RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-03679-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03679-00

Fecha
27 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03679-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del señor Héctor Raúl Tovar Castrillón. En consecuencia, ORDENAR a la Secretaría de Conjueces del Tribunal Administrativo del Magdalena que, en un término de veinticuatro (24) horas, remita nuevamente al Conjuez Francisco Parodys Hernández el expediente digital contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 47001-23-33-000-2017-00029-00. 7 Al respecto ver sentencias SU-394 de 2016 y T-099 de 2021, entre otras. 8 Radicación: 11001-03-15-000-2024-03679-00 Demandante: Héctor Raúl Tovar Castrillón Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena – Sala de Conjueces Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia) SEGUNDO: Cumplido lo anterior, ORDENAR al Conjuez Francisco Parodys Hernández para que, en el término de quince (15) días contados a partir del día siguiente en que le sea enviado el referido expediente, elabore la respectiva ponencia de decisión y la ponga a consideración de la Sala de Conjueces, para lo de su cargo. TERCERO: RECONOCER personería jurídica al abogado Carlos Mauricio Agudelo Vallejo, portador de la tarjeta profesional 165.347 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del accionante, en los términos y para los efectos del poder que fue allegado al trámite de tutela en virtud del requerimiento hecho en el auto admisorio. CUARTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03679-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

27 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03679-00
Demandante: Héctor Raúl Tovar Castrillón
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Mora judicial – AMPARO.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional formulado por Héctor Raúl Tovar Castrillón en
contra de la Sala de Conjueces2 del Tribunal Administrativo del Magdalena.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El señor Héctor Raúl Tovar Castrillón, a través de apoderado judicial, presentó
acción de tutela en busca de obtener el amparo de su derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia.

2.
El 23 de noviembre de 2016, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho3, el actor promovió demanda en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad
del acto administrativo mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de la
prima especial de servicios de la que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

3.
El conocimiento de ese asunto inicialmente le correspondió al Juzgado Tercero
Administrativo de Santa Marta, que dispuso su remisión al Tribunal Administrativo
del Magdalena. En virtud de ello, el expediente fue asignado por reparto al

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Integrada por los Conjueces Francisco Hernández Parodys, Camilo David Hoyos y Ever Enrique Gutiérrez

Barrios.
3 Tramitado inicialmente con el número de radicado 47001-33-33-003-2016-00204-00 ante el Juzgado Tercero

Administrativo del Circuito de Santa Marta y luego, con ocasión de su remisión al Tribunal Administrativo del
Magdalena, bajo el número de radicado 47001-23-33-000-2017-00029-00.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03679-00
Demandante: Héctor Raúl Tovar Castrillón
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Magistrado Adonay Ferrari Padilla, quien admitió la demanda por auto del 12 de
mayo de 2017.

4.
Una vez llevada a cabo la audiencia inicial, el Magistrado en mención, mediante
auto del 28 de noviembre de 2018, resolvió prescindir de las audiencias de pruebas
y de alegaciones y juzgamiento. En su lugar, corrió traslado a las partes del material
probatorio allegado por la entidad demandada por el término de tres (3) días. Una
vez vencido, ordenó correr traslado a las partes para que presentaran los alegatos
de conclusión.

5.
Posteriormente, los Magistrados de esa Corporación manifestaron estar impedidos
para conocer del asunto. Ese impedimento fue declarado fundado por la Sección
Segunda del Consejo de Estado a través de auto del 26 de septiembre de 2019, en
el que se ordenó devolver el expediente al Tribunal para proceder al sorteo de
Conjueces.

6.
El 7 de octubre de 2020, se designó como Conjuez Ponente a Francisco
Hernández Parodys, quien por auto del 15 de marzo de 2021 determinó que en ese
asunto había lugar a dictar sentencia anticipada. A su vez, incorporó las pruebas y
fijó el litigio. El 18 de mayo de esa misma anualidad, nuevamente corrió traslado a
las partes para alegar de conclusión.

7.
El 21 de julio de 2023, a través de memorial dirigido a la dirección de correo
electrónico stadmmgd@cendoj.ramajudicial.gov.co, el demandante presentó una
solicitud con el fin de impulsar el proceso, la cual fue reiterada el 11 de diciembre
siguiente.

