Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03665-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03665-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03665-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
13 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado : 11001-03-15-000-2024-03665-001
Demandante : Cristian Camilo Sandoval Aparicio
Demandado : Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, Juzgado 25 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá,
Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial, Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec
Vinculado : Juzgado 001 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Girardot
Acción : Tutela
Derechos : Debido proceso, acceso a la administración de justicia,
defensa, igualdad y dignidad humana
Tema : Traslado del proceso a los Juzgados de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Girardot y peticiones de libertad
condicional y prisión domiciliaria
Decisión : Carencia actual de objeto por hecho superado e
improcedente.
Procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela incoada por el señor
Cristian Camilo Sandoval Aparicio contra el Centro de Servicios Judiciales de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, Juzgado 25
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, Consejo Superior de la
Judicatura - Rama Judicial, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec, por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, defensa, igualdad y dignidad humana.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la parte actora frente a la decisión objeto de censura, luego se revisará lo relativo
a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente en
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Expediente digital disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03665-00
Demandante: Cristian Camilo Sandoval Aparicio
Demandado: Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá y otros
torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
La demanda de tutela.
El señor Cristian Camilo Sandoval Aparicio, quien actúa en nombre propio, interpuso
recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, defensa,
igualdad y dignidad humana presuntamente vulnerados por el Centro de Servicios
Judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá, Juzgado 25 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá,
Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial, Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario – Inpec.
Por consiguiente, solicitó ordenar al Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y al Juzgado 25 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá “realice el traslado
inmediato del proceso a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Girardot Cundinamarca, para que se realice el reparto y se asigne de
inmediato Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá (sic),
y se resuelvan las peticiones realizadas de [l]ibertad condicional y subsidiariamente
sustitución de prisión por prisión domiciliaria”.
Hechos2.
Relató el tutelante que, se encontraba privado de la libertad desde el 17 de enero
de 2014, por el delito de homicidio en modalidad de tentativa, por el cual fue
condenado a una pena de 16 años y 8 meses de prisión, dentro del proceso 11001-
60-00-017-2013-08261-00.
Que, mediante auto del 16 de agosto de 2019, el Juzgado 25 de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Bogotá realizó la acumulación de penas, acumulando
el proceso 11001-60-00-000-2018-00481-00, para una pena total de 23 años de
prisión.
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Visible en el índice 2 de Samai, PDF 2.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03665-00
Demandante: Cristian Camilo Sandoval Aparicio
Demandado: Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá y otros
Que, la vigilancia de la pena le correspondió al Juzgado 25 de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Bogotá. Por disposición del INPEC, fue trasladado al
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Girardot - EPMSC, sin tener en cuenta
la cercanía con su familia ubicada en Bogotá y que ya había cumplido las 3/5 partes
de la condena, vulnerando así su derecho a la dignidad humana, pues lo alejaron
de su familia y estaba viviendo en condiciones inhumanas al tener que dormir en el
suelo, recibir alimentación de mala calidad y recibir malos tratos por parte del
personal de seguridad y otros internos.
Sostuvo que, el 17 de junio de 20243, por medio de correo electrónico, presentó una
petición al Juzgado 25 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá4,
solicitando la libertad condicional y en subsidio la prisión domiciliaria, toda vez que
había cumplido las 3/5 partes de la condena.
Que, el 24 de junio de 2024, reiteró la solicitud y adjuntó unos anexos, no obstante,
en la página de la Rama Judicial no aparecía radicado. Su abogado se dirigió a la
ventanilla de atención para abogados número 9, y le informaron que estaba en turno
de radicación y que existían muchas peticiones, las cuales podían tardar hasta 4
semanas en ser radicadas, lo cual vulneraba su derecho al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.
Que, radicó un derecho de petición ante el Centro de Servicios de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y el Juzgado 25 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, solicitando el traslado de
su expediente a los Juzgados de Ejecución de Penas de Girardot, el cual tampoco
había sido subido en la página web.
