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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03644-00

Fecha
22 de agosto de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03644-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Amparar los derechos fundamentales de César Enrique Mosquera Vergara, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Dejar sin efectos la providencia proferida el 4 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el trámite constitucional de habeas corpus con radicado 76001-23-33-000-2024-00419-00. Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, contados a partir de la notificación de la presente providencia, conceda el recurso de apelación impetrado por César Enrique Mosquera Vergara contra la decisión del 28 de junio de 2024, para que sea el juez de habeas corpus quien resuelva lo pertinente en sede de segunda instancia. Cuarto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03644-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

22 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03644-00
Demandante: César Enrique Mosquera Vergara
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca1

Temas: Derecho a la administración de justicia y al debido proceso /
Garantía a la doble instancia en habeas corpus / Notificación
electrónica

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la solicitud formulada por César Enrique Mosquera Vergara, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud2

César Enrique Mosquera Vergara promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, doble instancia y a la
libertad, los cuales consideró vulnerados con ocasión del rechazo por extemporáneo
del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, en el
trámite constitucional de habeas corpus identificado con radicado 76001-23-33-000-
2024-00419-00.

Como fundamento de la solicitud de amparo y la información que se encuentra en
Samai, se encontró lo siguiente:

i) El 25 de abril de 2023 fue privado de su libertad en la Mega Estación de Policía
de Yumbo, luego de un allanamiento a vivienda, en el que se encontraron 52
cigarrillos de marihuana y 7 gramos de cocaína. A la fecha, han pasado más de 15
meses sin que se le haya definido su situación jurídica.

ii) Presentó acción de habeas corpus en contra de la Mega Estación de Policía de
Yumbo con la finalidad de lograr el amparo de su derecho fundamental a la libertad.

1
MP Fernando Augusto García Muñoz
2 Visible en índice 2 de Samai del expediente 11001031500020240364400, actuación denominada

«2ED_Demanda(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03644-00
Demandante: César Enrique Mosquera Vergara

iii) El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en providencia del 28 de junio de
2024 declaró improcedente el amparo solicitado, al considerar que ni el
demandante, ni las autoridades concernidas suministraron la información necesaria
para resolver de fondo el habeas corpus. En contra de esta decisión el demandante
interpuso recurso de apelación.

iv) Con providencia del 4 de julio de 2024 se rechazó por extemporánea la
impugnación, pues, el demandante tenía 3 días calendario para presentarla,
contados a partir de la notificación de la decisión (28 de junio de 2024), esto es,
hasta el 1 de julio de 2024, sin embargo, solo lo hizo el día 3 siguiente.

v) La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales, pues, no
tuvo en cuenta que estaba privado de su libertad y no tenía acceso a internet, ni
celular. Asimismo, impugnó a los 3 días hábiles porque la decisión llegó el fin de
semana.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] De la manera más cordial tutelarme el derecho a la libertad, al debido proceso y al
derecho a impugnar, porque se me han vulnerados estos derechos, para tal fin
concédame la libertad inmediata por vencimiento de términos en este proceso […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca3 si bien allegó copia digital
del proceso, guardó silencio frente a la petición de amparo.

1.2.2. El Juzgado Veintiuno Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Cali4 informó que la única actuación que tuvo en el proceso
identificado con el radicado 7600160001932023-03710, fue la solicitud de libertad
por vencimiento de términos radicada por el defensor del demandante, por lo cual
se programó audiencia para el 17 de junio de 2024, fecha en la cual se profirió auto
por inasistencia del abogado convocante y de su defendido, pese a haber sido
notificados.

1.2.3. Los demás terceros con interés guardaron silencio.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el

3 Visible en índice 10 de Samai del expediente 11001031500020240364400, actuación denominada

«16RECIBE PRUEBAS_MEMO20240364400pdf(.pdf) NroActua 10»
4 Visible en índice 11 de Samai del expediente 11001031500020240364400, actuación denominada

«19RECIBE MEMORIAL_RV_RESPUESTAACCIONDE(.zip) NroActua 11»

2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03644-00
Demandante: César Enrique Mosquera Vergara

siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa – delimitación del
asunto a decidir; iii) procedencia de la tutela; iv) determinación del problema jurídico;
y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021,5 esta Sala es competente para
conocer de la presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.

2.2. Cuestión previa - delimitación del asunto a decidir

De acuerdo con las pretensiones de amparo elevadas por César Enrique Mosquera
Vergara se observa que, si bien están de por medio la providencia que negó en
primera instancia la solicitud de habeas corpus identificado con el radicado76001-
23-33-000-2024-00419-00, lo cierto es que la vulneración alegada no gira
propiamente en torno a esta, sino a una presunta irregularidad en la declaración de
extemporáneo del recurso de apelación impetrado contra aquella.

Razón por la cual, se estudiará y decidirá acerca del amparo pretendido por el
demandante de cara a una presunta vulneración al debido proceso judicial por la
indebida contabilización de términos en cuando a la notificación electrónica
efectuada, y no propiamente contra providencia judicial, pues, en definitiva, lo que
consideró que afectaba sus intereses es el no haberse tramitado su recurso de
impugnación.