8.
El actor reprochó que para la fecha en que instauró la acción constitucional habían
transcurrido 917 días sin que se le hubiera impartido trámite a las solicitudes de
impulso, lo que ha impedido que el expediente pase al despacho para continuar con
el desarrollo normal del proceso.

9.
Sostuvo que la falta de respuesta a los requerimientos de impulso en un término
objetivo pone en evidencia un actuar negligente por parte de “la Sala de Conjueces
en general” que deriva en una vulneración a su derecho de acceso a la
administración de justicia.

10.
En ese sentido, las pretensiones están encaminadas a que se ordene a la
autoridad accionada adoptar las medidas necesarias para que cesen las dilaciones
injustificadas al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho antes
referido.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03679-00
Demandante: Héctor Raúl Tovar Castrillón
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

11.
Mediante auto del 22 de julio 2024, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela; (ii)
notificar de su presentación a la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de
Magdalena, conformada por Francisco Hernández Parodys, Camilo David Hoyos y
Ever Enrique Gutiérrez Barrios; (iii) vincular al Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, en calidad de tercero con interés; (iv) requerir a la Secretaria del Tribunal
Administrativo del Magdalena para que allegara copia digital del expediente con
radicado número 47001-2333-000-2017-00029-00; (v) requerir al abogado Carlos
Mauricio Agudelo Vallejo para que aportara en debida forma el poder que lo habilita
para ejercer la representación judicial de la parte actora y; (vi) comunicar la decisión
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

12.
El Conjuez Francisco Hernández Parodys sostuvo que con ocasión del ataque
cibernético del que fue objeto la Rama Judicial en el año 2023 el historial de correos
de su cuenta institucional fue borrado, situación que ha ocasionado traumatismos en
su labor como Conjuez.

13.
Motivo por el cual, en aras de darle una solución al usuario, el 14 de agosto del
año en curso, a través de correo electrónico, solicitó a la Secretaría de Conjueces
del Tribunal Administrativo del Magdalena la remisión del expediente contentivo del
proceso cuya mora se alega con el objeto de elaborar el proyecto de sentencia y su
posterior registro para discusión en Sala. Actuación que, a su juicio, configura una
carencia actual de objeto por hecho superado.

14.
En atención al informe rendido por el Conjuez en mención, mediante auto del 30
de agosto de 2024, se vinculó al trámite de tutela a la Secretaría de Conjueces del
Tribunal Administrativo del Magdalena para que se pronunciara sobre la solicitud de
amparo.

15.
El Secretario General de la Corporación informó que el 21 de julio de 2023 pasó
a despacho del Conjuez Francisco Hernández Parodys el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho objeto de la tutela, informándole que se encontraba
pendiente de proferir sentencia. Adujo que aquél tenía conocimiento de la existencia
de dicho proceso desde el año 2020 cuando fue designado como Conjuez Ponente.
Por ende, aseveró que no corresponde a la realidad afirmar que únicamente se
enteró de su existencia en el mes de agosto de 2024, cuando lo cierto es que desde
el 21 de julio del año anterior se le había remitido el expediente para dictar fallo.

16.
Por lo expuesto, señaló que no ha vulnerado en forma alguna el derecho
fundamental invocado por el accionante, toda vez que le ha impartido el trámite que
corresponde al proceso ordinario y que, además, el mismo se encuentra en etapa de
fallo, por lo que no requiere intervención adicional por parte de la Secretaría.

17.
El magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez presentó impedimento, que fue
declarado infundado por auto del 27 de septiembre de 2024.
3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03679-00
Demandante: Héctor Raúl Tovar Castrillón
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Procedencia de la acción de tutela por mora judicial

18.
Sobre el particular, esta Corporación ha sido categórica en advertir que el juez de
tutela en cada caso específico deberá valorar si la conducta del funcionario o de la
corporación judicial es injustificada y negligente, toda vez que “no toda dilación en
proferir una decisión judicial genera la llamada mora judicial ni vulnera derechos
fundamentales”4.

19.
Así pues, para determinar si la autoridad judicial demandada ha incurrido en una
mora judicial injustificada, y previo a verificar si tal mora se proyecta como afrenta a
un derecho constitucional iusfundamental, se debe analizar: (i) la complejidad del
asunto; (ii) la actividad procesal del interesado; (iii) la conducta de la autoridad
judicial competente; (iv) el análisis global de procedimiento; y (iv) el turno en el que
el expediente pasó al despacho.