Que, el Consejo Superior de la Judicatura es el encargado de la logística,
operatividad, administración y control de todos los juzgados y centros de servicios
de Colombia y no puede permitir el entorpecimiento al acceso a la administración
de justicia.
II. TRÁMITE PROCESAL
3
El accionante en los hechos indica que radicó la petición el 7 de junio de 2024, pero de la revisión de las pruebas y los
anexos se puede colegir que se presentó el 17 de junio del presente año.
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En las pruebas se verifica que fue radicada ante el Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03665-00
Demandante: Cristian Camilo Sandoval Aparicio
Demandado: Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá y otros
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 18 de
julio de 2024, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se ordenó
notificar al Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas
de Bogotá, Juzgado 25 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá,
Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial, Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario de Colombia, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
Adicionalmente, mediante auto del 22 de agosto de 2024, se vinculó al Juzgado 001
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Girardot.
2.1 Contestación de la acción.
2.1.1 Juzgado 25 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá5.
Indicó que el accionante, fue condenado a la pena privativa de la libertad de 200
meses y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas, por el delito de homicidio agravado en la modalidad de tentativa, conforme
a lo dispuesto en la sentencia proferida dentro del radicado 110021-60-00-017-
2013-08261-00, el 25 de agosto del 2015, por el Juzgado 9 Penal del Circuito con
funciones de conocimiento de esta ciudad, por hechos ocurridos el 1 de junio del
2013, negándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión
domiciliaria.
Que, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal, en providencia
del 22 de octubre del 2015, resolvió confirmar el fallo de primera instancia.
Que, en virtud de la condena, el accionante se encuentra privado de la libertad
desde el 17 de enero de 2014.
En cuanto a los hechos planteados, solicita que se declare improcedente la presente
acción de tutela, puesto que no tenía conocimiento del traslado de cárcel del
accionante y tampoco de la solicitud de prisión domiciliaria y/o libertad condicional
elevada.
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Visible en el índice 8 de Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03665-00
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Adicionalmente, indicó que apenas tuvo conocimiento de dicha situación, dispuso
enviar por competencia el expediente a los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Girardot.
Expresó que, “en la fecha, sobre las cuatro de la tarde, se ingresó del Centro de
Servicios, solicitud de libertad condicional artículo 471 del CPP y subsidiariamente
la prisión domiciliaria art. 38 G Ley 599 de 2000 elevadas por el señor SANDOVAL
APARICIO”.
2.1.2 Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá6.
Manifestó que, el juzgado 25 ejecutor por auto del 19 de julio del 20247 ordenó la
remisión del trámite por parte del área encargada. Que a la fecha tiene 616 procesos
pendientes de envío por competencia.
Que, ha solicitado en numerosas ocasiones al Consejo Superior de la Judicatura
apoyo de personal para el cumplimiento de las funciones, sin haber obtenido una
respuesta contundente para mitigar la contingencia, por lo que considera que no se
le puede imputar la mora judicial.
2.1.3 Consejo Superior de la Judicatura8.
Manifiesta que, el Consejo Superior de la Judicatura no tiene dentro de sus
funciones proferir decisiones de carácter jurisdiccional. Que existe una falta de
legitimación en la causa por pasiva, conforme a lo expuesto por la Corte
Constitucional en Sentencia T-132 de 2024.
Respecto a la afirmación del accionante, en cuanto a la responsabilidad del Consejo
Superior de la Judicatura en el funcionamiento de los centros de servicios, indica
que, en el marco de funciones, se creó el Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, estableciendo
su estructura operativa mediante los Acuerdos 605 de 1999 y 1707 de 2003. Y que
6
Visible en el índice 9 de Samai.
7
En el expediente indican 19 de julio de 2023, sin embargo, lo correcto es 2024.
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Visible en el índice 11 de Samai.
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por Acuerdo 781 de 2000, se fijaron las reglas para la designación del personal del
Centro de Servicios Administrativos de los juzgados y se creó el rol del Juez
Coordinador, teniendo éste, la responsabilidad de colaborar en la organización de
las actividades del centro de servicios.
