Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03622-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03622-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03622-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
31 de octubre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03622-01
Demandante: Ramiro Triana Triana
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-03622-01
Demandante RAMIRO TRIANA TRIANA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Temas Acción de tutela. Causales generales de procedibilidad. Relevancia
Constitucional. Incorporación en presupuesto de rentas del municipio
el valor de las multas impuestas a concejales por órganos de control.
Rubro de Bienestar Social.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la
sentencia del 5 de agosto de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que dispuso:
“Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Ramiro Triana Triana, en la
solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Santander, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia. […]”1
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 12 de julio de 20242, el señor Ramiro Triana Triana, actuando a través de
apoderado judicial, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, que consideró vulnerados por el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal
Administrativo de Santander.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1 PRIMERA: Que se declare que la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - JUZGADO SÉPTIMO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, al proferir las Sentencias de Primera Instancia el 29 de
noviembre de 2019 dentro del proceso de Acción de Cumplimiento de radicado
68001333300720230026400, y de Sentencia de Segunda Instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander el 15 de enero de 2024 bajo el radicado
68001333300720230026401, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa, al acceso a la justicia y a la igualdad de mi poderdante RAMIRO TRIANA TRIANA.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL -
JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BUCARAMANGA Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER dejar sin efectos las
1 Samai, índice 16. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-03622-00.
2 Samai, índice 2. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-03622-00.
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Demandante: Ramiro Triana Triana
Sentencias de Primera Instancia el 29 de noviembre de 2019 dentro del proceso de Acción de
Cumplimiento de radicado 68001333300720230026400, y de Sentencia de Segunda Instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 15 de enero de 2024 bajo el radicado
68001333300720230026401.
TERCERA: Y en consecuencia con lo anterior se ordene proferir una nueva Sentencia que
acoja las pretensiones de la Demanda tramitada al interior del Proceso de Acción de
Cumplimiento de radicado 68001333300720230026400 en primera instancia y
68001333300720230026401 en segunda instancia.
CUARTA: Solicito de ser necesario proferir el fallo de la presente tutela de manera ultra o
extra petita, en lo que el Juez considere pertinente.
Lo anterior en atención a lo señalado en sentencias SU 195 de 2012 que a su vez cita la
Sentencia T-886 de 2000, así:
“…la naturaleza de la acción de tutela, como mecanismo de protección de derechos
fundamentales, reviste al juez que conoce de ella de una serie de facultades que, en ejercicio
de la jurisdicción ordinaria, no posee. La principal de ellas, consiste en fallar más allá de lo
solicitado por quien hace uso de este mecanismo, fallos ultra o extra petita. Prerrogativa que
permite al juez de tutela pronunciarse sobre aspectos que, sin ser expuestos como
fundamento del amparo solicitado, deben ser objeto de pronunciamiento, por estar vulnerando
o impidiendo la efectividad de derechos de rango constitucional fundamental.’
Entonces, sí es posible que el juez ordene la protección judicial de uno o más derechos
constitucionales fundamentales que aparezcan vulnerados, así el interesado no lo hubiese
solicitado expresamente en la demanda de tutela. Dada la naturaleza de la presente acción,
la labor del Juez es impulsar el proceso tutelar y averiguar no sólo todos los hechos
determinantes, sino los derechos cuya afectación resulte demostrada en cada caso; en otras
palabras, en materia de tutela no solo resulta procedente sino justo y reclamado por la
preeminencia del derecho sustancial, que las acciones sean falladas extra o ultra petita.
Argumentar lo contrario conllevaría que la administración de justicia incumpla su deber de
impartirla oportuna y acertadamente, denegación que se materializa si el Juez advierte un
quebrantamiento o amenaza de violación contra un derecho fundamental […].”
En ese orden de ideas, el juez de tutela está habilitado para fallar extra o ultra petita cuando
así lo requiera la vigencia de los derechos fundamentales. La naturaleza especialísima de la
acción de tutela “permite su distinción respecto de las demás acciones legales, autorizando al
juez asumir un papel activo en el análisis del caso bajo su conocimiento, en aras de la eficaz
protección de los derechos fundamentales” […].”3 (Sic a toda la cita)
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El actor para contextualizar su acción de tutela señaló que en noviembre de
cada año el Concejo Municipal de Floridablanca Santander aprueba el
presupuesto de rentas, recursos de capital y la ley de apropiaciones del
municipio, dentro del cual se encuentra: (i) el presupuesto de la administración
central, (ii) los establecimientos públicos y (iii) el presupuesto de los órganos
de control.
Dijo que tanto el Municipio de Floridablanca, como la Personería, la
Contraloría y el Concejo de ese municipio, expiden su propio acto
administrativo para liquidar su presupuesto anual, dentro del cual uno de los
rubros es el de Bienestar Social, que depende de las necesidades de los
empleados públicos.
Como ejemplo de lo anterior señaló que, el alcalde del Municipio de
Floridablanca profirió el Decreto Nro. 0473 del 9 de diciembre de 2021, en el
3 Samai, índice 2. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-03622-00.
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cual se liquidó el presupuesto general de rentas, recursos de capital y ley de
apropiaciones del municipio para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2022, que fue aprobado mediante el Acuerdo Municipal Nro. 017
del 8 de noviembre de 2021, en este el rubro de Bienestar Social para los
empleados de la Alcaldía de Floridablanca se fijó en: $1.046.047.400;
mientras que la Mesa Directiva del Concejo de este mismo municipio mediante
la Resolución Nro. 001 del 3 de enero de 2022, indicó que el rubro de
Bienestar Social para los empleados del Concejo Municipal correspondía a
$27.000.000.