20.
En ese contexto, esta Corporación ha considerado que la acción de tutela se abre
paso por mora judicial cuando se trate de una dilación injustificada como resultado
de la falta de diligencia en el actuar del funcionario judicial. Esto significa que “no
existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que ésta debe ser
injustificada y estar probada la negligencia de la autoridad judicial accionada”5.

21.
En suma, la mora judicial injustificada se presenta cuando: (i) existe un
incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que
justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial.

D. Análisis del caso concreto

22.
En el presente asunto, el accionante alega que la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo del Magdalena incurrió en una dilación injustificada al no darle trámite
a las solicitudes que presentó el 21 de julio y 11 de diciembre de 2023, con el fin de
impulsar el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número
47001-2333-000-2017-00029-00, lo que ha impedido que continúe su curso normal
a efectos de que se profiera sentencia.

23.
Al respecto, el Conjuez Francisco Hernández Parodys, quien tiene a su cargo ese
asunto, informó que en virtud del ciberataque del que fue objeto la Rama Judicial en

4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 22 de octubre de 2020, radicado: Expediente 11001-03-15-

000-2020-04601-00. M.P. Milton Chaves García.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 18 de febrero de 2009,

exp. 25000-23-15-000-2008-01246-01 (AC), M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03679-00
Demandante: Héctor Raúl Tovar Castrillón
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

el año 2023, los correos electrónicos de su cuenta institucional se borraron. Por esa
razón, adujo que, con el fin de darle solución al requerimiento del usuario, el 14 de
agosto de 2024 solicitó a la Secretaría de Conjueces del Tribunal Administrativo de
Magdalena que le enviara el enlace del expediente digital del referido proceso para
elaborar el respectivo proyecto de sentencia.

24.
Por su parte, el Secretario General de ese Tribunal indicó que dicho expediente
fue remitido al Conjuez ponente para proferir sentencia desde el 21 de julio de 2023,
por lo que, al encontrarse en esa etapa procesal, a la Secretaría no le corresponde
adelantar alguna gestión adicional.

25.
En las condiciones anotadas, para la Sala el actuar del Conjuez así como el del
Secretario de dicha Corporación se proyectan como un verdadero obstáculo para el
acceso efectivo a la administración de justicia.

26.
Mientras que el Secretario afirma que ya pasó el proceso al despacho para proferir
sentencia, el Conjuez sostiene que no cuenta con el expediente debido a la pérdida
de los correos de su cuenta institucional. Y, a pesar de que este último requirió a la
Secretaría para su envío, no se acreditó que aquella hubiera emitido algún tipo de
respuesta frente a dicha solicitud. Además, del informe de tutela, es posible inferir
que tampoco tiene la intención de hacerlo, precisamente porque aseguró que no le
corresponde efectuar algún otro trámite adicional en el marco de ese proceso.

27.
La posición de la Secretaría conlleva que el proceso permanezca en un estado de
parálisis indefinida, pues impide que el Conjuez ponente pueda acceder a este a
efectos de elaborar el proyecto de sentencia que corresponde. Lo que, a su vez,
mantiene al usuario en una incertidumbre absoluta frente al eventual devenir del
proceso.

28.
Una vez tuvo conocimiento de la problemática planteada en la solicitud de amparo,
el Secretario se limitó a trasladar la culpa de la mora reprochada al Conjuez
Hernández Parodys en busca de exonerarse de cualquier responsabilidad, en lugar
de ofrecer una solución eficaz y práctica que propendiera por garantizar el acceso
real al aparato judicial.

29.
Aunque la Secretaría acreditó haber remitido el expediente al Conjuez desde el
21 de julio del año anterior, no puede pretender excusarse en ello para no remitir
nuevamente el link que requiere el fallador para poder adoptar una decisión de
primera instancia. Bastaba con un simple correo electrónico, una llamada telefónica
o cualquier otra gestión de manejo interno que procurara solucionar de forma efectiva
y ágil la vicisitud presentada con el expediente. Sin embargo, optó por no hacerlo.

30.
La actitud pasiva de la Secretaría a todas luces merece censura por parte del juez
constitucional, pues impide que el proceso siga su debido curso y no es lo que se
5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03679-00
Demandante: Héctor Raúl Tovar Castrillón
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

espera de cara a una correcta prestación del servicio de la administración de justicia.