2.1.4 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC9.
Solicita se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que
la entidad no vulneró ningún derecho fundamental al accionante.
2.1.5 Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Girardot – Cundinamarca10.
Indica que, ejerce control y vigilancia del expediente acumulado bajo la radicación
No. 11001-60-00-017-2013-08261-00, el cual cursa en contra del sentenciado
CRISTIAN CAMILO SANDOVAL APARICIO, con ocasión de la acumulación jurídica
de las penas impuestas en los procesos 11001-60-00-017-2013-08261-00 y 11001-
60-00-000-2018- 00481-00, mediante auto interlocutorio No. 1054 del 16 de agosto
de 2019, proferido por el Juzgado Veinticinco de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá D.C.
Que, a través de correo electrónico del 24 de julio del 2024 el Centro de Servicios
Judiciales de Girardot, repartió para vigilancia y control de la ejecución de la pena,
el expediente CIU 11001-60-00-017-2013-08261-00, seguido contra el señor
Sandoval Aparicio, diligencias que fueron radicadas en el número de causa 2024-
258.
Que, mediante autos interlocutorios Nos. 1580 y 1581 del 28 de agosto del 2024,
procedió a estudiar las peticiones elevadas por el accionante, resolviendo:
“1) Conceder el mecanismo sustitutivo de la Prisión Domiciliaria contenido en el artículo 38G
del Código Penal, previa cancelación de caución prendaria a través de título o póliza judicial
por valor de 1 smmlv, así como la suscripción de la respectiva acta de compromiso conforme
a los parámetros consignados en el artículo 38B ibidem; imponiéndole el mecanismo de
vigilancia electrónica señalado en el artículo 38D de la norma sustantiva penal en
consideración al tiempo que le falta por purgar de la pena acumulada.
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Visible en el índice 12 de Samai.
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Visible en el índice 24 de Samai.
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2) Negar el subrogado penal de la Libertad Condicional por el incumplimiento de los
requisitos señalados en los numerales 1 y 2 del artículo 64 del estatuto de penas, como
quiera que le falta 16 meses, 2 días y 06 horas para acercarse a las 3/5 partes de la pena
acumulada, lapso que en el presente caso es equivalente a 168 meses de prisión, a la vez
que no fue aportada la documentación señalada en el artículo 471 del Código de
Procedimiento Penal que permite a este Juez vigía corroborar el buen comportamiento y
desempeño del interno durante su tratamiento penitenciario”.
Que, las providencias se encuentran surtiendo el trámite de notificación, por lo que
solicita que, se niegue la acción de tutela al no vulnerarse derecho fundamental
alguno al accionante.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia.
Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y
333 de 2021.
3.2 Cuestión previa
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién
actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales
cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad o de los particulares, tal como lo señala el artículo
13 del Decreto 2591 de 1991.
La Corte Constitucional en relación con la legitimación en la causa por pasiva en las
acciones de tutela, ha considerado:
“[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que
haya lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios,
por los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional
“debe dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda
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limitar o dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las
simples condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.” Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]”
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y el Consejo Superior de la
Judicatura invocaron su falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que:
el primero, no recibió petición alguna, ni es el encargado de dar solución a alguna
solicitud; al segundo, no le corresponde realizar seguimiento a las solicitudes
presentadas ante los jueces, ni emitir decisiones jurisdiccionales.
Así las cosas, estima la Sala que, el Consejo Superior de la Judicatura y el Inpec
son ajenos al trámite solicitado en este mecanismo constitucional, pues no se
planteó ningún cargo que pueda comportar vulneración de derechos fundamentales,
razón por la cual serán desvinculados.
