obligación que le corresponde.
El juzgado agregó que, «[e]n lo que atañe a los reparos existentes frente al
contenido de la sentencia que se reputa incumplida ha indicado incasablemente
este estrado judicial que la oportunidad procesal para ello ya se surtió a través del
recurso de apelación propuesto en contra de dicha decisión y sin que puede ahora
controvertirse su contenido».
Remitido el expediente al Tribunal Administrativo del Quindío, para el grado
jurisdiccional de consulta, éste confirmó la sanción impuesta por el a quo el 17 de
mayo de 2024, al compartir la consideración del juzgado y exponer:
más de tres años después de la firmeza de las órdenes impartidas por esta
jurisdicción dentro del medio de control popular de la referencia, el señor GUSTAVO
MOLINA SANCENO no ha dado cumplimiento a las mismas, por el contrario ha
2 Transcrito con posibles errores ortográficos y mayúsculas sostenidas del texto original.
2
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debatido la validez de las declaraciones hechas por el Juzgado, ha traído a colación
actos administrativos expedidos por la Curaduría Urbana 1, referentes a la
caducidad de la acción policial, ha debatido la naturaleza de la calle 24N, ha referido
moras por carecer de los recursos para el cumplimiento de la orden pendiente de
cumplimiento, pese a que afirma tener la intención de llevar a cabo las acciones
tendientes al cumplimiento de la orden judicial, con todo lo cual se encuentra
incumpliendo la orden referida en el numeral segundo de la sentencia de 11 de
diciembre de 2019 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Armenia.
Resulta inadmisible que el sancionado pretenda cuestionar la validez de las
decisiones judiciales adoptadas tanto por el Juzgado referido y por la Sala Quinta de
Decisión de este Tribunal, y sobre todo el contenido de las mismas, pues como lo
advirtió el a quo, este ya no es el momento procesal para debatir lo dispuesto en
ellas, máxime cuando se encuentran ejecutoriadas hace varios años3.
1.3. Pretensión
Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:
1. Tutelar mis derechos fundamentales a qui invocados.
2. ORDENAR AL JUZGADO 4o ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
ARMENIA, o según a quien corresponda, dejar sin efectos el auto que impone
sanción de 10 SMLMV al señor Gustavo Molina Sanceno, por la no entrega de
las áreas de cesión al Municipio de Armenia4.
1.4. Fundamentos de la solicitud
El tutelante consideró que la autoridad judicial accionada trasgredió sus derechos
fundamentales, debido a que: (i) el Decreto Nacional 1077 de 2015 le concede
plazo hasta el 1 de abril de 2025 para la entrega del área en cesión, esto es, que
se encuentra amparado por una licencia de construcción vigente, (ii) sí ha
exteriorizado la voluntad de entregar el área señalada en el fallo de la acción
popular, pero no ha obtenido respuesta hasta ese momento del municipio de
Armenia, y (iii) la necesidad de realizar modificaciones a la licencia de urbanismo
inicial para hacer la entrega.
Por lo anterior señaló que es indispensable solicitar la modulación del fallo de
segunda instancia de la acción popular con relación a la vía calle 24 Norte, la
forma como se debe hacer la compensación de las áreas de cesión según la
licencia de construcción, entre otros.
Por su parte citó dos sentencias de la Corte Constitucional5, pero no desarrolló
ningún argumento en el marco de los cargos de la solicitud de amparo.
1.5. Trámite procesal de la acción
El 20 de agosto de 2024 se admitió la acción y se ordenó la notificación del
tutelante y de la autoridad judicial accionada.
3 Transcrito con posibles errores ortográficos.
4 Transcrito con posibles errores ortográficos y mayúsculas sostenidas del texto original.
5 «SENTENCIA 836 DE 2001 CORTE CONSTITUCONAL – SEGURIDAD JURIDICA […]
SENTENCIA DE UNIFICACIÓN SU-198 DE 2013, CORTE CONSTITUCIONAL».
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Por su parte se vinculó, como terceros con interés en las resultas del proceso, al
Tribunal Administrativo del Quindío [autoridad judicial de segunda instancia del
incidente de desacato], y al señor José Manuel Ríos Morales [parte incidentada6].
Además, el funcionario instructor dispuso ordenar al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Armenia que mediante aviso informara a las
demás partes e intervinientes en el proceso de protección de derechos e interés
colectivos con radicado 63001-33-33-004-2017-00087-00, la existencia de la
presente acción de tutela, para que quien tenga interés se pronunciara dentro del
término de dos días contados a partir del día siguiente a su fijación7.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia,
luego de detallar toda la actuación procesal, desde el fallo que amparó los
derechos colectivos hasta los diversos seguimientos para la debida ejecución de
esa decisión, pidió que se niegue la solicitud de amparo, particularmente al
destacar el tiempo transcurrido sin que se dé el cumplimiento de la sentencia y, la
garantía al debido proceso en todo el trámite.
Por su parte resaltó que aceptar que se cambien las directrices de la sentencia,
sería desconocer el derecho colectivo amparado con la providencia que puso fin a
la acción popular.