2.2. El 30 de julio de 2013, se le notificó a la Secretaría General del Concejo
Municipal de Floridablanca el auto del 22 de julio de 2013, dictado dentro del
radicado SIAF 2012-468233, en el cual el Procurador General de la Nación
resolvió declarar la revocatoria directa de los fallos de instancia en lo que se
refería al análisis de culpabilidad y se dictó decisión sustitutiva de los fallos
fijando como sanción de suspensión por el término de 10 meses para los
concejales del Municipio de Floridablanca que participaron en la aprobación
del Acuerdo Nro. 002 de 2008.
2.3. El 4 de septiembre de 2013, el Presidente del Concejo Municipal de
Floridablanca, profirió la Resolución Nro. 078, en la que resolvió dar
cumplimiento a la providencia del 22 de julio de 2013 y convertir el término de
la sanción en 10 meses de honorarios de acuerdo con el monto devengado
para el momento de la comisión de la falta, dinero que debía ser consignado
dentro del plazo de 30 días contados a partir de la fecha de ejecutoria de esta
resolución. Sólo dos personas pagaron la multa de manera voluntaria y frente
al resto se inició el proceso de cobro coactivo.
2.4. El 27 de septiembre de 2013, el Procurador Auxiliar para Asuntos
Disciplinarios remitió un concepto jurídico al Presidente del Concejo de
Floridablanca sobre la aplicación de los incisos segundo y tercero del artículo
46 de la Ley 734 de 2002 (monto de la multa y destino de los dineros pagados),
en el que entre otras cosas señaló:
“[…] Sobre este tema, este despacho interpreta, (…) que se refiere a los casos en que el
disciplinado cese en el ejercicio de sus funciones al momento de la ejecutoria del fallo o
durante la ejecución del mismo y que no fuere posible ejecutar la sanción, en este evento se
convierte la suspensión o lo que faltare de ella en salarios de acuerdo al monto de la comisión
de la falta.[…] Sobre este tema, este despacho interpreta, (…) que se refiere a los casos en
que el disciplinado cese en el ejercicio de sus funciones al momento de la ejecutoria del fallo
o durante la ejecución del mismo y que no fuere posible ejecutar la sanción, en este evento
se convierte la suspensión o lo que faltare de ella en salarios de acuerdo al monto de la
comisión de la falta.” […] Finalmente, en el tema específico del destino de la multa, el mismo
artículo 173 antes citado indica que la multa se destinará a la entidad a la que preste o haya
prestado sus servicios el sancionado, de conformidad con el Decreto 2170 de 1992, para
complementar esta información, la Corte Constitucional fue bastante clara en sentencia C-
280 de 1996 […] En resumen, los dineros provenientes de la sanción se consignan a nombre
de la entidad que prestaba sus servicios el servidor público, con destino al cumplimiento de
programas de bienestar social. […]”.
2.5. El 12 de noviembre de 2021, la Mesa Directiva del Concejo profirió la
Resolución Nro. 128 por medio de la cual se ordenó al Tesorero del Concejo
Municipal la devolución de los $127.967.997,80 recaudados por concepto de
fallos de órganos de control que imponen sanciones disciplinarias para que
fueran consignados a la cuenta del Municipio de Floridablanca.
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Demandante: Ramiro Triana Triana
2.6. El 22 de noviembre de 2021, el Tesoro del Concejo Municipal de Floridablanca
certificó que en la cuenta del Concejo Municipal se encontraban depositados
$127.967.997, por concepto de pagos de fallos sancionatorios, discriminados
así:
Nombre Valor cancelado
Javier Martín Dulcey Villamizar $1.366.675
Humberto Gómez Cepeda $1.366.675
Carlos Roberto Ávila Aguilar $1.367.000
Carlos Roberto Ávila Aguilar $39.633.575
Félix Marino Jaimes Caballero $40.772.470
Julio César Parra Aceros $20.000.000
Julio César Parra Aceros $20.772.470,80
Germán González Quintero $2.689.132
Total $127.967.997,80
Dinero que de acuerdo por lo afirmado por el accionante debe ser destinado
a financiar programas de Bienestar Social de los empleados del Concejo
Municipal de Floridablanca de conformidad con el inciso segundo del artículo
173 de la Ley 734 de 2002, y los artículos 6 y 7 del Decreto 2170 de 1992.
2.7. Mediante Acuerdo Municipal Nro. 012 del 28 de noviembre de 2022 se aprobó
el presupuesto de rentas, recursos de capital, y ley de apropiaciones del
municipio para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023,
dentro de la cual se encuentra la sección del presupuesto del gasto, en el cual
se debieron incorporar los $127.967.997,80 destinados a financiar el
programa de Bienestar Social de los empleados del Concejo.
2.8. El accionante al considerar que esos dineros debían estar destinados a
financiar únicamente el programa de Bienestar Social de los empleados del
Concejo Municipal presentó varias solicitudes dirigidas al Secretario de
Hacienda de Floridablanca y al Tesorero Municipal de Floridablanca, quienes
le dieron dos respuestas negativas el 28 de octubre y 16 de noviembre de
2022. Y señaló que frente a estos hechos cursan varias denuncias penales y
una investigación disciplinaria.