3.3. Problema jurídico.
Le corresponde a esta Subsección determinar si, el Centro de Servicios Judiciales
de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el
Juzgado 25 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, Juzgado 1
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Girardot, el Consejo Superior de
la Judicatura - Rama Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de
Colombia han vulnerado los derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia y debido proceso del señor Cristian Camilo Sandoval Aparicio, al no
remitir su proceso a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Girardot, y no dar trámite a su solicitud de libertad condicional y, en subsidio,
prisión domiciliaria; o si por el contrario, se configura la carencia actual de objeto
por hecho superado, como lo afirman los Juzgados de Ejecución.
3.4. La acción.
La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por
los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue
concebida como un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su
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amenaza o transgresión, en principio, frente a la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública, y, en casos concretos respecto a particulares, siempre que no se
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo
transitorio.
El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias
específicas que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse
presentes, a saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta
suficiente que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la
gravedad de los hechos sea de tal magnitud que cause un daño de gran intensidad
sobre la persona afectada; (iii) que resulte urgente la medida de protección para que
el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción
sea impostergable, esto es, que de configurarse el perjuicio no exista forma de
reparar el daño producido a ese derecho11.
3.5 Acceso a la administración de justicia
La justicia, en el ordenamiento jurídico colombiano, posee una triple entidad como
valor, principio y derecho, cada una de ellas tiene una faceta teleológica
diferenciada, es decir, su finalidad es distinta dependiendo del enfoque usado para
interpretarlo, en particular, cuando se trata del acceso a la justicia como derecho,
pues esta es una garantía en doble sentido que obliga y limita al Estado.
Lo obliga, por cuánto establece el deber de fijar una estructura institucional que le
permita a los asociados dirimir los conflictos que se generen, así pues, someter a
juicio de un tercero imparcial bajo reglas de juego claras y con la posibilidad de
controvertir el resultado, siendo parte de la esencia de los Estados democráticos
modernos.
Ahora, el límite impuesto radica en que el Estado debe abstenerse de impedir el
acceso a la justicia por los particulares, sea imponiendo obstáculos formales o
materiales, de modo que hagan imposible para cualquier persona obtener justicia
frente a sus conflictos, esto puede ser por ejemplo imponer costos al ejercicio
11
Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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judicial, o requisitos formales inflexibles y discordantes con la realidad material de
la sociedad.
En esos términos, la Corte Constitucional ha identificado que:
“En efecto, la obligación de garantía respecto del derecho de acceso a la justicia se refiere
al deber que tiene el Estado de hacer todo lo que esté a su alcance para el correcto
funcionamiento de la administración de justicia. Es decir, se trata de lograr el buen gobierno
de la función y la provisión de infraestructura para que los jueces puedan ejercer su
importante labor. Entonces, la realización de dicho derecho no se limita a la posibilidad que
debe tener cualquier persona de plantear sus pretensiones ante las respectivas instancias
judiciales, sino que se trata de una garantía que se extiende a dotar de infraestructura a las
juezas y jueces para que puedan acceder al ejercicio de administrar justicia y de esta forma
garantizar la eficiente prestación de este servicio público”. 12
Debe entonces el Estado proveer todas las garantías para que cualquier persona,
ciudadano o no, pueda acceder a la justicia, es decir, pueda ejercer los mecanismos
jurídicos para la defensa de sus intereses, cualquiera que estos sean.
3.6 El debido proceso
El artículo 29 de la norma Superior, establece que este derecho se aplicará a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas. La garantía en comento implica
que tanto las autoridades administrativas como los jueces, se encuentran
compelidos a ceñirse a las normas constitucionales y legales, con lo cual se
garantizan a su turno, la protección y realización de los derechos de las personas.
Conforme a lo conceptuado por la Corte Constitucional, el debido proceso
comprende plurales órbitas de incidencia:
“a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e igualitario acceso
ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las
decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo.
b) El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación de acuerdo con la
naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por
la Constitución y la ley.
c)El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y
adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el
derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos
a la asistencia de un abogado cuando se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el
derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el
proceso.