1.6.2. La Curadora Urbana 1 de Armenia, expuso los parámetros de las licencias
otorgadas al tutelante, en donde destacó que la licencia de revalidación tiene una
vigencia improrrogable hasta el 2 de octubre de 2024, y que solo hasta el 5 de
agosto de 2024 el tutelante radicó formalmente la solicitud de modificación de la
licencia vigente8.
1.6.3. El Municipio de Armenia advirtió que ha actuado de buena fe y por ello no
se le debe imponer carga jurídica alguna.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Gustavo Molina Sanceno, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por el accionante, de parte
6 El entonces alcalde del municipio de Armenia.
7 La notificación por aviso se surtió el 23 de agosto de 2024.
8 Petición que se complementó el 22 de agosto de 2024.
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del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, como
autoridad judicial demandada, con ocasión de la providencia proferida el 25 de
abril de 2024.
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, (ii) los requisitos generales de procedibilidad adjetiva, de ser
del caso, y (iii) el caso en concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20129
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema10.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el
incidente de desacato13
Esta Sala ha considerado que la naturaleza jurídica del incidente de desacato
corresponde a la de un trámite sancionatorio, por lo que contra las decisiones que
se adopten en el mismo procede excepcionalmente la acción de tutela, cuando se
pretenda obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato.
9 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
11 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Ver postura de la Sala en la providencia de 24 de septiembre de 2020, expediente No. 11001-03-
15-000-2020-03234-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente de desacato, de la
siguiente manera:
[…] Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas
en el curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la
Corte ha establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre
que logre verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es
claro que, por medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman
decisiones que pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes.
Entonces, siendo procedente de forma excepcional la acción de tutela debe tenerse
presente que durante el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que
afecten la ratio decidendi, ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el fallo
de tutela, y que sirve como fundamento para promover el incidente de desacato.
Así, el estudio de una acción de tutela interpuesta contra un incidente de desacato
deberá limitarse, en todo caso, a la conducta desplegada por el juez durante el
incidente mismo, sin consideración alguna del fallo que le sirve de trasfondo. Lo
contrario sería revivir un asunto debatido que hizo tránsito a cosa juzgada […]14.
De manera que, el desacato es incidental por ser un instrumento sancionatorio de
creación legal, cuyo procedimiento se surte previa petición de la parte interesada y
requiere un análisis de la responsabilidad subjetiva.
Es así como mientras el cumplimiento implica un análisis objetivo, el incidente de
desacato va más allá y estudia la responsabilidad subjetiva del funcionario
encargado de cumplir el fallo, esto es, las razones que lo llevan a omitir el deber
de atender la orden judicial.
En todo caso, el incumplimiento de una providencia judicial proferida dentro de un
trámite incidental por no acatar una orden judicial es una violación sistemática de
la Constitución Política, por cuanto frustra la consecución de los fines esenciales
del Estado, por lo que es evidente que la obligación primordial del juez
constitucional es hacer cumplir íntegramente la orden judicial de protección.
Al respecto, la Corte Constitucional señaló que «[…] [e]s el desacato un ejercicio
del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel
es una responsabilidad subjetiva […]»15 en tal sentido, se prohíbe la
responsabilidad objetiva, en tanto que para sancionar por el incumplimiento de una
orden judicial es necesario que esta sea el resultado de una acción u omisión
ejecutada dolosa o culposamente del agente.
La mencionada Corporación ha considerado, en eventos relacionados, lo
siguiente:
[…] las razones que el peticionario exponga en su escrito de tutela deben ser
coherentes con los argumentos esgrimidos durante el incidente y que las pruebas
que pretenda hacer valer hayan sido solicitadas, conocidas o analizadas en la etapa
incidental porque de lo contrario la tutela no sería procedente en tanto que ésta no
puede ser utilizada como un remedio procesal ante la desidia o negligencia del
interesado […]16.
El parámetro que se debe tener en cuenta para sancionar, lo establece la orden impartida,
esto es, debe existir certeza acerca de la conducta esperada y la forma específica
14 Corte Constitucional, sentencia T - 482 de 2013.
15 Sentencia T-763 de 1998.
16 Sentencia T-343 de 5 de mayo de 2011.
6
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en que esta debe materializarse y esa orden es la que el juez debe verificar de
manera rigurosa.
Por tanto, durante el trámite incidental de desacato debe garantizarse al
funcionario el derecho al debido proceso en todas las actuaciones, por lo que de
advertirse una conducta positiva por parte del mismo, de la cual pueda inferirse
que ha obrado de buena fe y no con el ánimo de evadir los mandatos de la orden
judicial, no hay lugar a la imposición de sanciones17.
Así las cosas, ante estos eventos el juez constitucional que conoce de una tutela
contra providencias dictadas en el trámite del incidente de desacato se encuentra
limitado a establecer:
i) Si el juez del desacato actuó de conformidad con la orden de amparo proferida,
ii) si se respetó el debido proceso de las partes y,
iii) si la sanción impuesta, de ser el caso, resulta arbitraria, sin que con ello se
pueda reabrir el debate de fondo ni cambiar la protección concedida o el alcance y
contenido de aquella.
