Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03678-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03678-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03678-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
12 de diciembre de 2024
Demandantes: Marlene Camacho Camacho y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03678-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., doce [12] de diciembre de dos mil veinticuatro [2024]
Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado 11001-03-15-000-2024-03678-01
Demandantes: MARLENE CAMACHO CAMACHO Y OTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Tema: Tutela contra providencia judicial – confirma decisión que
declaró la improcedencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de
30 de septiembre de 2024, proferido por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.
1. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
El 17 de julio de 2024, la señora Marlene Camacho Camacho como agente
oficiosa del señor José David Holave, instauró acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Santander con el fin de que se proteja su derecho fundamental
al debido proceso.
La mencionada garantía la consideraron vulnerada con la expedición de la
providencia de 15 de julio de 2024, proferida al interior del incidente de desacato
identificado con el radicado 68001-23-33-000-2023-00363-01.
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
• Los accionantes interpusieron el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho para de controvertir el acto administrativo mediante el cual se negó el
ajuste de la pensión de invalidez reconocida al señor José David Holave y el
reajuste de la indemnización por disminución de la capacidad laboral, proceso que
se identificó con el número 68001-13-33-014-2019-00010-00 y le correspondió
conocerlo al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga.
• En atención a la falta de resolución de una solicitud de medida cautelar al
interior del expediente contencioso, los demandantes radicaron una acción de
tutela con el fin de que (i) se declarara la configuración de una mora judicial y (ii)
se garantizara el derecho fundamental de petición, porque se pidió una valoración
médica de pensionados para el señor Holave y no se ha dado respuesta.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
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• El 23 de agosto de 2023 el Tribunal Administrativo de Santander declaró
improcedente el mecanismo, al exponer que no podía «abrogarse la competencia
para decretar medidas cautelares solicitadas dentro de dichos procesos y, menos
aun cuando no se evidencia mora alguna por parte del despacho demandado».
• El 11 de diciembre de 2023, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado modificó la decisión del a quo en el sentido de negar el cargo por mora
judicial y amparar el derecho fundamental de petición. En consecuencia, dispuso:
TERCERO: En consecuencia, ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional -
Ejercito Nacional que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de
esta providencia, emita una respuesta clara y de fondo a la petición
presentada por la parte actora el 17 y 24 de junio de 2023, la cual incluso
deberá ser enviada también al Juzgado 14 Administrativo de Bucaramanga.
Asimismo, de manera subsidiaria, ORDENAR que el Juzgado 14
Administrativo de Bucaramanga, en caso de que la primera autoridad no
conteste dentro del término dado o no informe, de manera concreta, sobre la
realización de a valoración periódica, haga uso de sus facultades y poderes
judiciales para obtener, de manera efectiva, su realización1.
• El accionante presentó incidente de desacato al considerar que el Ministerio de
Defensa Nacional y el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga no han dado cumplimiento al fallo de tutela de segunda instancia,
comoquiera que no se ha presentado el dictamen pericial decretado como prueba
dentro del proceso contencioso. Agregó que pasaron más de 30 días desde el
último requerimiento del juzgado al ministerio, sin que se hubiera practicado la
junta médica laboral de revisión a pensionados.
• El 28 de junio de 2024 el Tribunal Administrativo de Santander requirió a las
eventuales incidentadas con el fin de que informaran cómo se ha dado
cumplimiento al fallo de tutela de 11 de diciembre de 2023.
• El 3 y 5 de julio de 2024, la entidad y a la autoridad judicial señalaron que la
orden de tutela se cumplió, en atención a que se brindó una respuesta congruente
y fondo, sobre todo cuando el Ministerio de Defensa Nacional, Dirección de
Sanidad, mediante documento con radicado 2024338000244341, de fecha 7 de
febrero de 2024, emitió contestación a la solicitud presentada por los
incidentantes, en el entendido de citar al señor Holave para el 21 de febrero de
2024 con el fin de realizar los exámenes de revisión a pensionados por invalidez
conforme lo dispuesto en el Decreto 1796 de 2000 y el Acuerdo 056 de 2014.
Dicha respuesta fue remitida a los buzones electrónicos
arevaloabogados@yahoo.es y marlenebogota@hotmail.com.
• Indicaron que el 26 de febrero de 2024 se aportó constancia de asistencia a la
cita en mención y se emitieron órdenes para conceptos por las especialidades de:
Dermatología (L988), Oftalmología (H538), Psiquiatría (F419), Audiometría (H903),
RMN de rodillas (M239), Potenciales evocados auditivos (H903), Neumología
(L269).
