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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03644-01

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03644-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 17 Corte Constitucional. Auto 203 del 11 de abril de 2018. Magistrado Ponente. Antonio José Lizarazo Ocampo. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Radicado: 11001 03 15 000 2024 03644 01 Demandante: Cesar Enrique Mosquera Vergara SEGUNDO: Dentro del término de ley, envíese el expediente a la Corte Constitucional para que se surta la eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03644-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

12 de diciembre de 2024

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 03644 01
Demandante: Cesar Enrique Mosquera Vergara

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C, doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente: 11001 03 15 000 2024 03644 01
Accionante: Cesar Enrique Mosquera Vergara
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Tesis: Vulnera el derecho al debido proceso, la providencia que rechaza por
extemporánea la impugnación presentada por una persona privada de la libertad
contra el auto que niega el habeas corpus si cuenta los tres (3) días para impugnar
desde que se produjo la notificación física al interesado y no desde que se produjo
la notificación electrónica.
Es procedente confirmar la sentencia de tutela de primera instancia que amparó los
derechos fundamentales, si se surte los dos (2) días hábiles siguientes al envío de
la notificación electrónica.

ACCIÓN DE TUTELA – SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver la impugnación presentada por el magistrado Fernando
Augusto García Muñoz, del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, parte
accionada en el proceso, contra la sentencia del 22 de agosto de 2024, proferida
por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado que amparó
los derechos fundamentales del señor César Enrique Mosquera Vergara y dejó sin
efectos la providencia del 4 de julio de 2024, mediante la cual se resolvió un habeas
corpus, y ordenó a la autoridad judicial demandada conceder la impugnación
interpuesta por el accionante.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El 12 de julio de 2024, el señor César Enrique Mosquera Vergara, actuando
en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales a la

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Demandante: Cesar Enrique Mosquera Vergara

libertad y al debido proceso. Lo anterior, con ocasión del auto del 4 de julio de 2024,
mediante el cual se rechazó por extemporáneo el recurso de impugnación
interpuesto contra el proveído del 28 de junio de 2024, que declaró improcedente
una solicitud de habeas corpus presentada por el accionante en el proceso
identificado con el radicado 76001 2333 000 2024 00419 001.

Para el efecto formuló las siguientes pretensiones:

“Pretensiones

H, Juez Constitucional le solicito de la manera más cordial tutelarme el derecho
a la libertad, al debido proceso y al derecho a impugnar, porque se me han
vulnerados estos derechos, para tal fin concédame la libertad inmediata por
vencimiento de términos en este proceso.”2

1.2. Como fundamento de la anterior solicitud, expuso los argumentos que pasan a
sintetizarse:

Indicó que el 25 de abril de 2023 fue detenido en la Mega Estación de Policía de
Yumbo tras un allanamiento en una vivienda, en el cual se incautaron cincuenta y dos
(52) cigarrillos de marihuana y siete (7) gramos de cocaína. Señaló que quedó a
disposición de la Fiscalía de Yumbo y de los Juzgados Cuarto y Veintiuno Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali. Agregó que han transcurrido
más de quince (15) meses sin que se haya definido su situación jurídica.

Afirmó que, interpuso un habeas corpus contra la Mega Estación de Policía de
Yumbo, con el propósito de proteger su derecho fundamental a la libertad. Adujo
que, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fue quien conoció del asunto y
mediante providencia del 28 de junio de 2024, declaró improcedente la mencionada
acción constitucional, argumentando que ni el demandante ni las autoridades
involucradas aportaron la información necesaria para decidir de fondo.

Inconforme con la decisión del a quo, el accionante interpuso impugnación. No
obstante, mediante auto del 4 de julio de 2024, dicho recurso fue rechazado por
extemporáneo, argumentando que el plazo de tres (3) días calendario para su
presentación debía contarse a partir de la notificación de la decisión, efectuada el 28

1
Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
2
Visible en el folio 7 y 8 del escrito de demanda.

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de junio de 2024, y que vencía el 1 de julio del mismo año. Sin embargo, el recurso
fue radicado el 4 de julio, es decir, fuera del término establecido.

Alegó que, el Tribunal no tuvo en cuenta su condición como persona privada de la
libertad con dificultad para acceder a medios de comunicación como el internet o un
celular, por lo tanto, adujo que impugnó a los tres (3) días hábiles porque la decisión
llegó el fin de semana.