31.
Debe aclararse que la labor del juez de tutela no se orienta a verificar la posible
comisión de conductas que atenten contra los deberes funcionales que les asisten a
los servidores públicos y con fundamento en ello endilgar responsabilidades
disciplinarias. De ahí que en la valoración de los elementos fácticos puestos en
consideración, no resulta suficiente que el Secretario acredite haber remitido el
expediente hace más de un año al Conjuez. La función del juez constitucional se
circunscribe a constatar la existencia de algún actuar, bien sea por acción u omisión,
que constituya una amenaza o vulneración de derechos fundamentales y que amerite
una protección constitucional.

32.
Por esa razón, el juicio de reproche que se hace en esta oportunidad no parte de
una óptica disciplinaria, sino en clave de derechos fundamentales. So pretexto de ya
haber cumplido las gestiones que le corresponden como Secretaría, en una clara
actitud de desidia y con el simple ánimo de evadir responsabilidades, omite adoptar
las medidas necesarias para impedir la paralización del proceso, lo que se impone
como una barrera para garantizar al usuario que su proceso pueda ser resuelto.

33.
En todo caso, si bien el Secretario aseguró que no era su deber adelantar algún
trámite adicional luego de haber remitido el link correspondiente, lo cierto es que con
posterioridad a esa actuación -el 11 de diciembre de 2023- el demandante radicó un
memorial de impulso procesal que fue registrado por la Secretaría en el aplicativo
Samai el 22 de enero de 20246, pero no hay evidencia de que el mismo hubiera sido
puesto en conocimiento del Conjuez. En la plataforma no hay algún registro de paso
al despacho. En el expediente digital que fue allegado al trámite de tutela tampoco
obra soporte de dicho memorial. Y en el informe que rindió la Secretaría ni siquiera
se pronunció al respecto.

34.
De haber comunicado de forma oportuna al conjuez dicho memorial, se hubiese
podido advertir desde ese momento y no sólo con ocasión de la presente tutela (6
meses después) la situación ocurrida con el expediente, a efectos de poder impartirle
celeridad a ese asunto.

35.
Lo anterior, tampoco pretende desconocer que la vulneración de derechos que se
alega no solo radica en el actuar pasivo por parte de la Secretaría del Tribunal, pues
es evidente que también ha sido producto de la inactividad por parte del Conjuez
Francisco Hernández Parodys desde el momento en que le fue asignado el
expediente para fallo, sin que se haya expresado alguna razón válida que justifique
tal omisión.

36.
Para justificar la demora en la resolución de ese asunto, el Conjuez en mención

6 Según se extrae de la consulta en dicha plataforma.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03679-00
Demandante: Héctor Raúl Tovar Castrillón
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

sostuvo que no ha podido elaborar el proyecto de sentencia debido a un ataque
cibernético ocurrido en el año 2023 que borró los correos de su cuenta institucional,
donde obraba el expediente contentivo de dicho proceso. Motivo por el cual el 14 de
agosto de 2024 pidió a la Secretaría que le enviara el link del expediente digital.

37.
Sin embargo, no explicó por qué solicitó el envío del expediente casi un año
después de haber ocurrido la situación que alega. Sólo con ocasión de la tutela,
requirió el expediente y ni siquiera le expuso a la Secretaría las razones por las
cuales pedía nuevamente su remisión.

38.
Su deber de cara a la función judicial que le fue asignada, aunque sea de forma
transitoria, era haber informado oportunamente a la Secretaría sobre lo acontecido
con su correo institucional y haber solicitado un informe con la relación de todos los
procesos a su cargo en aras de impartirles el trámite correspondiente, pero no lo
hizo.

39.
De acuerdo con el artículo 61 de la Ley 270 de 1996, los Conjueces tienen los
mismos deberes de los Magistrados, como propender por la pronta solución del
proceso, adoptar las medidas conducentes para evitar la paralización y dilación del
proceso, procurar la mayor economía procesal, entre otras, conductas que se echan
de menos en el presente trámite.

40.
De manera que las razones que expone resultan insuficientes para justificar haber
faltado a su deber de conducir el proceso con la mayor diligencia posible. Y, aunque
el 14 de agosto de 2024 el Conjuez solicitó a la Secretaría el envío del expediente a
efectos de proferir sentencia, ello no justifica su inactividad durante todo el periodo
de tiempo que transcurrió desde que presuntamente ocurrió la falla en su correo
institucional que impedía la elaboración del proyecto respectivo.