2.9. Para el año 2023, los señores Ramiro Triana Triana y Fernando Álvarez
Torres presentaron demanda en ejercicio de una acción de cumplimiento
contra el Municipio y el Concejo Municipal de Floridablanca Santander, la cual
le correspondió por reparto en primera instancia al Juzgado Séptimo
Administrativo Oral de Bucaramanga con el radicado Nro. 68001-33-33-007-
2023-00264-00. En esta acción se pretendía:
“[…] PRIMERA: Que se ordene al Concejo Municipal de Floridablanca y al Municipio de
Floridablanca hacer efectivo el cumplimiento del artículo 173 inciso segundo de la Ley 734 de
2002, y los artículos 6 y 7 del Decreto 2170 de 1992, en relación Ciento Veintisiete Millones
Novecientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos Moneda Corriente
($127.967.997), recaudados (en cumplimiento de Resoluciones 078 de 2013 y Resolución 017
de 2018) por concepto de multas proferidas por órganos de control, a favor del Concejo
Municipal de Floridablanca.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Concejo Municipal de
Floridablanca y al Municipio de Floridablanca, a que adelanten las actuaciones administrativas
y presupuestales a que haya lugar para que los dineros por el monto de Ciento Veintisiete
Millones Novecientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos Moneda
Corriente ($127.967.997), recaudados (en cumplimiento de Resoluciones 078 de 2013 y
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Demandante: Ramiro Triana Triana
Resolución 017 de 2018) por concepto de multas proferidas por órganos de control a favor
del Concejo Municipal de Floridablanca (y los dineros que posteriormente lleguen a ser
recaudados por dicho concepto), que deben ser destinados a financiar programas de
Bienestar Social de los empleados del Concejo Municipal de Floridablanca, de conformidad
con lo expresado en el artículo 173 inciso segundo de la Ley 734 de 2002, y los artículos 6 y
7 del Decreto 2170 de 1992, se incorporen al Presupuesto de Rentas, Recursos de
Capital, y Ley de Apropiaciones del Municipio de Floridablanca para la vigencia fiscal
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (el cual debe ser aprobado por el Concejo
Municipal en noviembre de 2024), a la sección del presupuesto de gastos del Concejo
Municipal de Floridablanca, código presupuestal número 2.1.2.02.02.008.09
correspondiente al Bienestar Social (sin que sean considerados parte de los ingresos
corrientes de libre destinación ICLD de conformidad con el artículo 3 de la Ley 617 de
2000), rubro de bienestar social el cual se deberá ejecutar para materializar el programa anual
de bienestar social e incentivos, para los empleados del Concejo Municipal de Floridablanca
y sus familias, de conformidad con el decreto 1567 de 1998 y los acuerdos colectivos vigentes.
[…]”
2.10. El 29 de noviembre de 2023, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de
Bucaramanga dictó sentencia de primera instancia en la mencionada acción
de cumplimiento, en la que se resolvió denegar las pretensiones de la
demanda y se compulsaron copias a la Contraloría Municipal de Floridablanca
y a la Procuraduría Regional de Santander. Contra esta decisión, el señor
Ramiro Triana Triana interpuso recurso de apelación.
2.11. De la segunda instancia de ese proceso conoció el Tribunal Administrativo de
Santander, el cual dictó sentencia el 15 de enero de 2024, resolviendo
confirmar la sentencia del 29 de noviembre de 2023.
3. Fundamentos de la acción
El señor Ramiro Triana Triana, actuando a través de apoderado judicial, consideró
que el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga
y el Tribunal Administrativo de Santander vulneraron sus derechos fundamentales
a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, toda
vez que, estas autoridades no accedieron a las pretensiones en las que solicitaba
se adicionaran los recursos pagados por sanciones disciplinarias impuestas a
servidores públicos del Concejo Municipal de Floridablanca al presupuesto del
Concejo Municipal, de conformidad con lo señalado en los artículos 6 y 7 del
Decreto 2170 de 1992 y el artículo 173 de la Ley 734 de 2002, para que estos fueran
destinados al programa de Bienestar Social de los empleados del Concejo
Municipal y no a los de la Alcaldía de Floridablanca.
Como sustento de lo anterior señaló que, el artículo 7° del Decreto 2170 de 1992
consagra las “multas por sanciones disciplinarias” las cuales se cobrarán por cada una
de las entidades a las cuales pertenezca el servidor sancionado, y que el artículo
237 de la Ley 1952 de 2019 consagró el “Pago y plazo de la multa” señalando que
toda multa se destinará a la entidad a la cual presta o haya prestado sus servicios
el sancionado, de conformidad con el Decreto 2170 de 1992.
Aseguró que en este caso se configura un perjuicio irremediable toda vez que no
procede ningún recurso contra las sentencias que se cuestionan pues: “[…] no existe
ninguna causal procedente de recurso de revisión, ni procede ningún otro recurso, y que
claramente vulneran el debido proceso, el derecho de defensa, el derecho a la igualdad y el
acceso a la administración de justicia de los empleados públicos del Concejo Municipal de
Floridablanca, en cuanto al destino de las multas impuestas por la Procuraduría que se deben
destinar a programas de bienestar social de la entidad Concejo Municipal de Floridablanca, tal
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Demandante: Ramiro Triana Triana
y como se argumentó en la presente tutela […]”.Y Precisó que ese actuar deja un mal
precedente para la destinación de futuras multas que se paguen.