Finalmente, señaló que considera vulnerado su derecho al debido proceso, debido
a que, por las condiciones de reclusión en las que se encuentra, no siempre es
notificado oportunamente, dependiendo de familiares o del apoyo de los policías
para recibir dicha información. Asimismo, sostuvo que se han vulnerado los términos
judiciales aplicables a su caso, teniendo en cuenta el tiempo prolongado que lleva
detenido, su condición de narcodependiente y el hecho de que las cantidades de
sustancias incautadas eran mínimas y destinadas exclusivamente para su consumo
personal.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. La acción de tutela fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, correspondiéndole por reparto a la Magistrada Myriam Ávila Roldán,
quien, mediante auto del 12 de julio de 2024, ordenó remitir la acción de tutela al
Consejo de Estado por ser el competente en virtud del numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333
de 2021.

2.2. El expediente fue sometido a reparto el 12 de julio de 20243 y allegado al
Despacho del Consejero de Estado Juan Enrique Bedoya Escobar el 15 de julio de la
presente anualidad4.

2.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca5, allegó copia digital del
expediente pero guardó silencio frente a la tutela.

3
Visible a índice 1 ibídem.
4
Visible a índice 3 ibídem.
5
Visible índice 10 Samai

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2.4. El Juzgado Veintiuno Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías Cali Valle6, manifestó que la única actuación respecto del proceso 7600
1600 0193 2023 03710, fue la asignación de una solicitud de libertad por
vencimiento de términos presentada por el defensor del accionante, por lo tanto,
programó audiencia para el 17 de junio de 2024. Sin embargo, devolvió al centro de
servicios de los juzgados penales mediante auto de la misma fecha, debido a la
inasistencia tanto del abogado convocante como de su defendido.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, mediante
providencia del 22 de agosto de 2024, resolvió amparar los derechos fundamentales
del señor César Enrique Mosquera Vergara. En consecuencia, dejó sin efectos el
proveído del 4 de julio de 2024 y ordenó al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca que, en un término de cuarenta y ocho (48) horas, concediera la impugnación
contra el auto del 28 de junio de 20247.

Señaló que el Tribunal comunicó la providencia del 28 de junio de 2024 mediante
correo electrónico enviado ese mismo día. Por lo tanto, conforme al artículo 8 de la
Ley 2213 de 2022, se entendía que la notificación se surtía una vez transcurridos
dos (2) días hábiles desde el envío del mensaje. Argumentó que, si bien reconoce
el plazo de tres (3) días calendario establecido en la Ley 1095 de 2006, considera
indispensable ajustarlo a las condiciones actuales de las notificaciones judiciales
realizadas por medios electrónicos. Este ajuste tiene como objetivo garantizar una
mayor protección de los derechos de las partes, especialmente de aquellas
personas privadas de la libertad, quienes enfrentan un acceso limitado y controlado
a dichos medios.

Arguyó que como la anotada comunicación se realizó el viernes 28 de junio de 2024,
y la impugnación fue presentada el 4 de julio de 2024, dicho recurso se encuentra
dentro del plazo legal establecido. En consecuencia, indicó que se vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia del demandante,

6
Visible índice 11 de Samai
7
Visible índice 35 de Samai

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ya que, aunque presentó su recurso dentro del plazo, este fue rechazado por
extemporáneo, impidiéndole así acceder a la segunda instancia.

Por último, enfatizó los pronunciamientos realizados por la Corte Constitucional, que
ha sido garante de los derechos de las personas privadas de la libertad en lo
relacionado con la notificación de decisiones judiciales. La Corte ha señalado que
no basta con cumplir las formalidades legales si estas no aseguran un acceso
efectivo a la justicia, especialmente al considerar las limitaciones que enfrentan los
reclusos en el uso de medios electrónicos.

IV. LA IMPUGNACIÓN

El magistrado Fernando Augusto García Muñoz del Tribunal Administrativo de
Valle solicitó declarar improcedente la acción de tutela, denegar el amparo de los
derechos fundamentales invocados por al accionante y que se revoque la sentencia
de la tutela de primera instancia, argumentando los siguiente:

Manifestó que en la plataforma SAMAI, en el índice 13 del expediente 76001 2333
000 2024 00419 00, se encuentra la copia de la providencia que fue entregada
personalmente al señor César Enrique Mosquera Vergara el 28 de junio de 2024.
Como prueba de ello, se encuentra la firma y huella del recluso al pie de la
providencia, así como la certificación de notificación personal emitida por la Policía
Metropolitana de Yumbo. De ahí que no sea cierto que la comunicación surtida a
ese ciudadano haya sido por medios electrónicos.