• Precisaron que el 31 de mayo de 2024 el accionante nuevamente compareció a
valoración por la especialidad de neumología en el Hospital Militar Central en el
que se le indicó que previo a emitir concepto de dicha especialidad debían
1 Transcrito del texto original con posibles errores ortográficos.
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realizarse varios exámenes2.
• El 15 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander dispuso
abstenerse de iniciar el trámite incidental, al considerar que:
[E]l Ministerio de Defensa demostró que ha dado cumplimiento a la orden
contenida dentro del fallo de tutela, pues brindo una respuesta clara, de fondo
y congruente frente al derecho de petición presentado por el accionante, la
cual fue puesta en conocimiento del Juzgado 14 administrativo, donde se
adelanta el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que
dio origen a la acción constitucional.
[…]
En ese orden de ideas, el Juzgado 14 administrativo de Bucaramanga ha
cumplido la orden contenida en el fallo de tutela del 23 de agosto de 2023,
proferida por esta Corporación y modificada por el H. Consejo de Estado con
proveído del 11 de diciembre de 2023, ya que ha hecho uso de sus facultades
y poderes judiciales para obtener, efectivamente, el cumplimiento por parte de
la entidad accionada3.
• La providencia que se pronunció frente a la solicitud de declaratoria de desacato
fue notificada el 15 de julio de 2024 y la acción de tutela de la referencia fue
radicada el 17 de julio de 2024.
1.3. Pretensiones
Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:
1) que el Honorable Tribunal Administrativo de Santander declare el incidente
de desacato por el incumplimiento de la orden del Honorable Consejo de
Estado en auto del 11 de diciembre de 2023. Que imponga las medidas
correspondientes, para que Sanidad Militar-Medicina Laboral de el Dictamen
pericial de revisión a pensionados de Holave, en la cual siempre estuvo presto
a asistir a todos los requerimientos y citas médicas para los conceptos y
exámenes junto con su conyugue agente Oficiosa Marlene Camacho
Camacho. En la cual no le dieron los viáticos, pero no fue impedimento para
siempre presentarse.
2) solicito a mi Honorable Despacho pedir el link de acceso al expediente de
tutela radicado 680012333000-2023-00363-00. Al Honorable Tribunal
Administrativo de Santander.
3) que mi honorable despacho imponga las medidas que considere por ley en
pro de proteger los derechos fundamentales de José David Holave persona en
condición de discapacidad física y mental que requiere de tercera persona.4.
1.4. Fundamentos de la solicitud
Luego de relatar el trámite dado a la prueba decretada al interior del proceso
contencioso, los tutelantes advirtieron que el Ministerio de Defensa Nacional y el
Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga no han dado
cumplimiento a la sentencia de 11 de diciembre de 2023, emitida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en atención a que
2 «1) Tomografía computarizada de tórax. Tac de Tórax contrastado. 2) Espirometría simple con
broncodilatadores. 3) Espirometría simple más difusión de monóxido de carbono. 4) Volúmenes
pulmonares por pletismografía pre y post broncodilatadores 256. 5) caminada 6 minutos. 6)
Gamagrafía pulmonar perfusión y ventilación. 7) Consulta control de resultados».
3 Transcrito del texto original con posibles errores ortográficos.
4 Transcrito con posibles errores ortográficos.
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Sanidad Militar, a la fecha, no ha practicado el dictamen ordenado.
Señalaron que «el Honorable Tribunal Administrativo de Santander con auto de 15
de julio de 2024 no abrió el incidente de desacato, violando el debido proceso, y
sin esta protección quedo desprotegido Holave que es persona de protección
especial».
1.5. Trámite procesal de la acción
El 22 de agosto de 2024 el ponente de la decisión de primera instancia admitió la
acción y ordenó la notificación de la parte tutelante y de la autoridad judicial
accionada. Por su parte vinculó al Ministerio de Defensa Nacional ─ Ejercito
Nacional y al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga quienes fungieron como accionados en el proceso de tutela
identificado con el radicado 68001-23-33-000-2023-00363-00/01, así como a la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, autoridad que profirió
la sentencia de tutela del 11 de diciembre de 2023, respecto de la cual se solicita
su cumplimiento.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:
1.6.1. El Tribunal Administrativo de Santander señaló que no ha trasgredido el
derecho fundamental advertido por los tutelantes, máxime cuando tal alegato
carece de respaldo y «se observa que el fin último de los demandantes es que a
través de acciones de tutela se avance en el proceso ordinario que cursa en el
juzgado 14 administrativo de Bucaramanga, situación que a todas luces torna
improcedente la acción de tutela».
