Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03657-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03657-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03657-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
1 de agosto de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03657-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., primero (1o) de agosto de dos mil veinticuatro 2024
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03657-00
Accionantes: David Leonardo Pérez Plazas y otro
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de
Administración de Carrera Judicial y otros
Tema: Tutela en la que se invoca el debido proceso en la evaluación del
curso de formación judicial dentro del concurso de méritos de la
convocatoria 27 para funcionarios de la rama judicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por los señores David Leonardo
Pérez Plazas y Camilo Bermúdez Rivera, en nombre propio, en contra del
Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial,
la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unión Temporal Formación Judicial
2019 conformada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –
UPTC Y E Distributions S.A.S
ANTECEDENTES
Los señores David Leonardo Pérez Plazas y Camilo Bermúdez Rivera
instauraron acción de tutela con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y confianza legítima, que consideran
trasgredidos por las autoridades accionadas; conforme a los siguientes
HECHOS
Narran los actores que la evaluación del curso de formación judicial en el marco
del concurso correspondiente a la convocatoria 27 se efectuó en dos sesiones
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virtuales el 19 de mayo (primera sesión) y 2 de junio de 2024 (segunda sesión).
Ambas en jornadas de mañana y tarde.
Que el 21 de junio de 2024 Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” emitió la
Resolución No. EJR24-298 de 21 de junio de 2024 donde publicó las notas
asignadas a los dicentes en esa evaluación e indicó que:
“en el informe del análisis psicométrico, expedido en el marco del proceso de
calificación de la evaluación de la subfase general, entregado el 21 de junio de
2024, la Unión Temporal Formación Judicial 2019, indicó lo siguiente: (…)
“Durante el proceso de análisis posterior a la aplicación de la evaluación, se
obtuvieron indicadores psicométricos para todos los ítems que componían la
prueba. Como resultado del proceso, se detectaron alertas en los índices de
discriminación, lo cual indicó posibles problemas en su capacidad para medir
adecuadamente el rendimiento de los discentes. Estas preguntas fueron
revisadas minuciosamente por un grupo de expertos, quienes determinaron que
las preguntas P35, P50, P143 y P295 no cumplían con los estándares esperados
de validez y confiabilidad, por lo que en un esfuerzo por mantener la equidad en
la evaluación, se optó por imputar el acierto a todos los aspirantes en estas
preguntas específicas. Adicionalmente, para la pregunta P275 se identifica como
un caso tipo 2, alerta de doble clave por lo que optó por reconocer el punto a los
discentes que hubieren contestado cualquiera de las opciones validas.”
Que luego de las jornadas de exhibición celebradas en la mañana y tarde de los
días 7 y 14 de julio de 2024 los accionantes concluyeron que el orden de las
preguntas con salvedades indicadas en la Resolución no concuerda con el orden
establecido en el aplicativo Klarway, y no hay forma de determinar cuáles de esas
preguntas fueron las que se les propusieron en la evaluación y en la exhibición y
que la Escuela Rodrigo Lara Bonilla no explicó esa situación.
Afirman que de acuerdo al cronograma, el término para interponer los recursos
es entre el 15 y el 26 de julio de 2024, sin embargo, no cuentan con los insumos
(información) necesarios para hacer los reparos correspondientes, en virtud del
desconocimiento de los argumentos técnicos que dieron por válidas de forma
automática las preguntas P35, P50, P143 y P295, pues ni siquiera pudieron
identificarse cuáles eran esas preguntas, situación que ocurre también con la
pregunta P 275.
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PRETENSIONES
Que “se ORDENE a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla EJRLB para que
realice una nueva jornada de exhibición donde, previo a su celebración, se
informe al discente cuáles de las preguntas enunciadas en la Resolución No.
EJR24-298 de 21 de junio de 2024 (P35, P50, P143, P 275 y P295) son las que
se revisaron en los exámenes presentados el 19 de mayo y 2 de junio de 2014.