2.4 Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia Constitucional
A esta Sección le resulta pertinente destacar que, como se verá, debido a la falta
de relevancia Constitucional del mecanismo de la referencia, no será necesario
profundizar acerca de la problemática concerniente a establecer si es viable o no
estudiar, en sede de tutela, una providencia cuando no se controvierte la que la
confirma18, como lo es la que resolvió el grado jurisdiccional de consulta, la cual,
valga la pena destacar, hizo tránsito a cosa juzgada.
Ahora bien, previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta
pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de
2022, en cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este
requisito, así:
[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
17 Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-939 de 2005 ha considerado: «…Conforme a
la naturaleza sancionatoria del desacato, cualquier medida proveniente de éste debe estar
soportada por la garantía del debido proceso respecto de cada uno de los disciplinados y
precedida por la comprobación probatoria de cada uno de sus elementos, es decir, el
incumplimiento de la orden y la responsabilidad subjetiva de cada uno de sus destinatarios. De no
reunirse cualquiera de los presupuestos mencionados, conforme al reglamento que rige la acción
de tutela y la jurisprudencia de esta Corporación, no será posible impartir sanción alguna, pero si
ello llegare a ocurrir, procederá el examen de las decisiones a partir de los criterios de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales».
18 Planteado en el problema jurídico como «indebida imputación en contra de la providencia que
definió la controversia».
7
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fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].
Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional
en la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201419, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de
aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por
ende, no debe ser un debate exclusivamente legal.
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia20.
Sobre el particular, se considera que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.
En primer lugar se recuerda que en materia de tutelas contra providencias
judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de
la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la
parte actora dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los
argumentos del accionante en la solicitud de amparo, sin el debido contraste de un
indebido e irracional estudio del caso concreto por parte de la autoridad judicial, se
atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el
mecanismo constitucional en una tercera instancia.
En este orden de ideas, para esta Sala el argumento que se refiere a la
imposibilidad de cumplir el fallo por cuestiones administrativas y vigencia de
licencias, por sí solo, no cuenta con la carga argumentativa ius fundamental para
ser estudiado, en el marco de la trasgresión de derechos fundamentales, porque la
discusión se limitó a controvertir la sentencia incumplida.
En este orden de ideas, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por
la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este
presupuesto, en atención a que no se justificó la presencia de una posible
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
20 Énfasis de la Sala.
8
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trasgresión de las garantías constitucionales del tutelante ante la sanción impuesta
por no cumplir un fallo proferido al interior de un medio de control de protección de
derechos e interés colectivos, por el contrario, se evidencia que existe una
decisión judicial que otorgó un plazo de tres meses para cumplir la orden, sin que
se advierta una oposición al respecto, y una verificación de orden, realizada más
de tres años después, en la que el Tribunal del Quindío encontró, en grado
jurisdiccional de consulta de desacato, que aún no se evidenciado el cumplimiento
de lo dispuesto en sentencia, que se reitera, se dispuso cumplir en un término
específico.
En este sentido, para esta Sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de la parte tutelante frente a la sanción pecuniaria impuesta,
sin controvertir la decisión que confirmó la decisión y que pretende reabrir el
debate de fondo intentando cambiar la protección concedida o el alcance y
contenido de aquella, de modo que la situación descrita es «de competencia
exclusiva del juez ordinario»21 y por ello, al funcionario constitucional no le
corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.
Ahora bien, se tiene que la Corte Constitucional ha explicado que la acción de
tutela procede sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de
protección de los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar
la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que
invoca, se acrediten al menos sumariamente.
Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la
acción de tutela, es la existencia de un perjuicio irremediable, el cual se configura
a voces de la Corte Constitucional «[…] cuando el peligro que se cierne sobre el
derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera
grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo
neutralicen […]22».
De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables 23. Entonces,
corresponde a la Sala estudiar si, en el caso concreto, la acción de tutela procede
de forma transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecte
de manera directa los derechos fundamentales de la parte actora.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-
573 de 2017 y C-590 de 2005.
22 Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas
Hernández.
23 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación se reseña, en síntesis lo pertinente: «[…] son elementales para la comprensión de la
figura del perjuicio irremediable, […] A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por
suceder prontamente"[…]. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable han de ser urgentes, […] || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea
grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona […] || D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea
impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna
[…] Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia
de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos
y garantías básicos para el equilibrio social».
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Demandante: Gustavo Molina Sanceno
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03618-00
Al respecto se tiene que dicho perjuicio no se evidencia en este asunto porque del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la parte actora se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales, ni el demandante lo advierte.
2.6. Conclusión
Así las cosas, se declarará la improcedencia del mecanismo constitucional de la
referencia por falta de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Gustavo Molina Sanceno.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a
su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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