V. CONSIDERACIONES

5.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el numeral tercero del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 20218, y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de

8
“Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la

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2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las
acciones de tutela entre las secciones, y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de
estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.

5.2. Hechos

4.5.1 El 25 de abril de 2023, el señor Cesar Enrique Mosquera Vergara, fue detenido
en la Mega Estación de Policía de Yumbo tras un allanamiento en una vivienda.

4.5.2. El actor interpuso una acción de habeas corpus contra la Mega Estación de
Policía de Yumbo, con el propósito de proteger su derecho fundamental a la libertad.

4.5.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca conoció del asunto dentro del
expediente con número de radicado 76001 2333 000 2024 00419 00 y mediante
providencia del 28 de junio de 2024, declaró improcedente la solicitud de habeas
corpus.

4.5.4. Inconforme con lo anterior, la actora presentó impugnación el día 4 de julio de
2024, en contra del citado auto.

4.5.5. El Tribunal mediante providencia de 4 de julio de 2024, rechazó por
extemporáneo el recurso de alzada, arguyendo que el accionante disponía de tres
(3) días calendario, contados desde el 28 de junio de 2024, hasta el 1 de julio de
2024.

4.5.6. En contra de dicho proveído, el accionante interpuso la acción de tutela de la
referencia, al considerar vulnerados sus derechos al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia.

4.5.7. La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado resolvió la acción
de tutela mediante fallo del 22 de agosto de 2024, en la que amparó los derechos
fundamentales del accionante, en consecuencia, dejó sin efectos la providencia de

Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que
se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. (…)”

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Demandante: Cesar Enrique Mosquera Vergara

4 de julio del corriente año y ordenó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
conceder el recurso de apelación interpuesto por el demandante.

4.5.8. En contra de la precitada decisión, la autoridad judicial demandada impetró
impugnación.

5.3. Planteamiento

Así las cosas, se observa que las partes discuten sobre la posible vulneración de
los derechos fundamentales del demandante debido al rechazo extemporáneo de
la impugnación que este interpuso contra la providencia enjuiciada. En efecto, para
la parte demandada, dicho rechazo fue correcto, ya que la providencia fue notificada
físicamente al actor el 28 de junio de 2024, y la impugnación fue presentada el 4 de
julio del mismo año, de modo que era extemporánea ya que no fue instaurada dentro
de los tres (3) días calendarios siguientes a su comunicación. Por su parte, para el
a quo, el recurso fue interpuesto oportunamente, dado que la notificación fue
electrónica, y por lo tanto, el accionante se consideraba debidamente notificado una
vez transcurridos dos (2) días hábiles contados desde el envío del mensaje,
conforme al artículo 8 de la Ley 2213 de 2022.

5.4. De la controversia sobre la notificación de la providencia que resolvió
el habeas corpus

Así las cosas, deberá absolverse si vulnera el derecho al debido proceso, la
providencia que rechaza por extemporánea la impugnación presentada por una
persona privada de la libertad contra el auto que niega el habeas corpus si cuenta
los tres (3) días para impugnar desde que se produjo la notificación física al
interesado y no desde que se produjo la notificación electrónica.

5.4.1. Con el fin de resolver este interrogante, es pertinente señalar que el 28 de
junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró improcedente
el habeas corpus interpuesto por el señor Mosquera Vergara. En particular, de la
parte resolutiva de dicha decisión se destaca que no se encomendó o comisionó a
ninguna autoridad ajena a esa Corporación judicial la notificación de la mencionada
decisión: veamos:

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“RESUELVE: PRIMERO. DECLARASE IMPROCEDENTE el amparo de habeas
corpus presentado por el señor César Enrique Mosquera Vergara, contra la
Mega Estación de Policía de Yumbo, acorde con lo explicado precedentemente.