2.3. Procedencia de la solicitud tutela

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios

5 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.

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Demandante: César Enrique Mosquera Vergara

previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.3.2. Derechos de acceso a la administración de justicia y debido proceso

El artículo 228 de la Constitución Política define el acceso a la administración de
justicia como una función pública relacionada directamente con los fines del
Estado6, pues solo en la medida en que se garantice a los integrantes del país una
instancia imparcial, objetiva y efectiva encargada de la resolución pacífica de sus
conflictos se puede pretender la consecución de una república democrática y
respetuosa de la dignidad humana.

Por su parte, el artículo 229 ibidem determinó que la administración de justicia no
se es un mero servicio a cargo del Estado, sino que también goza de una dimensión
de naturaleza subjetiva, es decir, es un derecho fundamental radicado en cabeza
de todos los habitantes del país.

Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de acceso
a la administración de justicia ha señalado la Corte Constitucional7:

«[…] Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder
a la justicia tiene una significación múltiple y compleja. De manera reiterada, ha
sostenido esta Corte, que el derecho a acceder a la justicia es un pilar fundamental del
Estado Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma
parte del núcleo esencial del debido proceso.

[…]

En cuanto a lo segundo, atendiendo a su importancia política, la jurisprudencia
constitucional le ha reconocido al acceso a la administración de justicia el carácter de
derecho fundamental de aplicación inmediata, integrándolo a su vez con el núcleo
esencial del derecho al debido proceso, y relacionándolo con otros valores
constitucionales como la dignidad, la igualdad y la libertad. Por virtud de tal vinculación,
el acceso a la administración de justicia adquiere un amplio y complejo marco jurídico de
aplicación que compromete los siguientes ámbitos: (i) el derecho a que subsistan en el
orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y
recursos- para la efectiva resolución de los conflictos; (ii) el derecho de acción o de
promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene
todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se
proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico
o de sus intereses particulares; (iii) el derecho a que la promoción de la actividad
jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han
sido planteadas, y que ella se produzca dentro de un plazo razonables; (iv) el derecho a
que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las
pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen
en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías
propias del debido proceso. […]».

6 Artículo 2 de la Constitución Política
7 Sentencia C-177 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño

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Demandante: César Enrique Mosquera Vergara

Por su parte, en tratándose de la jurisdicción contencioso-administrativa el derecho
en cuestión adquiere connotaciones especiales dada su naturaleza rogada, sin
embargo, todos los requisitos formales del derecho de acción deben ser entendidos
y analizados en la medida en que con ellos se protejan derechos sustanciales de
las partes, como el debido proceso.

Asimismo, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a un debido proceso, el cual es de obligatorio acatamiento en toda
actuación judicial y administrativa; por lo que nadie puede ser «juzgado» o afectado
en sus intereses sin la «observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio».

Nadie puede ver afectados sus derechos o intereses sin el previo ejercicio de las
garantías a la defensa y contradicción, sin importar la calidad del sujeto que le asista
de cara a la respectiva actuación, ya sea administrativa o judicial, pues, en definitiva,
los estatutos procesales prevén el procedimiento a seguir respecto de cada uno de
ellos, ya sea frente a los directamente interesados o aquellos que, sin serlo, puedan
ver afectados sus intereses con los efectos de las decisiones que finalmente se
adopten.

En tal sentido se refirió la Corte Constitucional en sentencia C-341 de 20148, al
señalar:

«[…] La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el
conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se
busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para
que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la
justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) El derecho a la jurisdicción,
que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades
administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante
autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el
derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal
para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la
naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida
por la Constitución y la ley; (iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de
todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable.
De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las
demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público,
desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación
no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la
independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales
confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de
aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e
imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento

8 MP Mauricio González Cuervo. Sentencia que decidide la demanda de inconstitucionalidad contra
el artículo 37 (parcial) de la Ley 1437 de 2011.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03644-00
Demandante: César Enrique Mosquera Vergara

en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados
ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas. […]»

Finalmente, es oportuno recordar que la solicitud de tutela procede contra toda
actuación que amenace o vulnere derechos fundamentales, siempre que no haya
otro recurso idóneo y efectivo en el ordenamiento para su protección, incluidas
aquellas propias de las autoridades judiciales.

2.2. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los
derechos fundamentales de César Enrique Mosquera Vergara con ocasión del
indebido trámite otorgado a su recurso de impugnación, en el medio constitucional
de habeas corpus identificado con el radicado 76001-23-33-000-2024-00419-00?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Caso concreto

César Enrique Mosquera Vergara acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, doble instancia y
libertad, y en consecuencia, se ordenará al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca otorgar trámite al recurso de apelación que interpuso contra el fallo de
primera instancia en el trámite constitucional de habeas corpus identificado con el
radicado 76001-23-33-000-2024-00419-00.

Lo anterior, al considerar que la autoridad judicial demandada desconoció su
situación fáctica particular, esto es, que actualmente se encuentra privado de la
libertad, sin acceso a internet o un celular, y que impugnó la decisión desfavorable
dentro de los 3 días hábiles siguientes, en razón a que le fue notificada el fin de
semana.