En dos oportunidades señaló que se cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales “[…] plenamente
demostradas con la narración de los presentes hechos y las pruebas que los soportan […]”, y
manifestó que en el caso en cuestión se configuró un defecto fáctico y un defecto
por decisión sin motivación, adicionalmente transcribió apartes de varias sentencias
dictadas por la Corte Constitucional en las que se explican cada uno de los defectos
específicos, y respecto de los dos defectos especiales que señaló se configuran en
este caso expuso las siguientes razones:
• Defecto fáctico: Manifestó que en el caso de la referencia se configura “[…] por
la no valoración del acervo probatorio y Defecto (sic) fáctico por valoración defectuosa
del material probatorio […]”.
• Defecto por decisión sin motivación: Por no dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de la decisión.
Como fundamentos jurídicos de su acción citó los artículos 13, 29, 86 y 229 de la
Constitución Política, el artículo 13 del Código General del Proceso, adicionalmente
algunos artículos que consideró vulnerados con el actuar de los accionados en el
trámite de cumplimiento, entre otras normas. Finalmente, hizo referencia a que esta
acción fue presentada dentro del término de inmediatez.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 16 de julio de 20244, el despacho del magistrado Juan enrique
Bedoya Escobar (E) admitió la acción de tutela promovida por el señor
Ramiro Triana Triana contra el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Judicial de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander; en
calidad de terceros con interés vinculó al alcalde y al concejo municipal de
Floridablanca (Santander), y a Fernando Álvarez Torres; ordenó comunicar
esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; pidió
copia de la acción de cumplimiento Nro. 68001-33-33-007-2023-00264-00/01;
reconoció personería al abogado Carlos Alberto Rueda Villamizar; y se
dispuso a efectuar las notificaciones correspondientes.
4.2. El Tribunal Administrativo de Santander5 realizó un recuento del trámite
que se le dio al expediente de cumplimiento, para ello mencionando que fue
repartido para resolver la apelación el 14 de diciembre de 2023; que el 15 de
enero de 2024 se dictó la sentencia de segunda instancia en donde se
confirmó la decisión del juzgado; y que el 24 de enero de 2024 se devolvió el
expediente al juzgado de origen.
Respecto a la motivación de la sentencia de segunda instancia señaló que se
estudió si el Municipio de Floridablanca incumplió los mandatos contenidos en
los artículos 6 y 7 del Decreto 2170 de 1992, en lo que hace referencia a la
destinación de las sumas recaudadas por concepto de sanciones
disciplinarias impuestas en la modalidad de multa, y reiteró que:
4 Samai, índice 4. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-03622-00.
5 Samai, índice 8 y 13. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-03622-00.
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Demandante: Ramiro Triana Triana
“[…] la obligación de destinar los recursos obtenidos por el pago de sanciones disciplinarias
al bienestar social de los empleados de la entidad fue satisfecha por el municipio de
Floridablanca mediante el Decreto No. 0383 del 27 de octubre de 2022 que modificó el
Presupuesto General de Rentas, Recursos de Capital y Gastos o Apropiaciones para la
vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, disponiéndose en su artículo
segundo que se acredita al Presupuesto de Gastos o Apropiaciones del Municipio de
Floridablanca el valor de $127’967.997,80 al concepto de <<Bienestar Social>>, monto el cual
tiene fundamento en la Resolución No. 128 del 12 de noviembre de 2021 emitida por la Mesa
Directiva del Concejo Municipal de Floridablanca <<Por medio de la cual se ordena la
devolución de recursos del Consejo (Sic) Municipal de Floridablanca, recaudados por
concepto de fallos de órganos de control que imponen sanciones disciplinarias […]”
Resaltó que no se configuran los requisitos excepcionales para la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, pues esta acción intenta
reabrir debates ya zanjados en la acción cuestionada, por lo que no está
llamada a prosperar, adicionalmente no se advirtió que existiera vía de hecho,
desconocimiento del precedente, falta de motivación, desviación del poder,
error fáctico manifiesto ni tampoco violación directa de la Constitución. De ahí
que deba ser declarada improcedente.
Finalmente, allegó copia de la sentencia de segunda instancia dictada en el
proceso Nro. 68001-33-33-007-2023-00264-00/01, junto con el enlace de
consulta del medio de control en Samai.
4.3. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga6,
rindió informe en el que manifestó que ese despacho conoció y tramitó el
proceso Nro. 68001-33-33-007-2023-00264-00, en el cual fungió como
demandante el señor Ramiro Triana Triana y como demandado el Municipio
de Floridablanca, Concejo Municipal.
Señaló que, en ese proceso se dictó sentencia de primera instancia el 29 de
noviembre de 2023, en donde se negaron las pretensiones, y que contra esta
decisión se presentó recurso de apelación correspondiéndole su conocimiento
al Tribunal Administrativo de Santander, quien dictó fallo de segunda instancia
el 15 de enero de 2024 confirmando lo decidido.
Finalmente manifestó oponerse a las pretensiones de esta acción en razón a
que el trámite del medio de control se dio en acatamiento al ordenamiento
jurídico, y anexó el enlace de consulta del expediente.
4.4. La Alcaldía Municipal de Floridablanca7 manifestó que se opone a todas las
pretensiones dado que con los fallos de primera y segunda instancia no se
violaron los derechos fundamentales con la configuración de un defecto
fáctico o un perjuicio irremediable como lo alega el accionante.
Añadió que para que se incurra en un defecto fáctico se debe advertir una
inapropiada valoración probatoria y la arbitrariedad debe ser de tal magnitud
que pueda observarse de manera flagrante, sin que quepa margen de
objetividad alguna que permita explicar razonablemente la conclusión a la cual
llegó el juez, para ello citó la sentencia SU – 080 del 25 de febrero de 2020.