SEGUNDO. ORDENASE a la Mega Estación de Policía y al Juzgado Veintiuno
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali, que respondan
oportunamente los requerimientos realizados por las autoridades judiciales en
asuntos de raigambre constitucional que deben ser resueltos en un término de
36 horas, so pena de las sanciones a que haya lugar.

TERCERO DESVINCULASE del contradictorio al Juzgado Cuarto Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali, por falta de
legitimación material en la causa por pasiva.

CUARTO: Por la Secretaría del Tribunal, REMÍTASE copia de la presente
decisión a la Mega Estación de Policía de Yumbo, así como a los Juzgados
Cuarto y Veintiuno Penales Municipales con Función de Control de Garantías
de Cali, para su conocimiento y fines pertinentes.

QUINTO. La presente providencia puede ser impugnada dentro de los tres (3)
días calendario, siguientes a la notificación, de acuerdo con lo previsto en el art.
7º de la Ley 1095 de 2.006”9.

Posteriormente, ese mismo día, la Secretaría General del Tribunal notificó
electrónicamente la providencia mencionada al demandante, utilizando el canal
digital que este había proporcionado en su solicitud de habeas corpus, así como a
la Mega Estación de Policía de Yumbo, donde se encuentra retenido. La constancia
de comunicación del actor es la siguiente:

“
”10

9
Visible en el índice 10 del Expediente incorporado en el Gestión SAMAI del Tribunal.
10
Visible en el índice 12 ibidem.

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Seguidamente, ese mismo 28 de junio de 2024, la Mega Estación de la Policía
Nacional de Yumbo, remitió al Tribunal un memorial en el que adjuntó una copia de
la providencia que declaró improcedente el habeas corpus, firmada en su última
hoja, presuntamente por el accionante, junto con una huella de este, como puede
evidenciarse a continuación:

“

”11

Adicionalmente, el correo en que fue remitida esa copia contiene los siguientes
datos:

“

”12

11
Visible en el índice 13 ibidem.
12
Ibidem.

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5.4.1.1. Lo expuesto pone en evidencia que, en el auto del 28 de junio de 2024,
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no delegó a ninguna autoridad la
comunicación de la providencia emitida ese mismo día. Esto se debe a que, como
se ha señalado, fue la propia autoridad judicial la encargada de llevar a cabo la
notificación electrónica de la decisión a través de los canales digitales
proporcionados por las partes, entre los cuales se encontraban el correo electrónico
del demandante y el de la Mega Estación de Policía de Yumbo, lugar de reclusión
del actor.

Ahora bien, aunque parece que la entidad policiva entregó físicamente el proveído
por el cual se declaró improcedente el habeas corpus al señor Mosquera Vergara,
quien lo habría firmado y estampado su huella en la última hoja, lo cierto es que, a
juicio de la Sala, dicha actuación no suplió la notificación de la decisión por parte de
la autoridad demandada. Esto se debe a que el Tribunal no ordenó una
comunicación de esa naturaleza, y no existe constancia de que se haya informado
al demandante que ese acto prevalecía sobre la notificación electrónica realizada.

De este modo, dado que el señor Mosquera Vergara se encontraba ante dos
situaciones: por un lado, la entrega física de la providencia por parte de la Policía
Nacional, y por otro, la notificación electrónica realizada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, es lógico que hubiera entendido que este último
acto era el que le notificaba la decisión que resolvía su petición de habeas corpus.
Esto, ya que fue emitido por la autoridad competente para resolver su controversia,
quien, además, no previó ningún procedimiento especial para llevar a cabo dicha
comunicación a través de la Policía Nacional.

De ahí que, en criterio de la Sala, la comunicación electrónica realizada por el
Tribunal prevalezca sobre la constancia de entrega física de la providencia
efectuada por la mencionada Estación de Policía, como quiera que, como se ha
señalado, la primera se efectuó a través de los canales oficiales dispuestos para
esos fines.

5.4.1.2. Aclarado lo anterior, se observa que el artículo 7 de la Ley 1095 de
2006, dispuso que la providencia que niegue el Habeas corpus podrá ser impugnada
dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su notificación:

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“Artículo 7o. Impugnación. La providencia que niegue el Hábeas Corpus
podrá ser impugnada, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la
notificación. La impugnación se someterá a las siguientes reglas:

1. Presentada la impugnación, el juez remitirá las diligencias dentro de las
siguientes veinticuatro (24) horas al superior jerárquico correspondiente. El
expediente será repartido de manera inmediata y habrá de ser fallado dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes.

2. Cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciado
y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la
Corporación, sin requerir de la aprobación de la sala o sección respectiva. Cada
uno de los integrantes de la Corporación se tendrá como juez individual para
resolver las impugnaciones del Hábeas Corpus.”

Ahora, es pertinente indicar que con la emisión de la Ley 2213 de 2022, se permitió
el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las
actuaciones desplegadas por las autoridades judiciales. En efecto, el artículo 2
ibidem, determinó:

“Artículo 2o. Uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones. Se podrán utilizar las tecnologías de la información y de las
comunicaciones, cuando se disponga de los mismos de manera idónea, en la
gestión y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de
facilitar y agilizar el acceso a la justicia.

Se utilizarán los medios tecnológicos, para todas las actuaciones, audiencias y
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o
trámites a través de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir
formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias.
Por tanto, las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales,
presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o
presentarse en medios físicos.

Las autoridades judiciales darán a conocer en su página web los canales
oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán su
servicio, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán.

La población rural, los grupos étnicos, las personas con discapacidad y las
demás personas que tengan alguna dificultad para hacer uso de los medios
digitales, podrán acudir directamente a los despachos judiciales y gozarán de
atención presencial en el horario ordinario de atención al público;
adicionalmente, las autoridades judiciales adoptarán las medidas necesarias
para asegurar a dichas personas el acceso y la atención oportuna por parte del
sistema judicial.

Parágrafo 1o. Se adoptarán todas las medidas para garantizar el debido
proceso, la publicidad y el derecho de contradicción en la aplicación de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones. Para el efecto, las
autoridades judiciales procurarán la efectiva comunicación virtual con los
usuarios de la administración de justicia y adoptarán las medidas pertinentes
para que puedan conocer las decisiones y ejercer sus derechos.

Parágrafo 2o. Los municipios, personerías y otras entidades públicas, en la
medida de sus posibilidades, facilitarán que los sujetos procesales puedan

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acceder en sus sedes a las actuaciones virtuales.” (Subrayas de la Sala).

Por su parte, el artículo 8 ibidem dispuso que las notificaciones personales
realizadas a través de mensaje de datos, se entendía comunicadas, pasados dos
(2) días hábiles siguientes al envío del respectivo mensaje, tal y como se puede
evidenciar enseguida:

“Artículo 8o. Notificaciones personales. Las notificaciones que deban
hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la
providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio
que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del
envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban
entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.

El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá
prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado
corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la
obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las
comunicaciones remitidas a la persona por notificar.

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos
días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a
contarse cuándo el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por
otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.

Para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de
confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos.
Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la
parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del
juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró
de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los
artículos 132 a 138 del Código General del Proceso.

Parágrafo 1o. Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la
naturaleza de la actuación, incluidas las pruebas extraprocesales o del proceso,
sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquier otro.

Parágrafo 2o. La autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá
solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por
notificar que estén en las Cámaras de Comercio, superintendencias, entidades
públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas web o
en redes sociales.

Parágrafo 3o. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se podrá hacer
uso del servicio de correo electrónico postal certificado y los servicios postales
electrónicos definidos por la Unión Postal Universal (UPU) con cargo a la
franquicia postal” (Subrayas y negrillas de la Sala).

En este sentido, la Sala concuerda con el a quo respecto a que esta última
disposición sí era aplicable al caso concreto, con base en las siguientes
consideraciones: (i) la notificación personal realizada por el Tribunal se adelantó de
manera electrónica y (ii) dado que el señor Mosquera Vergara se encontraba en

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Demandante: Cesar Enrique Mosquera Vergara

estado de reclusión, su acceso a las herramientas digitales era restringido. Por lo
tanto, resulta indispensable otorgarle un plazo adicional de dos (2) días hábiles
contados a partir del envío del mensaje para entender realizada la notificación,
considerando que dicho plazo es razonable para que el demandante o la persona
que designe para esos efectos, dadas sus circunstancias, pueda consultar su correo
electrónico.