12
Sentencia T-421-18, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado
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d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige
que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables.
e) El derecho a la independencia del juez, que solo tiene efectivo reconocimiento cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo.
f) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre
deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden
jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas”.13
Este derecho es una garantía de sujeción, que permite que se desarrollen otros
derechos como el de la igualdad ante la Ley o la dignidad humana, mientras que
desarrolla una serie de principios relacionados con la celeridad, la previsibilidad de
las actuaciones judiciales y el acceso a la administración de justicia, por lo que, su
quebrantamiento afecta uno de los núcleos esenciales que caracteriza al Estado de
Derecho y en consecuencia tiene la capacidad de justificar la intervención del juez
de tutela.
3.7. Carencia actual de objeto.
La acción de tutela es un mecanismo de protección constitucional, diseñado para
salvaguardar los derechos fundamentales de las personas cuando consideren que
estos están siendo vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de particulares (en ciertos casos específicos). Su finalidad es
ofrecer una protección inmediata y efectiva, en situaciones donde la falta de
intervención podría resultar en un perjuicio irremediable.
Por su parte, existen situaciones en las que, al momento de proferirse la decisión al
interior de la acción de tutela, la circunstancia que originó la vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales ya ha cesado o se ha resuelto por otros medios. En
otras palabras, desaparecen las circunstancias que dieron origen a la presunta
vulneración de derechos, por lo que ya no hay una situación actual que requiera la
intervención del juez de tutela.
La jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela se torna
inocua si, durante el proceso, se remedia la situación que causaba la amenaza o
vulneración de los derechos invocados, o si se materializa el daño que la tutela
13
Sentencia C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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buscaba prevenir. En tales contextos, la tutela deja de ser el mecanismo adecuado,
ya que la ausencia de un contexto fáctico relevante priva a la acción de tutela de su
efectividad. Si el objeto jurídico que motivaría una decisión protectora del juez
desaparece, cualquier fallo resultaría superfluo y sin base, contraviniendo la
finalidad para la cual fue concebida la acción.
Si la circunstancia que dio origen a la trasgresión desaparece, se configura el
fenómeno que se conoce como hecho superado, el cual da como resultado una
carencia de objeto para decidir de fondo el asunto. Al respecto, la Corte
Constitucional14 ha definido este fenómeno jurídico en los siguientes términos:
“35. La carencia actual de objeto en los trámites de tutela. La carencia actual de objeto es
un fenómeno jurídico que se presenta cuando la causa que motivaba la solicitud de amparo
se extingue o “ha cesado”15 y, por lo tanto, el pronunciamiento del juez de tutela frente a las
pretensiones de la acción de tutela se torna innecesario, dado que “no tendría efecto alguno”
o “caería en el vacío”16. Este fenómeno puede configurarse en tres hipótesis: (i) daño
consumado, el cual tiene lugar cuando “se ha perfeccionado la afectación que con la tutela
se pretendía evitar, de forma que (…) no es factible que el juez de tutela dé una orden para
retrotraer la situación”17; (ii) hecho sobreviniente, el cual se presenta cuando acaece una
situación que acarrea la “inocuidad de las pretensiones” 18 y que no “tiene origen en una
actuación de la parte accionada dentro del trámite de tutela” 19; y (iii) hecho superado, que
ocurre cuando la “pretensión contenida en la acción de tutela” se satisfizo por
completo por un acto voluntario del responsable 20. La Corte Constitucional ha aclarado
que el hecho superado se configura cuando la satisfacción del derecho parte de ‘una decisión
voluntaria y jurídicamente consciente del demandado 21, por razones ajenas a la intervención
del juez constitucional22. El cumplimiento de los fallos de tutela de los jueces de instancia no
configura la carencia actual de objeto en sede de revisión. (Destaca la Sala)
Conforme a lo anterior, resulta necesario analizar si la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados en el caso sub examine aún persisten o si, por
el contrario, la pretensión planteada para procurar su defensa ha sido satisfecha,
esto es, si se configuró el fenómeno jurídico de carencia actual de objeto por hecho
superado.