Mencionó que en este caso no se evidenció que el fallador se haya separado
de los hechos probados y que haya valorado las pruebas de manera arbitraria,
6 Samai, índice 9. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-03622-00.
7 Samai, índice 10 y 11. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-03622-00.
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Demandante: Ramiro Triana Triana
para demostrar tal afirmación transcribió un aparte de la sentencia de primera
instancia con la finalidad de poner de presente el análisis de los fundamentos
fácticos y jurídicos que se llevó a cabo. Y precisó que la sanción que fue
impuesta por la Procuraduría General de la Nación a los concejales fue
revocada mediante fallo del 11 de octubre de 2023, en la cual se ordenó la
devolución de los dineros pagados.
Solicitó fuera declarada improcedente la acción de tutela, dado que no se
evidenció que se incurriera en un defecto fáctico como lo planteó el actor.
4.5. El Concejo Municipal de Floridablanca8 contestó que los hechos y las
pretensiones de la presente acción son los mismos que ya se conocieron y
fueron objeto de fallos de primera y segunda instancia en la jurisdicción
contencioso administrativa. Adicionalmente dijo que no es procedente la
devolución de recursos, en razón a que los montos por concepto de sanciones
disciplinarias reintegrados a la Tesorería General del Municipio por el Concejo
Municipal fueron incorporados al presupuesto general de rentas para la
vigencia fiscal 2022.
Señaló que, se encuentran de acuerdo con lo manifestado en las sentencias,
quienes señalaron que no hay lugar a acceder a las pretensiones y ordenar el
cumplimiento reclamado por la parte accionante pues la actuación del
municipio además de estar conforme a los mandatos de los artículos 6 y 7 del
Decreto 2170 de 1992, resulta concordante con los conceptos del Ministerio
Público, pues los Concejos no son una entidad independiente al municipio,
sino que hacen parte de una sección dentro del presupuesto de gastos de la
respectiva entidad territorial con sujeción a los límites señalados en la Ley 617
de 2000.
Concluyó que no se observa vulneración alguna de los derechos
fundamentales del accionante por parte del Concejo Municipal de
Floridablanca.
4.6. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el señor Fernando
Álvarez Torres no se pronunciaron a pesar de haber sido notificados en
debida forma9.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 5 de agosto de 202410, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó el amparo de los derechos fundamentales del señor
Ramiro Triana Triana, al no encontrar configurado un defecto sustantivo.
Al respecto el juez de primera instancia señaló que se debía estudiar si el Tribunal
Administrativo de Santander vulneró los derechos fundamentales del accionante
con la sentencia del 15 de enero de 2024, luego de que esa autoridad judicial
considerara que la actuación del Municipio de Floridablanca se encontraba acorde
con lo regulado en los artículos 6 y 7 del Decreto 2170 de 1992, con lo que habría
incurrido presuntamente en un defecto sustantivo.
8 Samai, índice 13. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-03622-00.
9 Samai, índice 7. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-03622-00.
10 Samai, índice 16. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-03622-00.
8
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Demandante: Ramiro Triana Triana
Para ello resaltó que el Tribunal Administrativo de Santander realizó un análisis
adecuado del asunto al delimitar el objeto de estudio a los alcances y efectos de los
artículos 6 y 7 del Decreto 2170 de 1993, e indicar que no había lugar a pronunciarse
respecto al cumplimiento del inciso 2 del artículo 173 de la Ley 734 de 2002, por
cuanto esta fue derogada mediante la Ley 1952 de 2019. De ahí que se considerara
que el Tribunal realizó una valoración razonable de las disposiciones legales
cuestionadas, pues la obligación de destinar los recursos del pago de sanciones
disciplinarias al Bienestar Social fue satisfecha por el Municipio al expedir el Decreto
0383 del 27 de octubre de 2022. Razones que lo llevaron a concluir que “[…] las
actuaciones del municipio se encontraban acorde con los preceptos contenidos en los artículos
6 y 7 del Decreto 2170 de 1992 toda vez que, en virtud del artículo 21 de la Ley 136 de 1994,
los concejos municipales no son una entidad independiente al ente territorial; por el contrario,
hacen parte de una sección dentro de su presupuesto de gastos con sujeción a los límites
señalados en la Ley 617 de 2000 […]”.
Por lo que no era procedente la entrega de dichos recursos al Concejo Municipal
de Floridablanca, pues los artículos 6 y 7 del Decreto 2170 de 1992 no contienen
un mandato imperativo al respecto. Y señaló que si bien el Decreto 0383 del 27 de
octubre de 2022, catalogó esos dineros como ingresos corrientes de libre
destinación tienen una destinación oficial específica, como fue el programa de
bienestar de la entidad.
De ahí que la Subsección B consideró que el Tribunal realizó una valoración
probatoria acorde con la normatividad, que le permitió concluir que esos recursos
no se deben devolver al Concejo Municipal, pues hacen parte de una sección del
presupuesto del municipio. Así mismo, explicó que los Concejos Municipales son
corporaciones político-administrativas sin personería jurídica cuyos recursos
componen el 1,5% de los ingresos corrientes de libre destinación de los municipios.
Concluyó que no se configuró el defecto sustantivo alegado, en tanto no se observa
una indebida interpretación de las normas aplicables al asunto o que se hubieran
utilizado otras que fueran ajenas al caso, por el contrario, se advirtió que la decisión
tomada se fundó en la sana crítica, con una argumentación válida y razonable. Por
lo que recordó que el juez de tutela debe respetar las decisiones del juez natural, y
no le corresponde cuestionar las providencias salvo que exista una palmaria
vulneración de los derechos fundamentales. Por último, dijo que este mecanismo
constitucional no puede convertirse en una tercera instancia.
6. Impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
demandante impugnó11 el fallo de primera instancia.
Indicó que, el fallo de primera instancia se dictó sin motivación pues la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado desconoció las diferencias en la
naturaleza y el funcionamiento presupuestal, contractual y de ordenación del gasto
de los Municipios con el de los Concejos Municipales, que son dos autoridades
diferentes. Dijo que no se puede confundir el hecho de que los Concejos
municipales no tienen personería jurídica propia, ni capacidad para ser parte en un
proceso judicial (por lo que comparecen a través del Municipio), con que ambas son
una misma entidad.
11 Samai, índice 21 y 21. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-03622-00.
9
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Luego, citó un aparte de la sentencia dictada por la primera instancia de esta acción
en donde manifestó que el magistrado ponente se equivocó dado que no se
diferenció entre los Concejos Municipales y los Municipios, y realizó un cuadro
comparativo entre “[…] la Entidad Territorial denominada Municipio y la Corporación
Político-Administrativa denominada Consejo Municipal, que para el presente caso es el
Municipio de Floridablanca (entidad territorial) y el Concejo Municipal de Floridablanca […]”,
esto para clarificar que en un mismo documento llamado Acuerdo Municipal, se
establece el presupuesto de cada año de la Administración Central (Municipio de
Floridablanca) y en otras secciones de ese mismo acuerdo se establece el
presupuesto de gasto de la Personería Municipal, de la Contraloría Municipal y del
Concejo Municipal de Floridablanca.
De ahí que, si uno de los empleados de la Personería, del Concejo Municipal, de la
Contraloría Municipal y del Municipio de Floridablanca es sancionado
disciplinariamente a pagar una multa, esos dineros se deben invertir en el programa
de Bienestar que beneficia a los empleados de la Personería, del Concejo Municipal,
de la Contraloría Municipal y del Municipio de Floridablanca, respectivamente. Esto
al tratarse de 4 entidades, con 4 presupuestos de gasto desagregados del Acuerdo
Municipal en donde se encuentra el presupuesto de la Administración Central. Por
lo que, el Municipio de Floridablanca no puede ordenar por medio de Decreto que
se adicione a su presupuesto de gasto (al programa de bienestar de sus
empleados), las multas por sanciones disciplinarias de otras entidades, pues estas
deben ir al presupuesto de la entidad en la cual se encuentra el trabajador
sancionado.
Por lo anterior, el Municipio de Floridablanca no podía proferir el Decreto 0383 del
27 de octubre de 2022, “[…] para adicionar su presupuesto de gastos al rubro de
bienestar social de sus empleados, con dineros pagados por multas disciplinarias al
Concejo Municipal de Floridablanca […]”, ocasionando que los $127.967.997
recaudados por conceptos de multas a favor del Concejo Municipal no se gastaran
en los empleados del Concejo, lo cual puede constituir también algunos delitos.
Como fundamento de sus argumentos citó el artículo 173 de la Ley 734 de 2002 y
el artículo 6 del Decreto 2170 de 1992.
Señaló que, por las anteriores razones queda en evidencia el error del Consejo de
Estado al considerar que el Tribunal Administrativo de Santander en el trámite de
la Acción de Cumplimiento Nro. 68001-33-33-007-2023-00264-01, con su sentencia
de segunda instancia, sí incurrió en el defecto sustantivo alegado, por indebida
interpretación de las normas aplicables al asunto. Por lo que los accionados
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, al señalar que fue correcto el proceder del Municipio de
Floridablanca al adicionar a su presupuesto los dineros por las multas disciplinarias
pagadas al Concejo Municipal, dineros que le correspondían al rubro de Bienestar
Social de los empleados del Concejo Municipal de Floridablanca. Argumento que
permite que se revoque la sentencia de primera instancia.
Finalmente, manifestó que en el caso de la referencia se probó la configuración de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Y subrayó que como defectos específicos había indicado el defecto
fáctico y la decisión sin motivación, y luego se transcribió en que consistían los
fundamentos del defecto sustantivo, del defecto fáctico y de violación directa de la
Constitución.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199112, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales13 y especiales14 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional15 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
En los términos del escrito de impugnación, corresponde a la Sala determinar si le
asistió razón al juez de primera instancia al negar el amparo de los derechos
fundamentales del señor Ramiro Triana Triana, para ello se iniciará estudiando si la
acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos generales de
procedibilidad, particularmente el de relevancia constitucional.
12 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
13 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
(iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
14 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i)
defecto orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto
por error inducido, (vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y
(viii) defecto por violación directa de la Constitución.
15 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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En caso de superar los requisitos generales, se pasará a determinar si resultaron
vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, y de
acceso a la administración de justicia del señor Triana Triana por parte del Juzgado
Séptimo Administrativo Oral de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de
Santander, al haber proferido las sentencias de primera y segunda instancia dentro
del proceso Nro. 68001-33-33-007-2023-00264-00.
4. Alcance del requisito de relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones16.
Al respecto, esa corporación judicial ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
Sentencia T-310 de 200517, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional18.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales
está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
Y, aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que
son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo
señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5
de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha
fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de
tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
16 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
17 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
18 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
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económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»19. Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue
es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia
iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural20.