41.
Tampoco puede decirse que con dicha solicitud se superó la situación de
vulneración de derechos reclamada, pues, como ya se indicó, no hay evidencia de
que en efecto la Secretaría haya atendido ese requerimiento, por lo que no se tiene
certeza de que el proceso ya se encuentre a disposición del Conjuez para que éste
pueda impartirle trámite.

42.
La Sala igualmente censura el hecho de que ante la situación expuesta por el
accionante, los accionados se limitaran a presentar como prueba de diligencia la
remisión de un correo electrónico, y a partir de ello pretenden indicar que ya cesó la
vulneración de derechos alegada, o que la misma no se ha configurado. El Secretario
referenció un mensaje de hace un año y el Conjuez hizo mención al remitido hace
un mes (con ocasión de la tutela); pero ninguno puso de presente haber intentado
entablar una comunicación efectiva y directa con el otro, que zanjara la discusión
sobre el estado y ubicación del proceso; y que realmente descartara la necesidad de
intervención del juez constitucional.
7

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03679-00
Demandante: Héctor Raúl Tovar Castrillón
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

43.
En tales condiciones, la Sala encuentra que en este caso se presenta una mora
judicial que obedece a la falta de diligencia tanto de la Secretaría como del Conjuez
que tiene a su cargo ese asunto, que compromete el acceso real y efectivo a la
administración de justicia del accionante, que amerita la adopción de medidas por
parte del juez de tutela tendientes a salvaguardar dicha prerrogativa.

44.
Para que se materialice el goce efectivo del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, no basta con la posibilidad de acudir ante una autoridad
judicial para que dirima una controversia, sino que además es indispensable que
aquella resuelva esa situación. De manera que aun cuando se permite al interesado
ser parte de un trámite, el desconocimiento del plazo razonable impacta su garantía
de acceso oportuno al aparato judicial, ya que impide que el proceso avance en
condiciones de normalidad y, por tanto, su terminación es incierta, en un claro
desconocimiento del derecho a obtener una decisión judicial7. Más aún si se tiene en
cuenta que la mora no es atribuible a problemas estructurales de la administración
de justicia, como la congestión judicial, sino a una desafortunada falta de
comunicación, diligencia y gestión tanto del operador judicial como de la secretaría.

45.
Por lo expuesto, se dispondrá la protección del derecho fundamental de acceso a
la administración de justicia de la parte accionante. En consecuencia, se ordenará:
(i) a la Secretaría de Conjueces del Tribunal Administrativo del Magdalena que, en
un término de veinticuatro (24) horas, remita nuevamente al Conjuez Francisco
Parodys Hernández el expediente digital completo del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 47001-23-33-000-2017-00029-00
y; (ii) al Conjuez Parodys Hernández que, en el término de quince (15) días contados
a partir del día siguiente en que le sea enviado el referido expediente, elabore la
respectiva ponencia de decisión y la ponga a consideración de la Sala de Conjueces,
para lo de su cargo.

46.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia del señor Héctor Raúl Tovar Castrillón. En consecuencia, ORDENAR a la
Secretaría de Conjueces del Tribunal Administrativo del Magdalena que, en un
término de veinticuatro (24) horas, remita nuevamente al Conjuez Francisco Parodys
Hernández el expediente digital contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado número 47001-23-33-000-2017-00029-00.

7 Al respecto ver sentencias SU-394 de 2016 y T-099 de 2021, entre otras.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03679-00
Demandante: Héctor Raúl Tovar Castrillón
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena – Sala de Conjueces
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

SEGUNDO: Cumplido lo anterior, ORDENAR al Conjuez Francisco Parodys
Hernández para que, en el término de quince (15) días contados a partir del día
siguiente en que le sea enviado el referido expediente, elabore la respectiva
ponencia de decisión y la ponga a consideración de la Sala de Conjueces, para lo de
su cargo.

TERCERO: RECONOCER personería jurídica al abogado Carlos Mauricio Agudelo
Vallejo, portador de la tarjeta profesional 165.347 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderado del accionante, en los términos y para los efectos del
poder que fue allegado al trámite de tutela en virtud del requerimiento hecho en el
auto admisorio.

CUARTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

8 VF

9

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.