14
Corte Constitucional, sentencia T-70 del 24 de febrero de 2022, M. P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
15
Corte Constitucional, sentencias T-033 de 1994, T-285 de 2019 y T-060 de 2019.
16
Corte Constitucional, sentencia T-533 de 2009.
17
Corte Constitucional, sentencia SU- 522 de 2019.
18
Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2011.
19
Corte Constitucional, sentencias T-149 de 2018 y SU-440 de 2021. Ver también, Corte Constitucional, sentencia SU-522
de 2019. “El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas Salas de Revisión. Es una
categoría que ha demostrado ser de gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija
casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente
remite a cualquier “otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la
demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”. No se trata entonces de una categoría homogénea
y completamente delimitada. A manera de ilustración, la jurisprudencia ha declarado un hecho sobreviniente cuando: (i) el
actor mismo es quien asume la carga que no le correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero –distinto al
accionante y a la entidad demandada- ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible
proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés
en el objeto original de la Litis”.
20
Corte Constitucional, sentencias T-321 de 2016 y T-154 de 2017.
21
Corte Constitucional, sentencia T-344 de 2019. En el mismo sentido se encuentra la sentencia T-104 de 2020.
22
Corte Constitucional, sentencia T-321 de 2016. En el mismo sentido se encuentran las sentencias T-154 de 2017, T-715
de 2017 y T-104 de 2020.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03665-00
Demandante: Cristian Camilo Sandoval Aparicio
Demandado: Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá y otros
3.8 Caso concreto.
Dentro del expediente obran las siguientes pruebas:
(i) Constancia de radicación del derecho de petición del 17 de junio de 2024
por parte del señor Cristian Camilo Sandoval Aparicio ante el Centro de
Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá, en el que solicitaba la libertad condicional y en
subsidio la prisión domiciliaria23.
(ii) Constancia del correo electrónico remitido por el señor Cristian Camilo
Sandoval Aparicio el 24 de junio de 2024 ante el Centro de Servicios de
los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá,
solicitando la prisión domiciliaria, y en subsidio la libertad condicional24.
(iii) Constancia del correo electrónico del 05 de julio de 2024 remitido por el
accionante al Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Bogotá, al Juzgado 25 de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Bogotá, al Juzgado 28 de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Bogotá y al Juzgado 8 de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Bogotá, solicitando el traslado del proceso a
los Juzgados de Ejecución de Penas de Girardot25.
(iv) Auto 1473 del 12 de agosto de 2024, proferido por el Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Girardot, por medio del
cual avoca conocimiento del proceso seguido contra el aquí accionante26.
(v) Auto interlocutorio No. 1580 del 28 de agosto de 2024, proferido por el
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Girardot, mediante el cual se concede el mecanismo sustitutivo de la
prisión domiciliaria, previa cancelación de caución y suscripción del acta
de compromiso27.
(vi) Auto interlocutorio No. 1581 del 28 de agosto de 2024, proferido por el
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Girardot, mediante el cual se niega el subrogado penal de la libertad
23
Ver índice 2 de Samai.
24
Ibídem.
25
Ibídem.
26
Ver índice 24 de Samai.
27
Ibídem.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03665-00
Demandante: Cristian Camilo Sandoval Aparicio
Demandado: Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá y otros
condicional, por el incumplimiento de los requisitos objetivos
contemplados en los numerales 1ro y 2do del artículo 64 del Código
Penal28.
La parte actora acudió al presente recurso de amparo con la finalidad de solicitar la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, defensa, igualdad y dignidad humana, los cuales
consideró conculcados por el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, Juzgado 25 de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, Consejo Superior de la Judicatura -
Rama Judicial, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia. Lo
anterior, debido a que el 17 de junio de 202429, radicó una solicitud, la cual fue
reiterada el 24 de junio de 2024, encaminada a que se le otorgue la prisión
domiciliaria y en subsidio la libertad condicional, sin que a la fecha de presentación
de la acción de tutela - 16 de julio de 2024 -se haya emitido respuesta de fondo a
lo solicitado por el actor.