De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a consideración
del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración de derechos
fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido en el respectivo
proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para adicionar, completar,
modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de la causa.
En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera razonable
los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la presente acción,
tiene su justificación en la medida en que «sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos”21.
Con base en los criterios expuestos hay lugar a afirmar que la relevancia
constitucional supone que la tutela no se emplee para insistir en las inconformidades
ya resueltas en el proceso ordinario. Es deber del juez de tutela, entonces, verificar
19 Ibidem.
20 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
21 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
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que la acción no se esté utilizando como una instancia adicional al proceso en el
cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, se estudia si los cargos
expuestos en el proceso en que se profirió la providencia cuestionada y los
desarrollados en el escrito de tutela son iguales. En caso de que se trate de los
mismos argumentos es factible que el juez de tutela concluya que el mecanismo
constitucional se está empleando como una instancia adicional.
5. Análisis en el caso concreto
Con fundamento en lo expuesto previamente, la Sala considera que en el caso no
se satisface el requisito de relevancia constitucional, puesto que el asunto versa
sobre una discusión de carácter legal y económico y adicionalmente se está
tratando este mecanismo constitucional como una tercera instancia.
Esto dado que el asunto en cuestión es meramente legal y no impacta la garantía
de los derechos fundamentales que señala el accionante, pues lo discutido en la
acción de cumplimiento giró en torno a sí el municipio de Floridablanca incumplió
los mandatos contenidos en los artículos 6 y 7 del Decreto 2170 de 1992 y el artículo
173 de la Ley 734 de 2002, en lo que hacía referencia a la destinación de las sumas
recaudadas por concepto de sanciones disciplinarias impuestas en la modalidad de
multa ($127.967.997). Y para el efecto se plantearon como pretensiones en esa
acción de cumplimiento las siguientes:
“[…] Que se ordene al Concejo Municipal de Floridablanca y al Municipio de Floridablanca hacer
efectivo el cumplimiento del artículo 173 inciso segundo de la Ley 734 de 2002, y los artículos 6 y 7
del Decreto 2170 de 1992, en relación Ciento Veintisiete Millones Novecientos Sesenta y Siete
Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos Moneda Corriente ($127.967.997), recaudados (en
cumplimiento de Resoluciones 078 de 2013 y Resolución 017 de 2018) por concepto de multas
proferidas por órganos de control, a favor del Concejo Municipal de Floridablanca.
[…] Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Concejo Municipal de Floridablanca y al
Municipio de Floridablanca, a que adelanten las actuaciones administrativas y presupuestales a que
haya lugar para que los dineros por el monto de Ciento Veintisiete Millones Novecientos Sesenta
y Siete Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos Moneda Corriente ($127.967.997), recaudados
(en cumplimiento de Resoluciones 078 de 2013 y Resolución 017 de 2018) por concepto de multas
proferidas por órganos de control a favor del Concejo Municipal de Floridablanca (y los dineros que
posteriormente lleguen a ser recaudados por dicho concepto), que deben ser destinados a financiar
programas de Bienestar Social de los empleados del Concejo Municipal de Floridablanca […].
Ahora bien, los fundamentos de esta acción de tutela fueron que las autoridades
accionadas no accedieron a las pretensiones en las que solicitaba se adicionaran
los recursos pagados por sanciones disciplinarias impuestas a servidores públicos
del Concejo Municipal de Floridablanca al presupuesto del Concejo Municipal, de
conformidad con lo señalado en los artículos 6 y 7 del Decreto 2170 de 1992 y el
artículo 173 de la Ley 734 de 2002, para que estos fueran destinados al programa
de Bienestar Social de los empleados del Concejo Municipal y no a los de la Alcaldía
de Floridablanca, reiterando entre otras cosas los argumentos del proceso Nro.
68001-33-33-007-2023-00264-00. Para sustentar esta idea el accionante señaló
que la Alcaldía de Floridablanca y el Concejo Municipal son entidades
independientes que expiden su propio acto administrativo para liquidar su
presupuesto anual, así: “[…] los rubros de cada presupuesto es el de Bienestar Social, cuyo
monto es diferente por cada entidad, teniendo en cuenta que el número de empleados es muy
diferente entre todas las mencionadas entidades […]”.
Adicionalmente, en el escrito de tutela lo pretendido es que se declarara que las
autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales del señor Triana
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Demandante: Ramiro Triana Triana
Triana y en consecuencia se dejará sin efectos la sentencia de primera y segunda
instancia dentro del proceso Nro. 68001-33-33-007-2023-00264-00, con la finalidad
de que: “[…] se ordene proferir una nueva Sentencia que acoja las pretensiones de la
Demanda tramitada al interior del Proceso de Acción de Cumplimiento de radicado
68001333300720230026400 en primera instancia y 68001333300720230026401 en segunda
instancia.[…]”, donde lo cuestionado nuevamente recae en el asunto económico de
los $127.967.997,80, dinero que de acuerdo por lo afirmado por el accionante debe
ser destinado a financiar programas de Bienestar Social de los empleados del
Concejo Municipal de Floridablanca de conformidad con el inciso segundo del
artículo 173 de la Ley 734 de 2002, y los artículos 6 y 7 del Decreto 2170 de 1992.