Para mayor claridad, se recuerda lo considerado por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, en su providencia del 4 de julio de 2024, respecto al rechazo por
extemporáneo del recurso de impuganción presentado por el demandante:

«[…] De acuerdo con la constancia secretarial que aparece cargada en la plataforma
SAMAI , dentro del proceso de la referencia se dictó auto interlocutorio del 28 de junio
de 2024, por el cual se declaró improcedente la solicitud de Hábeas Corpus.

Según el artículo 7º de la Ley 1095 de 2006, “La providencia que niegue el Hábeas
Corpus podrá ser impugnada, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la

6

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Demandante: César Enrique Mosquera Vergara

notificación”.

El auto que declaró improcedente el hábeas corpus fue notificado el 28 de junio de 2024.
De allí que, el término para impugnar corrió durante los días 29, 30 de junio y 1 de julio
de 2024.

Sin embargo, la parte actora solo vino a radicar el escrito de impugnación el 3 de julio
hogaño y, por ende, tendrá que rechazarse ya que resulta de todo extemporánea […]»
[sic].

Como se observa, la norma citada indica que los 3 días con los que se cuenta para
impugnar la providencia son calendario, sin embargo, no se puede desconocer que
la providencia del 28 de junio de 2024, mediante la cual se declaró improcedente la
solicitud de habeas corpus, fue notificada mediante correo electrónico:

En concordancia con lo anterior, se recuerda que el artículo 8 de la Ley 2213 de
20229 dispuso que, efectuada una notificación personal por mensaje de datos a una
dirección electrónica, se entenderá surtida «una vez transcurridos dos días hábiles
siguientes al envío del mensaje». Dice la norma:

ARTÍCULO 8°. NOTIFICACIONES PERSONALES. Las notificaciones que deban
hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia
respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el
interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o
aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por
el mismo medio.

El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la
petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la
persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias
correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por
notificar.

9 Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se

adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las
actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del
servicio de justicia y se dictan otras disposiciones

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03644-00
Demandante: César Enrique Mosquera Vergara

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días
hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuando
el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso
del destinatario al mensaje.

Para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación
del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos. [subrayado por la Sala].

Es decir, no se trata de desconocer los tres (3) días calendarios contenidos en la
Ley 1095 de 2006, sino en armonizarlos con las circunstancias actuales
establecidas por el legislador en materia de notificaciones personales de decisiones
judiciales a través de medios electrónicos, lo cual no es otra cosa que una mayor
garantía a las partes, y más, en tratándose de personas privada de la libertad cuyo
acceso a medios electrónicos es limitado y controlado.

En este orden de ideas, si la notificación se realizó el viernes 28 de junio de 2024,
y el recurso de impugnación radicado el 4 de julio siguiente 2024, es evidente que
se encontraba en término, como se observa en Samai:

A juicio de la Sala, la situación advertida vulnera los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia del demandante, pues, pese
a que presentó oportunamente el recurso, fue rechazado por extemporáneo, lo cual
le impidió acceder a la garantía de una segunda instancia; razón por la cual se
concederá el amparo en tales términos.

Ahora bien, es importante mencionar que la Corte Constitucional10 en diversos
pronunciamientos ha sido garante de manera preferente y especial, respecto a la
notificación de decisiones a personas privadas de la libertad en razón a sus
condiciones de reclusión, y ha manifestado en cuanto a cómo debe ser el
procedimiento para surtirla, pues, no basta con aplicar las ritualidades legales
dispuestas, y menos cuando el uso de internet resulta excepcional para ellos.

En consecuencia, i) se dejará sin efectos la providencia proferida el 4 de julio de
2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el trámite constitucional
de habeas corpus con radicado 76001-23-33-000-2024-00419-00, y ii) se le
ordenará a esa corporación judicial que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes, contados a partir de la notificación de la presente providencia, conceda
el recurso de apelación impetrado por César Enrique Mosquera Vergara contra la
decisión del 28 de junio de 2024, para que sea el juez natural del asunto quien
resuelva lo pertinente en sede de segunda instancia.

10 Al respecto: i) Sentencia T-812/12 del 12 de octubre de 2012. MP: Nilson Pinilla Pinilla; ii) Auto
241/15 del 10 de junio de 2015. MP: María Victoria Calle Correa; iii) Auto 203/18 del 11 de abril de
2018. MP: Antonio José Lizarazo Ocampo.Auto 221/19 del 8 de mayo de 2019. MP: Alejandro
Linares Cantillo; iv) Auto 221/19 del 8 de mayo de 2019. MP: Alejandro Linares Cantillo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03644-00
Demandante: César Enrique Mosquera Vergara

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Amparar los derechos fundamentales de César Enrique Mosquera
Vergara, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Dejar sin efectos la providencia proferida el 4 de julio de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el trámite constitucional de habeas
corpus con radicado 76001-23-33-000-2024-00419-00.

Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, contados a partir de la notificación de
la presente providencia, conceda el recurso de apelación impetrado por César
Enrique Mosquera Vergara contra la decisión del 28 de junio de 2024, para que sea
el juez de habeas corpus quien resuelva lo pertinente en sede de segunda instancia.

Cuarto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

9

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