Adicionalmente, el 3 de julio del mismo año, radicó un derecho de petición ante el
Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá, solicitando el traslado del proceso a los Juzgados de
Ejecución de Penas de Girardot, el cual tampoco había sido resuelto.
Con las pruebas aportadas al proceso se encuentra acreditado que el 17 de junio
de 2024, el señor Cristian Camilo Sandoval Aparicio solicitó al Centro de Servicios
de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá la
libertad condicional y en subsidio la prisión domiciliaria, argumentando haber
cumplido las 3/5 partes de la condena. Esta solicitud fue reiterada el 24 de junio de
2024. Y que, el 05 de julio de 2024 presentó solicitud de traslado del proceso a los
Juzgados de Ejecución de Penas de Girardot.
De acuerdo con lo anterior, el 19 de julio de 2024, el Juzgado 24 de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá realizó la remisión del expediente a los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Girardot, a través del
Centro de Servicios de estos Juzgados.
28
Ibídem
29
Visible en el índice 2 de Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03665-00
Demandante: Cristian Camilo Sandoval Aparicio
Demandado: Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá y otros
Aunado a lo anterior, se demostró que el 28 de agosto de 2024, el Juzgado Primero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Girardot, siendo la autoridad
judicial encargada de la vigilancia de la pena del señor Sandoval Aparicio, profirió
dos autos interlocutorios: el primero concediendo la prisión domiciliaria, y el segundo
negando el subrogado penal de la libertad condicional.
En consecuencia, se advierte que la solicitud de traslado del proceso del accionante
a los Juzgados de Ejecución de Penas de Girardot ya fue resuelta, dado que el
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Girardot
asumió su conocimiento y decidió las solicitudes elevadas.
Ahora bien, respecto de la solicitud presentada el 17 de junio de 2024 y reiterada el
24 de junio del mismo año por el accionante, encaminada a que se le otorgue la
libertad condicional y, en subsidio, la prisión domiciliaria, el Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Girardot – Cundinamarca la resolvió
el pasado 28 de agosto de la presente anualidad; a su vez, en su informe señaló
que las decisiones se encontraban en trámite de notificación en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Girardot.
En ese sentido y una vez verificado Samai, la Sala observa que, en efecto, el 28 de
agosto de 2024, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Girardot – Cundinamarca resolvió la solicitud de libertad condicional y, en
subsidio, la prisión domiciliaria radicada por el accionante, y se encuentra en trámite
de notificación.
Así las cosas, comoquiera que los hechos que han dado lugar al ejercicio de la
acción de tutela han desaparecido durante este trámite, «[…] el juez constitucional
queda imposibilitado para emitir una orden para la protección de derechos
fundamentales, en la medida en que ha dejado de existir el objeto jurídico sobre el
cual debía proveer»,30 toda vez que, las conductas lesivas que se reprochaban del
Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá y del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Girardot – Cundinamarca, han cesado, en razón a que i) el primero
30
Corte Constitucional, sentencia T-304 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03665-00
Demandante: Cristian Camilo Sandoval Aparicio
Demandado: Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá y otros
remitió el expediente del accionante al Centro de Servicios de Girardot, y el 12 de
agosto del presente año, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Girardot, asumió la vigilancia de la pena del accionante, y ii) el
segundo resolvió la solicitud de libertad condicional y, en subsidio, la prisión
domiciliaria; por lo tanto, el hecho que generó la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, fueron superados en el
trámite de la presente acción.
IV. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto se configuró
la carencia actual de objeto por hecho superado, en los términos expuestos en la
parte considerativa de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del Consejo
Superior de la Judicatura y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la
acción de tutela interpuesta por el señor Cristian Camilo Sandoval Aparicio en contra
del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá y el Juzgado 25 de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá, por las razones expuestas.
TECERO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, enviar el
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03665-00
Demandante: Cristian Camilo Sandoval Aparicio
Demandado: Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá y otros
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
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