2. Subsidiarias.
2.1 Se ORDENE a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla EJRLB, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la
Unión Temporal Formación Judicial 2019 que informe a qué preguntas del
examen presentado el 19 de mayo y 2 de junio de 2024 corresponden las
preguntas P35, P50, P143, P275 y P295 señaladas en la Resolución No. EJR24-
298 de 21 de junio de 2024,
2.2. Se ORDENE a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla EJRLB y la Unidad
de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura que
interrumpa o suspenda el término para presentar recursos señalado en el
cronograma del curso concurso, hasta tanto no se conceda toda la información
atrás mencionada y/o se motive en debida forma la Resolución No. EJR24-298
de 21 de junio de 2024.
Expresan los actores la tutela resulta procedente, obviando el requisito de
subsidiariedad pues se interpone con miras a evitar un perjuicio irremediable,
como quiera que la argumentación del recurso de reposición depende de la
información aquí extrañada.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 17 de julio de 2024 se dispuso su admisión y se ordenó la notificación a
las accionadas, así como la publicación en la página del concurso para
conocimiento de todos los participantes. En el mismo auto se resolvió
negativamente la medida provisional solicitada con el escrito inicial.
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POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
La directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Unidad del Consejo
Superior de la Judicatura, solicitó que se declare improcedente y/o se niegue la
tutela afirmando que con el actuar administrativo no se han vulnerado ni afectado
los derechos fundamentales invocados; pues las actuaciones a su cargo se han
efectuado conforme a la Constitución y la Ley.
Que mediante respuestas masivas del 15, 16 y 18 de julio de 2024 y en
cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 22 de la Ley 1755 de 2015, se dio
respuesta a las peticiones presentadas de manera masiva, entre ellos, el proceso
de revisión de las preguntas P35, P50, P143, P295 y P275: a lo cual “se optó
desplegar afirmativamente el acierto de esas preguntas a todos los discentes.
Que a su vez, y con el propósito de que todos los discentes que presentaron la
evaluación y obtuvieron una calificación inferior a 800 puntos, pudieran hacer la
revisión que consideraran necesaria para sustentar los respectivos recursos en
sede administrativa, se programaron jornadas de exhibición para el 7 y 14 de julio
de 2024; donde pudieron verificar cada una de las preguntas formuladas, junto
con la hoja de respuestas y las claves correctas; verificaron sus aciertos y
desaciertos, con base en los cuales conocerán el desglose de la calificación y la
puntuación obtenida en cada componente.
Por otra parte, indicó que el informe del análisis psicométrico de las preguntas,
expedido en el marco del proceso de calificación de la evaluación de la subfase
general, entregado el 21 de junio de 2024 por la Unión Temporal Formación
Judicial 2019, tiene carácter reservado de conformidad con el parágrafo 2 del
artículo 164 de la Ley 270 de 1996 el cual estipula que “las pruebas que se
apliquen en los concursos para proveer cargos de carrera judicial, así como
también toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquéllas,
tienen carácter reservado.”
Que el derecho de los discentes a conocer las evaluaciones se garantizó
plenamente con la exhibición y más allá de eso, se pone el riesgo la reserva de
este material soporte de las pruebas adelantadas en esta convocatoria.
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La directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura manifestó que esta unidad debe ser
desvinculada como parte en el presente proceso constitucional por falta de
legitimación por pasiva, toda vez que la acción constitucional gira entorno
principalmente a la inconformidad del accionante con el contenido de la la
Resolución N° EJR24-298 de 21 de junio de 2024, la jornada de exhibición y los
recursos contra los resultados de la evaluación de la primera fase del del IX Curso
de Formación Judicial, elaborado por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
Tal argumento lo basó en que la Corporación no tiene competencia ni injerencia
alguna para pronunciarse sobre lo peticionado por el accionante, lo que hace
alusión a actuaciones de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
Señaló que de conformidad con las facultades asignadas a la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, mediante la Resolución CJR23-0061 de 8 de
febrero de 2023, el señor Camilo Bermúdez Rivera fue admitido al concurso de
méritos destinado a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para la
provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial convocado mediante
Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018. Resolución N°CJR23-0136
de 02 de mayo de 2023, “Por medio de la cual se modifica la Resolución CJR23-
0061 de 8 de febrero de 2023 se admitió al señor David Leonardo Peréz Plazas.