1.6.2. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga solicitó que se nieguen las pretensiones del mecanismo en
atención a que el expediente contencioso ha sido impulsado y se encuentra en
etapa probatoria. Exhortó a los accionantes a que presenten sus memoriales a
través del apoderado que designaron para que exista una mejor comprensión de
sus solicitudes.
1.6.3. El Ministerio de Defensa Nacional y el Ejercito Nacional indicaron que la
entidad ha dado cumplimiento a todas las órdenes y decisiones emitidas en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, al punto que «la práctica de las
valoraciones y conceptos médicos s[í] fueron realizados al actor y se continu[ó] el
trámite ante el Tribunal médico para lo que es de su competencia; siendo ello
puesto en conocimiento del actor, a través del correo de la hoy accionante».
1.6.4. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado resaltó
que si bien la providencia controvertida es la del Tribunal Administrativo de
Santander, estará presto a atender lo que disponga la Sala.
1.7. Fallo impugnado
El 30 de septiembre de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
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de Estado, declaró la improcedencia del mecanismo por falta de relevancia
constitucional al considerar que la parte accionante pretende utilizar la acción de
tutela como si se tratara de una instancia adicional, pues sus críticas buscan
reabrir el debate que tuvo lugar en el trámite incidental o incluso impulsar el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se encuentra en curso,
aspecto que sale de la competencia del juez constitucional.
Destacó que «si a juicio de los accionantes, existen nuevas condiciones fácticas
que representen una vulneración de sus derechos fundamentales, puedan acudir
nuevamente a la acción de tutela para efectos de exponer las nuevas
circunstancias que no hubieran sido objeto de pronunciamiento en la sentencia del
11 de diciembre de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado».
1.8. Impugnación5
Los accionantes en primer lugar cuestionaron el plazo que se tomó el a quo
constitucional para proferir el fallo de primera instancia.
Luego, manifestaron que «se deja en claro que no se quiere impulsar el proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento, lo que se está impulsando con el incidente
de desacato que se interpuso y no lo abrieron, es que se cumpla la sentencia del
11 de diciembre de 2023 proferida por el Honorable Consejo de Estado Sección
Tercera, Subsección B, que consiste en que le realicen la revisión a pensionados y
le den el dictamen a José David Holave, en la que si no se está de acuerdo se
expondría los argumentos y se solicitaría hacer otro peritaje por otra entidad».
Afirmaron que «[…] no se puede volver a interponer una tutela de un caso que ya
fue juzgado en este caso fue que Sanidad Militar le realicen la revisión a
pensionados a José David Holave. Si interponemos nuevamente el mismo punto
en tutela estaríamos cometiendo un delito»6.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación
presentada por la señora Marlene Camacho Camacho y otro, de conformidad con
lo establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Precisión previa
Por cuestión metodológica, y con el fin de establecer el problema jurídico a
resolver, esta Sala advierte desde ya que no se hará alusión a la presunta mora
judicial del a quo, comoquiera que la competencia de esta Colegiatura se
encuentra limitada a los fundamentos expuestos en la solicitud de tutela, luego si
el extremo accionante considera que la demora en el trámite constitucional le
5 El fallo se entiende notificado el 30 de octubre de 2024, la impugnación se presentó el 1
noviembre de 2024 y el auto la concedió se profirió el 14 siguiente.
6 La parte tutelante citó varias sentencias de tutela sin realizar alguna consideración frente a ellas.
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trasgredió algún derecho, puede hacer uso de las herramientas que contempla el
ordenamiento para su protección.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sección determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse
la decisión de primera instancia de 30 de septiembre de 2024, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró la
improcedencia del mecanismo constitucional.
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad;
(iii) procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el incidente
de desacato, y (iv) el caso en concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20127
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema8.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales9.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el
incidente de desacato11
7 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
9 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Ver postura de la Sala en la providencia de 24 de septiembre de 2020, expediente No. 11001-03-
15-000-2020-03234-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Esta Sala ha considerado que la naturaleza jurídica del incidente de desacato
corresponde a la de un trámite sancionatorio, por lo que contra las decisiones que
se adopten en el mismo procede excepcionalmente la acción de tutela, cuando se
pretenda obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato.