Como ejemplo de lo afirmado se puede observar que en la demanda del proceso
Nro. 2023-00264-00, se plantearon manifestaciones como la siguiente, la cual es
reiterada en el escrito de tutela como se observa a continuación:
“El funcionario del Concejo Municipal de Floridablanca, Ramiro Triana Triana, ha solicitado al
Secretario de Hacienda y al Tesorero del Municipio de Floridablanca, que los mencionados dineros
por el monto de Ciento Veintisiete Millones Novecientos Sesenta y Siete Mil Novecientos
Noventa y Siete Pesos Moneda Corriente ($127.967.997), recaudados (en cumplimiento de
Resoluciones 078 de 2013 y Resolución 017 de 2018) por concepto de multas proferidas por
órganos de control a favor del Concejo Municipal de Floridablanca (y los dineros que posteriormente
lleguen a ser recaudados por dicho concepto), que deben ser destinados a financiar programas de
Bienestar Social de los empleados del Concejo Municipal de Floridablanca, de conformidad con lo
expresado en el artículo 173 inciso segundo de la Ley 734 de 2002, y los artículos 6 y 7 del Decreto
2170 de 1992, se incorporen al Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital, y Ley de
Apropiaciones del Municipio de Floridablanca para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2024 (el cual debe ser aprobado por el Concejo Municipal en noviembre de
2024), a la sección del presupuesto de gastos del Concejo Municipal de Floridablanca, código
presupuestal número 2.1.2.02.02.008.09 correspondiente al Bienestar Social (sin que sean
considerados parte de los ingresos corrientes de libre destinación ICLD de conformidad con
el artículo 3 de la Ley 617 de 2000), rubro de bienestar social el cual se deberá ejecutar para
materializar el programa anual de bienestar social e incentivos, para los empleados del Concejo
Municipal de Floridablanca y sus familias, de conformidad con el decreto 1567 de 1998 y los
acuerdos colectivos vigentes.”22
Así pues, como se dijo anteriormente en el escrito de tutela se reiteró ese
planteamiento así:
“El funcionario del Concejo Municipal de Floridablanca, Ramiro Triana Triana, ha solicitado al
Secretario de Hacienda y al Tesorero del Municipio de Floridablanca, que los mencionados dineros
por el monto de Ciento Veintisiete Millones Novecientos Sesenta y Siete Mil Novecientos
Noventa y Siete Pesos Moneda Corriente ($127.967.997), recaudados (en cumplimiento de
Resoluciones 078 de 2013 y Resolución 017 de 2018) por concepto de multas proferidas por
órganos de control a favor del Concejo Municipal de Floridablanca (y los dineros que posteriormente
lleguen a ser recaudados por dicho concepto), que deben ser destinados a financiar programas de
Bienestar Social de los empleados del Concejo Municipal de Floridablanca, de conformidad con lo
expresado en el artículo 173 inciso segundo de la Ley 734 de 2002, y los artículos 6 y 7 del Decreto
2170 de 1992, se incorporen al Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital, y Ley de
Apropiaciones del Municipio de Floridablanca para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2024 (el cual debe ser aprobado por el Concejo Municipal en noviembre de
2024), a la sección del presupuesto de gastos del Concejo Municipal de Floridablanca, código
presupuestal número 2.1.2.02.02.008.09 correspondiente al Bienestar Social (sin que sean
considerados parte de los ingresos corrientes de libre destinación ICLD de conformidad con
el artículo 3 de la Ley 617 de 2000), rubro de bienestar social el cual se deberá ejecutar para
materializar el programa anual de bienestar social e incentivos, para los empleados del Concejo
Municipal de Floridablanca sus familias, de conformidad con el decreto 1567 de 1998 y los acuerdos
colectivos vigentes.”23
22 Cita tomada de la demanda de la acción de cumplimiento, expediente obrante en este plenario. PDF
001Demanda.pdf. Folio 18 -19.
23 Cita tomada del escrito de tutela Samai primera instancia (índice 2). Folio 14 – 15.
15
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03622-01
Demandante: Ramiro Triana Triana
De ahí que la discusión propuesta no afecta derechos fundamentales, más aún
cuando ese asunto ya fue resuelto y estudiado por el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y por el Tribunal Administrativo de
Santander, posturas que fueron también analizadas por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado al estudiar si las providencias
cuestionadas habían incurrido en un defecto sustantivo, cuando los defectos que
se invocaron en el escrito de tutela fueron el defecto fáctico y defecto por decisión
sin motivación. Sin embargo, se advierte que lo pretendido por el hoy accionante
es reabrir el debate legal y económico ya resuelto tras haber obtenido una
respuesta desfavorable a sus intereses, pues se mencionaron dos defectos con la
finalidad de que en este trámite constitucional se accediera a lo que pretendía en
la acción de cumplimiento.
La Sala considera que la tutela no satisface el requisito de relevancia constitucional,
debido a que el asunto no trasciende el plano meramente legal; y a que, de fondo,
lo pretendido se limita a un móvil económico que no está directamente relacionado
con la vulneración de derechos fundamentales. Justamente, así lo reconoció la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019 al considerar que una de las
razones por las que no se satisface el requisito de relevancia constitucional es
porque lo debatido no es más que una cuestión meramente legal, que no impacta
la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, al no encontrarse satisfecho el requisito de relevancia
constitucional en el caso examinado, se revocará la decisión de primera instancia
que había negado las pretensiones, para declarar improcedente la acción de tutela
interpuesta por el señor Ramiro Triana Triana.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la decisión impugnada, proferida el 5 de agosto de 2024 por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Ramiro
Triana Triana, al no superar el requisito general de relevancia constitucional
dados los motivos expuestos en la parte motiva de esta sentencia.
3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
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Demandante: Ramiro Triana Triana
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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