En efecto, la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos, ha señalado que
debido a las condiciones especiales de las personas recluidas de la libertad, se debe
garantizar la notificación personal de las providencias emitidas en un proceso,
máxime cuando éstas tienen acceso restringido a las tecnologías de la información
y las comunicaciones. A modo de ejemplo, en Auto 203 de 2018 indicó:

“3. Aunado a lo anterior, la Corte también ha indicado que, dentro de las
principales garantías judiciales reconocidas a toda persona en distintos
instrumentos internacionales, que forman parte del bloque de constitucional
(artículo 93 superior), reside la potestad de acudir a un recurso efectivo, ante
tribunales competentes, independientes e imparciales13. Así mismo, todo
individuo tiene derecho a acceder a ese recurso en condiciones de igualdad, sin
distinción alguna, correspondiendo además a las autoridades, entre ellas las
judiciales, permitir que efectivamente se materialicen esas posibilidades 14.

Nótese que acorde con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, uno de los
principios del procedimiento judicial es la “igualdad procesal” 15, garantía que
también debe preservarse en las demás actuaciones judiciales, cuya finalidad
es que toda persona tenga las mismas oportunidades para ejercer sus
derechos, debiendo recibir un trato equitativo. Por lo tanto, debe garantizarse el
acceso a la administración de justicia de todo individuo sin que su ubicación
geográfica implique una limitación o exclusión respecto de quienes puedan
acudir de forma más expedita, por encontrarse en el mismo lugar donde se
ubica la sede de la autoridad judicial ante la cual requiere actuar.

Ahora bien, en relación con las personas privadas de la libertad esta
Corporación ha dicho que, debido a su situación de confinamiento, no tienen la
posibilidad material de concurrir a la Corte Constitucional para interponer o
vigilar el estado del proceso, por lo que serán notificados de manera personal
en el establecimiento de reclusión16.

13
Derechos reconocidos, entre otros, en los artículos 8º y 10° de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución 217
A (III) de diciembre 10 de 1948; XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, aprobada en abril de 1948; artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, adoptado en la Resolución 2200 A (XXI) de diciembre 16 de 1966, vigente para Colombia
desde marzo 23 de 1976, en virtud de la Ley 74 de 1968; y en el artículo 8° de la Convención
Americana de Derechos Humanos suscrito en noviembre 22 de 1969. Cfr. Compilación de
Instrumentos Internacionales, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho
Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional. Oficina en Colombia del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sexta edición actualizada, 2005.
14
Artículo 3°, literal b, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
15
Cfr. C-292 de abril de 2002, MP Jaime Araujo Rentería.
16
Sala Plena, Auto 241 de 2015.

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Así mismo, la Sala Plena considera que si el accionante se encuentra preso o
detenido tiene limitado o restringido su acceso a los medios tecnológicos de
comunicación y/o de envío por correo postal, precisamente, por razones de
seguridad y cumplimiento efectivo de la pena.

Por lo expuesto, la Sala Plena precisa que para todo escrito remitido por las
personas privadas de la libertad a la Corte Constitucional con destino a los
procesos de constitucionalidad (control concreto y abstracto) se observará la
fecha en que el documento es presentado ante la oficina jurídica del
establecimiento del INPEC o la fecha de envío en el servicio postal, según el
caso, y no cuando efectivamente sea recibido en la Corte Constitucional”
17
(Subrayas de la Sala).

En consecuencia, en consideración a que la providencia del 28 de junio de 2024 fue
notificada personalmente al señor Mosquera Vergara a través de medios
electrónicos, el plazo para interponer la impugnación, conforme a lo establecido en
el artículo 7 de la Ley 1095 de 2006, en concordancia con el artículo 8 de Ley 2213
de 2022, comenzó a contarse el jueves 4 de julio y finalizó el sábado 6 de julio de
2024. Así las cosas, como el recurso presentado por el accionante fue radicado el
4 de julio de 2024, es claro que fue interpuesto oportunamente.

Por ende, en criterio de la Sala sí se encuentra probada la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia del señor Mosquera Verga, toda vez que a pesar de que presentó
oportunamente la impugnación, dicho recurso fue rechazado por extemporáneo.

En suma, se confirmará la decisión de primera instancia, por las razones antes
expuestas.

5.5. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

VI. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

17
Corte Constitucional. Auto 203 del 11 de abril de 2018. Magistrado Ponente. Antonio José Lizarazo
Ocampo.

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SEGUNDO: Dentro del término de ley, envíese el expediente a la Corte Constitucional
para que se surta la eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 12 de diciembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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