La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente de desacato, de la
siguiente manera:
[…] Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias
proferidas en el curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve
el incidente, la Corte ha establecido que procede la acción de tutela
excepcionalmente, siempre que logre verificarse la existencia de una vía de
hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que, por medio del incidente de
desacato, las autoridades judiciales toman decisiones que pueden llegar a
vulnerar los derechos fundamentales de las partes. Entonces, siendo
procedente de forma excepcional la acción de tutela debe tenerse presente
que durante el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que
afecten la ratio decidendi, ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el
fallo de tutela, y que sirve como fundamento para promover el incidente de
desacato. Así, el estudio de una acción de tutela interpuesta contra un
incidente de desacato deberá limitarse, en todo caso, a la conducta
desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin consideración alguna
del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto debatido
que hizo tránsito a cosa juzgada […]12.
De manera que, el desacato es incidental por ser un instrumento sancionatorio de
creación legal, cuyo procedimiento se surte previa petición de la parte interesada y
requiere un análisis de la responsabilidad subjetiva.
Es así como mientras el cumplimiento implica un análisis objetivo, el incidente de
desacato va más allá y estudia la responsabilidad subjetiva del funcionario
encargado de cumplir el fallo, esto es, las razones que lo llevan a omitir el deber
de atender la orden judicial.
En todo caso, el incumplimiento de una providencia judicial proferida dentro de un
trámite incidental por no acatar una orden judicial es una violación sistemática de
la Constitución Política, por cuanto frustra la consecución de los fines esenciales
del Estado, por lo que es evidente que la obligación primordial del juez
constitucional es hacer cumplir íntegramente la orden judicial de protección.
Al respecto, la Corte Constitucional señaló que «[…] [e]s el desacato un ejercicio
del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel
es una responsabilidad subjetiva […]»13 en tal sentido, se prohíbe la
responsabilidad objetiva, en tanto que para sancionar por el incumplimiento de una
orden judicial es necesario que esta sea el resultado de una acción u omisión
ejecutada dolosa o culposamente del agente.
La mencionada Corporación ha considerado, en eventos relacionados, lo
siguiente:
12 Corte Constitucional, sentencia T - 482 de 2013.
13 Sentencia T-763 de 1998.
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[…] las razones que el peticionario exponga en su escrito de tutela deben ser
coherentes con los argumentos esgrimidos durante el incidente y que las pruebas
que pretenda hacer valer hayan sido solicitadas, conocidas o analizadas en la etapa
incidental porque de lo contrario la tutela no sería procedente en tanto que ésta no
puede ser utilizada como un remedio procesal ante la desidia o negligencia del
interesado […]14.
El parámetro que se debe tener en cuenta para sancionar, lo establece la orden
impartida, esto es, debe existir certeza acerca de la conducta esperada y la forma
específica en que esta debe materializarse y esa orden es la que el juez debe
verificar de manera rigurosa.
Por tanto, durante el trámite incidental de desacato debe garantizarse al
funcionario el derecho al debido proceso en todas las actuaciones, por lo que de
advertirse una conducta positiva por parte del mismo, de la cual pueda inferirse
que ha obrado de buena fe y no con el ánimo de evadir los mandatos de la orden
judicial, no hay lugar a la imposición de sanciones15.
Así las cosas, ante estos eventos el juez constitucional que conoce de una tutela
contra providencias dictadas en el trámite del incidente de desacato se encuentra
limitado a establecer:
i) Si el juez del desacato actuó de conformidad con la orden de amparo proferida,
ii) si se respetó el debido proceso de las partes y,
iii) si la sanción impuesta, de ser el caso, resulta arbitraria, sin que con ello se
pueda reabrir el debate de fondo ni cambiar la protección concedida o el alcance y
contenido de aquella.
2.6. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.6.1. Relevancia Constitucional
Ahora bien, previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta
pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de
2022, en cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este
requisito, así:
[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
14 Sentencia T-343 de 5 de mayo de 2011.
15 Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-939 de 2005 ha considerado: «…Conforme a
la naturaleza sancionatoria del desacato, cualquier medida proveniente de éste debe estar
soportada por la garantía del debido proceso respecto de cada uno de los disciplinados y
precedida por la comprobación probatoria de cada uno de sus elementos, es decir, el
incumplimiento de la orden y la responsabilidad subjetiva de cada uno de sus destinatarios. De no
reunirse cualquiera de los presupuestos mencionados, conforme al reglamento que rige la acción
de tutela y la jurisprudencia de esta Corporación, no será posible impartir sanción alguna, pero si
ello llegare a ocurrir, procederá el examen de las decisiones a partir de los criterios de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales».
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fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].
Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional
en la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201416, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de
aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por
ende, no debe ser un debate exclusivamente legal.
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia17.