Que las demás etapas son ajenas la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial en tanto que, de manera particular en el artículo 3° numeral 4.1 del
Acuerdo PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018, dispuso que los puntajes de
cada una de las sub fases, los recursos contra los mismos y sus correspondientes
notificaciones, serán determinados, resueltos y realizadas por el Consejo
Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”
Precisó que el artículo segundo del Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de
septiembre de 2019 facultó a la directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla” para expedir, en el marco de sus competencias, las disposiciones de
carácter general y particular tendientes a lograr una adecuada implementación
del Acuerdo Pedagógico y que en ese sentido, la Escuela publicó la Resolución
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N°EJR24-298 de 21 de junio de 2024 y elaboró el documento denominado
“PROTOCOLO DE EXHIBICIÓN DE PRUEBAS. EVALUACION SUBFASE
GENERAL 19 DE MAYO Y 2 DE JUNIO DE 2024 – IX CURSO DE FORMACION
JUDICIAL INICIAL”, mediante el cual guía a los discentes en el proceso de
exhibición.
Solicitó en consecuencia, desvincular al Consejo Superior de la Judicatura-
Unidad de Administración de la Carrera Judicial, o en su lugar se denegar la tutela
solicitada.
La Unión Temporal Formación Judicial 2019, conformada por la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la empresa tecnológica E
DISTRIBUTION SAS, a través del representante legal suplente se pronunció en
relación con la acción de tutela interpuesta, en los siguientes términos:
Señaló que con base en el acuerdo pedagógicos PCSJA18-11077 del 16 de
agosto de 2018, PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 y PCSJA19-
11405 de 2019, expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, una vez
culminado el proceso formativo dicha autoridad programó la evaluación 100%
virtual en 2 jornadas dispuestas los días 19 de mayo y 2 de junio de 2024; con
carácter eliminatorio y clasificatorio y estableció a través de la EJRLB dos
jornadas de exhibición de la evaluación de la subfase general, realizada 100%
virtual, prevista para los discentes con puntajes menores a 800 puntos.
Señaló que de esta manera, los accionantes han valorado y obtenido los
elementos de juicio necesarios para fundamentar la interposición de los recursos
judiciales en contra de la calificación obtenida dicho proceso. Aclaró que el
parágrafo 2º del artículo 164 de la Ley 270 de 1994 establece la confidencialidad
de las pruebas y su soporte técnico; no obstante, advertido el manto de
confidencialidad que ampara a las pruebas, como se detalló en el protocolo de
exhibición, la revisión de las preguntas se programó de manera controlada y
segura, preservando el derecho a la defensa y al debido proceso de los discentes
que no alcanzaron la clasificación al proceso formativo y evaluativo de la subfase
especializada.
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Refiriéndose a la pretensión subsidiaria, agregó que las accionadas han
garantizado el acceso y conocimiento posterior a las 2 jornadas de evaluación de
la subfase general, respecto a las preguntas formuladas en cada una de las 14
unidades que conforman los 8 programas de la subfase general; la información
de la prueba, las claves de respuesta y la calificación obtenida para cada ítem o
pregunta realizada a través de medios 100% virtuales, así como la disposición de
medios para realizar las correspondientes anotaciones que cada discente
considerara necesario, se programó en las dos jornadas de evaluación del 7 y 14
de julio de 2024.
Que los discentes tuvieron todo el espacio y tiempo suficiente para tomar notas,
detectar presuntas falencias que afecta alguna de las 336 preguntas objeto de
examen y controvertirlas a través del Recurso de reposición, garantizándose de
esta forma el derecho a la defensa y el debido proceso de todos ellos, así como
los principios eficacia, igualdad, imparcialidad, publicidad.
Finalmente indicó que es improcedente la acción de tutela, dado su carácter
subsidiario y la existencia de medios judiciales de defensa y solicitó declarar la
improcedencia o en su defecto, negar la tutela por no encontrarse la vulneración
de los derechos invocados.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de los accionantes, para lo cual se abordarán los siguientes
temas: I) La acción de tutela y el carácter subsidiario II) caso concreto.
I) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
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El carácter subsidiario y residual de la acción de tutela significa que esta solo
procede supletivamente, es decir, cuando no existan otros medios de defensa a
los que se pueda acudir, o cuando existiendo estos, se promueva para precaver
la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
La Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterativa frente al tema al
señalar:
“3.3.3. Bajo esa orientación, se entiende que la acción de tutela, en términos
generales, no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional
o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los
derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o
especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos dentro de
estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten”1.
3.3.4. Así las cosas, los conflictos jurídicos en los que se alegue la vulneración
de derechos fundamentales, en principio, deben ser resueltos a través de los
distintos medios ordinarios de defensa previstos en la ley para estos efectos,
y solo ante la ausencia de dichos mecanismos o cuando los mismos no
resulten idóneos o eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable es procedente acudir, de manera directa, a la acción de tutela.”2
II) Caso concreto
Los señores David Leonardo Pérez Plazas y Camilo Bermúdez Rivera afirman
que las entidades accionadas vulneran sus derechos fundamentales al debido
proceso, defensa y confianza legítima en el marco del concurso de méritos de la
convocatoria 27, específicamente en la calificación de la evaluación del curso
concurso.
La vulneración la hacen consistir en que, en la evaluación se tuvieron como
válidas las preguntas P35, P50, P143 y P295 y P 275 pero ellos no tienen forma
de determinar cuáles de esas preguntas fueron las que se les propusieron en la
evaluación y consideran que ello les impide ejercer en debida forma los recursos
contra la calificación, en virtud del desconocimiento de los argumentos técnicos
que llevaron a la entidad a adoptar tal determinación.
De ahí que sus pretensiones se encaminan a que se suspenda el término para
1 Consultar, entre otras, las sentencias SU-544 de 2001, T-599 de 2002, T-803 de 2002, T-273 de 2006, T-
093 de 2008, SU-037 de 2009, T-565 de 2009, T-424 de 2010, T-520 de 2010, T-859 de 2010, T-1043 de
2010, T-076 de 2011, T-333 de 2011, T-377A de 2011, T-391 de 2013, T-627 de 2013 y T-502 de 2015.
2 Sentencia T-022 de 2017
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interponer los recursos contra la calificación hasta tanto la entidad les brinde la
información de la que dicen carecer.
Con el escrito de demanda aportaron copias de sendas peticiones elevadas a la
Escuela Rodrigo Lara Bonilla con contenido similar a lo aquí pretendido.
No hay discusión acerca de la realización de la exhibición, en la que los dicentes
tuvieron la oportunidad de hacer las comparaciones y conocer las claves de
respuesta correcta para cada una de ellas.
Por su parte, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Unidad del Consejo
Superior de la Judicatura aportó copias de las respuestas masivas ofrecidas por
la Unión Temporal Formación Judicial 2019, de fechas 15, 16 y 18 de julio de
2024 a las peticiones presentadas, entre ellas frente al proceso de revisión de las
preguntas P35, P50, P143, P295 y P275; señalando que se optó por tenerlas
como válidas para todos los discentes. (índice 9 samai)
En criterio de esta Subsección, la tutela solicitada resulta improcedente ante el
carácter subsidiario de la acción constitucional, pues finalmente, lo que se
observa es la inconformidad con la calificación obtenida por los accionantes en
el examen del curso de formación judicial y para discutirla, cuentan los actores
con las acciones contencioso administrativas establecidas en la ley 1437 de
2011, con la opción de solicitar las medidas cautelares de urgencia.
Por otra parte, aunque los actores no invocaron el derecho de petición conviene
aclarar que no se vislumbra la vulneración de este, habida cuenta que la acción
de tutela y las peticiones a la Escuela Rodrigo Lara Bonilla se radicaron en la
misma fecha.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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FALLA:
Primero: Declarar improcedente el amparo solicitado, conforme a la parte motiva
de esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase
el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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