Sobre el particular, se considera que, tal y como lo expuso el a quo constitucional,
este asunto no es relevante constitucionalmente, como se pasará a explicar.
En primer lugar se recuerda que en materia de tutelas contra providencias
judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de
la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la
parte actora dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los
argumentos del accionante en la solicitud de amparo, sin el debido contraste de un
indebido e irracional estudio del caso concreto por parte de la autoridad judicial, se
atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el
mecanismo constitucional en una tercera instancia.
En este orden de ideas, para esta Sala el argumento que se refiere a la demora en
la realización del dictamen decretado en sede contenciosa, por cuestiones
administrativas y de procedimiento de la entidad encargada, por sí solo, no cuenta
con la carga argumentativa ius fundamental para ser estudiado en el marco de la
trasgresión de derechos fundamentales, porque la discusión se limitó a intentar
impulsar el trámite ordinario y no a discutir los fundamentos de la decisión de 15
de julio de 2024.
Al respecto se destaca que el amparo que se dio el 11 de diciembre de 2023, por
parte de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
17 Énfasis de la Sala.
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enmarcó en la garantía del derecho de petición y no al impulso del proceso, ya
que el cargo por mora judicial fue negado. Luego se considera que el análisis que
hizo el tribunal para establecer si debía abrir el incidente de desacato frente al
estado actual del trámite de la prueba que se requirió mediante petición y se
decretó en el proceso contencioso, prima facie, no se considera arbitrario o
irracional.
Además, la autoridad judicial accionada verificó que se diera respuesta al
requerimiento de los tutelantes, sin que ello implique que la contestación sea
favorable, sino que fuera de fondo y congruente, y constató que, en la actualidad,
se ordenaron diferentes conceptos de especialidades y se encuentra a la espera
del veredicto del tribunal médico de la entidad, lo que, a juicio del tribunal, permite
evidenciar el impulso en el recaudo de la prueba.
Ahora, no se comparte lo expuesto por los impugnantes cuando manifiestan que al
interponer una nueva tutela por los mismos hechos estarían cometiendo un
«delito», comoquiera que, tal y como lo expuso el a quo, los accionantes pueden
hacer uso de la acción de tutela si consideran que en la actualidad el proceso
contencioso incurre en una mora judicial, cargo que a la postre no puede ser
estudiado en el presente mecanismo constitucional, comoquiera que la
competencia de esta solicitud de amparo se limita a establecer si el tribunal
accionado cometió o no una vía de hecho en el marco del trámite incidental, y no,
si existe mora en la obtención de la prueba decretada en el expediente ordinario.
En este orden de ideas, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por
la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este
presupuesto, en atención a que no se justificó la presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales de los tutelantes ante la decisión de
abstenerse a iniciar incidente de desacato, por el contrario, se evidencia que el
tribunal verificó que se diera respuesta a la peticiones formuladas por parte de la
entidad y que el juez de primera instancia hubiera impulsado el proceso
contencioso.
En este sentido, para esta Sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de la parte tutelante frente a la demora en la obtención de la
prueba decretada, sin controvertir los fundamentos de la decisión que se abstuvo
de iniciar el trámite incidental, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»18 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.
Ahora bien, se tiene que la Corte Constitucional ha explicado que la acción de
tutela procede sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de
protección de los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar
la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que
invoca, se acrediten al menos sumariamente.
Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la
acción de tutela, es la existencia de un perjuicio irremediable, el cual se configura
a voces de la Corte Constitucional «[…] cuando el peligro que se cierne sobre el
derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera
18 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-
573 de 2017 y C-590 de 2005.
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grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo
neutralicen […]19».
De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables20. Entonces,
corresponde a la Sala estudiar si, en el caso concreto, la acción de tutela procede
de forma transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecte
de manera directa los derechos fundamentales de la parte actora.
Al respecto se tiene que dicho perjuicio no se evidencia en este asunto porque del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la parte actora se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales, máxime cuando se evidencia que le ha suministrado diversas
atenciones médicas al señor Holave con el fin de lograr el diagnóstico decretado.
2.7. Conclusión
Así las cosas, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 30 de septiembre de 2024, proferido por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró
improcedente la acción de tutela.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
19 Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas
Hernández.
20 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación se reseña, en síntesis lo pertinente: «[…] son elementales para la comprensión de la
figura del perjuicio irremediable, […] A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por
suceder prontamente"[…]. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable han de ser urgentes, […] || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea
grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona […] || D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea
impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna
[…] Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia
de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos
y garantías básicos para el equilibrio social».
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03678-01
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
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